Antonio P. C. no alcanzará el beneficio de la libertad bajo caución, nos comentan enterados del tema, debido a su propia soberbia y a la desatención que tuvo hacia el proceso penal que se seguía en su contra desde meses atrás.

Según nos informan, el que fuera encargado de la comunicación social durante el gobierno de Javier Corral había solicitado un amparo ante un juez federal, a través del cual obtuvo una suspensión del acto reclamado.

Sin embargo, Toñito estaba obligado a acudir periódicamente a firmar ante el tribunal que seguía la causa del presunto mal uso de recursos públicos durante su gestión, cuando fue titular de la Coordinación de Comunicación Social.

Ese juzgado se encuentra en la ciudad de Chihuahua, a casi 400 kilómetros al sur de Juárez, el lugar de residencia de P.C. Tal vez por esa razón, o porque nunca tomó en serio la acusación en su contra, dejó de acudir a firmar.

Nunca le dio la importancia al caso y, en cambio, se sintió “vacunado” contra las acciones que enderezaría la actual administración por los golpes mediáticos que le mandaba a su exjefe Corral.

No cumplió con el juez federal, no acudió a firmar y fue entonces cuando se le consideró como un prófugo de la justicia.

Será por eso que no alcanzará el beneficio que sí obtuvo Araly Cristina del Rocío L.A., quien fuera directora de Administración de la dependencia de comunicación durante el corralato, quien sería corresponsable, junto con el señor P.C., del mal uso de 10 millones de pesos en contratación de servicios publicitarios.

A pocas horas de la detención de su exjefe de prensa (y examigo), Javier Corral Jurado publicó un mensaje a través de su cuenta “X”, en el que se atribuye la investigación que concluyó con la captura de los dos exfuncionarios antes mencionados.

“Sobre la detención de Antonio Pinedo, ex coordinador de Comunicación Social durante los primeros años de mi administración en Chihuahua, esta nota de @ZonaFreeMX (medio digital) clarifica los hechos y el contexto frente a la pretendida manipulación oficial del asunto, al presentarlo como un asunto actual, cuando en realidad se trata del combate a la corrupción que se dio en nuestro gobierno, para lo que no tuvimos excepciones, ni encubrimiento alguno. En efecto, respetamos la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción”.

Sin embargo, este Mirone tiene “otros datos”, pues quien realmente detectó un mal uso de recursos fue la Auditoría Superior del Estado, la ASE, órgano desconcentrado del Congreso del Estado, es decir, del Poder Legislativo, y no del Ejecutivo que encabezaba Corral.

Según lo pudimos conocer, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó al entonces mandatario estatal, con toda oportunidad, de las irregularidades que habían encontrado en la revisión a la cuenta pública del 2017, referente a esos desvíos, pero en ese momento Javier Corral no prestó mayor atención.

Si bien la denuncia, formulada por el órgano auditor, no señalaba a alguna persona en específico, pues como toda buena diligencia señalaba a “quien o quienes resulten responsables”, la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Abelardo “Bayo” Valenzuela sí dio con el vínculo que había entre el contrato millonario, el titular de Comunicación Social y la Administradora, quien a la vez era su cuñada, pues tenía una relación sentimental con su hermana.

Antonio P.A. es el primer funcionario de primer nivel de la administración corralista que cae en prisión, pero no será el único, ni mucho menos, según nos aseguran mironianas fuentes.

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El Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Chihuahua andan atrasados en la ejecución de obras convenidas con la administración federal y, hasta la fecha, no se sabe ni cuándo las irán a terminar, ni dónde quedó la bolita de los dineros.

Con fecha 19 de diciembre de 2016, la UACh y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, el ICHIFE, firmaron un convenio con el organismo federal “Infraestructura Educativa”, para la realización de diversas obras en los planteles de la llamada “máxima casa de estudios”.

Los firmantes, Luis Fierro, rector de la UACh; Rodolfo Bermejo, director del ICHIFE y Héctor Humberto Gutiérrez, de INFE, convinieron que los recursos que entregaría este organismo se aplicarían en la ejecución de obra civil, que debería quedar terminada y en uso a más tardar en seis meses.

