Temprano, muy temprano empiezan a darse en el aún indeciso clima preprimaveral de esta frontera, los primeros atisbos de lo que promete ser un nuevo y movido proceso de cambio de rector en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para agosto de 2024.

A 17 meses de que esto ocurra, son algunas las cabezas que asoman en plan protagónico y de protesta aprovechando el atorón que representaron las manifestaciones en contra de las modificaciones propuestas al Estatuto del Personal Académico a finales de 2022.

Según plantean las voces críticas de docentes de los cuatro institutos, el texto que contiene las propuestas de modificación a esta normativa académica, fue compartido pocas horas antes de que iniciara el periodo vacacional de diciembre de 2022, para cerrar la recepción de comentarios y observaciones al mismo el 31 de enero del presente año, es decir, pocos días después del regreso a clases.

En el sentir de gran parte de los docentes universitarios que en muy pocos casos están dispuestos a hablar abiertamente del tema –no vaya a ser que haya luego represalias–, esto no representa otra cosa que un intento de “madruguete” para tratar de consolidar el poder, y que todas las canicas queden en manos de las instancias administrativas de la Universidad.

Y de paso dejar al personal académico “a merced de las necesidades de la Universidad”, a criterio solo de un reducido grupo de altos funcionarios, mermando muchos de los actuales derechos académicos, y dejando a la planta docente calladita y en el rincón.

El reclamo de gran parte de la planta académica, que a todas luces suena legítimo, destaca que se haya querido aprovechar el periodo vacacional para “meter focha” poniendo a consideración un documento que pocos estarían en plan de analizar en plena época de festejos navideños y de fin de año.

Y por supuesto que ya está siendo visto como posible y atractiva bandera a enarbolar en los próximos meses por quienes aspiran a convertirse en la cabeza de la Universidad para el periodo 2024-2030. Faltaba más.

Entre estos “posibles” aspirantes se mencionan nombres como el de Francisco Javier Llera Pacheco, maestro investigador del Departamento de Ciencias Administrativas de ICSA, y de Jesús Humberto Burciaga, docente del área de Psicología también de ICSA, ambos con grado de Doctor.

Y por supuesto los nombres de algunos funcionarios de alto rango –de entre quiénes se extrañarán a los eternos aspirantes y ahora jubilados David Ramírez Perea y Manuel Loera de la Rosa–, además de los directores de cada uno de los cuatro institutos que conforman la máxima casa de estudios: Alonso Morales Muñoz, de ICSA; Salvador Nava Martínez, de ICB; Juan Francisco Hernández Paz, de IIT; y Guadalupe Gaytán Aguirre, de IADA.

¿Pero qué fue lo que sacudió el avispero?

Pues que en diciembre de 2022 la Unidad de Desarrollo Normativo Universitario de la UACJ puso a disposición de la comunidad docente el proyecto de modificación al Estatuto del Personal Académico (EPA 2022).

A través de la página oficial de la UACJ y mediante correos directos se hizo una discreta invitación a la planta de maestros a revisar el documento y hacer llegar sus comentarios y sugerencias vía internet antes de las 15:00 horas del 31 de enero de 2023.

Aparentemente todo estaba en regla, excepto que, para inconformidad de muchos y como ya se mencionó, esto se dio en el arranque del periodo vacacional de diciembre a enero, supuestamente para aducir el cumplimiento del requisito y apostando a que en la mayoría de los casos no sería leído, o en caso de serlo, representaría un mínimo de observaciones que podrían ser tomadas o no en cuenta y a conveniencia de los convocantes.

Sin embargo, el documento sí fue leído y revisado a conciencia por el académico Francisco Llera, aparentemente el único que lo hizo, y quien fue el que detectó una serie de ambigüedades y replanteamientos de los derechos correspondientes a la base académica de tiempo completo y de medio tiempo.

