La infraestructura de contención de inundaciones es fundamental para reducir vulnerabilidades y riesgos, además de mitigar la devastación del equipamiento público urbano.

Pero en Ciudad Juárez esa infraestructura hidráulica se ha desatendido y la omisión gubernamental, a la par de la falta de planeación y el anárquico desarrollo urbano tolerado o hasta propiciado desde el poder, es causa fundamental del saldo negro que dejan tormentas como las que cayeron entre martes y jueves en la Sierra de Juárez.

La línea de defensa de la ciudad contra tormentas severas, su red de diques, sigue fracturada por distintos flancos.

Ese equipamiento urbano presenta fisuras, cuarteaduras, canaletas que la fuerza del agua y los escurrimientos han generado con el paso del tiempo y solo una mínima parte se ha rehabilitado o repuesto.

Gran parte de la infraestructura para contener el agua de lluvia lleva años inservible, al perder su capacidad, por azolve, invasiones, obstrucción, falta de mantenimiento o daños estructurales.

Las estructuras de contención se convirtieron en basureros clandestinos y tiraderos de escombro.

La negligencia social y gubernamental permitió los asentamientos en los cauces de los arroyos, junto a las cortinas de diques o incluso el interior de sus vasos.

Los asentamientos irregulares se extendieron a la red de arroyos, cada vez más hacia la parte alta, al poniente de la ciudad y ahora superan incluso la barrera del Periférico Camino Real.

Los cauces de los arroyos (57 afluentes del Bravo cruzan toda la ciudad) fueron alterados por la expansión urbana, desviados, bloqueados, canalizados, convertidos en receptores de escombro o en calles que durante las tormentas llegan a conducir poderosos caudales a gran velocidad, por efecto de la topografía y de la pérdida de la capacidad de infiltración.

La mayor parte de la red de diques y vasos de captación se construyó en los setentas por el Gobierno Federal y, sin el debido mantenimiento, se volvió caduca e insuficiente.

Fueron 72 obras entre bordos, alcantarillas y diques las que se construyeron desde hace más de cincuenta años, como parte del Plan Benito Juárez. El Atlas de Riesgo, que no se actualiza desde hace nueve años, contabilizó en 2016 un total de 90 estructuras, con las pocas que se fueron agregando al paso de los años.

En ese contexto general, apenas dos estructuras se han intervenido para corregir sus deficiencias en los tres últimos años: se reconstruyó el dique Pico del Águila y se rehabilitó el Puerto la Paz. Además, está en construcción el dique Filtro II, al poniente del Camino Real.

Pero el resto de la infraestructura se ha dejado sin atender, como si no fuera un problema prioritario de resolver, mientras se extienden los asentamientos y se alteran cada vez más los cauces de los arroyos.

Así que, en lugar de aminorarse, crece el riesgo de que las crecidas que bajan de la Sierra de Juárez, no únicamente arrasen con patrimonios privados e inversiones públicas en calles y sistemas de drenaje y agua potable, también que se lleven vidas, como ya ocurrió varias veces.

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Lo que pasó en el dique La Montada (o Fronteriza), es emblemático de la cadena de omisiones que explican el desastre que las corrientes dejaron en varias colonias, como la Fronteriza y Francisco Sarabia.

En 2006, ahí mismo estuvo por ocurrir una tragedia humana de grandes dimensiones, cuando las lluvias torrenciales llenaron la presa a su máxima capacidad y estaba a punto de colapsar, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil.

Decenas de familias fueron evacuadas de las viviendas que irregularmente se asentaron al pie de la cortina de la presa (como ha ocurrido en otros diques). Sin haber colapsado, hubo desbordamiento y el caudal bajó por esa cuenca principal del Arroyo de las Víboras, el mismo que mostró su furia en las lluvias de esta semana.

Pero el riesgo crecía y por eso se optó, después de la evacuación, por abrir una escotadura o tajo a la cortina del dique, con la intención de un desfogue controlado, antes de que la estructura fuera vencida y el agua lo arrasara todo, como en un tsunami.

Al abrirse la escotadura, las propiedades fueron inundadas aguas abajo y el caudal avanzó con más fuerza hasta desembocar en el río Bravo. Varias casas fueron arrasadas y luego sus ruinas demolidas.

Las familias fueron reubicadas a fraccionamientos del suroriente, aunque algunas de ellas regresaron después y volvieron a habilitar las fincas que no fueron demolidas.

