Una buena noticia para los partidos políticos y sus comités estatales: les va a caer más dinero del que ya reciben del erario.

¡Viva, viva! Porque los 481 millones 425 mil 192 pesos que se gasta la caja del Gobierno del Estado en la estructura electoral —IEE y partidos— parece que nomás no les alcanza.

Tras la resolución tomada en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó que los partidos políticos pueden recibir “kórima” de particulares, hasta eso, con su comprobante de por medio.

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Según el acuerdo aprobado, los partidos no podrán recabar más de 9 millones 992 mil pesos de personas altruistas que estén dispuestas a aportar de sus caudales para ayudar a esos pobres organismos políticos que cada tres años andan buscando el voto.

Es decir, que la “vaquita” que junten de simpatizantes o adherentes no podrá superar esa cifra. Nueve millones “del águila”. ¡Lo que harían tantas organizaciones verdaderamente altruistas con ese dinero!

Ahora que, en lo individual, nadie podrá “ponerse” con más de 646 mil 162.66 pesos. Y unos que se sienten muy dadivosos cuando le echan los diez o los veinte pesos al cepo de la Cruz Roja.

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Ahora que, calmados esos que ya tienen lista la chequera o la app de su banco para hacer la transferencia, porque si quieren hacer una agrupación política, de esas que entran a una elección a ver qué casca, no le pueden meter más de 4 millones 551 mil pesos.

Ahora que el acuerdo del IEE también se puso remilgoso, porque resulta que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo cualquiera de sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y los rendimientos financieros, no podrá ser superior al monto del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y específicas del ejercicio 2026.

Son algo así como los “Rico McPato” o los “Güicho Domínguez”, para decirlo a la manera local. Los partidos no batallan: dinero es lo que sobra. Y pensar que, aun así, deben contribuciones fiscales.

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Ni la grilla ni la guerra de denuncias se detienen en el Club Campestre, justo cuando vienen las elecciones para definir al nuevo presidente.

Ya se sabía que el ala de consejeros que ganó la elección del año pasado, junto con el Comité Legal, le traía ganas al expresidente Sergio Guzmán, para buscar que se le finque alguna responsabilidad penal por el desfalco de 21.3 millones de pesos.

Es la novedad de este 2026, justo un año después de que se conoció el desvío: se acaba de presentar otra denuncia, específicamente en contra de Guzmán.

La que se llevó a la Fiscalía Zona Norte el año pasado señalaba particularmente al gerente administrativo, Alberto Molina, aunque, claro, buscaba que se ampliara la investigación para ver si había más presuntos responsables, siguiendo la ruta de las transferencias de dinero.

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El expresidente, que fue sancionado con la destitución del cargo y con el retiro de sus derechos como socio del Club, se puso de pechito para que se activara la denuncia específica en su contra, luego de promover que su esposa actuara legalmente contra el Club, por medio del amparo.

Así que la respuesta del Club, a través del Comité Legal, fue la denuncia en materia penal contra el expresidente, a quien acusan directamente de haber entregado el acceso electrónico a las cuentas, vía token o llave digital, y de no haber cumplido con el equivalente a las firmas mancomunadas, lo que permitió que el gerente administrativo hiciera 53 transferencias a su cuenta personal… ¡casi durante un año!

También traían en la mira al extesorero, Jaime Merín, que de igual forma debía autorizar cada transferencia, pero lo dejaron en paz, ya que él no presentó denuncia contra el Club, como sí lo hizo Guzmán, por medio de su esposa.

Expresidente y extesorero fueron igualmente sancionados internamente y suspendidos en sus derechos el año pasado, luego de que la Comisión Especial determinó su responsabilidad, al omitir llevar a cabo personalmente las disposiciones y transferencias de los fondos sociales, “o al menos supervisar las funciones que realizaba el personal administrativo”.

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Eso decidieron hacer el año pasado. Hoy quieren acción penal porque no creyeron la teoría del orquestador solitario que hoy mantiene en la cárcel y bajo proceso al exgerente administrativo, contratado por la propia directiva del Club.

Por pura coincidencia, la denuncia llega justo cuando arranca el nuevo proceso electoral para definir quién será el próximo presidente y ocupe el cargo que tomó Gabriel Contreras Álvarez —en su carácter de vicepresidente— cuando fue destituido Guzmán.

Va Alejandro Ramírez por el grupo que quiere que llegue el castigo al expresidente y a cualquiera de ese equipo que estuvo en el manejo de los recursos desviados, y Rafael Tirado como carta del grupo de expresidentes que quiere que todo acabe únicamente con el exadministrador en la cárcel.

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Este Mirone está a punto de poner una pesquisa y ofrecer una recompensa a quien ayude a localizar al diputado local José Luis Villalobos García, a quien vieron salir de la Torre Legislativa en diciembre pasado y no ha regresado desde entonces.

