En julio del 2006 una tromba azotó Ciudad Juárez, provocando la crecida impresionante del río Bravo y su desbordamiento en muchos de sus tramos, particularmente en la zona centro.

Ese fenómeno meteorológico, que embraveció al río como no se había visto en la historia moderna, provocó que las aguas desbordadas inundaran la estación migratoria del INM, localizada en el mismo lugar de la tragedia del pasado 27 de marzo.

Quienes vivieron esa experiencia, relataron a Mirone que, con la inundación, el personal puso en marcha los protocolos de Comité de Protección Civil que tenía el Instituto para responder en las emergencias.

En aquel entonces había 40 migrantes de diferentes nacionalidades resguardados en la estación Migratoria y el agua les llegaba arriba de la cintura, cuando fueron evacuados a zonas altas y no hubo víctimas que lamentar.

La anécdota sirve para contrastar la forma como funcionaba en aquellos años el Instituto Nacional de Migración que, a diferencia de lo que pasó en la noche del incendio de hace 9 días, el personal actuó con diligencia siguiendo los protocolos de seguridad practicados en los simulacros.

Aquella peligrosa inundación de hace 17 años, fue consecuencia de un desastre causado por la fuerza de la naturaleza, pero se actuó oportunamente y de manera eficiente; mientras que el incendio mortal fue producto de la estupidez humana, donde se mezclaron la ignorancia y la incompetencia de los mandos del INM, con la negligencia y cobardía del personal para salvar vidas.

La comparación de los dos eventos pone en evidencia el rotundo fracaso de la militarización de los mandos del INAMI, que no los hizo más eficientes ni responsables, y mucho menos terminó con la corrupción que ha hecho de los migrantes su moneda de cambio.

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Por otro lado, ahora se sabe porque están denunciando exfuncionarios del Instituto, que la estación migratoria donde fallecieron 39 migrantes y 28 resultaron gravemente heridos, no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley de Migración Federal vigente.

Esta irregular situación, no la han admitido ni la Fiscalía General de la República, ni la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en las indagatorias que supuestamente realizan, por una simple razón: la observancia de esa esa ley era obligación de los mandos del INAMI, comenzando por el Comisionado Francisco Garduño y terminando con el delegado y subdelegado en el Estado, Contraalmirante Salvador González Guerrero y Edgar Caro, respectivamente, quienes no la cumplieron.

La legislación en la materia es muy clara y no necesita interpretación de especialistas ni juristas, pues por principio señala que las estaciones migratorias son centros de alojamiento temporal, no cárceles.

En la fracción primera señala, que el Instituto debe prestar asistencia médica, psicológica y jurídica a los migrantes alojados, lo cual no se cumplía.

Establece que se deben ofrecer los tres alimentos y una dieta adecuada a las personas de la tercera edad y a mujeres embarazadas, requisito que tampoco se atendía, pues los migrantes se quejaban de hambre y sed antes de morir.

El artículo establece también, la garantía al respeto de los derechos humanos de los extranjeros, así como mantener las instalaciones adecuadas, libres de hacinamiento, obligaciones que también se pasaron por el arco del triunfo el contra almirante y su pandilla.

Aunque precisa también, que deben contar con espacios de recreación deportiva y cultural, tal disposición resulta una cruel paradoja, porque si no tenían libertad de movimiento en las celdas, mucho menos para practicar algún deporte.

Termina diciendo el artículo, que el Instituto deberá facilitar la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados, así como el acceso de organizaciones de la sociedad civil, lo cual tampoco ocurrió porque las instalaciones estaban convertidas en un cuartel militar, donde las garantías individuales son una utopía.

Si después de todas estas violaciones a la ley y las omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades, el gobierno federal pretende seguir eludiendo su culpa en los hechos del 27 de marzo, otras instancias internacionales de mayor peso, como el Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas en la Haya, deberán intervenir para que el INAMI indemnice y repare los daños causados a las víctimas y a sus familias.

Ese es el único camino para que se haga justicia. No hay de otra.

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Dónde está la inteligencia cibernética que presumen las corporaciones estatales, federales y municipales, o de plano la inteligencia de la vieja escuela a base de soplones, que no pueden detener la embestida de los grupos criminales en las redes sociales, donde se han recrudecido las amenazas de muerte a mandos policiacos, con nombre, apellido y hasta apodo.

Si antes eran comunes las lonas con advertencias garabateadas con brocha, que eran colgadas en puentes y bardas, ahora son los mensajes en los grupos de WhatsApp de la prensa de la fuente policiaca, y de las policías estatal y municipal, los que se han intensificado, inquietando a la tropa de ambas corporaciones y prendiendo la alerta roja.

Los últimos mensajes circularon ayer y supuestamente son de un grupo criminal que se quejan del supuesto apoyo que los mandos de la policía ministerial les dan a un grupo contrario.

En el segundo, que supuestamente se tomó de una llamada anónima a Estación Babícora, los malandros hacen fuertes amenazas a los comandantes por las mismas razones.

Lo malo del asunto, es que en lugar de desactivar los mensajes para neutralizar el efecto de miedo e incertidumbre que causa en el personal, los desestiman, los dejan circular y hasta lo comparten, sobre todo los que mencionan nombres de los mandos supuestamente coludidos con los criminales, para alimentar el morbo sobre la corrupción que impera en las filas policiacas.

De nada han servido las policías cibernéticas, ni las unidades de inteligencia que tanto han cacareado las corporaciones de todos los niveles, porque los malandros se siguen imponiendo con sus métodos de comunicación e inteligencia que a pesar de ser rupestre, no son identificados y mucho menos combatidos.

Frente a estas amenazas, los mandos policiacos no emitieron ayer ningún posicionamiento que devuelva la tranquilidad a su personal, ni desmintieron los datos que se revelan, porque alguien les dijo que calladitos se ven más bonitos.

Pero, en tiempos en que la población tiene tanta desconfianza por la violencia incontenible, dejar que las amenazas del crimen organizado circulen impunemente y se multipliquen, es tanto como que las propias autoridades se den un balazo en el pie.