En los nuevos tiempos en que las personas juzgadoras se deben a los acordeones y las “guías de votación”, no es de extrañar el activismo político de jueces y juezas.

Así que no podía faltar el grupo de personas juzgadoras que acudió a Expo Chihuahua, en la capital del estado, para participar del ¡Viva! ¡Viva! en la presentación del Cuarto Informe de Gobierno de la mandataria Maru Campos.

Como quiera que sea, se entiende la participación institucional de magistradas y magistrados que representaron en el acto de rendición de cuentas al Poder Judicial o acompañaron de alguna manera a la presidenta en turno del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; sin embargo, llamó la atención de Mirone que también se hiciera notar allá un grupo de jueces del Distrito Judicial Bravos.

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No fueron las juezas y los jueces penales los únicos que por allá anduvieron, pero sí los que se hicieron más visibles.

Quien de alguna manera hizo el pase de lista y publicó las fotos, como diciendo ¡cumplimos!, fue el juez Raúl Palos, abogado que en Juárez es conocido por una militancia bastante activa en el PAN, aunque en etapas ya pasadas.

El caso es que estuvo en las elecciones pasadas en las guías de votación de la estructura estatal, ganó la inédita elección para personas juzgadoras y ha asumido un papel de liderazgo entre el grupo de jueces y juezas en esa materia.

En las fotos publicadas se puede observar, además de Raúl Palos, a personas que ocupan algunos de los 49 espacios en materia penal que funcionan en este distrito judicial, aunque se sabe que también anduvieron por allá otros representantes de las materias Familiar y Civil.

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Juana Iris Quiñones Rivas, Michelle Gloria Rodarte López, Luis Flores Santillán, Vianey Gutiérrez, Martha Elena Cervantes, Edén Servando Cerino y Griselda González Torres son algunas de las personas juzgadoras que tocaron base para el informe e hicieron equipo con Palos, al menos para la foto.

Por el lado de las magistraturas que tienen en Juárez su residencia, entre quienes se dejaron ver para el pase de lista y el apoyo político estuvieron el magistrado civil Emmanuel Chávez Chávez y los magistrados penales José Luis Chacón y Javier Rodolfo Acosta Mendoza.

Quienes caminan más por el lado izquierdo y alcanzaron espacios por aparecer en los acordeones guindas no marcaron territorio o, al menos, no se hicieron notar.

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El “Contrainforme” de Andrea Chávez no estaba dirigido a la militancia de Morena ni a todo el aparato que representa la 4T. No. Era “pa’ puros cuates”, como dicen en el barrio, porque la lista de invitados era larga, pero la de los no invitados, aún más.

La senadora y aspirante a gobernar Chihuahua presentó su versión de lo que ha hecho la actual administración estatal en materia de obra, servicios y seguridad pública. Obviamente, como era de esperarse, su calificación a una gestión de origen panista fue reprobatoria.

La “nota” no estuvo en lo que criticó del informe gubernamental porque, más o menos, es lo mismo que ha venido diciendo desde hace meses: que Chihuahua es el segundo estado más inseguro, que la Torre Centinela no sirve para nada y que la infraestructura estatal está por los suelos.

Eso ya se lo habíamos escuchado. Lo que no se había hecho tan evidente es la distancia que marca frente a los otros grupos del morenismo juarense —y chihuahuense, en general— que actúan de manera permanente en el estado y que, mal que bien, tienen que capotear el vendaval que implica ser oposición en una entidad dominada por el PRIAN.

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Comencemos por el escenario: la ceremonia se llevó a cabo en uno de los ostentosos salones del hotel Soberano, con sus grandes candiles en forma de hongo que siempre destacan en los eventos que ahí se celebran, y con esa ubicación privilegiada en una loma desde la que se domina buena parte de la ciudad.

