La afirmación de ayer lunes en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los atentados registrados el pasado jueves en la ciudad, donde murieron 11 personas inocentes no había ocurrido nunca antes, evidencia dos cosas: que el señor está mal informado o bien, que manipula los hechos a su conveniencia para minimizar los eventos terroristas ocurridos en 4 estados.
Le hace falta al jefe de la nación que por un momento se olvide de sus fobias contra los conservadores, neoliberales y medios de comunicación, que no le aplauden, para que vea una realidad que se niega a admitir, como el hecho de que en la mayor parte de los atentados del crimen organizado siempre hay víctimas inocentes.
Ciertamente que, en los hechos del jueves negro en Juárez, todas las personas que perdieron la vida, por los ataques directos de los criminales, eran civiles ajenos a la actividad delictiva, pero no es el primer caso, ni el único, como lo aseguró ayer.
Baste recordar 4 eventos fatales de alto impacto, registrados en esta frontera en distintas épocas, en distintos gobiernos, pero cometidos todos por el crimen organizado, con víctimas inocentes.
El primero de ellos de este tipo fue el 3 de agosto de 1997 en el restaurante Max Fim, que estaba frente a lo que era la plaza de toros Monumental. Allí perdieron la vida 6 personas, cuando dos sicarios abrieron fueron contra una mesa donde se encontraban sus objetivos. 4 de esas víctimas nada tenían que ver con la delincuencia.
Trece años después, el 30 de enero del 2010, 15 estudiantes de bachillerato fueron masacrados durante una fiesta que celebraban en una casa de Villas Salvárcar, donde además otros 10 resultados con heridas graves. Todos ellos eran también víctimas inocentes.
Más recientemente, el 12 de febrero de este año, en la colonia 16 de Septiembre, fue atacado un templo cristiano de la colonia 16 de Septiembre, donde murieron 6 personas que velaban a un presunto miembro del crimen organizado. Las víctimas fatales eran feligreses inocentes.
Como parte de esta serie de ataques a civiles, el 16 de junio de este año, los sicarios mataron a 4 personas en el interior del restaurante Denny’s, de la avenida Tecnológico. Las versiones de la Policía indicaron en aquel entonces que el blanco de los gatilleros eran dos personas, pero se llevaron también a dos civiles inocentes.
Como corolario de esa estela de asesinatos de civiles, hay que incluir el de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas de Cerocahui ocurrido el 20 de junio. ¿Acaso los tres no eran civiles inocentes?
Son 4 casos, de cientos que han ocurrido desde el primero de ellos enunciado en esta columna, que desmienten de manera contundente las afirmaciones presidenciales, que lo único que tratan de hacer es sostener la tesis de que los narcos se matan entre ellos, un argumento que se ha convertido en la mejor excusa para justificar lo que es una realidad: que el crimen organizado manda en un estado fallido.
Las autoridades podrán decir que los ataques iban dirigidos contra personas relacionadas con la delincuencia, pero en los 4 casos citados como ejemplo, fueron asesinados también seres inocentes de la sociedad civil, que no estaban en el lugar equivocado ni a la hora equivocada, como es común que lo digan las autoridades, sino que fueron las víctimas colaterales de la impunidad, que les ha dado a los criminales total libertad para escalar el nivel de sus ataques hasta llegar al terrorismo.
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Aunque los 11 detenidos como presuntos responsables de varios atentados del jueves pasado en la ciudad, ya se encuentran en prisión preventiva, será hasta el próximo jueves cuando se resuelva su situación jurídica y un juez determine su vinculación o no a proceso.
Los pandilleros fueron enviados a la capital del estado a la unidad de máxima seguridad en el penal de Aquiles Serdán, donde serán enjuiciados por los delitos de tentativa de homicidio y daños, pero curiosamente, no se incluyen cargos por los atentados incendiarios y homicidas que cometieron contra la población civil.
La carga de las pruebas contra estos individuos, se enfoca únicamente en los hechos donde repelieron a balazos la intervención de la Policía Municipal, desde la casa de seguridad donde estaban escondidos, lesionando a un agente y causando daños con los impactos a varias unidades policiacas.
