¿Puede la Guardia Nacional determinar el cierre permanente de vialidades en la ciudad, bajo el pretexto de la inseguridad?
La respuesta es no, pero la pregunta se hace por la polémica que ha surgido en el Cabildo, por el cierre de la calle Francisco Montes de Oca, en el tramo del cruce con la avenida Triunfo de la República, a un costado del Hospital General, cuyo tránsito está bloqueado desde hace varios meses con barreras de concreto y plástico.
Aunque los regidores de las comisiones de Vialidad y Desarrollo Urbano opinan que la vialidad debe ser reabierta, porque no existe una razón legal que justifique su bloqueo, las autoridades del Hospital General se resisten a ello, argumentando que los mandos de la Guardia Nacional necesitan esa calle cerrada, por las maniobras de “seguridad” que realizan cuando trasladan a personas heridas y a detenidos lesionados.
O sea que, el pretexto es la seguridad en la zona por la violencia que se registra en la ciudad, como si no supieran que la inseguridad en la frontera no es nueva, pues se mantiene con altibajos desde hace más de 15 años, y aun cuando el Hospital General siempre fue un punto crítico, no se cerraron las calles.
Si es una verdad pública que los malandros que han querido entrar hasta los cuartos del hospital buscando a sus víctimas, lo han hecho sin ninguna resistencia, ¿qué les hace pensar a los intrépidos guardias nacionales que, poniéndoles unas barreras de cemento y de plástico color naranja, los van a hacer desistir de sus criminales propósitos, cuando tengan un “cliente” en el nosocomio y quieran silenciarlo?
Lo que deberían estrenar son las neuronas, para diseñar una estrategia de vigilancia en todo el perímetro, y no esperar que y una barra de concreto haga su trabajo. A lo mejor, lo que no quieren es que el tráfico vehicular los moleste, cuando van al camión de los burritos que funciona en la esquina del nosocomio.
Por lo pronto, son muchas voces las que, igual que las regidoras Karla Escalante y Tania Maldonado, opinan que debe ser abierta esa vialidad, sobre todo los comerciantes aledaños.
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De mal en peor está el aeropuerto “internacional” Abraham González de Juárez, cuyos administradores provocaron ayer la ira de decenas de personas que salían de la ciudad en los primeros vuelos, y se encontraron el estacionamiento cerrado y sin nadie que los atendiera.
Personas que viajaban a Monterrey y a la Ciudad de México, llegaron a las plumas del estacionamiento y estas no cedían el paso, ni la máquina supuestamente automatizada emitía los boletos de cobro, simplemente porque estaba fuera de servicio y en su pantalla se leía: terminal bloqueada, según las fotos que circulan.
Lo peor del asunto, es que no había como en otras ocasiones ningún empleado haciendo el trabajo manual, entregando los boletos y dando el paso a los automovilistas.
Fueron principalmente los viajeros que salían a Monterrey en plan de trabajo, y tenían que dejar sus vehículos en el estacionamiento hasta su regreso, los que más se molestaron y preocuparon, porque tuvieron que estacionarse fuera de la terminal aérea, exponiendo sus unidades a robos o latrocinios.
“Me parece increíble que para una ciudad tan importante y con el movimiento económico que genera, tengamos este aeropuerto de quinta y tan caro”, escribió una viajera.
Otra persona lamentó que tanta gente que viaja por negocios, tenga que exponer sus vehículos porque los empleados no se levantan temprano a trabajar, ni a reparar el sistema de acceso a los estacionamientos.
“Ineptitud o estupidez o las dos juntas”, escribió en las redes otra quejosa, que dijo que inútilmente buscó a un empleado de OMA, la empresa administradora del aeropuerto, pero las oficinas estaban cerradas, cuando deberían estar abiertas desde el momento en que el aeropuerto comienza a operar.