No es un detalle menor. El Contrainforme 2026 no solo fue un acto de posicionamiento rumbo a la gubernatura; fue, sobre todo, un pase de lista político en el salón más fifí del Soberano. Ahí la senadora dejó ver quiénes están dispuestos a pararse en primera fila con ella… y quiénes prefieren guardar prudente distancia mientras se acomodan las fichas de la 4T en Chihuahua.

Es el mismo hotel que, según Javier Corral —aliado político de Andrea—, pertenece al exgobernador César Duarte Jáquez. Ciertamente, no ha presentado pruebas, pero el señalamiento público ahí está.

Basta recordar que, durante el duartismo, algunos salones del Soberano se convirtieron en centros de operación de aquel Gobierno, cuyo titular terminó en el exilio, luego en prisión, después en libertad condicional y nuevamente en prisión.

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Más allá del discutible “timing” para montar el acto, la senadora dejó claro con quién cuenta y con quién no.

De la bancada local de Morena, solo se notó la presencia del diputado Óscar Avitia, operador jurado de Chávez y distanciado del grupo desde que votó a favor de una iniciativa que el resto del bloque rechazó. Abiertamente está con la senadora y ocupó lugar en primera fila, recibiendo el apapacho político correspondiente.

Mención especial, en voz de la propia Andrea, tuvieron el diputado federal por el Distrito VII, Jesús Roberto “Nono” Corral, y la diputada federal plurinominal Greycy Durán Alarcón. Dos figuras de la región de Cuauhtémoc que son de corazón morenista, aunque llegaron a la diputación sigladas por el PT.

También estuvo la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, institucional en el discurso y cercana en los hechos. Andrea incluso intentó blindarla con un reconocimiento público, destacando que “procura la unidad de todas y todos nosotros”.

En esencia, fueron los legisladores afines y la dirigente partidista las únicas figuras de renombre que la acompañaron.

Como ya se sabe, prácticamente todo el bloque de diputados locales es montielista y trae su apuesta con Mayra Chávez o con lo que vaya a decidir Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar.

Por el lado de los legisladores federales, los demás prefieren caminar con mayor tiento: algunos más cercanos al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar; otros, simplemente, evitando exhibir públicamente cuál es su apuesta.

Si así arranca, ya podemos imaginar cómo será cuando inicien formalmente las precampañas: pa’ puros cuates… y los demás, como diría la canción: “atrasito de la raya, que voy a trabajar”.

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Hoy martes 3 de marzo inicia el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado, con una sesión que más parece el primer capítulo de la segunda temporada de una telenovela que terminó en un “truene” entre personajes principales.

Para recordar: el período anterior cerró con una acalorada sesión el 16 de diciembre, cuando se aprobaron, entre otros asuntos, la contratación de un nuevo crédito por 3 mil millones de pesos y la reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado.

Solo para echarle chile piquín a la herida: aquella “temporada” concluyó con final de alarido, cuando dos diputadas quedaron exhibidas y distanciadas de su grupo parlamentario por andar en el baño cuando más se les necesitaba.

La telenovela continúa este martes y, hasta ahora, no está claro cómo seguirá la trama. Puede ocurrir que la bancada de Morena aparezca ya no con 12 integrantes, sino con diez, o con una configuración peculiar en la que al menos una diputada conserve la camiseta guinda, pero juegue partido aparte.

Este martes se sabrá si la diputada Rosana Díaz —protagonista involuntaria del “WC Gate”— regresa formalmente al redil morenista.

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Hasta ahora no hay anuncio de cambio de bancada ni declaración de independencia legislativa. Lo que sí hay, cuentan, es distancia: no ha vuelto a las reuniones de grupo ni ha hecho las paces con sus compañeros.

Eso sí, ha recorrido medios denunciando que le aplicaron la “ley del hielo”. Desde adentro responden que difícilmente pueden congelar a quien no se aparece.

Más allá del drama interno, el verdadero suspenso está en los números. Vienen votaciones que requieren mayoría calificada y ahí cada voto vale oro… o factura.

