En días pasados la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, informaba a través de un comunicado sobre la detención de 171 migrantes que fueron asegurados en cuatro casas de seguridad en operativos realizados durante la última semana.

En el mismo reporte se señala que desde el arranque del presente año se han allanado 95 propiedades en la vecina ciudad, lo que ha significado el aseguramiento de mil 200 migrantes provenientes de diversas partes de Centro y Sudamérica, incluyendo menores de edad, además de varios polleros de origen mexicano.

Lo anterior no es, sin embargo, sino la puntita del gigantesco iceberg que ha venido creciendo a pasos agigantados en los últimos dos años, producto de lo que se presume como una amplia red de corrupción que llega hasta la CDMX y que involucra a altos mandos, mandos medios y personal operativo en materia de migración en el país y en esta localidad.

Así lo hacen ver diversos señalamientos y denuncias formales como las canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) de 2022 a la fecha, lo que evidencia que la corrupción en el INM a nivel estatal y en esta frontera, no solo no se ha erradicado, sino que se ha reconfigurado y está a tambor batiente.

Pese a las denuncias y reclamos al respecto, la situación tal vez no hubiera ascendido al punto de mover las cosas a nivel federal como sí lo han hecho tanto recomendaciones de la CNDH como los señalamientos de personal de la Patrulla Fronteriza que, al detectar el atípico e indiscriminado incremento del flujo migratorio, asumió la existencia de actos de corrupción y puso el dedo en la llaga.

Aparentemente a raíz de tales recomendacioens y señalamientos, se hicieron algunos movimientos entre los que está el cambio realizado con el subrepresentante migratorio del aeropuerto local, Humberto Alonso Carreón, a quien quitaron de su cargo para moverlo a las instalaciones del Puente Lerdo, donde actualmente se desempeña como responsable del área de permisos para personas extranjeras que son regresadas de Estados Unidos por la aplicación del Título 42.

Cabe señalar que Humberto Alonso Carreón, es uno de seis funcionarios del INM señalados junto con Daniel Goray Yosioka, subrepresentante local noreste, y Roberto Gaytán Saucedo, subrepresentante del puerto Guadalupe-Tornillo, en una reciente denuncia formal presentada ante la CNDH por la vulneración de los derechos de tres ciudadanos turcos que fueron retenidos en la estación migratoria de esta frontera.

El nombre de Edgar Caro Ramírez, exfuncionario de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte durante la gestión del exgobernador José Reyes Baeza y actual sub representante federal del INM, es otro de los que suenan entre los señalados.

La denuncia interpuesta por los ciudadanos turcos ante la CNDH asentaba que los visitantes extranjeros fueron detenidos, privados de su documentación y extorsionados a mediados de mayo de 2022, por funcionarios federales que les pidieron dinero a cambio de devolverles sus documentos.

Esto derivó en la recomendación 09/2023 emitida por la CNDH y recibida por el INM el pasado 27 de febrero.

En total son seis los empleados del INM señalados en la denuncia como responsables de estos hechos, quienes presuntamente se justificaron aduciendo inconsistencias de los retenidos durante su entrevista, y el no haber acreditado fehacientemente su estancia en el país.

El INM tiene hasta mediados de marzo para atender la recomendación de la CNDH y responder por la vulneración hecha a los derechos de los afectados.

Algo importante a señalar es que desde diciembre de 2018 a la fecha han sido cinco los cambios de mando del INM en Chihuahua, cambios que, sin embargo, poco han abonado para que la situación sufra un cambio a favor.

El testimonio de juarenses que han estado viajando a la Ciudad de México en las últimas semanas, está dejando al descubierto lo que refleja que los actos de corrupción están lejos de desaparecer en el INM, involucrando a personal operativo de este organismo que desempeña su trabajo en el Aeropuerto Internacional Abraham González en esta frontera.

La red de corruptelas incluye diversas áreas del instituto que operan en la ciudad, como la estación migratoria “provisional” de avenida Lerdo que, aseguran, funciona como centro de detención para migrantes, tal como lo evidenció la denuncia interpuesta por los ciudadanos turcos.

