Ni la serie House of Cards de Netflix está cargada de tanta intriga política como la historia en torno al proceso estatal de elección de personas juzgadoras, particularmente la integración de las listas de quienes pasarán a las boletas electorales y podrán competir el 1 de junio.

Primero fue la jugada de la mayoría del PAN y todos sus aliados en el Congreso del Estado, de tronar una sesión de Periodo Extraordinario y no cumplir con el plazo que establecía la convocatoria de remitir al Pleno, a más tardar el 24 de febrero, el listado elaborado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo con los nombres de 470 personas, 94 para las magistraturas y 376 para juezas y jueces.

En ese momento se empezó a decir que había en los listados de aspirantes a magistradas y magistrados, algunos perfiles que no gustaron en Palacio.

Ese mismo 24 de febrero, la bancada de Morena respondió acudiendo al Instituto Estatal Electoral, aprovechando que la presidencia en turno del Congreso recae en la diputada morenista Elizabeth Guzmán, para entregar los listados completos, tal como los remitió el Comité, sin la aprobación del Pleno, esa que se supone se daría ese mismo lunes, cuando se hizo vacío a la sesión, igual que ocurrió en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), debidamente convocada por el presidente de ese órgano, el panista Alfredo Chávez.

La presidenta entregó de una vez al IEE los listados íntegros que ya se habían recibido previamente, con las propuestas de aspirantes enviadas por los poderes Ejecutivo y Judicial, en listados únicos, integradas las candidaturas de juezas y jueces, con las de magistradas y magistrados.

Luego vino la jugada del PAN y sus aliados electorales y coyunturales (PRI, MC, Verde y PT) que dividió los listados y anexó para su aprobación en el dictamen, únicamente los nombres de aspirantes a juezas y jueces. Eliminó los nombres de las 94 personas que cumplieron todas las fases para llegar a la boleta como candidatas a las magistraturas.

No en el dictamen, pero sí en el debate y en la discusión pública, quedó asentado que la Jucopo rechazó el listado de magistraturas porque había perfiles afines a Morena, también se dijo que con vínculos al exgobernador Javier Corral o incluso que habían participado como fiscales en los Expedientes X.  Se habló incluso de supuestas traiciones a acuerdos políticos por parte de la representación guinda.

En el Pleno del Congreso, en nuevo Periodo Extraordinario de Sesiones, se votó el viernes el dictamen rasurado y se aprobó con la mayoría calificada de dos tercios de los votos. Fueron 22 a favor y 11 en contra.

Hubo ahí traición a la fracción de Morena, por parte del diputado Oscar Avitia, quien le dio al bloque mayoritario (PAN-PRI-MC-PT-Verde) el voto que requería para la mayoría calificada.

El viernes 28 se vencía el plazo legal para que el Congreso del Estado remitiera al IEE, los listados aprobados por el Pleno.

El PAN llevó hasta el límite la sesión que se realizó la noche del viernes, pero una vez que los listados fueron aprobados (se incluyeron los que remitió el Ejecutivo y el Judicial), la jugada de Morena fue que la Presidencia no los enviara esa misma noche al IEE.

Vino entonces el movimiento del PAN y minutos antes de la medianoche, quien los envió fue el coordinador parlamentario que también funge como presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Chávez.

No tiene el panista la representación legal del Congreso, esa le corresponde a la presidenta de la Mesa Directiva, en este caso, la morenista Elizabeth Guzmán. La Jucopo es órgano para los acuerdos políticos internos del Congreso.

La presidenta Guzmán actuó hasta la mañana del sábado, pero volvió a enviar los listados completos, es decir, incluyendo los 94 nombres de aspirantes a magistraturas que habían decididos rasurar, primero la Jucopo y luego el Pleno.

O sea que el IEE recibió listados en tres ocasiones. El lunes 24 cuando nada había pasado por el Pleno; el viernes 29, cuando ya se habían votado, pero sin la firma de la presidenta del Congreso y el sábado 1 de marzo, con firma de la presidenta, pero no con lo que decidió la votación del Pleno.

A ver ahora cómo se resuelve el entuerto. La serie tendrá más capítulos intensos porque el tiempo para la elección se agota y todavía vienen las impugnaciones legales a los procedimientos.

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En la trama quedó nebuloso el motivo de la traición de Oscar Avitia a su grupo parlamentario.

Supo Mirone que después de la álgida discusión del viernes a en la Jucopo, hubo encerrona de toda la bancada guinda para ponerse de acuerdo en cuanto a cómo iban a manejarse por la tarde-noche en la sesión extraordinaria.

Estaban los 12 integrantes de la bancada, incluyendo Avitia. Desde luego que acordaron ir en bloque en contra, para que el PAN, PRI, Verde y PT no obtuvieran la mayoría calificada.

Vieron quién hablaría en tribunal y hasta se le preguntó a Avitia si lo haría, obviamente argumentando en contra de excluir el listado de las magistraturas. Entonces dijo que lo haría “si fuera necesario”.

Pero la hora de la sesión llegó, Avitia subió a Tribuna y expuso un galimatías razonando su voto a favor, es decir, con el bloque del PAN.

Dijo defender el derecho de participación de aspirantes a juezas y juezas y hasta quiso justificarse señalando que su voto no era decisivo, porque “con mi voto o sin mi voto, este dictamen se iba a aprobar, porque se requería una mayoría simple”, lo cual no era así, ya que se exige por ley, mayoría calificada.

