Por todos lados hay material para comentar en el tema de las impugnaciones de la elección judicial del pasado 1 de junio.

Quien presentó uno de los múltiples medios de impugnación, es Paloma Berenice Galindo Vargas, contendiente para jueza en materia Civil del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Juárez.

Quedó en la rayita para ganar una de las seis posiciones que corresponden a mujeres en esa materia (otras cinco fueron para hombres, ya que son un total de 11 juzgados).

Con 40 mil 246 votos, obtuvo el séptimo lugar, pero ahora pretende tumbar a una o dos de las más votadas, argumentando que no cumplieron con los requisitos constitucionales para ser electas.

Específicamente va en contra de Perla Patricia Royval Guerrero, quien quedó en el segundo sitio con 48 mil 175 votos, y en contra de Cynthia Liliana Nájera Nájera, quien obtuvo 41 mil 274 votos, apenas mil más que Paloma, y se quedó con la posición seis.

Los actos reclamados son el acuerdo IEE/AD05/057/2025 de la Asamblea Distrital Bravos del Instituto Estatal Electoral que habría omitido la revisión de los requisitos de elegibilidad de las personas candidatas y propiamente la falta de elegibilidad de las juezas electas ya señaladas. El recurso promovido es un Juicio de Inconformidad.

Si a una o a las dos impugnadas se les llegaran a retirar sus constancias de mayoría, Paloma subiría por prelación, al ser la siguiente más votada en la lista.

Paloma Berenice apareció en las “guías de participación responsable” que operó la estructura azul estatal y articuló una muy movida campaña en redes y territorio. Por eso estuvo entre las más votadas.

En esencia, lo que plantea el recurso es que no se cumplió con el artículo 30 de la Constitución de Chihuahua que señala que son elegibles para el cargo de personas juzgadoras, las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución General, la Constitución local y la Ley Electoral.

Los requisitos quedaron establecidos en el artículo 103 de la Constitución local. Entre otros se señala que se debe de haber obtenido “un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado”.

Según el recurso, Patricia y Cynthia no cumplieron esa parte, pero nadie revisó su elegibilidad. Ni el hecho de que hubieran llegado a la boleta electoral de manera automática por ser juezas en funciones, les eximía de ese cumplimiento.

En su impugnación, Paloma pidió que las juezas electas presenten la debida documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

A ver qué pasa. Después del asunto de los acordeones como inductores del voto y de la bronca por la asignación de espacios sin criterios de paridad, entre lo más comentado y señalado en los recursos de impugnación está el tema de la inelegibilidad. Abundan los casos en que se está haciendo el señalamiento, incluso en relación a las magistraturas.

Por lo pronto, hay bastante refuego por el caso de la impugnación contra Patricia y Cynthia, ya que las tres forman parte del Poder Judicial y esa comunidad es muy activa.

“Mmmmquela, me impugnaron la elección. Ay compañerita, tanto que le ayudé. La vida es así, ni modo. Ojalá le sirva tan mala reputación suya”, escribió Patricia Royval, en redes, al enterarse del recurso.

Además de jueza en funciones, Royval es académica de la UACJ. Ella apareció en el cuadernillo A que operó la estructura política guinda vinculada a la Delegación de Bienestar.

Cynthia Nájera, también jueza en funciones, estuvo en los acordeones que promovió la estructura guinda de la Presidencia Municipal.

Supo Mirone que Cynthia tenía programado un pachangón de festejo y mejor suspendió el evento.

Cosas de la vida. Quien la está impugnando funge como secretaria judicial, ahí donde Cynthia Nájera es la jueza, en el Juzgado Décimo Civil por Audiencias. Ahora es la secretaria la que requiere a la jueza para que presente la documentación.

Lo que también se comenta, es que Paloma Berenice sabe bien de lo que habla, precisamente porque las conoce a las dos.

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El tema de la elegibilidad no es cualquier cosa. Es muy seguro que lleguen los medios de impugnación hasta la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación cuando aquí les dé palo el Tribunal Estatal Electoral.

Hay materia, no nada más porque es muy clara la legislación sobre los requisitos que aquí debió revisar al Instituto Estatal Electoral, como a nivel federal lo hizo el Instituto Nacional Electoral.

Hay otro elemento muy poderoso para quienes han recurrido a la impugnación y que bien podría tomar en cuenta cualquier instancia jurisdiccional.

Nos referimos al análisis oficial que hizo el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, cuando descalificó candidaturas que los otros poderes sí avalaron y que luego se convertirían en ganadoras de la elección.

Nos referimos al acuerdo No 001/2025 por el que se aprobó “el listado con los nombres de las personas que cumplen, así como de quienes no, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria para ocupar los cargos del Poder Judicial, a efecto de continuar con la etapa de evaluación”.

En ese documento oficial se enlistan 35 nombres de candidaturas a los juzgados del Distrito Bravos, que no cumplieron con los promedios o no entregaron documentación y por eso ya no continuaron en el proceso de ese poder.

Pero en los otros comités sí pasaron, e incluso resultaron entre las candidaturas más votadas y por eso recibieron constancia de mayoría para llegar a alguno de los 83 espacios disputados en el Distrito Bravos.

