Se puso buena la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que se realizó el jueves en la ciudad de Chihuahua.

Son múltiples los temas que se están colocando sobre la mesa de diálogo que recorre el país, pero uno que particularmente se llevó gran parte de las intervenciones en la capital del estado, fue la defensa del trabajo y la autonomía de los organismos electorales en las entidades federativas.

Hay un planteamiento específico para que no desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), con argumentos de fondo en favor del federalismo electoral y la autonomía institucional, y en contra de las tendencias de centralización y concentración de poder y control político.

Si bien es cierto que no existe una propuesta o iniciativa ya armada de la que se parte para la consulta, sino que se pretende construir un documento desde abajo, sí se especificó en distintos momentos del proyecto presidencial impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyado por la 4T, que entre los objetivos iniciales estaba el de racionalizar el gasto público y terminar con una supuesta duplicidad de funciones entre los Oples y el Instituto Nacional Electoral (INE).

De ahí que esa sea una de las grandes preocupaciones en torno a la reforma electoral en construcción. En Chihuahua, múltiples voces coincidieron en la necesidad de mantener y fortalecer los institutos locales como garantes de la democracia representativa.

Académicos, funcionarios, legisladores y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, señalaron que la propuesta de centralización podría inhibir la participación ciudadana y poner en riesgo la pluralidad política.

Frente a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, los participantes coincidieron, con distintos matices, en que la autonomía de los organismos locales y la pluralidad del sistema electoral mexicano son pilares del federalismo y de la democracia representativa.

En el evento realizado en el Museo Semilla, también participó la gobernadora Maru Campos, quien se pronunció por reforzar el federalismo electoral con respeto al orden republicano. “La voz de Chihuahua deberá ser siempre escuchada”, indicó la gobernadora.

“Toda reforma electoral que aspire a fortalecer la República debe construirse con el consenso de las entidades federativas. Porque la mayoría de los avances en el largo proceso de democratización del país han nacido de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba. Nunca han surgido como imposición de arriba hacia abajo o desde el centro autoritario”, consideró la mandataria.

Yuri Zapata Leos, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) hizo un llamado para que los promotores de la reforma consideren los aportes de las entidades federativas a la vida democrática del país.

Aunque reconoció las dificultades que implica su operación, propuso fortalecer la operatividad de los Oples e innovar en materia de votación electrónica, una modalidad que el estado de Chihuahua ha implementado durante las últimas dos décadas en consultas públicas, elecciones escolares, plebiscitos y votaciones de presupuesto participativo.

En defensa del trabajo de los Oples hablaron también Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del IEE, y Gilberto Sánchez Esparza, exconsejero de ese Instituto, quien además planteó la posibilidad de implementar el mecanismo de la segunda vuelta en las elecciones de la gubernatura.

El presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Sergio Rafael Facio Guzmán, alertó sobre el riesgo de reconstruir un centralismo que se creía superado, al subrayar que los estados son “laboratorios democráticos”, cuya pluralidad debe preservarse mediante instituciones autónomas fuertes, tanto en materia electoral como de transparencia.

José Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, lanzó un llamado a defender la autonomía de los Oples, al señalar que “la democracia no es un gasto, sino una inversión”. Advirtió que centralizar la operatividad de los procesos electorales “pone en riesgo la democracia representativa y participativa”.

El legislador propuso cuatro líneas de acción para fortalecer a los organismos locales: garantizarles autonomía presupuestal, eliminar la narrativa de que la democracia “sale cara”, ampliar los espacios de consenso entre partidos, academia y sociedad civil, y mantener al ciudadano como eje del proceso electoral.

………………

No hubo únicamente defensa de las Oples desde las personas que trabajan y, por lo tanto, cobran en ellas; es decir, de los funcionarios que no se quieren quedar sin trabajo. También se presentó la visión desde el lado de quienes laboran en el Instituto Nacional Electoral (INE) y no quieren que se les deje a ellos toda la carga.

Alejandro de Jesús Scherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, consideró que la eliminación de los Oples supondría una centralización de las decisiones y gastos de operación, al mismo tiempo que una sobrecarga operativa para quienes laboran en la instancia federal.

Recordó que las Oples prestan variedad de servicios, entre ellos la atención de quejas y denuncias, durante el desarrollo de las jornadas electorales.

Dijo que la presencia territorial de los Oples permite generar sinergias con el INE, por lo que de alguna manera consideró que se complementan para fortalecer la función electoral.

Scherman también solicitó no empalmar las elecciones judiciales con las constitucionales de 2027, por los problemas logísticos y de participación que se generarían.

La discusión en torno a la tendencia de centralizar la organización de las elecciones ya lleva tiempo. Paradójicamente, se impulsó por parte del PAN (que ahora se opone) desde que perdió las elecciones presidenciales de 2012.

Los legisladores blanquiazules impulsaron una mayor centralización, argumentando que se debía de evitar la intervención de los gobernadores en los comicios. El PRD acompañó esa propuesta y el tema entró a las reformas estructurales que se derivaron del llamado Pacto por México.

En los hechos, la transición democrática operó en contra uno de los principios básicos de la propia democracia: la descentralización del poder.

