El caso de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, ha exhibido a las autoridades investigadoras del delito, tanto locales como federales, como pachorrudas y pasalonas, por decir lo menos, pues ha quedado en claro que nomás no estaban moviendo un dedo para dar seguimiento a dos presuntos actos de corrupción.

Desde 2020 se emitió una orden de aprehensión en contra de la “exprimera dama” por su probable participación en el entramado que tendió —presuntamente— su esposo, el gobernador Duarte, para desviar 96 millones de pesos del erario estatal hacia cuentas donde él podía mantener el control y meter mano a discreción.

Era un caso llevado y traído, de todos conocido, que había motivado la extradición del exmandatario y cuyo curso en los tribunales de Chihuahua ocupó casi de tiempo completo a los medios de comunicación.

Pero, parafraseando a Galileo Galilei: y, sin embargo, a pesar de todos esos elementos, el caso contra Bertha Gómez “no se mueve”.

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Tuvieron que pasar seis años para que la autoridad estatal se acordara de que había un par de órdenes de aprehensión en contra de una persona a quien se le imputa formar parte de una movilización millonaria de dinero público para beneficio personal de un exgobernante. ¡Poca cosa!

No fue sino hasta el pasado miércoles, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Gómez Fong en razón de su situación migratoria, cuando todos se empezaron a mover.

Si no es por el ICE, el caso seguiría ahí, debajo de una gruesa capa de polvo, con “n” cantidad de fólderes y expedientes encima, sin que nadie se acordara de que existían dos causas penales contra una expresidenta del DIF estatal, la primera en su tipo, por cierto.

En ese sentido han girado las declaraciones públicas, tanto de la FGE como de la FGR: “nosotros no pedimos que la detuvieran”. Poco faltó que dijeran, cual Pedro Infante de la burocracia justiciera: “yo te lo juro que yo no fui”.

Hasta ayer, cuando el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, hablaba del caso por primera vez ante los medios de comunicación, se envió la información de las causas penales contra la detenida en El Paso, Texas. Hasta ayer, viernes 27 de marzo. ¿Por qué no antes?

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Para colmo, todavía ayer, la autoridad encargada de investigar esas causas estaba en ascuas, pues no tenía ni la más remota información sobre el curso de los acontecimientos judiciales en Estados Unidos contra Gómez Fong.

Es hora de que no saben si la Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir la extradición o si simplemente la van a deportar. Si es así, tampoco tienen una idea de dónde la dejaría el Gobierno estadounidense.

Las malas lenguas le contaron a Mirone que “Berthita” no pisará suelo chihuahuense y que se irá volando, directo al centro del país.

Pachorras, pues: se va a ir a un lugar donde los casos caminan tan rápido como un desfile de tortugas.

¿Y los millones de pesos del erario estatal? Ahí que se esperen.

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No se ve por dónde la pueda librar la esposa del exgobernador César Duarte. Literalmente, quedó hasta el cuello Berthita en cuanto a los excesos y los desvíos que mantienen en Almoloya de Juárez al exmandatario.

Nada más hay que revisar lo que ha trascendido del mismo expediente de Duarte para prever que por ahí puede llegar el pedido de extradición para la esposa del exgobernador.

O sea que será muy difícil que quede todo en eso de que nada más se le detuvo para su deportación por cuestión migratoria.

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De acuerdo con los propios expedientes, Gómez Fong tuvo participación en el desvío de parte de los 96.8 millones de pesos que presuntamente salieron del erario entre 2010 y 2016.

Dos empresas en las que Duarte era accionista mayoritario y presidente del consejo de administración fueron señaladas de participar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.

Los recursos fueron presuntamente entregados a través de convenios y subsidios para la compra de ganado, adquisición de maquinaria y otros insumos ganaderos, pero esas compañías no cumplían con esos propósitos, sino que meses después el dinero pasaba a otras cuentas personales. Justo ahí es donde apareció el nombre de Bertha Olga Gómez Fong.

Incluso se habló de la intervención de los hijos, aunque hasta ahorita no haya contra ellos algún proceso judicial abierto.

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En otra parte del expediente que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en sus manos, se habla de que parte del recurso desviado se utilizó para pagar la tarjeta American Express de Gómez Fong.

Entre las documentales del expediente se encuentran comprobantes de transferencias bancarias para que los recursos llegaran a las cuentas personales del exgobernador, pero también a las de su esposa.

Además, presuntamente recibieron recursos Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponía El Parral, donde Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.