Hay voces de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que anticipan que los detenidos pueden quedar en libertad si no los judicializan por los atentados incendiarios donde participaron.
De no acusarlos por las causas que llevaron a su localización y detención, como todo hace suponer, porque esos cargos no fueron mencionados en la audiencia donde se les dictaron las medidas cautelares, confirmará lo que es un secreto a voces: la complicidad de la autoridad investigadora en los asuntos del crimen organizado, para que los asuntos se caigan por falta de elementos de prueba.
Abogados penalistas ya anticipan que el ataque a los policías municipales y los daños a las unidades oficiales, no serán suficiente para mantenerlos en prisión un largo rato, como se merecen todos los generadores de violencia.
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Luego de que el fin de semana trascendiera que en la captura de 11 involucrados en varios de los atentados del jueves negro en Juárez, solo participaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado reaccionó de manera burda, publicando un video en las redes sociales, donde se ven imágenes de los agentes y del secretario Gilberto Loya en retenes, caravanas y hasta del helicóptero volando el cielo de Juárez.
A toro pasado, dirían los amantes de la fiesta brava, porque ninguna de las imágenes muestra el trabajo que desplegaron el día de los ataques a la ciudad, que era cuando se requería su presencia y la ciudadanía los quería ver en acción, no después.
El video, de mala calidad, por cierto, dura un minuto y en todas las tomas destaca la imagen del jefe Loya, uniformado y armado, a bordo de las patrullas, en las revisiones de los retenes y frente a su tropa.
La publicación del video se hizo el domingo acompañado del texto: “La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene un operativo permanente en todos los sectores de Ciudad Juárez con el objetivo de garantizar el orden público. El Secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, supervisó el operativo en el que participa el personal de la Policía del Estado, los grupos especiales SWAT y Detectives, el grupo de Proximidad Social y el Grupo K9”.
Ese operativo permanente, es el mismo que en todos sus discursos sobre la violencia en Juárez ha repetido la gobernadora Maru Campos y que, en los hechos, ha resultado inútil, como quedó demostrado el pasado jueves.
De nada sirve ese despliegue aparatoso con uniformes impecables, solamente para grabar un video, si en las calles no se materializa en acciones contra los delincuentes que tienen azorrillada a la ciudad.
No es con videos, con efectos especiales, ni con discursos, como los generadores de violencia van a dejar a la población en paz. Es con voluntad, vocación, pero, sobre todo, testosterona, así de simple.
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Pero como no puede contra los malandros, ahora el secretario Loya salió a anunciar que a partir del primero de septiembre sus elementos comenzarán la cacería de los automovilistas que no hayan hecho el cambio de placas. ¡Vaya cambio de estrategia en materia de seguridad, cuando la población vive entre la incertidumbre y el miedo!
De alguna forma, con esta medida, el jefe policiaco trata de recuperar los bonos perdidos con la jefa del Ejecutivo, después del triste papel que hizo con su tropa en los hechos del jueves, y ahora pondrá a todas sus fuerzas estatales a perseguir a los causantes morosos del replaqueo. Para que aprendan.
La declaración de Loya contradice lo que el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, afirmó el pasado 29 de julio, en el sentido de que las multas por ese motivo estaban descartadas por tratarse de una medida inapropiada.
Desde el mismo Congreso del Estado, se hizo el exhorto al Gobierno del Estado para que la Secretaría de Hacienda cancelara la disposición de multar hasta con 4 mil 800 pesos a los incumplidos con el trámite.
La diputada de Morena Rosana Díaz, quien en aquellas fechas subió a tribuna la iniciativa para la suspensión de multas y actos recaudatorios, ayer se inconformó con las declaraciones de Gilberto Loya, porque rompe con un compromiso que hicieron funcionarios de más alto nivel que el jefe policiaco.
Habrá que esperar que no se trate de otro reversazo, como los que ya se han vuelto común en esta administración.