Para mayores datos de ubicación, es priista y vestía traje negro, camisa blanca y corbata roja la última vez que se tomó la foto para el directorio de diputados del Congreso del Estado.

Fue visto por última ocasión en el edificio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la Ciudad de México, ubicado en la avenida De los Insurgentes y la calle Luis Donaldo Colosio, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde despacha como titular de la Coordinación de Afiliación del PRI.

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Según le cuentan a Mirone, el diputado que cobra más de 100 mil pesotes al mes por levantar la mano en el Congreso del Estado en cuanto le llegue la señal de las alturas, ya no se ha aparecido por la Torre Legislativa desde que terminó el periodo ordinario de sesiones, o sea, desde diciembre pasado.

De las cinco sesiones que se han celebrado de la Diputación Permanente, ha faltado a las cinco, y solo en una de ellas lo hizo con justificación. ¿Las demás? Que le hagan como quieran, al fin que, como dijo una diputada del PAN, con lujo de cinismo: “soy pluri”, y sí, el señor llegó a la curul porque perdió su partido.

Del trabajo en comisiones, mejor ni hablar: preside la de Turismo, que no sesiona desde el 18 de julio del año pasado. Como quien dice, un “puente” de medio año se ha tomado esa comisión legislativa.

También “trabaja” en la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, que celebró la asombrosa cantidad de ¡una sesión en todo 2025! Y ni a esa asistió.

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En los pasillos de la Torre Legislativa ya corre, como viento en el llano, la versión de que, de plano, lo saquen de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y lo cambien por otro que sí tenga ganas de asistir a las sesiones.

Lo que más ha molestado, le cuentan a Mirone, es la desfachatez con la que se conduce, pues ni siquiera avisa que va a faltar ni presenta justificación. Vaya, ni siquiera le entra a la modalidad Zoom.

¡Y con esos diputados quieren defender a los pluris! No, pues están fritos.

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El regidor panista Alejandro Jiménez fue por lana y salió trasquilado o, bien vale decirlo, fue a defender a la Junta Municipal de Agua de Juárez, y salió empapado.

Resulta que el edil blanquiazul le quiso entrar al “tiro” que se trae el Gobierno encabezado por Cruz Pérez Cuéllar (Morena) con el PAN Municipal de Juárez por el cobro de 9.5 millones de pesos que adeuda este por concepto de impuesto predial.

En otras palabras, Jiménez, fue a jalar agua para su molino en favor de la JMAS, de administración panista, pero quedó “ahogado”.

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Con ganas de entrarle a la defensa de su partido, el regidor exigió al alcalde que pague la cuenta que tiene pendiente con la JMAS de Juárez por consumo de agua, antes de andar amenazando con cobrarle a su pobrecito partido (qué poco aguanta Cruz, nada más se pasaron 15 años sin pagar).

Más tardó el panista en sacar a la luz esa cuenta, que Cruz Pérez Cuéllar en regresarle la cubetada: si de ponerse al corriente se trata, dijo, que empiecen todos, ya que la propia JMAS mantiene un adeudo de predial cercano a los 270 millones de pesos.

El alcalde y aspirante a gobernador reconoció que el Gobierno municipal que él encabeza arrastra una cartera vencida de alrededor de 70 millones de pesos en consumo de agua, una deuda histórica que cargan prácticamente todas las instancias gubernamentales con la JMAS y que nunca se ha pagado.

Sin embargo, al hacer el corte de caja, la cuenta favorecería a la administración crucista por unos 200 millones de pesos, si ambas partes se sentaran, tomaran chocolate y liquidaran lo que deben.

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El problema es que el regidor azul se quedó sin aire, como si le acabaran de echar una cubetada de agua helada. Tan desactivado quedó, que ya ni siquiera llegó el jueves a las instalaciones de la JMAS, a donde había anunciado que acudiría para revisar los adeudos municipales. Así que, como suele pasar, nos quedamos en ascuas con la cifra oficial.

Bien dice el refrán que “el pez por su boca muere”, y a este regidor se le cumplió al pie de la letra. No midió bien sus palabras y se aventó el anuncio incluso con video y transmisión frente a la prensa, sin calcular la respuesta.

El saldo político tampoco fue favorable. Quedó mal por ambos lados: con el PAN, que ya lo traía en la mira por no subirse con suficiente estridencia al discurso contra la administración crucista —en la misma sintonía de la dirigencia estatal y local—, y con el propio alcalde y su equipo, que le regresaron el golpe con números.

Total, que pidió cuentas por el agua… y por poco se lo lleva la corriente. Porque en la política local, el que señala sin traer los números bien amarrados, no solo se moja, se ahoga.