Partiendo de que el estacionamiento de la terminal aérea es caro y con mal servicio, tienen mucha razón todas estas personas en sus quejas, pues la estancia de un día cuesta 300 pesos, o sea, el equivalente a 16 dólares, que, comparados con los 4 dólares por día que cobra el aeropuerto de la ciudad de El Paso, que está mil veces mejor y tiene hasta servicio de autobús, resulta en verdad una mentada.
Lo peor del asunto es que, lo ocurrido ayer, es un problema frecuente, pero nadie hace nada por meter en cintura a los prepotentes e inútiles administradores del que debería llamarse, aeropuerto provincial rupestre, porque de nivel internacional no tiene nada. Ni más ni menos.
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En días pasados, informamos que la CFE no subsidia la tarifa de energía eléctrica a Chihuahua porque su promedio de temperaturas durante el verano es de 31 o menos grados centígrados.
¡Cómo se nota que no han ido a Juárez en el verano, o que les falta una paseada por Ojinaga a eso de las 3 de la tarde!
Pues bien, en las últimas fechas, el termómetro de Chihuahua, en diversos municipios, ha llegado a los 37 grados y en algunos casos se ha acercado a los 40 en la escala de Celsius.
Sin embargo, la tarifa sigue igual de alta, sin que los órganos del Gobierno Federal encargados de producir, suministrar y cobrar el fluido eléctrico tengan consideración con las familias chihuahuenses.
En días pasados, se dio a conocer que la CFE le contestó al Congreso del Estado que la tarifa subsidiada se otorga a entidades donde el calor promedio llega a los 33 grados centígrados.
En el escrito enviado al Congreso, la empresa paraestatal le dijo a la representación popular de Chihuahua que la tarifa subsidiada 1F, la que cuesta 0.709 centavos por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora que consuma una vivienda, solo se otorga en esos rangos de temperatura.
Quién sabe qué parámetros o termómetros utilicen para hacer esas métricas, porque lo que es en el desierto chihuahuense y en el fondo de sus barrancas, los calorones son mucho más fuertes que esos 33 grados de los que hablan.
No hay, ni siquiera en camino, una baja en la tarifa, y mientras tanto, la población del estado consume altas cantidades de luz eléctrica para poder tener un poco ambientada su vivienda o su lugar de trabajo.
¡Qué injusto!
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![](https://nortedigital.mx/wp-content/uploads/2023/06/Carton_16_Junio-1024x768.jpg)
Oportunista es lo que menos le dijeron al regidor morenista Antonio Domínguez Alderete, por la campaña que ayer comenzó en sus redes sociales pidiendo el apoyo ciudadano para que se derriben todas las obras del BRT, en una clara estrategia por darse a notar y ser considerado para la reelección, ahora que la dirigencia nacional de la 4T les está poniendo la vara muy alta para el 2024.
Domínguez Alderete, que nada tiene que ver con las agendas de Desarrollo Urbano o vialidad en el Cabildo de Juárez, pues ocupa la Comisión de Gobernación y Fraccionamientos, aparece en un video en uno de los paraderos del sistema de transporte al que llama, con mucha razón, eso sí, el mugrebús.
En su mensaje campañero, El Pañalito se refiere a la fuerte inversión que se hizo en las obras del fallido sistema, que vinieron a estropear el tráfico de automóviles de la ciudad para convertirse finalmente en un elefante blanco, que nadie usa.
Con su planteamiento en contra del mugrebús, Domínguez Alderete se cuelga, sin decirlo, de dos campañas que en abril del 2021 y en junio del 2022 se subieron en la plataforma Change.org, donde ciudadanos juarenses pidieron que despejaran las calles de esas estorbosas obras, peticiones que se coinvirtieron en tendencia.
Ahora, el regidor asume una radical postura y le pide al Gobierno del Estado, nada más ni nada menos, que derribe todas las obras realizadas. O sea, que se manden al caño más de 3 mil 500 millones de pesos que se gastaron en el sistema.
¿Cómo la ven? Una petición disruptiva, pero de locos.