En el cauce del arroyo se improvisó una especie de canal de contención y desfogue con concreto y rocas, pero el dique no fue rehabilitado, aunque eso pasó ¡hace 19 años!

Por eso no tuvo capacidad de contención en las lluvias de esta semana. Lo que ahí no se retuvo fue la corriente violenta que devastó varios tramos de la calle Santiago que cruza distintas colonias. Ahí se sumó otra negligencia oficial, traslapada con las malas prácticas vecinales, ya que los canales para conducir las avenidas estaban taponeados por la falta de limpieza.

La corriente venció al concreto y al pavimento de la calle Santiago, generando los socavones cuando buscó salida ante el cauce tapado.

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Desde el 2020, en una visita a Juárez del entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, se anunció el apoyo federal para un paquete de cuatro obras declaradas urgentes, entre ellas el dique La Montada.

Se dijo entonces que las obras serían licitadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la interlocución institucional se fracturó por el conflicto político Estado-Federación que generó la llamada guerra por el agua y el cumplimiento el Tratado Internacional con Estados Unidos.

El proyecto entró en pausa y también se vio retrasado por cambios de directivos y funcionarios de las áreas técnicas de Conagua.

Se reactivó hasta el 2022, cuando se habló de un presupuesto de 202.4 millones de pesos que, hasta la fecha, se ha aplicado a medias. Como parte de esa misma red de obras, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ejecutó directamente otro proyecto y destinó 33 millones de pesos para el dique Pico del Águila.

Salieron después dos licitaciones, una para el Filtro II por 52 millones de pesos y otra para la rehabilitación del dique Puerto La Paz, de otros 20 millones de pesos.

El Puerto La Paz se concluyó, pero el Filtro II sigue en construcción, con bastante rezago.

El dique de La Montada nunca se inició, aunque se supone que había suficiencia presupuestal para esa obra de 68.5 millones de pesos. También quedó pendiente el dique Víboras-Tanque, proyectado en 49.04 millones de pesos.

Desde entonces se habló de la urgencia de esas obras, precisamente para detener las corrientes de gran magnitud y fuerza, almacenándolas temporalmente, para luego desfogar en escurrimientos pequeños a través de las calles, reduciendo el riesgo de inundaciones y el peligro para la población.

Ni esa infraestructura mínima en apenas una de las cuencas que hay en la ciudad pudo concretarse. Siempre falla la suficiencia presupuestal, aunque la cifra de 202 millones ni siquiera es considerable en ningún presupuesto gubernamental. Ni siquiera en el municipal, menos en el estatal o federal.

Y aunque es claro lo que pasó en el dique La Montada por los antecedentes señalados, todavía salió el director municipal de Protección Civil, Sergio Rodríguez, a declarar que esa infraestructura operó ahora dentro de los márgenes previstos.

Según él, el vertedero construido luego de la inundación registrada en 2006, permitió que el agua siguiera su curso natural. “El dique hizo su trabajo. El problema fue la cantidad de agua que bajó desde la sierra. Esa captación sobrepasó la capacidad de retención y siguió su cauce”, expresó.

No fueron así las cosas. La falla estructural que viene desde el 2006, no permitió que contuviera las aguas en los niveles que tendría que hacerlo. Ni la cortina sirve ya, ni el vertedor funciona correctamente. Lo que prevalece es la escotadura o tajo que desde hace 19 años se hizo a la estructura, que además está cada vez más azolvada.

Por eso la urgencia de la inversión de 68.5 millones de pesos, para reconstruir de nuevo la cortina y el sistema del vertedor, como se hizo en Pico del Águila que ya funcionó correctamente en las recientes lluvias.

Esa es una mínima parte de lo que la ciudad requiere. Para abatir el déficit en infraestructura prioritaria contra inundaciones en todas las cuencas y mitigar el riesgo que enfrentan los juarenses ante lluvias atípicas, se tendría que hacer una inversión de al menos 2 mil 500 millones de pesos, según estudios de autoridades estatales.

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Frente a esas omisiones y desatenciones, pareciera que, a gobernantes y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, no les importa poner en riesgo la vida de miles de juarenses.

Como si no fueran suficientes los antecedentes respecto al saldo trágico que las lluvias torrenciales han generado aquí en otros tiempos.

La fuerza devastadora de las corrientes se mostró en los dos eventos de la semana en infinidad de videos. Hubo arrastres, pero también salvamento de personas y afortunadamente no se reportaron víctimas mortales, aparte del hombre que murió en su casa por la caída de un techo remojado.

