El viernes fue uno de los días más difíciles para el gobierno de Enrique Peña Nieto y de pasada para todos los mexicanos; a los escándalos generados por los casos de corrupción y conflicto de intereses que se ventilan en medios nacionales e internacionales, cayó encima la tormenta económica.
Ha sumado el priista en 24 meses más estragos de los que acumuló el panista Felipe Calderón en su seis años de régimen. La caída libre de los precios del crudo a su nivel más bajo en los últimos cinco años, junto con la depreciación de peso frente al dólar que cerró a la venta en 14.70 pesos en el mercado de divisas, hacen que el panorama pinte desolador. Esta es una verdad harto pesimista pero fundada en los hechos irrefutables. Los políticos intentarán disimularla pero la población en general no.
Pero los políticos lo saben a la perfección. Por eso, el llamado sistema PRI ha intentado cerrar filas en torno a la figura del presidente. Se les ha llamado a hacerlo desde la dirigencia nacional. Algunas de sus figuras han acatado la indicación pero la reacción ha sido tardía, tibia y en una especie de cliché que no convence ni a los de casa, donde la autocrítica también se está volviendo demoledora.
Vimos esa defensa del presidente aquí en Juárez el pasado miércoles, durante el informe de labores legislativas del la senadora y aspirante del PRI a la candidatura tricolor al Gobierno del Estado, Lilia Merodio Reza.
Enfocada a superar a su compañera de bancada y también precandidata al Gobierno estatal, Graciela Ortiz González, Merodio concentró su esfuerzo en presentar una pléyade de senadores de todos los puntos de la república. La pluralidad de los asistentes vistió el informe. Cumplió el objetivo.
Más todavía, –si el comentario cabe en un tema donde nos hemos propuesto continuar el análisis sobre el gobierno de Peña Nieto y sus descomunales problemas– Lilia concentró en su evento a priistas de distintas corrientes en el interior del PRI que también la hicieron verse plural en ese terreno: Teporaca Romero, la hija del secretario general de Gobierno, Raymundo Romero, que renunció hace días a la presidencia estatal de Onmpri, el poderoso sector femenil del PRI, en rechazo al manejo “misógino” de su líder estatal tricolor, Alejandro Domínguez; Marco Adán Quezada, rechazado por Palacio pero precandidato a gobernador; “Teto” Murguía, también precandidato a la gubernatura que no estuvo en el informe de Graciela; el ex fiscal Carlos Salas, quien terminó mal con Palacio pero que ahora está convertido en asesor permanente de la dirigencia nacional del PRI y algunas secretarías de Estado, etc.
Pero en la parte del discurso donde asumió la defensa del presidente Enrique Peña Nieto, si bien lo hizo con enjundia no sonó convincente.
También el gobernador del Estado dedicó buena parte de su intervención en el mismo evento para defender al presidente, pero el discurso no se reflejó en los medios, ni en redes sociales ni en ninguna otra parte que no fueran los presentes en el Centro Cultural Paso del Norte.
No se puede negar que el priismo ha tomado otras medidas de protección, al menos en la acción dentro de la Cámara de Diputados y el Senado, donde han impedido el paso a la discusión de los temas incómodos como las denuncias por presunta corrupción por el escándalo de la famosísima Casa Blanca de la esposa del presidente.
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Todo hasta ahora ha sido insuficiente para detener la bola de nieve de información sobre el conflicto de intereses que se le endilga al gobierno de Peña Nieto, en la asignación de grandes contratos de obras de infraestructura a empresarios que están vinculados al financiamiento de su campaña política en pos de la Presidencia, en el 2012, y antes, cuando fue gobernador del Estado de México.
El más reciente vincula al empresario consentido del sexenio, Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, con la asignación directa de contratos para la construcción del acueducto más grande de América Latina que se está construyendo en Nuevo León.
Lo de menos es que el escándalo se ventile a nivel doméstico, en los medios mexicanos, lo verdaderamente significativo es la atención que han puesto en todo eso los medios internacionales, principalmente los estadounidenses.
Periódicos políticamente influyentes para establishment norteamericano, como The Wall Street Journal, le entraron al tema de los negocios al amparo de poder, que vinculan al empresario Juan Armando Hinojosa con el presidente Peña Nieto.
El periódico retoma el asunto de la Casa Blanca y la frustrada –suponemos– licitación para la construcción del tren rápido México–Querétaro, junto con inversionistas chinos, y empieza a explorar la forma en que adjudicaron los contratos del acueducto Monterrey, para que el mismo empresario ligado al presidente se beneficiara de la obra que costará al erario federal y del estado de Nuevo León, 3 mil 400 millones de dólares.
Al suertudo Grupo Higa se le adjudicó además el proyecto multimillonario para un nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla, la construcción de autopistas y los planes de remodelación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pese a que se supone se tiene en puerta el arranque de la construcción de la nueva terminal aérea, donde Hinojosa también estaría participando con su holding de empresas.
Pero donde verdaderamente está el quite del asunto, es que según los activistas, empresarios y la opinión pública que se expresa en los medios locales en Nuevo León, el nuevo acueducto de más de 360 kilómetros de longitud, que llevará a ese estado agua desde el Río Pánuco, es una obra para beneficiar los proyectos de extracción de gas shale, con la técnica de “fracking” o fractura hidráulica, que requiere de grandes cantidades de agua.
Y ese es el punto real del juego de intereses que lleva a un medio como el Wall Street Journal ha poner la lupa sobre los escándalos de corrupción en México.
Lo hacen indudablemente pensando en los intereses de los inversionistas norteamericanos, inicialmente entusiasmados con las reformas estructurales mexicanas, que abren de par en para la puerta a los capitales extranjeros, que ya están viendo que la cancha no está pareja en la competencia por los millonarios contratos de construcción de obras de infraestructura.