La reforma se concretó en 2014 y le otorgó mayores atribuciones al Instituto Federal Electoral que ese mismo año cambió de nombre a Instituto Nacional Electoral. El nuevo INE asumió el control de la instalación de casillas, la capacitación y la fiscalización, además de que le otorgó la atribución de nombrar y destituir a los consejeros locales.

También se estableció, a nivel constitucional, que el INE puede asumir la organización de las elecciones locales.

Hoy, se habla de la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), adentrándose más al camino centralista.

Sin embargo, desde la perspectiva organizacional, una sola institución podría no tener la capacidad de enfrentar el cúmulo de responsabilidades que implica organizar elecciones de diputados federales, senadores, presidencia de la República, gobernadores, congresos locales, ayuntamientos, personas juzgadoras federales y estatales, además de implementar los instrumentos de participación ciudadana que cada día son más requeridos y utilizados.

En todo el paquete, están las consultas federales y las revocaciones de mandato de la presidencia y de las gubernaturas.

Son muchas responsabilidades y aflora el riesgo de la incapacidad o la incompetencia por la debilidad organizacional para enfrentar logística y políticamente la organización de las elecciones. Una institución gigante también puede ser inoperante.

Quienes cuestionan el modelo, advierten además riesgos para la gobernabilidad y estabilidad políticas ante la incapacidad de una sola institución para administrar los conflictos políticoelectorales en las entidades federativas y los municipios.

………………

En cuanto a los actores políticos de Morena, la consulta del jueves se aprovechó para hacer algunos planteamientos que se incluyen en la propuesta de reforma electoral que también está pendiente a nivel estatal.

Hay un tema que lleva bastante tiempo en el debate público, impulsado de origen desde varias organizaciones de la sociedad civil: el voto directo por regidores con base a una demarcación territorial.

La propuesta planteada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, establece que la tarea transformadora y democrática se ha quedado corta, ya que los regidores siguen siendo electos mediante un voto indirecto, por planillas, en perjuicio del derecho individual de la persona a elegir.

La decisión queda en el partido político que integra, en acuerdo o en negociación con el candidato a la presidencia municipal, las planillas de las personas que asumirán un asiento en el Cabildo, el ente colegiado que es la máxima autoridad a nivel municipal.

La fracción I del artículo 115 establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.

La propuesta que no reñiría con el texto constitucional pretende hacer efectivo el derecho de las personas para elegir por voto directo e individualizado a quienes consideren más idóneos como sus representantes municipales más inmediatos.

Además, la iniciativa plantea establecer un mecanismo de zonificación o distritación, para que la conformación de los cabildos garantice una representación integral y proporcional de todo el territorio municipal.

Actualmente, la gran mayoría de las personas regidoras mantienen su domicilio en una misma zona específica de una ciudad y un municipio, lo que significa que, en los hechos, grandes áreas de la población y territorio municipal se queden sin representación ante el Ayuntamiento.

Es un tema de verdadera representatividad, ya que cuando los integrantes de un Cabildo se concentran, en virtud de su domicilio, en una sola área de la ciudad, se desatienden las zonas más alejadas del centro político de ese municipio, con impacto directo en una deficiente prestación de los servicios públicos.

Otra de las propuestas de la agenda morenista a nivel estatal, es la eliminación de la figura de diputados de representación proporcional “de lista”, sustituyéndola por el principio de prelación, lo que otorgaría esos espacios a candidatos que, aunque no ganaron su distrito, obtuvieron votación significativa.

El planteamiento también se ha debatido a nivel federal, en conjunto con la propuesta de reducción del número de diputados de representación proporcional. En la Cámara de diputados, 200 de los 500 son de representación proporcional.

En la consulta del jueves, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, llamó a establecer reglas más estrictas contra las campañas anticipadas, al advertir que vulneran la equidad electoral.

El tema es de los más sentidos a nivel nacional y estatal. Se pone sobre la mesa cada vez que quienes suspiran por convertirse en candidatos, hacen giras de promoción o sus nombres y sus rostros aparecen en anuncios espectaculares o bardas.

“Cada peso que se desvía hacia la promoción ilegal es un peso que se quita a la educación, la salud o la seguridad”, dijo al respecto al presidente de la CEDH.

Otra propuesta, también muy específica sobre otro tema sensible, la hizo el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, César Gutiérrez Aguirre. El académico planteó reformar la Constitución para limitar la sobrerrepresentación legislativa y evitar que las coaliciones obtengan mayorías artificiales.

La construcción de mayorías artificiales es otro de los temas que mayor polémica han generado a nivel nacional.

De acuerdo con el jefe de la Oficina de la Presidencia, existe voluntad del Gobierno de México para escuchar las propuestas de la población e integrar el proyecto de dictamen que presentará la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez. A la fecha, se han realizado 40 audiencias en todo el país.

Cárdenas Batel se llevó las 20 ponencias presentadas en Chihuahua, estado pionero en muchas de las luchas democráticas de México. Ya veremos si se cumple la promesa de inclusión o, como suele ocurrir en la realpolitik, se impone la simulación en los ejercicios de consulta.