Sin embargo, todavía están en la memoria los registros y las historias dramáticas del 2000 y 2006.

En el 2000, la subcuenca del Arroyo Colorado recibió las mayores descargas y corrientes de la Sierra de Juárez y el viaducto Díaz Ordaz fue escenario de muerte.

Las aguas arrastraron un camión de transporte y diez pasajeros murieron ahogados. En ese y otros eventos generados por las fuertes lluvias, fallecieron 19 personas, incluyendo dos menores que se electrocutaron al abrazarse a un poste de la CFE, para no ser arrastrados por la corriente.

Dentro de la cuenca Anapra, además del Arroyo Colorado, existen otros afluentes importantes del río Bravo, como el Arroyo de las Víboras y El Mimbre, los cuales, igual que en el 2000 y 2006, 25 años después mostraron lo que puede ocurrir cuando fenómenos meteorológicos se conjugan con la negligencia de la población y de sus gobernantes.

En el 2006, los impactos del agua turbulenta pegaron con mayor fuerza un poco más al sur de la Sierra de Juárez, en la cuenca de la Zona Centro.

El Arroyo del Indio fue marcado por la tragedia en la tromba del 6 de julio. El agua bajó ese día violentamente hacia la parte sur de la montaña, arrasando con un dique mal construido en lo alto de la zona de Los Ojitos y desbordando la presa Trituradora, colindante con la colonia Vista Hermosa.

Cuatro personas murieron, entre ellas un niño de trece años que fue encontrado aguas abajo, entre las ruinas de las viviendas, al tercer día de la crecida.

Tres mujeres fueron arrastradas por la corriente que sorprendió a todos ese día, ya que la precipitación atípica se generó en la parte alta de la Sierra de Juárez, sin que en la parte baja pudieran tomar previsiones.

El agua del dique destruyó 234 viviendas que tuvieron que ser demolidas y sus habitantes reubicados. En esos eventos que llevaron a la canalización del Arroyo del Indio (y la construcción de un parque lineal sobre su cauce) se calcularon daños de más de 15 millones de dólares en la propiedad privada y la infraestructura pública.

El dique que colapsó completamente fue el llamado Sierra de Juárez. Fue reconstruido por los Gobiernos estatal y municipal después de la tragedia, pero la obra no tuvo el aval de la

Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia federal que solicitó su inhabilitación y reposición completa, lo que tampoco ha ocurrido.

Es decir, el peligro sigue. Tampoco se concluyó la canalización del Arroyo del Indio y faltaron de construir estructuras de captación aguas abajo.

Hay otro episodio más, sin víctimas mortales, pero con un impacto en miles de familias que sufrieron la pérdida de sus patrimonios frente a una inundación nunca vista.

En las lluvias torrenciales de 2008, el agua cubrió fraccionamientos completos en la cuenca de El Barreal, al sur de la ciudad, en una historia que develó una serie de negligencias y omisiones de autoridades municipales que permitieron el desarrollo en lo que antes se conoció como la Laguna de Patos, una cuenca cerrada con terreno arcilloso que ni siquiera permite la infiltración de las aguas al subsuelo.

Las inundaciones en algunas partes de los fraccionamientos Los Arcos, Las Almeras, Palmas del Sol y Valle del Marqués, alcanzaron hasta un metro de altura.

En aquella ocasión, cuando estaba por colapsar el dique Santa Elena II, en el área de Granjas Santa Elena, se le hizo un tajo a la cortina por disposición de la Conagua, para evitar un riesgo mayor, tal como ocurrió con la presa La Montada.

Hubo un efecto dominó aquel año y luego de que el Santa Elena II fue rebasado, el caudal también pasó por encima del Santa Elena I, el Fluorex, Charly I y II, además del dique Kilómetro 28, estructuras que no cumplían con las especificaciones requeridas.

La situación es la misma a la fecha. Nunca se rehabilitó adecuadamente esa red y el dique Santa Elena II, quedó desde entonces, ¡hace 17 años!, prácticamente inservible.

Por si fuera poco, a la histórica desatención de toda esa infraestructura y al crecimiento desordenado, se suma hoy una consecuencia del cambio climático que incrementa los riesgos: las lluvias torrenciales o atípicas ya no tienen periodos de retorno (o repetición) precisos de 25, 50, 100 o 500 años.

Si no se actúa decididamente y se destinan los presupuestos suficientes para contener las crecidas y mitigar los riesgos, lo que hemos visto hasta hoy, palidecería frente las proyecciones lamentablemente catastróficas.