Con eso de que Juárez es prioridad en la estrategia estatal azul rumbo a la gubernatura de 2027, la baraja de opciones para la alcaldía está más abierta que nunca.

Y como habrá recursos, proyecto y apoyo estatal —y hasta nacional— para la contención de la marea guinda, el listado de prospectos para enarbolar al PAN y sus aliados luce bastante robusto.

Supo Mirone que en las mesas panistas se están mencionando nombres como el del presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos; la presidenta saliente de Canacintra, Isela Molina; el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Rogelio Ramos; el presidente de los transportistas, Manuel Sotelo, y el presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandía.

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Incluso se está considerando, como opción empresarial y proyecto del aliado tricolor, la candidatura de Adriana Fuentes Téllez, quien actualmente es senadora suplente del panista Mario Vázquez. Ya fue candidata del PRI en la elección de 2021, pero ahora el PAN podría cobijarla bajo sus siglas como candidatura externa, con independencia de cómo queden los términos de la coalición con el tricolor.

Corren contra el tiempo las definiciones. Así que deberán ponerse todos los nombres sobre la mesa y luego dialogar si esos perfiles empresariales están dispuestos a entrarle a la competencia, para encontrar la opción más competitiva.

En general, los nombres corresponden a figuras con interés claro en la política o en los asuntos públicos de la ciudad; faltaría ver si están dispuestos a participar en el proceso azul que busca el perfil que más votos atraiga… aunque no se gane la elección municipal.

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Por eso será importante aplicar alguna encuesta para carear a los interesados, quienes además deberán competir con las figuras internas azules y con algunos otros perfiles tricolores.

Si hablamos de nombres priistas que han sido mencionados en las mesas panistas, ahí están el exalcalde y ahora funcionario estatal Enrique Serrano; el exdiputado y exregidor Polo Canizales, y el exdiputado y también funcionario estatal Óscar Nieto. Todos activos en la función pública… o en la grilla.

El listado de prospectos crece, ya que a los perfiles empresariales y tricolores habría que sumar los de casa, o estrictamente panistas. En ese renglón están al menos la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez; la diputada local Xóchitl Contreras, y el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz, entre las figuras más posicionadas.

De entre todas las alternativas, se supone que la idea es lanzar la opción más competitiva. Nada más ahí van ya 13 nombres. Por eso dice Mirone que, como hace mucho no se veía, la baraja por la alcaldía está más extendida que nunca.

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Bastó que Adán Augusto López pateara el avispero en Chihuahua —al mencionar a su favorita Andrea Chávez como segura candidata y hasta futura gobernadora— para que se desatara la grilla en todos los círculos morenistas.

Desde entonces, el tema de las candidaturas, las preferencias y las definiciones no ha dejado de hervir. Los posicionamientos internos comenzaron a aflorar y algunos incluso se hicieron públicos, incluida la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados.

Y como Brighite hizo referencias abiertas tanto a Andrea como al alcalde juarense —las figuras más visibles en la carrera por la gubernatura—, el mensaje se entendió claro en los pasillos: el tablero ya está en movimiento. De inmediato, no faltó quien levantara la mano para esa y para otras posiciones más.

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Todo en buen plan, eso sí. Pero no tardaron en hablarle a la presidenta estatal para recordarle —con diplomacia política— que la fila es más larga y que hay más aspirantes con ganas de ser tomados en cuenta.

En esas anda el exdiputado local Benjamín Carrera Chávez, hoy titular de la Oficina de Representación en Chihuahua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. No queda claro todavía si se anotará en las encuestas por la gubernatura o si su apuesta va más por la alcaldía, pero lo cierto es que ya se colocó en la conversación.

Doctor en Problemas Económicos Agroindustriales por la Universidad Autónoma de Chapingo y profesor-investigador en la UACJ, Carrera está puesto para lo que se ofrezca… y para lo que alcance.

La propia Brighite reconoció que también hubo contacto del coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien insiste en que, llegado el momento, se registrará por la gubernatura, aunque en el fondo no se descarta que su jugada final apunte a la Presidencia Municipal.

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Cuauhtémoc estaría, más o menos, en la misma lógica que Mayra Chávez, la delegada de Bienestar, a quien se menciona como carta del grupo montielista por la gubernatura, pero con mayores posibilidades reales de terminar en la alcaldía juarense.

La lista sigue creciendo. Otros cuadros guindas también están levantando la mano para ser considerados, como el diputado local Óscar Avitia. Del integrante del clan Avitia —con base en Juárez y otras figuras corriendo por el PT— no se precisó el cargo buscado, pero su nombre fue puesto sobre la mesa por la propia Granados en su más reciente conferencia de prensa.

Y la efervescencia no es solo en Juárez. Desde Cuauhtémoc llegó uno de los reclamos más claros, en voz de Marcelo Ramírez, excandidato a la alcaldía en 2024, que ya avisó que en 2027 no piensa quedarse fuera.

A la lista se suma otro nombre que Brighite enlistó sin rodeos: el del delegado de Infonavit en Chihuahua, Octavio García, quien, por lo visto, ya se anima a entrarle a la grilla por la capital, donde la candidatura a la alcaldía empieza a parecer más lista de espera que definición.