Ese plazo se contaría a partir de la firma del contrato con la o las constructoras que resultaran ganadoras de las licitaciones para ejecutarlas.

El acuerdo cumplirá ya siete años el próximo diciembre y, hasta ahora, se sabe poco de las acciones que se hicieron con esos recursos.

La UACh, según los términos del acuerdo, debió informar sobre la contratación de la o las empresas constructoras, sobre la disposición del recurso y, en su caso, de los ahorros obtenidos al final de la obra.

Toda esa información debió entregarla al ICHIFE para que éste, a su vez, lo enviara al INFE.

Nadie sabe y nadie supo. Nos comentan que hay “ojos” buscando la hebra a esa madeja para ver de cuánto dinero se trató, en qué se usó, si las obras realmente se ejecutaron—y se terminaron—y si ya quedó concluido el procedimiento de entrega.

Pero, por lo que se sabe hasta ahora, todo indica que será otra rayita más al tigre del desorden administrativo que se carga la UACh.

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Lo que son las cosas: tres políticos chihuahuenses son los encargados de presentar el proyecto hídrico del próximo Gobierno federal, en el caso de que ganara el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

No deja de llamar la atención que la planeación de ese renglón, tan delicado y estratégico, esté a cargo de personas que radican en uno de los estados que presentan la mayor cantidad de conflictos en torno al uso y destino que se le da al agua.

Basta recordar los encontronazos entre comunidades por el uso de las afluentes, la extracción y sobreexplotación de acuíferos y el eterno forcejeo con el Gobierno federal por el uso del agua de las presas de Chihuahua para pagar el Tratado Internacional de Agua con los Estados Unidos.

Del proyecto, que consta de diez puntos, cabe destacar el segundo y el tercero, que se refiere justamente a esos puntos de conflicto que, por lo visto, no son solo de Chihuahua, sino del país entero y especialmente de los estados fronterizos.

En el segundo punto, se contempla la creación de una Nueva Ley General de Aguas, mediante una propuesta al Congreso de la Unión que sería elaborada con participación de productores, usuarios, organizaciones de la sociedad civil.

Es justamente esa organización civil la que se ha enfrentado a las autoridades en turno para evitar la pérdida de agua y para exigir que se ponga orden en la expedición de permisos para extracción de agua, superficial o subterránea.

En el punto Tercero, se propone el “Ordenamiento de Acuíferos y Aguas Superficiales”, para “reordenar el acceso y el aprovechamiento del agua, tanto de acuíferos como aguas superficiales”.

Según el documento, al que Mirone tuvo acceso, lo que proponen es revisar las concesiones actuales, clausurar los alumbramientos ilegales, así como el uso ilegal de aguas superficiales.

Además, hacer respetar las vedas en los acuíferos sobrexplotados y poner límites muy claros a los cultivos de alta demanda, de acuerdo con la disponibilidad del recurso en cada región y la tecnología de extracción y de riego.

Y, ¡faltaba más! “Combatir la corrupción en las dependencias encargadas de la administración del agua”.

Fueron Víctor Quintana, Martín Solís—exfuncionarios de la administración de Javier Corral—y Víctor Martín Solorio los autores del documento.

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El mensaje a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez, de parte del movimiento que promovió la candidatura de Claudia Sheinbaum es muy claro: en el estado de Chihuahua no hay “primer morenista”.

Esa práctica, propia del priismo del -período clásico, donde el político más encumbrado—por lo regular, el gobernador—era la máxima autoridad partidista, trata de ser retomada ahora por el acalde de Juárez, quien en efecto, es el morenista con más alcances presupuestales de cuantos hay en el estado.

Sin embargo, nos comentan fuentes internas de Morena, el mensaje que le han enviado a Pérez Cuéllar es muy claro: presupuesto no mata liderazgo, así que se va a la fila y espera a que sean los órganos colegiados los que marquen la línea.

No solo hay un alcalde juaritos, sino también dos senadores, diputaciones locales y federales, titulares de dependencias federales y antiguos liderazgos de la izquierda electoral, dicen.