En pleno fragor de la batalla entre panistas y crucistas, que se desgarran cual troyanos a punta de acusaciones y cobros de predial, llegó la caballería al rescate de los blanquiazules: ahora es la mandataria estatal, en persona, la que endereza baterías contra el alcalde de Ciudad Juárez.

La gobernadora Maru Campos entró al campo de batalla cual general Patton con su división Panzer en plena Segunda Guerra Mundial, dispuesta a derribar las barricadas que colocó el ejército de Pérez Cuéllar para atacar a sus oponentes, que hasta hace pocos años eran sus compañeros de lucha.

¡Y de qué manera hizo su entrada la generala Maru! Justo con una bomba de esas que sus críticos —panistas y no— le hacen tronar en la mano a cada paso al alcalde: el pésimo estado en el que se encuentran las calles de Ciudad Juárez.

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El video, difundido por la propia mandataria en sus redes sociales, se hizo viral este martes y, la verdad, deja al alcalde con muy poco margen de maniobra para devolver el mortero.

Ahí se muestra la imagen de Maru, parada junto a su camioneta, a mitad de una calle de Juárez, cariacontecida, como diciendo “hasta a mí me pasa”. Su vehículo estaba detenido ahí no por gusto ni por querer entorpecer el tráfico, sino porque un enorme bache —de esos que “no hay” en Juárez— le reventó la llanta trasera del lado del piloto y, de paso, le abolló el rin y hasta la copa.

“Bueno, veníamos circulando aquí por Ciudad Juárez y de repente, pum, sentí como que nos habíamos caído en algo, ¿qué creen…?”, dice, como quien va a develar un gran secreto.

“Nos caímos en un bache”, continúa la gobernadora, mientras ríe en un tono que va de lo nervioso a lo burlón.

“Nos caímos en un bache de estos que deja la administración municipal, que el presidente Cruz Pérez Cuéllar dejó sin tapar…”.

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El bazucazo no tiene pierde: va dirigido a quien hoy es el objetivo principal del ejército electoral del PAN, de cara a la contienda por la gubernatura del estado el próximo año.

“…pues desgraciadamente toda la gente de Juárez exclama, grita, exige que esto sea una función municipal”, añade.

Momentos después, ya con la risa de lado a lado de la cara, “repite” lo que —afirma— dice la gente en Juárez: que “usted —Cruz Pérez Cuéllar— se ponga a trabajar en los ratos que le falten”.

El obús golpea al cuartel general del crucismo en un momento en el que las divisiones panistas se han trasladado a Juárez para fortalecer una plaza donde no han ganado desde hace 22 años.

Allá están acantonados diputados locales, federales, la dirigencia estatal y ahora también la gobernadora.

Lo de ayer fue una especie de “Día D” o, mejor dicho, un “Día C” para el crucismo. Un desembarco en esas calles de Juárez que hoy– gracias a las precipitaciones invernales– están más bombardeadas que Normandía.

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Y mientras el panismo en pleno destapaba la champaña para celebrar su victoria en las calles de Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar devolvió el ataque con un proyectil dirigido al centro de mando de las fuerzas enemigas: la Torre Centinela.

En un breve video, Cruz se disculpa con la gobernadora por el accidente que acababa de sufrir en las calles de Juárez, donde —ni cómo ayudarle— los baches no se acaban; es más, parece que se reproducen.

Vestido con traje negro, camisa blanca y corbata de colores, Pérez Cuéllar posó para la toma justo delante de la Torre Centinela, que funciona como telón de fondo del mensaje en audio y video con el que pretende devolver el golpe.

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“Estimada —nótese el guantazo blanco— gobernadora, me acabo de enterar que cayó usted en un bache y la verdad me puede mucho”, dice al inicio de su mensaje, como quien acepta el bombazo, pero ya prepara el suyo propio.

“Pero déjeme decirle que si en lugar de haber destinado tantos millones de pesos en este mugrero que no le va a servir de nada a los juarenses, hubiera destinado ese dinero a las calles de Juárez, a lo mejor no hubiera caído en un bache”, continúa su andanada, mientras voltea a ver la Torre Centinela, que todavía luce en obra negra, al menos en una parte.

“Pero bueno, nosotros, desde el Gobierno municipal, con los poquitos recursos que tenemos, vamos a seguir echándole ganas y gastando el dinero en lo que verdaderamente se necesita, y no en obras que realmente no nos van a servir de nada y que, por cierto, dudo que vayan a terminar”.

Hasta ahora, Pérez Cuéllar había sido un crítico constante de la Torre Centinela, pero había dirigido sus morteros hacia Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, y hacia esa especie de PAN alterno que tiene en su nómina, no directamente a la gobernadora.

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Si algo hay que reconocerle al alcalde juarense es su capacidad para reaccionar rápido y, aquí, vale decirlo, la devolvió casi a botepronto.

A él le pegaron con la andanada de siempre: las calles deterioradas de Juárez. Él respondió con un bombazo dirigido a la obra insignia de la actual administración estatal, que es, a la vez, el principal foco de controversia que carga el Gobierno panista.

Más que un video de respuesta, el de Cruz Pérez Cuéllar parece una devolución de la “cortesía”: una forma de decir que también trae con qué regresar el golpe. Fue, para seguir con el tono bélico, una versión grilleril de ‘Rescatando al soldado Ryan’, o mejor dicho, ‘Rescatando al gendarme Cruz’.