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La Fiscalía General de Chihuahua ya anunció que hará uso del recurso de revisión para tratar de revertir la liberación —así sea bajo caución— del dueño del crematorio Plenitud, a quien un juez federal le abrió la puerta para que continúe, “desde la comodidad de su hogar”, el proceso penal que se le sigue por acumular casi 400 cadáveres.

Bien por la FGE, solo que tiene el tiempo encima para interponer ese recurso, y no necesariamente es garantía de que las víctimas del bien llamado “Crematorio del horror” vayan a tener una impartición de justicia pronta y expedita.

Según le contaron a Mirone entendidos en el tema y en las marañas del sistema judicial “recargado” por voto popular, a la Fiscalía que encabeza César Jáuregui le quedan pocos días para promover el recurso de revisión. Son diez días hábiles, de los cuales ya pasaron dos desde que se emitió el fallo a favor del implicado, así que no queda otra que pedalearle cuesta arriba.

Podemos dar por hecho que el órgano encargado de procurar justicia va a cumplir en tiempo y forma y que en esta misma semana presentará el recurso de revisión. Pero, como bien lo decía el sabio Cantinflas: ahí va a estar el detalle.

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Por principio de cuentas, el recurso de revisión se presentará ante el mismo Juzgado Séptimo de Distrito de Chihuahua, sí, con el mismo juez Luis Eduardo Rivas Martínez, el “rey del acordeón”, que ya le abrió la puerta a José Luis A. C., dueño de Plenitud, cuyo principal argumento de defensa para amontonar esa cantidad de cadáveres es decir que “se le juntó el jale”.

Pero no se asusten, el juez tiene un término para turnarlo a un Tribunal Colegiado. ¿A cuál? Al que esté en turno. ¿Y luego qué pasará? Pues que esos tribunales, atiborrados de trabajo, no tienen para cuándo.

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Dicho ya en un lenguaje menos abogadil, todo este embrollo en el que nos metió el juez Séptimo de Distrito, el que llegó al cargo tras la elección “del acordeón”, va para largo y no sabemos exactamente cuándo se decidirá si el acusado regresa a prisión para seguir el proceso en su contra.

Pueden pasar las horas, los días, las semanas y los meses, y a lo mejor en una de esas nos levantamos con la noticia de que ya revirtieron el fallo que le concedió la libertad condicionada, o que lo dejan seguir en casita, defendiéndose de las acusaciones que le formula la FGE por el macabro caso de su crematorio, que de horno en funcionamiento no tenía nada.

Que a nadie le extrañe que, por allá del mes de julio, cuando esté la final del Mundial 2026, o después del desenlace de la telenovela de moda, o para cuando se celebren las elecciones intermedias en Estados Unidos, sepamos finalmente cómo va a continuar un proceso en el que no solo se juzga a una persona, sino una forma deplorable de administrar el dolor ajeno.

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En el Estado mexicano, contar muertos sigue siendo un misterio. No porque falten cifras, sino porque sobran versiones. Los homicidios —culposos o dolosos— entran y salen de los registros oficiales como si habitaran una “dimensión desconocida”, donde la cuadratura del círculo simplemente no aparece.

Los datos consolidados de 2024, el año completo más reciente del que se dispone, revelan que a los Gobiernos estatal y federal se les “perdieron” 346 homicidios.

Los números son oficiales y son asunto de Estado. El Inegi cerró el registro de 2024 con 2 mil 336 homicidios en Chihuahua. En cambio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó solo mil 990. La diferencia es esa: 346 muertes que no aparecen en ambos conteos.

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La revisión de los datos viene a colación ahora que tanto el Gobierno federal como el estatal y los municipios cuyos alcaldes quieren brincar a gobernador se echan confeti y serpentinas, porque, según ellos, han logrado bajar el índice de homicidios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el pasado 11 de febrero que el índice de homicidios dolosos en todo el país bajó 42 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026. En la “Mañanera” afirmó que su gobierno redujo el promedio diario de homicidios de 86.9 víctimas en 2025 a 50.9 en enero pasado.

El optimismo también se reflejó en lo local. Este lunes, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, celebró una reducción de homicidios más o menos similar en Chihuahua durante 2025.

Más aún: se anunció que Juárez ya no está entre las 15 ciudades más violentas del país y ahora ocupa el lugar 17. De la posición de Chihuahua capital entre las 50 ciudades más violentas del mundo no se dijo nada.

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Por si faltara una cifra más para el enredo, Ficosec cerró 2024 con mil 704 homicidios, todavía más lejos de los 2 mil 336 del Inegi.

Lo que advierten diversos analistas empieza a tomar forma: los Gobiernos se atribuyen reducciones sin precedentes —y poco creíbles—, sin que haya disminuido la actividad de los grupos delictivos.

El tráfico de armas desde Estados Unidos no se ha detenido. Tampoco pasa un solo día sin que se conozca algún crimen especialmente violento.

El dato es demoledor. Solo en Chihuahua, los 346 homicidios “traspapelados” representan un 17 por ciento de diferencia entre cifras oficiales. Demasiado grande para ser un ajuste técnico.

La pregunta queda flotando, incómoda y sin respuesta clara: ¿a cuáles números les vamos a hacer caso?