La infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos viene de tiempo atrás y por lo visto nadie ha logrado erradicar ese cáncer.

Pero vaya que la podredumbre de muerte que hace metástasis en las corporaciones de todos los niveles, carcome como nunca a la Policía Municipal y estruja a toda la sociedad juarense.

¿En manos de quiénes estamos? Surge la ineludible pregunta, ahora que se conoció que dos policías municipales murieron cuando hacían trabajo de escoltas de un presunto criminal que también fue abatido en el ataque donde él era el objetivo principal de un grupo de sicarios.

El caso surge apenas dos semanas después de la detención de Galdino “N” alias El Monster, otro policía municipal en activo que fue vinculado a proceso por su participación en la masacre de niños y mujeres de la comunidad LeBarón en un camino cercano a Bavispe, Sonora, en hechos ocurridos en 2019.

El Monster se ponía la cachucha de sicario o de policía cuando quería. Y por lo visto bajo protección no únicamente del cártel, sino de la estructura oficial. Sicarios con placa de policía o policías de guaruras de los líderes criminales. Todos cuidándose y protegiéndose entre sí.

Por lo visto, así lo hacían los dos policías, oficialmente en su día franco, aunque portando sus armas de cargo y al parecer uno de ellos hasta el uniforme, en favor de su jefe Ulises Nache Trujillo, identificado también como El Principal, presuntamente líder del grupo delictivo La Empresa.

Hay distintos reportes oficiales y extraoficiales de la actividad de Nache Trujillo. Unos los vinculan a la extorsión y al secuestro, otros incluso al tráfico de migrantes, ubicándolo como uno de los jefes criminales que operó el túnel que por debajo del río Bravo conectaba a Juárez y El Paso, y que fue descubierto en enero de este 2025.

Cuando ocurrió aquel hallazgo y se señaló que tenía el túnel funcionando por mucho tiempo, a la altura de la X, fue esa la conjetura inevitable: ¿cómo pudo operar sin la complicidad oficial? Y particularmente se señaló a la Policía Municipal, ya que era notorio que en esa zona de la frontera, junto a la Plaza de la Mexicanidad, había vigilancia permanente por medio de patrullas de esa corporación.

El caso es que Nache Trujillo tenía abiertas carpetas de investigación por venta de drogas sintéticas, por extorsión y secuestro. Se supone que hasta era buscado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Literalmente, estaba fichado. En el ámbito estatal se tenían sus antecedentes de consignación al Ministerio Público Federal desde el 2012 por el delito de extorsión, cuando declaró que tenía oficio de electricista.

Seguramente también se sabía ahora de la protección policial. Pero todo es simulación y las autoridades responsables no han podido siquiera implementar mecanismos de control y exámenes de confianza eficaces.

Ya lo vimos con El Monster y ahora lo vemos con los guaruras de El Principal: los filtros son un fiasco total y dejan pasar, literalmente, a cualquier malandro, o ayudante de malandro, que para el caso es lo mismo.

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Por terrenos del Ayuntamiento juarense, será interesante ver cómo se manejan hoy algunos morenistas en la sesión ordinaria de Cabildo.

Lo comenta Mirone porque la síndica Ana Estrada y el regidor Antonio Domínguez, le jugaron a la oposición en la sesión previa, en un par de temas que serán votados en la ordinaria de este mediodía.

Hablamos de la donación de un predio de poco más de 20 mil metros cuadrados, un par de hectáreas, en favor de Desarrollo Juvenil del Norte Asociación Civil, además de la aprobación de un fondo de 5 millones de pesos para apoyar a madres buscadores desde el Instituto Municipal de la Mujeres.

Estuvo raro, pero asumieron posiciones críticas a esos apoyos. A lo mejor asumieron su papel de vigilantes de los recursos públicos, pero fue extraño porque lo hicieron a contracorriente de posiciones de alguna manera ya avaladas por la Administración.

Quizá simplemente aprovecharon que ni siquiera el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, acudió a la sesión previa y que mandó a un funcionario segundón a encabezarla.

