En el primer Informe de Gabinete de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentado al Congreso del Estado, se omitieron datos presentados anteriormente; se dejó fuera cualquier connotación autocrítica y se insistió en la comparación con la anterior administración.

En el capítulo dedicado a la Fiscalía General del Estado (FGE), se omitió el dato de que, en el estado, la criminalidad tiene un 95 por ciento de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos.

Dicha cifra había sido presentada y mencionada por el fiscal, Roberto Fierro Duarte, en presentaciones ante organismos empresariales y a los medios de comunicación.

En esas ocasiones, destacaba que había una “mejoría” respecto a la gestión de Javier Corral, pues en ese entonces la impunidad era del “99.99 por ciento”.

Sin embargo, en el Informe 2022 entregado al Congreso del Estado el pasado 26 de septiembre, se menciona solo una vez la palabra “impunidad” y no para referir al rezago en impartición de justicia.

Dicho término se mencionó en el siguiente contexto: fue impulsada la creación en el Código Penal del Estado, del delito de Desplazamiento Forzado, mismo que contribuirá a reducir la  impunidad de violaciones graves a derechos  humanos en la entidad, principalmente en la  zona serrana.

Aunque se hace mención a la disminución de la incidencia de diversos tipos de delito, solo se hace en términos porcentuales y se omite citar la cifra de infracciones a la ley cometidas durante el período, pese a que el Inegi presenta esos informes periódicamente.

La palabra “delito” aparece 24 veces, en varias de ellas, repetida en el mismo párrafo, de forma reiterativa.

Aprehensión de Duarte, como mérito propio.

En el rubro dedicado al combate a la corrupción, el Informe destaca la extradición del exgobernador  del estado, César Horacio Duarte Jáquez, a quien no citta por su nombre.

La extradición, en junio de este año, “derivó de la ejecución de la orden de aprehensión  por hechos de corrupción”, dice el Informe.

En ese sentido, omite mencionar que fue una carpeta integrada por la anterior administración, y que la extradición fue producto de las gestiones del Gobierno Federal.

“La autoridad judicial, la cual lo vinculó a proceso por los delitos de peculado  y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada”, señala el Informe, pero no menciona el origen de la investigación.

Orgullo por una operación infructuosa.

El nombre “Cerocahui” se menciona en tres ocasiones, sin hacer alusión específica al homicidio de los dos sacerdotes jesuitas, el promotor turístico y el jugador de beisbol asesinado en el marco del mismo suceso.

En un largo texto dedicado a los hechos ocurridos en ese seccional del municipio de Urique, se hace un detallado recuento de todas las operaciones conjuntas para lograr la aprehensión de José Noriel Portillo Gil, El Chueco, presunto autor de esos crímenes.

“Se efectuó un despliegue operativo en Cerocahui y toda la región para la recuperación del territorio de la Tarahumara y la búsqueda y localización de generadores de violencia”, dice el Informe.

En el marco de esa misión, el Informe “destaca” 41 operativos de búsqueda de El Chueco, incluidos patrullajes aéreos en el municipio de Urique y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a la organización del prófugo antes mencionado.

También se refiere a la recuperación de 16 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 13 armas de fuego, 28 cargadores, 701 cartuchos útiles, cuatro  unidades de equipo táctico, dos chalecos tácticos.

Además, del aseguramiento de drogas, de 49 mil 584 latas de cerveza, la destrucción de 10 plantas de marihuana, así como el desmantelamiento de 14 campamentos del crimen organizado.

Sin embargo, no se hace mención a que, después de todas esas acciones,  no se ha logrado la detención de José Noriel Portillo Gil.

Torre Centinela, ni por su nombre.

Pese a ser uno de los proyectos “estrella” de la actual administración, el inicio de la edificación de la Torre Centinela en Ciudad Juárez no mereció ni una sola cita.

Si bien los trabajos de edificación iniciarán el año próximo, el otorgamiento del contrato a la empresa Seguritech, sin licitación de por medio, tuvo lugar en este 2022.

El proyecto Centinela es uno de los más referidos tanto por la gobernadora Maru Campos como por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, como una acción para prevenir y combatir a la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, ese programa solo tiene mención en el contexto de una modernización de infraestructura en los municipios de Madera y Bocoyna para “despliegue policial” que permitirán “la implementación de la Plataforma Centinela”.

Al término de este año se contará con tres centros más en los municipios de Hidalgo del Parral, Juárez y Cuauhtémoc, agrega el párrafo, y no se vuelve a tocar el tema.

En el período de referencia, el Informe señala que, la SSPE detuvo a 5 mil 959 personas “por diversos delitos del fuero federal, fuero común, faltas administrativas  y violaciones a la Ley de Tránsito y Vialidad”.

“Asimismo, se decomisaron 176.72 kg. de marihuana, 6 mil 800 dosis de fentanilo, 55.77 kg. de cristal y 1.715 kg. de cocaína, 117 armas de fuego, 144 cargadores, 4 mil 772 cartuchos de diferentes calibres, 142 artefactos explosivos y 32 piezas de equipo táctico”.

“Además, se recuperaron 426 vehículos con reporte de robo y se realizó el aseguramiento de 190 involucrados en actividades ilícitas y/o sujetos a investigación, de los cuales 83 se encontraban de manera ilegal en el país”.

En el párrafo final de todo ese despliegue de información, se afirma que de esa manera se logró una reducción “en la incidencia delictiva en el Estado de Chihuahua”, pero no indica el porcentaje, ni los períodos de comparación.

Un año de placas, multas y aumento al ISN.

En el capítulo de Hacienda, el Informe del Gabinete de la gobernadora Maru Campos destaca la sanidad de las finanzas estatales.

Señala que los ingresos totales del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022 son 74 mil 918.4 millones de pesos.

De ese total, destaca “un crecimiento del 9 por ciento, lo que significa 6 mil 443 millones de pesos adicionales que el periodo anterior”, pero no detalla si ese aumento es nominal o es real, es decir, si se tomó en cuenta el factor inflacionario para comparar el crecimiento entre ambos períodos.

Según las cifras de la propia Secretaría, el incremento vino de los ingresos federales: 37 por ciento de participaciones federales, 30 por ciento de aportaciones federales y por ciento de los convenios.

En cuanto a los ingresos propios, crecieron en un 26 por ciento, dice el Informe.

Fueron 19 mil 397.5 millones de pesos, obtenidos, según el Informe, principalmente por el Programa de Canje de Placas y la recaudación del Impuesto sobre Nómina (ISN).

El ISN se incrementó en el período referido, al pasar del 3 al 4 por ciento del valor total de la nómina de cada empresa.

El Informe, un documento de 208 páginas, está dividido en cinco capítulos, cada uno dedicado a cada eje del ejercicio de gobierno: Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahuense; Crecimiento Económico Innovador y Competitivo; Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable; Seguridad Humana y Procuración de Justicia y Buen Gobierno, Cercano y con Instituciones Sólidas.

En el transcurso de la siguiente semana, el Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado, hará el análisis y decidirá a cuáles funcionarios llamará a comparecer para aclarar dudas o ampliar información.