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El intercambio de golpes entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirma que Juárez dejó de ser únicamente un problema de gestión para convertirse, otra vez, en el principal escenario de la disputa política rumbo a la sucesión estatal.

Mientras uno y otro convierten los baches y las obras emblemáticas en munición electoral, la ciudad permanece atrapada en medio de una guerra que poco tiene que ver con soluciones de fondo.

Para el PAN, Juárez es la plaza que necesita recuperar para reposicionarse en un estado donde no gobierna la frontera desde hace más de dos décadas. Para el crucismo, es el bastión que no puede darse el lujo de mostrar debilitado justo cuando su principal figura se perfila como aspirante a la gubernatura. En ese choque de intereses, la ciudad deja de ser prioridad y pasa a ser botín.

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La gobernadora convirtió un incidente cotidiano —caer en un bache— en un mensaje político directo, apelando a una molestia ampliamente compartida por los juarenses. El alcalde respondió con rapidez, señalando la Torre Centinela como símbolo del gasto estatal que, a su juicio, pudo destinarse a necesidades más urgentes. Ninguno de los dos habla solo de calles u obras: ambos están midiendo fuerzas y marcando territorio.

Lo que sigue, todo indica, no será una discusión técnica sobre responsabilidades administrativas, sino una escalada de señalamientos públicos, videos y gestos calculados para el consumo electoral.

Cada bache, cada proyecto inconcluso y cada falla urbana corre el riesgo de convertirse en un nuevo episodio de esta confrontación. Y mientras el pulso político se endurece, Juárez sigue pagando el desgaste real, atrapada en una guerra donde los daños colaterales siempre caen del mismo lado.

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Otra revuelta se armó en el Poder Judicial, con la aparición de la nueva Santa Inquisición que puso en la hoguera pública al titular del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta frontera, Alberto Hiram Arroyo.

Aquí dimos la semana pasada la primicia sobre la primera suspensión temporal de un juez electo por voto popular, a raíz de una denuncia de su personal por supuestos malos tratos, lo que derivó en la intervención de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), dependiente del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

El caso encendió las alertas entre las demás personas juzgadoras, que ven con harta preocupación la forma en que —consideran— se ha humillado al juez en este caso particular, violentando el debido proceso y sometiéndolo a un trato indigno que le pega a la investidura de todos quienes tienen la sensible tarea de impartir justicia.

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Es la otra cara de la moneda. El punto de vista de quienes aseguran no oponerse a la evaluación, a las medidas disciplinarias y de control, a la transparencia, la rendición de cuentas y los límites al poder, siempre que todo ello se haga de manera justa y respetando la dignidad de las personas.

Quienes pasaron el reporte a Mirone afirman que Arroyo ni siquiera sabe, hasta este momento, de qué se le acusa formalmente ni quién lo acusa.

La UIRA lo separó de su cargo mientras realiza la investigación y primero lo mandó a sentarse en una silla del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), para después indicarle que debía reportarse al área de Lactancia que el Poder Judicial habilitó en los juzgados del eje vial Juan Gabriel.

No puede entrar a su oficina y, literalmente, fue obligado a ingresar al edificio por la puerta de atrás. De ahí la indignación de sus pares —juezas y jueces—, quienes le han expresado su respaldo. Incluso, otra persona fue designada como enlace para que sea quien tenga contacto con él en caso de que exista algún asunto que deba atenderse sobre su situación o su juzgado.

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El pasado fin de semana se realizó una reunión en el restaurante Chapa Prime, de la avenida Ejército Nacional, donde convergieron varias juezas y jueces en materia Familiar y algunos de la rama Civil. El motivo fue el festejo de cumpleaños del juez Alejandro Zepeda Ramírez.

En la rama Familiar decidieron cerrar filas y hacer equipo más allá del mero plano laboral. Invitaron a sus colegas de la rama Civil y pretenden hacer lo mismo, en el futuro, con juezas y jueces en materia Penal.

A la reunión acudió el juez suspendido, Alberto Hiram Arroyo, y fue justo ahí donde, de manera informal, se puso su caso sobre la mesa.

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En pocas palabras, hay molestia por la forma en que desde el Tribunal de Disciplina se pretende “chicotear” a las personas juzgadoras, sin que —al menos en Juárez— se les brinde apoyo para sacar adecuadamente su trabajo, pese a la carencia de recursos humanos y materiales y a la creciente sobrecarga laboral.

Las y los inconformes aseguran que no es nuevo someterse a controles disciplinarios por parte de la UIRA, instancia que ya existía antes de la reforma. Señalan que el procedimiento regular, cuando surgía una queja del personal en un juzgado, consistía en proteger al denunciante y retirarlo temporalmente de su área laboral mientras avanzaba la investigación. Ahora, dicen, se fueron directamente contra el juez, y de muy fea manera.

También consideran que existe indefensión para las personas juzgadoras, que ahora quedan a merced de que los grupos de poder dentro del Tribunal Superior de Justicia los lleven a la hoguera como mera estrategia de escarnio público.

Por lo pronto, ya acordaron reunirse periódicamente por su cuenta para analizar lo que está ocurriendo al interior del Poder Judicial, además de estrechar sus relaciones interpersonales.