La empresa Rubrum publicó ayer su más reciente encuesta sobre reelección de alcaldes y alcaldesas en todo el país. Midió a 65 políticos de todos los partidos políticos en su tercer mes consecutivo.
Al morenista juarense Cruz Pérez Cuéllar le fue de la siguiente manera. Cuando se preguntó ¿Votaría usted por la reelección de Cruz Pérez como alcalde de Ciudad Juárez?, el 43.6 por ciento respondió que no. Por el sí optaron el 39.7 por ciento, una diferencia de cuatro puntos porcentuales. El 14 por ciento dijo que todavía no decide.
Aunque tiene sus limitaciones porque se trata únicamente de 1000 levantamientos vía telefónica “de manera automática y aleatoria”, no deja de ser significativo el resultado, sobre todo si se compara con el del mes pasado.
En la medición de noviembre, traía Cruz una aprobación para la reelección del 51.4 por ciento, mientras que no convencía al 37.8 por ciento. La cosa cambió ligeramente en diciembre.
A lo mejor le sirve de consuelo que una gran cantidad de alcaldesas y alcaldes andan por las mismas en todo el país, sin importar de qué partido sean, según el ejercicio de Rubrum. De los 65 medidos, 41 son rechazados para la reelección.
Ni siquiera el reconocido (por su apellido) alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Jr. la libra. El 43 por ciento dijo no querer la reelección del representante de Movimiento Ciudadano, mientras que sí lo acepta el 37.5 por ciento y otro 19.5 por ciento aún no decide.
Hay de todo en la encuesta de los 65. Al que le fue peor es al alcalde de Tlaxcala, Jore Corichi. Están en contra de la reelección del morenista, el 69.7 por ciento. La aprueban únicamente el 8.1 por ciento y aún no decide el 22.2 por ciento.
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Finalmente, no se aventaron el tiro desde Palacio de Gobierno y María Ávila Serna se quedó con las ganas de convertirse en magistrada de la Primera Sala Civil Regional Bravos, con sede en Ciudad Juárez.
Pudo haber pasado exactamente igual que en las otras tres salas, donde sacaron la elección con 22 votos (15 del PAN, 5 del PRI, uno de Movimiento Ciudadano, más el voto de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas), pero nadie se animó a cargar con ese costo político.
Desde la integración de las ternas, era claro que se le había reservado el espacio a Ávila Serna, pero la exdueña de la franquicia del Partido Verde terminó al final del proceso más chamuscada que cuando llegó, sobre todo después de la exhibida que se dio en las entrevistas ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado
Se sabía que para nada tenía el perfil para ser magistrada, nada más que en la comparecencia quedó demostrado, grabado y hasta transmitido en vivo, que si de derecho y justicia sabía poco, aunque fuera abogada, menos capacidades mostró en la rama civil. Lo de ella siempre fue la grilla y la política. A las siglas del Verde las exprimió al máximo para ser dos veces diputada federal y dos veces diputada local, aunque también le entró al chapulineo y anda ahora en Movimiento Ciudadano.
No hay que olvidar que Ávila llegó tatemada al proceso porque también fue pieza clave en Los Expedientes X. Recibió vinculación a proceso, acusada de cohecho por presuntamente haber recibido 3 millones 857 mil 112 pesos de la nómina secreta de César Duarte, cuando se desempeñaba como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado.
Prácticamente les amaneció ayer en el Congreso, cuando realizaron el último enjuague para dar por muerto el proceso de elección en la Primera Sala Civil Regional.
Para que eso pasara y se dejara pendiente la elección, ya con otro proceso y otra terna que deberá resolver la Comisión Especial de los tres poderes, tuvieron que armarse dos votaciones en las que no se alcanzaron los votos necesarios para ninguna de las suspirantes.
La terna estaba compuesta por Rosa Isela Mora Bustillos y Georgina Ávila, además de María Ávila Serna. Los diputados del PRI, PAN y MC jugaron un ratito a la democracia y en una primera ronda la votación quedó con siete votos para Rosa Isela, nueve para Georgina y seis para María.