¿A qué empresa constructora norteamericana no le podrá interesar entrarle a una licitación para construir una obra como el acueducto de Monterrey por 3 mil 400 millones de dólares?, ¡claro que hay interés!, en esa, como en muchas otra obras que están enlistadas dentro del Plan Nacional de Infraestructura presentado a principios de año por el presidente Peña Nieto y donde están quedando al margen los gringos.
Los grandes grupos norteamericanos no sólo quieren venir a México a arriesgar sus dólares en la exploración, perforación y extracción de gas shale, también quieren participar del dinero que soltará el propio Gobierno mexicano para al construcción de infraestructura. Ese es el punto. El mismo presidente sabe que Ayotzinapa es sólo pretexto para golpearlo y conseguir tajada del pastel y, en otro macro error, pide “superarlo”.
El Gobierno mexicano ofreció apertura con las reformas energéticas y quieren el juego abierto a todos los niveles, no que las obras de inversión pública más importantes les adjudiquen en forma directa a los amigos del presidente.
Así como ahora están observando los contratos de Nuevo León, los norteamericanos irán echando la luz del foco sobre otros proyectos. No es descabellado adelantar que lo harán también sobre Chihuahua, cuando se empiecen a mover los proyectos en la zona de reservas de gas shale.
Lo harán sobre todo los empresarios de Texas que ya están metidos en la explotación del shale en su propio territorio y empiezan a bajar para conocer sus posibilidades de este lado de la frontera, y estarán respaldados por el gobernador electo Greg Abott, quien ya mostró un discurso duro con respecto a los temas migratorios, como buen republicano.
Esa postura de Abott ya causó réplica del gobernador César Duarte, quien se entiende mejor con su homóloga de Nuevo México, Susana Martínez, pero para mala fortuna de los proyectos de ambos, en la zona limítrofe común, no existe shale, y la alianza de intereses se refleja en otros proyectos como el puerto seco de Jerónimo–Santa Teresa, que por cierto parece haber quedado rezagado.
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La apertura mexicana a las inversiones extrajeras, trae necesariamente aparejada la demanda de transparentar todos los procesos de licitaciones y contratos con el sector público, pero también en el aspecto de la seguridad.
A los vecinos no les convence del todo la paz pactada a la mexicana, basada en arreglos temporales con los grupos criminales, por eso es que también han puesto énfasis en los acontecimientos de Iguala, Guerrero, que detonaron la crisis que tienen desequilibrado a Los Pinos y a la dorada clase política del país.
Los medios norteamericanos, al igual que organizaciones defensoras de derechos humanos, también siguen puntualmente el desenlace del caso de los 43 estudiantes normalistas desparecidos hace más dos meses en Guerrero y la organización de las protestas a lo largo y ancho de país.
Ya han expresado preocupación por el discurso de políticos priistas que develan la posibilidad de reprimir las manifestaciones que siguen latentes.
Todo eso ha generado una gran presión sobre el régimen del presidente Peña Nieto, que está llegando a niveles máximos con la conjunción de los problemas económicos.
La olla está a punto de explotar y el presidente no va más allá de un decálogo que no duró ni un día por demagogo y repetitivo. Peña no ha sacudido su administración como debió hacerlo desde hace semanas en puntos como Hacienda, la PGR, la misma intocable Sedena, Gobernación, Seguridad Nacional… en Imagen y Comunicación Social, en Servicios Diplomáticos; en fin, son muchas áreas involucradas en el desorden que ya están atrofiadas.
El crecimiento del Producto Interno Bruto fue ínfimo todo el año, las cifras al cierre del tercer trimestre serán más desalentadoras que los marcadores negativos de las tres evaluaciones anteriores.
La semana pasada, en el balance de los dos años de gobierno de presidente Peña Nieto, los analistas financieros privados reducían al expectativa de crecimiento del PIB al 2.0 y en el escenario más alentador 2.5 para fines del año, con posibilidades de un leve incremento en el primer trimestre del 2015 que iría de 3.2 a 4.2 por ciento.
Hace unos días, el informe de gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sobre la estimación del crecimiento global de la economía mexicana en este 2014 que está feneciendo, es de 2.2, pero todavía no estaba la alerta roja por la caída del precio del petróleo a su peor nivel en cinco años y tampoco la devaluación del dólar, como la vimos el viernes.
Las cosas en el país se están poniendo color de hormiga en el plano político y económico, a lo mejor por eso mismo los políticos del solar ni de la República en general salen a partirse en dos para defender al presidente. Ya lo vimos y lo seguiremos viendo en los informes de los legisladores federales.
El problema de Ayotzinapa no está resuelto, sigue más latente y vivo que nunca, ya desglosamos la crisis económica, la presión internacional arrecia (mañana tendremos en Juárez la “visita” de diplomáticos extranjeros y de la Secretaría de Gobernación en reuniones a puerta cerrada) y tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados.
Peña Nieto va de tumbo en tumbo, Mirone se pregunta en la parte local y estatal, si el gobernador Duarte, el alcalde Serrano, el alcalde chihuahuita Enrique Garfio, ayudarán a su partido y a su presidente en lo que les corresponde para mantener tranquilo políticamente al Estado, o seguirán haciendo las cosas a su modo aunque en algunos aspectos vayan en su propio perjuicio? Las respuestas no están lejanas de ser conocidas.
Duarte mostró un cambio drástico en su asistencia al informe de Lilia Merodio. Serrano pone los puntos sobre las íes cuando ha requerido su administración, a Garfio no le preocupa el mundo, vive en su burbuja color de rosa, pero faltan más señales…