La designación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) exige al menos 23 sufragios. El bloque oficialista no los tiene asegurados. Si la diputada en cuestión decide alinearse —o vuelve a coincidirle una urgencia fisiológica en el momento clave— podría allanarse el camino para la favorita de Palacio: Ada Miriam Aguilera Mercado.

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También está en puerta la reforma electoral derivada de los cambios federales. Morena no tiene los votos suficientes para imponerla; el bloque MCPRIAN y aliados tampoco los alcanza para blindar la Constitución local sin negociar. Traducido: lo que no se consiga con discurso se intentará con operación.

El escenario está listo para que reaparezcan las maniobras de diciembre de 2025… o para que algún legislador descubra, de pronto, que siempre sí piensa distinto.

Porque en este Congreso del Estado las convicciones duran lo que tarda una votación electrónica.

Y si alguien cree que el “WC Gate” fue el clímax, que no se confíe: en la política local, el baño siempre está cerca… y la lealtad, a veces, no tanto.

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En el Gobierno del Estado ya se están preparando para contener, si no es que responder, a los embates que se presentarán el próximo 8 de marzo en la capital, cuando decenas, tal vez miles de mujeres conmemoren el Día Internacional de la Mujer como un día para exigir seguridad a la autoridad, pero también para encararlo y probar fuerzas y capacidad de movilización.

Como es bien conocido, en los años recientes, el 8 de marzo ya no es solo una fecha para recordarle a la sociedad que las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, para visibilizar la violencia de género o demandar justicia para las mujeres víctimas del delito, sobre todo de homicidio o desaparición.

Con las mismas banderas, las organizaciones de mujeres se organizan con tiempo para hacer una marcha que, por lo regular, parte desde la Glorieta de la División del Norte y camina en dirección al sur hasta llegar a la Plaza Mayor y protestar frente al Palacio de Gobierno.

Si ahí terminara todo, no habría más problema, pero de unos años a la fecha se han presentado manifestaciones de protesta que terminan en daños a edificios tanto públicos como privados.

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A seis días de que se lleve a cabo esa marcha, el Gobierno del Estado ya comenzó a colocar protección en los edificios de Gobierno. Las ventanas de los inmuebles aledaños al Palacio de Gobierno ya lucen hojas de madera de aglomerado cubriéndolas y, en algunos casos, se colocaron barras metálicas para evitar daños al inmueble.

Las autoridades estatales y municipales de Chihuahua reforzaron este jueves las medidas de protección en edificios públicos y patrimoniales ante la próxima marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El recurso de las barras metálicas se inició hace un año, cuando, el 6 de marzo, los edificios de Gobierno como el Palacio de Gobierno, el museo Casa Chihuahua y los edificios Héroes de la Revolución y Héroes de Reforma, también lucieron equipamiento de protección.

La medida causó una gran controversia, pero el Gobierno defendió la decisión al considerar que los daños causados en años anteriores —sobre todo en las manifestaciones de 2023— generaron un elevado costo para el estado y malestar en una parte de la población.

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Con toda la diplomacia posible, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ya cantó el tiro y pintó la raya: a los provocadores —sí, “los”— que se infiltren en la marcha para hacer destrozos, se los va a cargar… la ley.

El “Capi Centinela” ya declaró que van a ponerle ojos a las personas infiltradas que en otras ocasiones se han colado entre las mujeres manifestantes y aprovechan el viaje para hacer desmanes, pintas, quebradero de vidrios y todo lo que se les vaya ocurriendo en el camino.

Loya ya la cantó: habrá un operativo especial para “mantener la tranquilidad, la paz y la seguridad” de las manifestantes. Ojo: no vayan a aplicar la máxima de mi general Villa: “fusílelo, después ‘viriguamos’”, o sea, que empiecen a detener gente al por mayor y luego investiguen si eran manifestantes o provocadores.

Por lo pronto, los edificios ya lucen láminas metálicas y asoman la pinta de búnker de guerra.