Entre otros aspectos, el nuevo estatuto dejaría fuera de la consideración para el derecho de antigüedad los llamados años sabáticos, a los que todo docente tiene derecho cada seis años para fines de estudio, investigación o intercambio docente, y el cual es aprovechado por muchos como periodo vacacional.

Mediante una carta de protesta firmada por docentes de los cuatro institutos que fue puesta en circulación el pasado 8 de marzo, el artículo 23 del estatuto-2010 estipulaba con claridad que el goce del año sabático no interrumpía “la antigüedad al servicio de la Universidad”.

Pero el artículo 15 del EPA 22 plantea el goce del año sabático como uno de los casos que no se computarán como tiempo efectivo de labor académica, lo que extendería en hasta unos cinco años el plazo de jubilación para aquellos que hayan cumplido al menos 30 años de labor docente.

También se señala la pretendida eliminación de las fracciones IV y V del artículo 10 correspondiente al estatuto del 2010 que estipulaban el derecho a la licencia con goce de sueldo por maternidad y la percepción de un finiquito por jubilación respectivamente.

Otro aspecto mencionado como “sospechoso” es el referente al artículo 4 del nuevo estatuto, que reemplaza la clasificación “clara y precisa” del personal académico y nombra al Honorable Consejo Académico como único responsable de “decidir y resolver sobre todo lo relacionado con los deberes, derechos y obligaciones del personal académico”.

En su lugar –señalan los inconformes en su carta de protesta– el nuevo estatuto establece que las prestaciones por jubilación serán exclusivamente las estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, mismo que se debe negociar cada dos años.

Y destacan que, en el nuevo estatuto, el derecho a la licencia por maternidad brilla por su ausencia.

El asunto detonó cuando Llera Pacheco hizo llegar el 13 de enero del presente año una carta dirigida al actual rector, con copia para la titular de la Unidad de Desarrollo Normativo Universitario, Daniela Véliz Solís, en la que “en aras de la transparencia en cuanto al proceso de modificación del estatuto”, solicitaba reportes y explicaciones claras y precisas del proceso seguido para la generación del documento modificatorio.

Esto incluía la petición de un reporte detallado de cómo se realizó el proceso y la justificación en que se basó la decisión de realizar esta modificación, pidiendo asimismo la inclusión del 51 por ciento de la plantilla de docentes “para la consulta, validación e integración de nuevas propuestas”, y generar un documento realmente aceptable para la mayoría del personal académico.

La carta, que incluía otra serie de peticiones formales y pedidos de transparencia, circuló entre la comunidad docente, representando una autentico pinchazo de inconformidad que movió a protesta a gran parte de la planta de maestros, llevando al rector a suspender la fecha de conclusión del periodo de recepción de sugerencias y observaciones, y declarando que este continuaba abierto.

Lo que se intentó luego fue convocar para el 9 de febrero una reunión para aclarar aspectos referentes al contenido del documento.

Se planteó entonces un cambio en la jugada, promoviendo la instalación de 5 mesas de discusión que, en el lapso de un solo día, en horario de 11:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, permitiera la discusión de todo el contenido, recabándose las propuestas y observaciones pertinentes, invitando a los presentes a esperar pacientemente las resoluciones que de ahí surgirían.

Esta propuesta calificada de “mañosa” fue rechazada por académicos de los cuatro institutos que exigieron en cambio la interrupción total del proceso de legitimación del EPA-22 y requiriendo el inicio de uno nuevo, que incluya las voces de los docentes “desde su redacción original”.

Esto en el entendido –dicen– de que solamente de esa manera podrán tener la certeza de que sus derechos y obligaciones “queden estipulados de manera clara, justa y efectiva”.

En medio de este ajetreo han surgido grupos de apoyo y descalificación de quienes han sacado la cabeza como posibles líderes y abanderados del movimiento de rechazo al EPA-22, en una clara intención de figurar en la carrera para determinar quién ocupará el cargo de rector a partir de 2024.

Demasiado pronto, dirán algunos. Apenas en tiempo para empezar a calentar las naves, dirán otros.