Incluso alcanza a personal del INM en terminales aéreas de la CDMX, tal como lo evidenció la denuncia interpuesta en junio de 2022 por agentes de esta dependencia asentados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes acusaron a sus mandos de encabezar una red de corrupción para extorsionar a migrantes, con cobros de hasta mil dólares para facilitar su tránsito hacia el norte del país.

Testimonios de usuarios del servicio aéreo nacional llegados a esta redacción, coinciden en señalar que los vuelos provenientes de la Ciudad de México con destino a esta frontera, están saliendo al cien por ciento de su capacidad, con una gran parte del pasaje compuesto en su mayoría por hombres jóvenes de baja estatura y vestimenta más rural que urbana.

Se trata de personas que en lo general viajan en silencio, no hablan con nadie y entre sí durante todo el trayecto, algunos se muestran sumamente nerviosos y en cierto momento se les ha escuchado hablar con acento característico de Centro y Sudamérica.

Al bajar del avión, estas personas se dirigen directamente al filtro migratorio que pasan sin problemas mostrando una presunta identificación oficial, y a veces sin mostrar documento alguno, según consta en uno de los testimonios.

Uno de los testimonios señala el caso de un funcionario del filtro del INM que reclamó en tono de regaño a unos de estos viajeros su tardanza en responder una llamada telefónica, escuchándolo hablar con acento evidentemente centroamericano.

El pasajero pasó por el módulo de control migratorio portando en la mano una credencial de elector que mostró al funcionario, quien procedió a dejarlo pasar.

Aparentemente en ciertas horas muy específicas, los filtros migratorios se muestran desiertos, pero justo en momentos de llegada de vuelos comerciales y hasta privados, en los que estas personas arriban a la ciudad, presuntamente acompañados por polleros o siguiendo instrucciones para salir directamente a la carretera.

Los testimonios llegados a esta redacción coinciden asimismo en que estos pasajeros salen del aeropuerto -en algunos casos sin equipaje o solo con una mochila- y se dirigen directamente a la carretera Panamericana, donde son esperados por autos -supuestamente ubers- que hacen fila en el exterior para trasladarlos.

Lo anterior no pasaría de ser una mera interpretación de hechos si no fuera por las denuncias y señalamientos existentes, y porque desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y en la presente gestión presidencial comenzaron a salir a la luz actos de corrupción detectados al interior del INM, lo que ha derivado en la presentación de numerosas denuncias.

De acuerdo a reportes periodísticos, hasta el año 2018 se habían presentado 56 denuncias por parte del INM ante la Fiscalía General de la República, por uso de documentos apócrifos, ejercicio ilícito de servicio público y por robo.

Un reporte del Diario Oficial de la Federación publicado en la página oficial del Gobierno de México e identificado como “Tema migratorio 070421”, señala que en los primeros dos años del actual Gobierno federal el organismo ha presentado 68 denuncias, de las cuales 38 van dirigidas contra quien resulte responsable y 30 directamente contra servidores públicos del instituto, de acuerdo con el oficio INM/OSCJ/1340/2021.

El reporte puntualiza que del total de denuncias presentadas contra servidores destacan 26 que fueron por uso de documento apócrifo, una por extorsión, dos por cohecho y una por daños.

El 19 de junio del 2019 el presidente López Obrador informó de una “limpia” en el INM y las aduanas, con el despido de servidores públicos a los que se les demostró que estaban actuando de manera indebida y anunciándose la contratación de nuevo personal.

En marzo de 2022, el comisionado del INM, Francisco Garduño, informaba que para entonces se habían cesado a mil 800 agentes migratorios por comprobados actos de corrupción, deshonestidad, e inasistencia, entre otras causales.

Aparentemente, la situación se encaminaba a una depuración integral del organismo y una transparentación de las acciones enfocadas al control migratorio en esta frontera, algo que, sin embargo, sigue representando solo una carta de buenas intenciones, pero totalmente inefectiva ante el nivel de corrupción que los señalamientos de la Patrulla Fronteriza y las denuncias vigentes siguen poniendo en evidencia.