En segunda ronda, Rosa Isela consiguió cinco, Georgina ocho y María nueve. Los votos de Morena fueron anulados por los propios integrantes de esa fracción.
Todo eso ya fue mero trámite, el punto es que se cayó la decisión de convertir en magistrada a esa operadora política siempre cercana al poder.
De cualquier manera, los criterios políticos prevalecieron en la elección de las magistraturas en las otras tres salas, tal como se había previsto, ya fuera en la que se reservó para una persona ajena al Poder Judicial o en las que se dejaron para quienes ya cobraban en la nómina del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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El Gobierno Municipal debe de rendir cuentas por la operación de una casa de cambio en terrenos de El Chamizal.
Es increíble tanta voracidad de quienes quieren hacer negocios privados con bienes públicos y tanta negligencia de las autoridades que los toleran o de plano entran en connivencia con ellos.
Hasta el momento nadie ha dado la cara. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar le echó la barra a la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ya que la instalación comercial se habilitó en terrenos que administra ese organismo descentralizado.
“No sé fíjate creo que ahí es Operadora Municipal de Estacionamientos; hay que ver con ellos”, respondió cuando se le cuestionó qué información tenía del caso que ha generado fuertes reacciones de organizaciones civiles, sobre todo porque se supone que ya no se permitirían usos distintos a los establecidos en la cesión que, como parque, hizo el Gobierno Federal al Gobierno Municipal.
El director de la OMEJ, Andrés Domínguez Alderete, no ha aparecido por ningún lado, ni lo han hecho comparecer. Por cierto, es hermano del regidor morenista Antonio Domínguez Alderete, quien ha estado muy activo para favorecer los intereses inmobiliarios desde la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios que coordina en el Ayuntamiento.
Andrés estaba considerado en la agenda de comparecencias de ayer miércoles sobre el Presupuesto de Egresos 2024, pero convenientemente se canceló su presentación ante los regidores del Ayuntamiento.
Tampoco ha dicho esta boca es mía, Claudia Verónica Morales, la directora general de Desarrollo Urbano, oficina que debe de autorizar cualquier uso de suelo para cualquier negocio, no se diga si este se ubica en El Chamizal, donde se supone está pendiente un reordenamiento integral.
Cuando los funcionarios de Servicios Públicos Municipales comparecieron ante regidores por el presupuesto, fueron cuestionados sobre lo que estaba ocurriendo en El Chamizal, ya que Parques y Jardines, tiene de alguna manera su administración. No pudieron contestar, aunque sí le aventaron la pelotita precisamente a Desarrollo Urbano Municipal, ahí donde despacha otra persona vinculada a los intereses inmobiliarios, ya que a ese negocio se dedicó antes de ser funcionaria pública.
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Tampoco en materia de Transporte Público quieren dar la cara los funcionarios estatales. Ayer hubo una encerrona entre concesionarios y el director de Transporte Zona Norte, Alberto Martínez.
El encuentro se realizó en las oficinas de Desarrollo Urbano en Pueblito Mexicano, pero nadie de los involucrados quiso informar sobre los acuerdos ahí alcanzados.
Está en el aire modernización que se prometió desde el incremento a la tarifa de 8 a 12 pesos aplicada en abril de este año, cuando se condicionó a los transportistas y se les dio un plazo de cuatro meses para meter camiones nuevos, lo que no cumplieron.
Raúl Rodríguez, uno de los transportistas presentes en la reunión, únicamente dijo que será la semana próxima cuando se informe en conferencia de prensa sobre los avances para la modernización.
Además de la renovación de unidades en todas las rutas alimentadoras, el otro gran pendiente es la implementación del BRT-2 y la recuperación del BRT-1.
Se supone que ya hay avances en la compra de unidades para las rutas alimentadoras por parte de los transportistas y también en el proceso de adquisición de unidades por parte del Gobierno del Estado, ya que tomará el control de la primera ruta troncal.
A ver si finalmente le ponen fecha de operación, luego de que Gobierno del Estado licitó la compra de 55 camiones nuevos, 35 para el BRT-1 y 20 para apoyar el BRT-2.