Al menos son 11 los casos de quienes resultaron ganadoras y ganadores, pero serían inelegibles si los comités del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, hubieran aplicado los criterios o realizado la revisión que sí hizo el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

En ese supuesto se encuentran siete de las juezas y jueces electos en materia Penal: Norma Angélica Aguilar Castañeda, Silvia Rocío Delgado García, Edmundo Escudero Morales, Raúl Palos Pacheco, Blanca Zavala Esquivel, Brenda Armendáriz Mata y Abel Amador Alonso.

El listado incluye a quienes estuvieron en la cima de la votación, como Norma Angélica Aguilar y Silvia Rocío Delgado, abogada que ha estado en el centro de la polémica porque fue parte de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En materia Familiar, son dos candidaturas electas: Alejandra Varela Mendías y José Miguel Arellano Sosa, mientras que en Laboral únicamente una, con Tomás Agustín Hernández Hernández; lo mismo que en Menores, con el caso de Irving Jesús Cosío Acosta.

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Ya hemos señalado aquí que el problema de las inundaciones en Juárez es multifactorial y estructural. Va de la tolerancia gubernamental de invasiones y desarrollos irregulares en zonas de riesgo, hasta la mala planeación urbana, pasando por la insuficiencia presupuestal para gestionar un drenaje pluvial y hacer obras de contención; la desatención se explica incluso en los traslapes de jurisdicción y falta de coordinación efectiva entre órdenes de Gobierno.

Sin embargo, también hay que decir que las fallas gubernamentales pasan por lo más básico que es el mantenimiento y la limpieza de las distintas infraestructuras de contención. Ni diques ni arroyos se limpian debida y periódicamente.

Claro que una lluvia atípica o torrencial puede sobrepasar cualquier estructura, ahí donde los arroyos y ríos recuperan su memoria, pero los daños no serían los mismos si se cumpliera con las revisiones, previsiones y acciones de mantenimiento urbano.

Fue evidente lo que pasó, por ejemplo, en la zona de la calle Santiago, de la colonia Fronteriza. Hubo taponamiento del arroyo semicanalizado en algunos cruces y fue lo que desbordó sin control alguno el cauce. Ahí quedaron la basura, el escombro, el lodo, la hierba y todo el material de arrastre, a la vista de todos.

Generalmente, Protección Civil, tanto del Gobierno Municipal como del Gobierno del Estado, informan antes de la época de lluvia, sobre sus operativos de limpieza de arroyos y desazolve de diques.

Este año se pasó de largo y nada se hizo. Por el lado de Obras Públicas del Municipio se anunció un programa especial de limpieza y rehabilitación de diques, con 25 millones de pesos, pero el proceso de licitación se tardó y las obras apenas se programaron para iniciar este mes de junio, justo cuando empiezan las lluvias.

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Maru Campos estuvo entre los 14 gobernadores y gobernadoras invitadas a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, para hablar de los Polos de Bienestar, uno de los ejes centrales del Plan México para fortalecer la inversión nacional y extranjera.

Por lo menos se ve que hay interés de ambas mandatarias de darle prioridad a Juárez como polo de desarrollo que históricamente ha sido castigado por la inequidad fiscal, el centralismo y la desigualdad que aquí generó el modelo maquilador.

No hay muchos elementos como para decir que esa especie de parque industrial subsidiado-incubador de empresas-recinto estratégico con beneficios fiscales, sea lo que aquí se necesite, pero se supone que va por delante el bienestar social.

Veremos después cómo se concreta esa infraestructura educativa, recreativa, cultural, hospitalaria y de vivienda digna y accesible que se supone debe ir acompañando a los Polos del Bienestar.

Igual que sus homólogos, Maru firmó el convenio de colaboración y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que para finales de agosto podría iniciar la instalación de empresas. Se le hace a Mirone muy ojona para ser paloma.

No han dicho aquí en qué terreno se construirá el parque o ni siquiera si ya se cuenta con el predio o con el recurso para adquirirlo. No es enchílame otra, sobre todo porque el Gobierno Federal ni reserva territorial tiene, tampoco el Gobierno Municipal. El Estado cuenta con la reserva San Isidro-Zaragoza, pero siempre se ha señalado que no tiene ni el equipamiento ni la infraestructura requerida, precisamente por su lejanía.

No se ha explicado a detalle el modelo, pero el secretario de Economía habló de licitaciones para operar los parques. Suponemos que se van a construir las redes de infraestructura primaria o de servicios, muy probablemente también los espacios o naves industriales para recibir a las empresas.

Según Marcelo Ebrard, para agosto podrían darse algunas adjudicaciones. Claro que primero tienen que sacarse las licitaciones. El modelo de operación y finanzas no se ha explicado, ni se ha dicho de cuánta inversión federal estamos hablando.

La gobernadora aprovechó el viaje para pedir a la presidenta “que no nos suelte de la mano”, y que siga apoyando la renovación del cruce fronterizo, Jerónimo–Santa Teresa, donde se ubica otro polo de desarrollo.

La verdad es que tampoco queda clara la pertinencia de ese otro polo que en los hechos ahonda la dispersión urbana que tanto ha afectado a Juárez. Salvo que hablemos estrictamente del tráfico de mercancías, para que se le libere de esa carga a la ciudad, tanto en la circulación de tráileres como en el ferrocarril, con la anhelada reubicación de las vías.