Y hablamos del expediente que ya tiene la FGR en sus manos. Faltaría conocer los detalles de las dos carpetas de la Fiscalía General del Estado, que generaron las órdenes de aprehensión vigentes que ayer informó el fiscal general, César Jáuregui.

Lo que siempre se comentó desde que se armaron los Expedientes X en la pasada administración estatal es que el exmandatario instrumentó un esquema de simulación de apoyos.

Luego de diversas transferencias y triangulaciones, el dinero público terminaba en sus cuentas personales o en las de su esposa e hijos.

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La relación entre los Gobiernos estatal y federal se ha tensado cual cuerda de violín, y todo indica que, de aquí a septiembre del año próximo, el conflicto estará abierto desde ambas trincheras, con una serie de temas metidos en medio como probables víctimas del choque.

La declaración de la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos, en contra de la reforma electoral aprobada por el Senado, advierte que los poderes de Chihuahua no la van a aplicar en su legislación estatal. En otras palabras: háganle como quieran.

La gobernadora no se anduvo con ambages: la calificó de “aberración” y acusó al Gobierno Federal de brincarse a los Gobiernos estatales, Municipios y Congresos locales para elaborar un proyecto que les atañe de manera directa.

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Si aquello fue una “aberración”, demos desde ahora por sentado que el Congreso del Estado —dominado por el bloque opositor a la 4T y reforzado con el PT y la aún morenista Rosana Díaz— aplicará el “no pasarán” y dejará sin efecto los cambios aprobados en el Senado.

Porque, para reducir regidores en Chihuahua y Juárez y modificar la integración en municipios de baja densidad, se requiere reformar la Ley Electoral del Estado y el Código Municipal, y para eso Morena no tiene ni mayoría simple.

Otra víctima de ese encontronazo será la elección directa de regidores, con voto individual por demarcación. Si no había pasado antes, mucho menos ahora.

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Si lo electoral no era suficiente, la administración estatal ya advirtió sobre un posible incremento en la tarifa del transporte público si el Gobierno Federal no deja de cobrar impuestos a los combustibles, en particular al diésel.

Desde ahora se puede anticipar que esa reducción no va a ocurrir y que el diésel seguirá en 29 pesos por litro. Entonces vendrá el aumento… y la factura política se enviará directo a Palacio Nacional.

Por otra parte, el bloque morenista tampoco ayuda a la relación: sus señalamientos al Gobierno del Estado, el rechazo a la reestructuración de la deuda y la negativa a aprobar financiamiento han tensado aún más la cuerda con el bloque MC-PRIAN-PT-Rosana Díaz.

Estamos en marzo de 2026, falta casi un año para las campañas y la guerra ya empezó.
Al final, lo que menos importará será quién inició el conflicto.

Lo que sí pesará será el costo de tener a dos gobiernos enfrentados… con los ciudadanos en medio.

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Por el lado de los seguidores de Mayra Chávez, no batallaron nadita para identificar que en el más reciente ataque contra la delegada de los Programas del Bienestar, trabajaron a cuatro manos los senadores Juan Carlos Loera y Javier Corral, coequiperos desde la elección de 2021.

Nos referimos a la impresión, distribución y difusión de volantes con letras grandotas para el nombre de la delegada, con supuesta propaganda sobre la apertura de una nueva oficina de Bienestar en Plaza de las Américas.

O sea que se acusa fuego amigo morenista para quemar a Mayra y generarle conflictos legales, a partir de denuncias penales y administrativas por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

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El primer dato que le comentan a Mirone es que claramente fueron apoyadores del proyecto de Loera por la alcaldía quienes difundieron las primeras imágenes de los volantes e hicieron las denuncias públicas.

El segundo dato que señalan en el equipo de Mayra es que, por puritita coincidencia, el que salió a decir que ya tenía elementos para una denuncia fue el presidente del Comité Municipal del PAN, Ulises Pacheco, nada menos que un corralista que ahora está en la estructura partidista azul.

Ahí se estaría cerrando la pinza de la presunta jugada entre los dos senadores de cachucha morenista para irse con todo en contra de la delegada, que justamente fue invitada a Morena por el propio Loera.

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Muy turbias andan las aguas guindas y ya ni se sabe cuál es fuego amigo o, mejor dicho, ya ni se sabe quién es amigo o enemigo.

Por lo pronto, mientras prepara el excolaborador de Corral las denuncias, Mayra Chávez ya hizo oficialmente un deslinde legal de esa propaganda ante las instancias formales.

Asegura que los volantes no salieron de la oficina de Bienestar ni de su persona, además de que la supuesta nueva oficina ni siquiera está lista todavía.