El rumor es fuerte en los corrillos empresariales de Juárez. Dicen que este fin de semana Jorge Arganis Díaz Leal dejará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para cederle el hueso al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien está urgido de una posición en el Gobierno federal.
Mirone no podía dejar pasar el dato, porque, de confirmarse, se explicaría la tibia postura que la SCT asumió en el tema del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, donde el exgobernador hizo y deshizo con los recursos, ignorando incluso lo que dice el título de concesión.
Todos recuerdan varias de sus pifias, pero la que fue nominada por los colegios de ingenieros como la burrada mayor, fue por no atender el manual del proyecto geométrico de carreteras de la propia SCT, que exige un gálibo, que es la “horma” que designa las dimensiones máximas, tanto de altura como de anchura, en los puentes que construyó.
Esa horma de la SCT exigía 5 metros de altura mínima en los pasos deprimidos o superiores, y el ignorante gobernador y su secretario del ramo, decidieron dejarlos de 4 metros, pese a la protesta de especialistas, constructores, ingenieros y desarrolladores de la ciudad.
Si de ese tamaño fueron las burradas que hizo en la entidad como gobernador, imaginen como titular de la SCT las tonterías que cometerá. De darse el nombramiento, al rato tendremos puentes enanos y chuecos en todas las carreteras del país, así como obras abandonadas, como las que dejó en Juárez.
Otro que ya debe estarse frotando las manos, ansioso por irse a vivir a la Ciudad de México, es el tristemente célebre Gustavo Elizondo, el autor de las obras enanas de Juárez.
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Una interesante revelación hizo el jueves en su informe de actividades el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Ignacio Camargo Nassar: el gobierno de Javier Corral se fue dejando una deuda de 700 millones de pesos con esa casa de estudios, por concepto de participaciones estatales.
Sin duda, las nuevas autoridades deben ir al fondo del caso e informar qué hizo el gobierno de Corral con ese dinero presupuestado para nuestra máxima casa de estudios que nunca se entregó. Se trata de recursos públicos que deben y pueden ser rastreados.
Es sabido que las participaciones estatales están debidamente programadas año con año. No salen del cajón del escritorio del secretario de Hacienda, ni de la caja chica del gobernador.
Las autoridades estatales entrantes tienen la obligación de transparentar qué pasó con esos recursos, a dónde se desviaron, por qué no se entregaron en las fechas establecidas formalmente, porque no se trata de 100 pesos, sino de 700 millones de pesos, que es muchísimo dinero.
El rector expuso en su informe que pidió al Gobierno estatal instalar una mesa de trabajo para renegociar la deuda que tienen con la UACJ. Aquí es cuando surge la siguiente pregunta: ¿qué se tendría que negociar con la Universidad, si el dinero se lo adeudan desde el 2016 y deben pagarlo para no estropear sus actividades académicas?
En nuestro país, el financiamiento a las universidades públicas, como la UACJ, corresponde a un modelo mediante el cual se les subsidia con dinero público para que aumenten su matrícula y mantengan sus niveles de excelencia académica.
De acuerdo con las Anuies, en el esquema en el que se asigna presupuesto a las universidades, los costos se calculan a partir de lo que se requiere para atender a cada estudiante. Este gasto corriente es para el mantenimiento de las instalaciones y para los sueldos de los profesores.
Estos modelos de financiamiento están muy bien definidos y no se prestan a cambios, improvisaciones u ocurrencias, por lo que el rezago que se registra en el caso de la UACJ desde hace cinco años, solo habla de un desvío o mal uso de recursos, que debe ser investigado.
Si este adeudo pone en riesgo desde el 2016 la viabilidad de aspectos tan importantes como la actualización de la infraestructura tecnológica para la academia, el equipamiento y mantenimiento de laboratorios, de las áreas de práctica y otros proyectos de la máxima casa de estudios; así como servicios para el personal docente, estudiantes y la comunidad en general, no es regateando o negociando lo que se le debe a la UACJ como se resuelve el problema, sino pagando en caliente lo que se le adeuda y castigando a los responsables por no entregar esos recursos.
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“No pasemos a la historia como el Congreso de los puntos de acuerdo”, les dijo el diputado panista Ismael Pérez Pavía a sus compañeros congresistas, para que no se encierren en sus burbujas legislativas y salgan a sus distritos a ver y atender la realidad.
“Salgamos a gestionar”, les dijo el exalcalde de Meoqui cuando abordó el tema de los centros de salud de los 67 municipios, que trabajan con muchas carencias y poco personal.
Pérez Pavía dijo que el presidente municipal de Villa Ahumada, Fabián Fourzan, le solicitó su apoyo a fin de contar con servicio médico las 24 horas en el poblado. El legislador abordó así un tema que por siempre ha sido ignorado: Villa Ahumada es un municipio de paso para miles de viajeros diariamente, donde también se encuentran rancherías y ejidos muy poblados, pero tiene solo un centro de salud que funciona de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Cuando surge una emergencia por accidente o enfermedad, trátese de su población o de viajeros, después de esas horas no hay médicos que los atiendan y deben llevar a los pacientes hasta Juárez o Chihuahua.
Por ello, el diputado Pérez hizo el extrañamiento a sus compañeros de bancada para que salgan a la calle a conocer los problemas y darles respuesta a los ciudadanos.
Por lo pronto, solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud que se pongan las pilas y resuelvan las carencias de los centros comunitarios como el de Villa Ahumada.
Hasta ayer tarde, la respuesta era positiva en el sentido de que con pasantes de medicina de la UACH van a atender las necesidades médicas del centro comunitario de Villa Ahumada.
Es bueno saber que en el Congreso local también hay legisladores sensibles a las carencias de los municipios pequeños, que tradicionalmente son marginados de los presupuestos de salud, educación y seguridad.