En la sesión del pleno del Congreso del Estado del martes pasado, la bancada del PAN se vio muy activa en la tribuna, con propuestas y exhortos que muestran, al menos por ahora, la intención de hacer un trabajo diferente al de simples diputados levantadedos, como los de la legislatura anterior.

En las intervenciones de los panistas destacó la de Ismael Pérez Pavía, del Distrito 11, cuando condenó el trato que les han dado a los tres agricultores detenidos en la zona centro-sur, por supuestamente portar granadas y amenazar a un convoy de la Guardia Nacional, durante el enfrentamiento ocurrido en la presa La Boquilla, hace un año exactamente.

En aquella fecha, la Guardia Nacional informó que detuvo a los agricultores Juan Carlos Rivera, Rosendo Lerma Lechuga y Juan Lechuga Montes, porque durante la manifestación en La Boquilla robaron granadas de gas y un cartucho de arma de fuego.

El abogado defensor de los campesinos ha sostenido ante los tribunales, que el Gobierno federal les fabricó pruebas para acusarlos de terrorismo y que la Guardia Nacional les sembró esas evidencias.

Por lo anterior, el diputado Pérez Pavia solicitó adherirse a la iniciativa del diputado Francisco Sánchez Villegas, en el sentido de enviar un exhorto de urgente resolución a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación, para que se garantice el debido proceso penal a los tres agricultores de La Cruz y al líder agrícola Andrés Valles.

Aunque al final de su intervención le salió lo bravo a Pérez Pavia, cuando dijo que en la región agrícola a la que pertenece se van a topar con pared las autoridades federales, lo cierto es que, hasta ahora, a un año de iniciado el conflicto por el agua, los únicos que se han topado con una montaña de abusos, pruebas fabricadas y cargos absurdos, como el de terrorismo, son los agricultores detenidos.

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En la misma sesión donde se ratificaron los nombramientos del fiscal general del Estado y de la secretaria de la Función Pública, otro de los que tuvo una intervención atinada y congruente con las carencias del Municipio de Juárez, fue el diputado Gabriel García Cantú, quien hizo un llamado al alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que considere en el presupuesto de egresos 2022, acciones que mejoren las condiciones de las vialidades de Ciudad Juárez.

El diputado puso el dedo en la llaga por el desastre en que se encuentran las calles de Juárez, condiciones que atentan contra el bolsillo de los juarenses, su integridad física y su bienestar, por lo que dijo que se requiere no solo el bacheo, sino ver cuántas avenidas de la frontera necesitan de pavimento nuevo.

No deben batallar para encontrar ese dato si piden la información a Plan Estratégico, que tiene al día todo lo que le duele a Juárez en infraestructura urbana, equipamiento y servicios.

Lo que no dijo el diputado, es de dónde van a salir los cientos de millones que se requieren para pavimentar las calles de Juárez, si los programas con los que han endeudado a la ciudad, como el tristemente célebre PMU, solo han cubierto unas cuantas avenidas y el problema del rezago en ese renglón persiste.

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Cambiando de tema, Mirone se enteró que quienes ya andan muy preocupados son Ever Avitia y Rosa María Hernández, secretario y secretaria general de la Sección 42 y 8 del SNTE, respectivamente, además del exlíder sindical y exdiputado René Frías, pues se asegura que les tienen guardadas algunas sorpresas en la Fiscalía del Estado y en la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el magisterio es un secreto a voces que tanto Ever Avitia como René Frías están buscando acomodarse en el gobierno de Maru. Nuestras fuentes afirman que, para lograrlo, han dejado en el camino a varios heridos del periodo corralista, que antes fueron sus cómplices, quienes ya han presentado denuncias por delitos relacionados con el sucio manejo de las finanzas sindicales, algo que está muy de moda entre los mañosos dirigentes, si no que le pregunten a Gerardo de León, del sindicato del IMSS.

Resulta demasiada coincidencia que el Fiscal General del Estado, Javier Fierro Duarte, apenas asumió ayer el cargo y, como por arte de magia, se destrabaron varias carpetas de investigación que César Augusto Peniche, alias El Líder, tenía congeladas.

Según información que trascendió de la propia Fiscalía, las investigaciones en curso no se limitan a los actuales líderes de las Secciones 8va y 42, junto con el exdiputado Frías, sino que alcanzan a quienes fueron beneficiados económicamente o con algún puesto en el anterior gobierno, principalmente en la SEyC y la SEECH, incluso algunos familiares cercanos de estos tres líderes sindicales.

Así andan la grilla y los patadones bajo la mesa en los sindicatos del magisterio chihuahuense. Para muestra, la carpeta de investigación número 19-2020-3242. Se supo también que ayer por la tarde, personal de la Sección 42 recibió información sobre las carpetas de investigación presentadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, y no se trata de los Expedientes X.