Ayer, cuando dejaron sus cubículos y oficinas en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no faltó quien les puso hasta tres candados, no vaya a ser que se los apropie y se atrinchere ahí el famoso Marx Arriaga, quien ya está en Juárez para reclamar sus espacios.

Oficialmente, lo único que se dijo ayer por parte de la UACJ es que Marx presentó la solicitud formal de regreso a su plaza de tiempo completo y que gozaba de licencia sin goce de sueldo desde 2018.

Todavía no se dejó ver por la Uni, luego del recibimiento que se le dio en el aeropuerto, con una bien armada protesta en su contra —él se la atribuyó a Mario Delgado— y tras su trabajo como responsable de haber elaborado los nuevos libros de texto que tanta polémica generaron en todo el país.

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Defenestrado como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx regresó a Juárez, a donde llegó a la UACJ varios años antes de ser invitado al Gobierno de la 4T, por conexión directa con Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente AMLO, de quien fue lector sinodal en la tesis de doctorado en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana.

El propio Marx hizo en la UAM su licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en Teoría Literaria, por lo que el vínculo inicial viene de aquella universidad.

Aunque Arriaga hizo su doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, no tenía plaza en la UAM y, cuando salieron convocatorias nacionales para la UACJ, financiadas con recursos federales, concursó y ganó el espacio.

Quién sabe si fue por lo peleadas que están en el centro del país esas plazas o simplemente porque, como a muchos otros investigadores y académicos, le jaló la singularidad de la problemática social de esta frontera, pero hasta acá vino a dar sin tener algún otro arraigo previo.

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Lo que le comentan a Mirone es que trabajó como profesor-investigador del Departamento de Humanidades de ICSA, asignado al Programa de Literatura, donde dejó su marca en el diseño curricular de la Licenciatura en Literatura Hispanoamericana.

También alcanzó a ganar, en 2015, el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta.

De la UACJ, primero se fue como director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura, antes de tomar en la SEP el encargo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto que, al final, se colocaron en el centro de su despido, luego de que se negó a realizar 192 correcciones solicitadas por la Subsecretaría de Educación Básica.

Quienes lo conocieron aquí antes de su licencia de 2018 lo recuerdan bastante callado y solitario, pero parece que ahora regresó con cierto gusto por los reflectores y bastante respondón frente a las jerarquías institucionales.

A ver cómo les va con él aquí a los jefes. Serán Beatriz Anguiano, jefa del Departamento de Humanidades, y Jesús Meza, director de ICSA, quienes deberán definir qué tareas de investigación, gestión y tutorías le encargan, mientras le asignan sus clases como docente.

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El duartismo en pleno salió ayer a festejar ruidosamente la reapertura del caso por presunta extorsión contra Maclovio Murillo, exconsejero jurídico del Gobierno del Estado en tiempos de Javier Corral, y de su socio, Carlos Emmanuel Aguirre, El Meño.

En lo que no repararon es que el proceso puede convertirse en un arma de doble filo que termine reventándoles en la cara a quienes hoy intentan exhibir al aparato judicial del corralismo como extorsionador y torturador.

Basta con poner el ojo en el delito que se imputa al excolaborador de Javier Corral y a su socio de despacho para advertir que la parte acusadora podría quedar tan comprometida como los propios acusados.

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Para refrescar la memoria, este Mirone se toma el tiempo de recordar lo ocurrido desde el martes pasado: un juez de control del Distrito Morelos instruyó a la Fiscalía General del Estado reabrir el caso por presuntos actos de extorsión contra Murillo y su socio.

La desempolvada de un proceso que parecía ya tres metros bajo tierra obedeció al fallo de un tribunal colegiado de circuito, que otorgó un amparo a favor del exauditor superior del Estado, Jesús Esparza Flores, promotor de la acusación contra ambos por presuntamente extorsionarlo.

Previamente, la FGE había cerrado el caso por falta de evidencias, por lo que el denunciante recurrió a la protección de la justicia federal.

Lo que sigue ahora no es el encarcelamiento del exfuncionario —como lo han festinado algunos—, sino únicamente la reanudación de las investigaciones. Hasta ahí, todo en orden.

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Conocedores de las lides jurídicas le sugirieron a Mirone observar el caso desde otro ángulo. Y, por lo visto, no les faltaba razón.

El denunciante, exauditor del Estado, afirma haber sido víctima de extorsión cuando era titular de la ASE, en tiempos de su amigo César Duarte. Aquí es donde surge el “¡ah, caray!”.

Si pagó la supuesta extorsión —dato que no ha aclarado del todo—, entonces podría haber incurrido en el delito de cohecho. Así de claro: si uno pidió dinero para no escudriñar cuentas y el otro pagó, ambos podrían estar en la misma olla delictiva.

Ahora bien, si pagó, ¿por qué lo hizo? Si todo estaba en orden en la ASE y su actuación había sido impecable, ¿cuál era el temor a que lo siguieran investigando?