Ahora, empiezan las especulaciones sobre lo que pudo haber recibido a cambio por estar del lado del PAN y del PRI, sobre todo cuando ya se vio cómo se pueden obtener posiciones en el Poder Judicial, tal como pasó con el hermano de la diputada del PT, América Aguilar, o con la esposa del diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

En otra vía están las lecturas por las pugnas internas en Morena. Nadie desconoce que Oscar Avitia trabaja muy de cerca con la dirigente estatal Brighite Granados, con apuesta al 2027 muy distinta a la que trae el grupo montielista del Congreso del Estado.

También por ahí pudo venir el atorón, nomás para que el grupo que le responde a Ariadna Montiel, sepa que hay representación de otra fuerza en el Congreso.

Hasta el senador Juan Carlos Loera de la Rosa salió ayer a defender a Avitia, adelantando en sus redes sociales que puede ser víctima de “una injusta cacería de brujas cuando lo que merece es una felicitación por su desempeño en este asunto”. En su posicionamiento se fue en contra del coordinador Cuauhtémoc Estrada, compañero de grupo, antes de su rompimiento con Ariadna Montiel.

“El voto diferenciado del diputado local de Morena Oscar Avitia respecto a la lista de candidatos a jueces locales que van a la elección en Chihuahua es un acto de congruencia y cuenta con todo mi apoyo. El diputado Cuauhtémoc Estrada instruyó a legisladores locales de Morena en Chihuahua a rasurar completamente a las y los aspirantes a jueces, violentando su derecho a participar en la elección de junio. La politiquera decisión de Estrada fue por revancha ya que previamente la bancada del pan había abusivamente eliminado la lista de candidatos a magistrados locales”, expuso Loera.

Nunca se vio que eliminar a candidatos a jueces y juezas fuera la jugada de Morena o de su coordinador en el Congreso, pero esa lectura le dio el senador para apoyar a su aliado político. Avitia, junto con Brighite, anda movido en el proyecto de la senadora Andrea Chávez, empaquetado de alguna manera con el de Juan Carlos Loera.

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Como se preveía, ya están lloviendo las impugnaciones respecto al proceso de integración de las listas de quienes podrán competir el 1 de junio para jueces o juezas y magistraturas estatales.

En los estrados del Tribunal Estatal Electoral se pueden ver algunas notificaciones de los recursos legales, en esencia de quienes fueron rasurados de la lista de magistraturas o en general de quienes han visto omisiones que atentan contra sus derechos políticos.

Carlos Alberto Martínez Beltrán es uno de los impugnadores. Va contra actos del atribuidos a la Junta de Coordinación Política y al Pleno del Congreso.

Darío Rogelio Ornelas Saldaña notificó que promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía Per Saltum.

Esa figura permite “saltarse” o brincarse las instancias estatales para ahorrar tiempo (cuando hay plazos fatales tan cercanos, como en este caso) para que se remita el recurso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Eso mismo había hecho una de las aspirantes a una magistratura Familiar, Érika Mireya Mendoza García. Es el camino más corto y quizás el único que podría tener un efecto remediador antes de que se impriman las boletas para la jornada electoral.

La idea de quienes promueven esta impugnación es que, directamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordene al Instituto Estatal Electoral incluir sus nombres en las boletas para poder competir, luego de que cumplieron con todo lo dispuesto en la legislación para ser considerados como idóneos por el Comité de Evaluación.

Judith Ávila Burciaga, la juarense que va por la magistratura de una Sala Penal Regional también está en la lista quienes ya promovieron medios de impugnación, lo mismo que Rocío Ivett González Lara.

Unos van contra actos de la Jucopo y otros incluyen al Pleno del Congreso. Eso es nada más lo que cayó el sábado. Ya hubo más impugnaciones atrás y vienen más recursos en las próximas horas.

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Por distintas pistas corre el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras. Por el lado de la organización, la que compete a las autoridades electorales, se confirmó lo que aquí habíamos adelantado respecto a quién encabezará la Asamblea Distrital.

Será Olga Magdalena Hernández Hernández la presidenta en el Distrito 05, correspondiente al Distrito Bravos, uno de los 14 en que se divide el estado para la impartición de justicia.

Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya presidió la Asamblea Municipal Electoral en las elecciones ordinarias de 2024.

En el Instituto Estatal Electoral no quisieron buscarle tres pies al gato y optaron por aprovechar la experiencia de Hernández, quien hizo un buen papel en el anterior proceso, con todo y que de pronto se daba sus agarres con los funcionarios de la capital.

Como secretario de la Asamblea fue aprobado el abogado Pedro Enríquez Contreras, atendiendo con su designación acciones afirmativas en favor de las juventudes.

Acompañarán a Hernández como consejeros y consejeras, Jorge Antonio Breceda Pérez, Reina Daniela Zúñiga Vasquez, Melva Yamina Chávez Rodríguez, Liliana Licón Aragonez, Selena Landa Bustos y Yadira Guadalupe Ávila Anguiano.

La Asamblea tiene una abrumadora mayoría de mujeres. Del listado, quien ya trae experiencia como consejero es el doctor en Derecho y también académico de la UACJ, Breceda Pérez. Siempre nutre la UACJ con sus investigadores a los distintos órganos electorales.

A propósito de quienes ya tienen experiencia en procesos electorales anteriores, se espera también que repita como encargada de Comunicación Social, la periodista Nora Sevilla, quien también hizo buen papel en el 2024.