César Horario Duarte Jáquez planeaba obtener su libertad el 3 de abril pasado, cuando se iba a celebrar la audiencia de presentación de pruebas del juicio que se sigue en su contra por el presunto desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos del erario estatal.

Su estrategia, según lo expuso el equipo de abogados que lleva su defensa, era en primer término pedir la suspensión de la prisión preventiva que lo mantiene recluido en el Cereso No. 1 de San Guillermo, Chihuahua, para que pudiera convalecer del problema cardíaco que le aqueja y de las lesiones que le causó el accidente en helicóptero ocurrido en el 2015.

La otra, una especie de “uno-dos” a la mandíbula de la causa penal en su contra, era demostrar que aquellos 96.6 millones de pesos no se quedaron en las cuentas del exmandatario, sino que en verdad se repartieron entre productores ganaderos, que era el fin que debía tener ese recurso.

Allegados al que fuera gobernador entre octubre del 2010 y octubre del 2016 comentan que Duarte quería estar libre antes del 14 de abril, día cuando cumpliría 60 años.

Libre a como diera lugar, decían: ya fuera que lo declararan absuelto “por falta de pruebas”, o que se le retirara la medida preventiva ante el notable deterioro de su salud.

No se pudo, en parte, por los 160 documentos que la propia defensa presentó en descargo de su representado. 

El Ministerio Público pidió un aplazamiento de la audiencia y la juez de control, Delia Valentina Méndez, dictaminó diferir la audiencia contra el exgobernador para el día 24 de abril del 2023 a las 9:30 de la mañana.

El 14 de abril llegó y Duarte lo pasó en el Cereso 1 de San Guillermo. Habían pasado 10 años desde aquel cumpleaños 50, cuando lo festejó en grande, en la Casa de Gobierno, en una fiesta amenizada por Juan Gabriel, uno de los artistas más populares del país.

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Una semana antes de su cumpleaños,  el 7 de abril de 2023, falleció Antonio Enrique Tarín García, quien se encontraba bajo proceso penal por otro presunto caso de peculado ocurrido durante el gobierno de Duarte.

La muerte del que fuera presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estremeció a la clase política por la forma como ocurrió: un suicidio.

Tarín García eligió el  “Viernes santo” para transitar en su auto –según la versión oficial– hasta lo más alto del puente de la avenida Homero, sobre el Periférico de la Juventud, y lanzarse al vacío desde ese punto.

Para ese entonces, estaba sujeto a proceso penal, aunque se encontraba libre bajo caución y portaba un brazalete de geolocalización.

A lo largo del día, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte del exfuncionario y anunció que emprendería una investigación en torno a ese hecho.

Tras una semana de investigaciones, la FGE no ha detallado el alcance de la medida precautoria ni la función del geolocalizador, pues el hecho de que saliera de su casa a altas horas de la noche y se dirigiera a un cruce vial que lleva a la salida a Juárez ha, por decir lo menos, generado comentarios diversos en redes sociales.

Según el exgobernador Javier Corral, Tarín era una pieza clave para desmadejar la verdad en torno a la Operación Safiro, con la cual presuntamente se habrían desviado más de 250 millones de pesos hacia el Partido Revolucionario Institucional, en el año 2015.

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En entrevista para Carmen Aristegui, el exgobernador, quien llegó al cargo con la promesa de que “metería a la cárcel” a Duarte, el recién fallecido había sido el  encargado de asignar las contrataciones públicas a las empresas fantasmas mediante procedimientos totalmente simulados.

El fiscal Zona Centro, Francisco Martínez Valle, declaró a medios de comunicación que, tras la muerte de Tarín, las causas en su contra se sobreseían.

Su nombre aparecía en siete causas penales, todas relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos durante el mandato de Duarte.

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A lo largo de la audiencia de vinculación a proceso en contra de César Duarte por el presunto peculado de 96.6 millones de pesos, también se mencionó repetidamente el nombre de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

En la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 6 de junio de 2022, la defensa del político ballezano insistió en que no había pruebas para culpar a este de tales desvíos.

El Ministerio Público presentó testimoniales de exfuncionarios estatales no identificados, ocultos bajo un nombre clave en virtud del criterio de oportunidad al que se remitieron, que Carlos Hermosillo había sido el encargado de “recolectar” esos recursos y enviarlos a la Unión Ganadera División del Norte y  la Sofom Financiera División del Norte, ambas.

Las testimoniales hablaban de que Hermosillo exigía la entrega del dinero que estaba destinado a apoyar la producción pecuaria del estado, con el argumento de que eran “órdenes del gobernador”.

Hermosillo Arteaga asumió en el año 2012 la dirección general de Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, desde donde habría ejercido esas presiones, según los testigos.

Seis años antes de esa audiencia, el 17 de marzo del 2017, Hermosillo perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la vía corta Parral-Chihuahua.

Según las versiones oficiales, el exfuncionario y para ese entonces diputado federal resultó gravemente lesionado cuando parte de una rueda de un tráiler dio con su auto y se incrustó en su cabeza.

Hermosillo era un amigo cercano a Duarte, tanto que en el mismo proceso judicial se llegó a mencionar que el exgobernador lo tenía en tan alta estima que lo consideraba como “un hijo”.

En aquella sesión, sin embargo, se le endosó la responsabilidad de los hechos que le imputaban a Duarte por haber sido él quien presuntamente recolectó el dinero.

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El 7 de marzo de 2020, los medios de comunicación de la localidad, así como nacionales e incluso algunos extranjeros difundieron la noticia de la muerte por suicidio de Octavio Acosta Maldonado, exfuncionario en los gobiernos de César Duarte y José Reyes Baeza.

“Tavo”, como se le conocía en el ambiente político de Chihuahua, había sido uno de los pocos políticos que habían logrado transitar entre las administraciones de Reyes Baeza y César Duarte, quienes tuvieron una relación poco cordial.

Con Reyes Baeza trabajó toda la ruta como su secretario particular, mientras que con Duarte prestó sus servicios como titular de la subsecretaría de Planeación Educativa,  en abril del 2013.

Al igual que otras decenas de exfuncionarios, fue señalado como probable copartícipe de un desvío de 700 mil pesos para un “Bono a obispos”, de acuerdo con información publicada en enero por el periódico Reforma.

Al igual que otros acusados, nunca recibió una sentencia.

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Apenas tres días antes de la muerte de Tarín, el Instituto Nacional Electoral había dejado sin castigo el presunto desvío de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua hacia el PRI.

Era la llamada Operación Safiro, a través de la cual, Gobiernos de siete estados y de la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad de México le transfirieron al Revolucionario Institucional 650 millones de pesos de recursos públicos para sus campañas del año 2015, cuando se renovaría la Cámara de Diputados.

El INE publicó un comunicado en el que señalaba que, en el caso Safiro, si bien se presentan infracciones de distinto tipo, “no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado”.

Tarín había sido vinculado a esa operación en las investigaciones que llevó a cabo el Gobierno de Javier Corral.  Ahora solo queda el silencio.