No estamos hablando de un malandro que cobra derecho de piso a un tendero o a una vendedora de jícamas bajo amenaza de destruir su negocio. Aquí se trata de un servidor público que presuntamente habría pagado para evitar nuevas acusaciones.

Tan malo el que mata la vaca como el que le agarra la pata, podría decirse en este caso.

Esparza, vale recordarlo, enfrenta otros procesos pendientes, de los cuales no ha sido absuelto, como suele afirmar. Si el acusado se pone abusado —y vaya que lo es—, el asunto podría revertirse y derivar en una nueva causa penal.

Bien dice el proverbio chino: “Ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder”.

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A ver quién les entiende. Primero, que los órganos fiscalizadores de los estados no tienen facultades para auditar el uso de recursos que provienen del Gobierno Federal.

Así lo estableció el fallo del Tribunal Colegiado que le quitó a la justicia estatal el caso de presunto desvío de recursos en contra del exgobernador Javier Corral Jurado.

Esa, y no otra, fue la razón que esgrimió el tribunal de marras para determinar que la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República debía continuar con las averiguaciones, y no la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, que dirige el famoso Bayo Valenzuela.

Dicho de otra forma: el dinero que les llegue de la Federación no lo van a revisar ustedes, no; será la Auditoría Superior de la Federación y, si existe algún acto irregular, lo investigará la FGR. Está bueno, órdenes son órdenes. Lo que diga su señoría.

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Sin embargo, ahora resulta que, según la Auditoría Superior de la Federación, las instancias estatales —llámense órganos internos de control, auditorías superiores (en nuestro caso, la ASE) o las sindicaturas municipales— sí pueden echarle el ojo a los dineros federales.

Así lo dice el informe entregado por la ASF que contiene la revisión a la cuenta pública federal del tercer trimestre de 2025, que llegó apenas el martes pasado a San Lázaro.

La revisión señala que hubo irregularidades de funcionarios de al menos cuatro municipios del estado, porque no abrieron cuentas productivas para recibir en ellas los recursos de los fondos municipales que les envía la Federación.

Hasta ahí, todo claro: recibieron dinero federal y lo metieron, sabe Dios, en qué cuenta. Eso es una irregularidad y amerita una sanción. Bien hasta ahí.

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Lo que nos deja a todos con el ojo cuadrado es la instrucción que gira la Auditoría Superior de la Federación a los órganos internos de control del Estado de Chihuahua para que inicien la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por esa irregularidad.

¿Pues no que los estados y municipios ya no iban a meter las narices en la fiscalización de dineros federales?

Aquí, el mandato de la ASF es muy claro: que los órganos estatales sean los que sancionen, de acuerdo con la ley que tengan para el caso.

¿’Tons, tienen o no facultades?

Este Mirone metiche ya había advertido que el fallo en favor de Javier Corral, para que su caso pasara a “manos amigas” en la FGR, había batido todo el tepache en materia de fiscalización. Miren, aquí la ASF nos da la razón: ya no sabemos a quién le toca lavar los platos y a quién secarlos y guardarlos.

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Muy difícil será para el PAN salir sin abolladuras del atolladero de las regidurías, por su negativa a acompañar la iniciativa electoral para incluir el voto directo y con demarcación territorial de los regidores.

Un adelanto de lo que les puede pasar a sus dirigencias, a sus diputados en el Congreso del Estado e incluso a sus eventuales candidaturas se vio la tarde del martes, con el atorón que activistas ligados a la participación ciudadana y la democracia participativa le pusieron al presidente del Comité Municipal, Ulises Pacheco.

El mensaje fue claro: la negativa al voto directo no es un asunto técnico, es político, y tiene costo público.

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El problema para el PAN es que hoy se está echando para atrás, luego de que en dos legislaturas anteriores votó a favor de darle entrada a esa reforma, aunque la dejó para después mediante artículos transitorios.

Primero no la concretaron en la elección de 2021 y patearon el bote para el proceso 2023–2024. En 2023 volvieron a patearlo para 2025–2026 y ahora, de plano, buscan borrar de un plumazo el compromiso y la obligación legal, con una iniciativa para derogar cualquier transitorio relacionado con el tema.

Como si nunca hubiera existido, detrás de esos transitorios, el análisis y el debate sobre la urgencia de mejorar la representación política en el nivel de gobierno más cercano a la gente, impulsado por organizaciones de la sociedad civil desde al menos 2014.

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Veinte millones de pesos se les hacen mucho gasto a los representantes azules, pero nada dicen de los miles de millones de pesos que reciben del erario como prerrogativas para mantener y operar sus estructuras partidistas, incluso cuando no hay elecciones.

Por lo que se ve, las cúpulas políticas no quieren soltar la facultad de decidir quién se queda con las candidaturas, en paquete y por planillas, para que quienes ganen espacios de mayoría o por la vía plurinominal les deba ese favor a los dirigentes o a los alcaldes, que así conservan el control absoluto.

Lo ocurrido en el foro Yo Elijo Regidor podría ser apenas una probadita del reclamo que seguramente escalará cuando se realice en Juárez la primera audiencia pública sobre el tema, organizada por el Congreso del Estado para la primera semana de marzo.