Estuvo doblemente extraño, porque se ha visto a Ana Estrada y a Paty Mendoza, igual que al profe Mauricio Padilla, hacer equipo con el regidor Antonio Domínguez, quien se supone que ya trae camiseta montielista.

Como quiera que sea, se mostró que hay bronca en el ejido guinda, donde hay antecedentes de bronca por la agenda de mujeres, entre la regidora Paty Mendoza y la coordinadora morenista Mary Adame, quien llevó al Cabildo el tema del apoyo para las madres buscadoras. Parece, pues, que los cuestionamientos en ese punto, vienen de Mendoza, pero se hicieron en voz de la síndica.

La verdad que tampoco hay mucho de fondo o preocupación por alguna cuestión irregular en los dos temas. Incluso, en cuanto a la donación del predio, es prácticamente una regularización porque ya se utiliza y hay edificación desde hace años. Por eso dice Mirone que más bien se trató de hacer ruido y pintar la raya por diferencias que se arrastran internamente en los grupos morenistas.

Ya se verá si frente al alcalde y al secretario, asumen hoy la misma postura crítica. Lo duda Mirone.

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Por terrenos del Congreso del Estado, la legisladora juarense Rosana Díaz Reyes, dio ayer un buen campanazo con la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua.

La propuesta va directo a un tema que aquí hemos tocado algunas veces, respecto a la urgencia de cuidar los recintos culturales, prever su conservación y destinar los recursos necesarios para su mantenimiento.

Particularmente en Juárez, hemos visto cómo se abandonan hasta caerse a pedazos, literalmente. Tal como ocurrió con el Centro Cultural Paso del Norte, quizá el espacio más emblemático de la ciudad para la presentación de actividades y espectáculos artísticos y culturales.

El caso es que la iniciativa de ley considera instaurar el “Deber de Conservación Activa del Patrimonio Cultural Inmueble”, como principio jurídico que transforme el mantenimiento de teatros, museos y demás recintos, de una tarea administrativa opcional, a una obligación legal ineludible.

Esa obligación recaería en los funcionarios a cargo. O sea que no tendrían saque y forzosamente tendrían que planificar, programar y ejecutar acciones de mantenimiento preventivo.

Ahora nada más se reacciona, si es que eso pasa, ante las crisis o las emergencias, cuando ya hay incluso riesgos de accidentes en los inmuebles.

Con el “Deber de Conservación Activa” se estaría buscando la instauración de una nueva cultura de responsabilidad para vincular el incumplimiento de este deber a una falta administrativa grave.

De esta manera, la indolencia en materia cultural también sería sancionada.

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Creía Mirone que habría algún protocolo o ceremonia, pero no. Con las nuevas juezas electas, las que están recibiendo sus constancias de mayoría luego de que los tribunales resolvieron sus medios de impugnación, no hubo formalidad alguna.

No se informó y por lo tanto no se supo de las entregas para el caso de Gloria Elizabeth Holguín Trejo y Karen Paola de la Rosa Andazola, luego de que el Tribunal Estatal Electoral ordenó al Consejo General del IEE hacer la reasignación y revocar las constancias de mayoría ya entregadas para los juzgados en materia Laboral del Distrito Judicial Bravos.

Hasta publicamos que estaba ese pendiente, pero el caso es que las constancias para las dos se entregaron un día después de la sesión en que el Consejo General hizo la reasignación. La sesión fue el 6 de agosto y la Asamblea Distrital Bravos entregó los nuevos documentos el día 7.

O sea que nada más las cinco nuevas magistradas electas que después de aquella sesión obtuvieron las constancias, tuvieron el privilegio de recibir los documentos públicamente y hasta tomarse su respectiva foto oficial. Eso no alcanzó para la ya virtualmente desarticulada Asamblea Distrital.

Así que tampoco habrá evento formal para que las nuevas ganadoras en materia Civil, Paloma Berenice Galindo y Claudia Lorena Rivera, reciban el documento que las acredite como juezas electas.

Así llegó la orden del Consejo Estatal, hacerlo fuera de sesión. Simplemente se les citará un día después de que en Chihuahua se aprueben los nuevos acuerdos de asignación. La instrucción es que, sin protocolo alguno, se entreguen en sus manos, las respectivas constancias.