Otra vez se les hizo bolas el engrudo a los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, con las denuncias contra el exgobernador Javier Corral, que ya parecen un cotorreo.

Si las promociones de juicio político promovidas por el abogado Gerardo Cortinas Murra, por segunda ocasión, no fueron admitidas por no haber aportado las pruebas respectivas, la del magistrado Gabriel Sepúlveda, CJ/JP/002/2022, presentada ante en el mismo órgano el 30 de agosto del 2022, fue admitida el martes pasado, pero ayer por la tarde la rechazaron, al no cumplir con el artículo 10 de la legislación en la materia, que acredita el procedimiento.

Ni siquiera esperaron los 15 días que establece la ley para determinar su procedencia y le dieron palo en caliente.

Total, que, ninguno de los picudos asesores en materia jurídica de Palacio de Gobierno, ha dado con bola para el enjuiciamiento político, penal, civil o administrativo del exgobernador, que a estas alturas no para de reírse, por los intentos fallidos del marucampismo de llevarlo al cadalso.

En ese ajetreo y jaloneo jurídico para ponerle la cazadora a Corral, surgió ayer nuevamente esperanzadora, la denuncia que el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar presentó ante la Fiscalía del Estado y que, por extrañas razones, tiene el tufo de proteccionismo, no ha sido judicializada.

La denuncia de Pérez Cuéllar constituye, hasta ahora, la más viable posibilidad de arrimarle la lumbre a los aparejos al exgobernador, si no se atraviesan los compromisos y lealtades que aún le tienen en la Fiscalía. 

Curiosamente, lo mismo pasa con las denuncias que existen contra el exalcalde Armando “El Divino” Cabada, que no han prosperado por mucho que se hayan hecho públicas las corruptelas de su administración.

Todas las denuncias que existen en la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno federal y en la Auditoría Superior del Estado, se mantienen descaradamente en la congeladora, sin que las autoridades responsables de darles curso, tengan el mínimo interés en mover un solo dedo para gestionarlas.

De la denuncia formulada el 30 de marzo por la síndica de Juárez, Esther Mejía, por el delito de peculado en la Fiscalía federal, no hay avances, simple y sencillamente porque la funcionaria municipal no le ha dado seguimiento, y ha perdido la toda la emoción e interés que tuvo el día en que la formuló.

Los cercanos aseguran que Mejía dejó que la denuncia se empolvara, por las presiones que sufrió de varios picudos morenistas cabildeados por el exalcalde mañoso.

Lo malo es que ni esa denuncia, ni las que se le acumularon en la Auditoría Superior del Estado, y de las cuales dieron vista a la fiscalía estatal, han avanzado y todo mundo se hace el occiso cuando se les pregunta por el estado que guardan.

Ahora todo mundo las conoce como las denuncias del nunca jamás, que sirvieron inicialmente para el escándalo mediático, pero después se convirtieron en el ridículo patético de quienes las formularon y las abandonaron.

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Ahora sí que el senador chihuahuense Rafael Espino De la Peña se sacó la rifa del tigre, al recibir la responsabilidad de analizar, junto con la senadora Olga Sánchez Cordero, la reforma que modifica la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, para que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual ha desatado el debate en todo el país, por el rechazo a la militarización de ese cuerpo de seguridad.

Los trabajos de la sesión permanente, de las comisiones Unidades de Justicia y Estudios Legislativos, que encabezan Sánchez Cordero y Espino de la Peña, respectivamente, deberán concluir este jueves con un dictamen que se apegue a la minuta enviada por los diputados morenistas y sus aliados, en el sentido de que se apruebe la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El bloque opositor del senado, que está en contra de la reforma militarizadora, confía en que la propuesta de la cámara de diputados aprobada fast track, sea rechazada en la cámara alta, porque se requiere el voto de las dos terceras partes de los senadores que estén presentes, y a Morena no le dan los números.

De cualquier forma, la papa caliente que le dejaron a Espino, pondrá a prueba su capacidad negociadora con las fuerzas políticas de oposición, y de la comisión saldrá como héroe de los morenistas o villano, de los que en todo el país están rechazando que la Guardia Nacional pase al control de las fuerzas castrenses.

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Resulta por demás extraño que, si el trabajo de la Policía Estatal en la entidad, se ha concentrado en la captura de narcomenudistas, hasta la fecha no haya sido detenido ninguno de los proveedores de estos puchadores y grameros.

Solamente durante el mes de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo a 330 individuos por delitos contra la salud, a quienes se les decomisaron 20 mil dosis de diferentes drogas sintéticas y naturales, así como 195 kilos de mariguana, pero de los narcos mayores que les surten la mercancía, nada.

Aunque lo mismo ha pasado en los meses anteriores, cuando el departamento de prensa de la secretaría ha divulgado las aprehensiones realizadas en todo el territorio chihuahuense, pues solo se refieren a la captura de narcomenudistas, pero nunca del seguimiento que se supone deben darle a cada caso, para dar con la fuente de abastecimiento.

En estas detenciones se espera que, por sentido común, la policía haga las investigaciones para llegar a los narcos que suministran la droga a los puchadores, pero la corporación elude esta obligación bajo el argumento de que es competencia de la autoridad federal.

Sin embargo, para la captura y consignación de 330 individuos, tan solo en el mes de agosto, no hubo ese impedimento de competencias jurisdiccionales, lo que hace pensar que los agentes estatales sirven a los intereses de alguno de los grupos criminales que se disputan las plazas en la entidad, y les limpian el mercado de los puchadores que les estorban.

Está muy bien que saquen de la calle a los vendedores de droga al menudeo, aunque salen en menos de una semana de prisión, pero está mal que no hagan lo mismo con los jefes de esos narquitos, que son los que en verdad vale la pena poner tras las rejas, pues son los que controlan el trasiego y las bodegas donde guardan su letal mercancía.

Si hasta ahora las fuerzas estatales han estado reportando detenciones diarias de grameros, en diferentes partes del estado, pero nunca de quienes los surten, demuestran solamente que, con cantidad, tratan de suplir la calidad de su trabajo.

Podrán decir sus jefes que el seguimiento le corresponde a la federación.

¿De qué le sirve a la Policía Estatal tener un Departamento de Detectives y un Equipo SWAT, si les tiembla cuando deben ir por los capos que tienen el estado invadido con su veneno?

Habría que revisar cada detención y preguntarle a los “dealers” a cuál grupo criminal pertenecen, o le compran la droga, para determinar con precisión a quien le sirve el trabajo de los estatales, porque a la ciudadanía no le ayuda que pesquen solamente charalitos y dejen libres a los peces gordos.

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A plena luz del día y en transitadas avenidas, se están registrando asaltos a mano armada a pesar de los supuestos patrullajes conjuntos de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional.

Mirone supo que ayer se denunciaron varios casos en negocios de la avenida Gómez Morín, donde sujetos armados asaltaron a mujeres despojándolas de sus bolsos y celulares, tras amargarlas con pistolas.

El último de ellos ocurrió en el exterior de una farmacia, frente a la entrada al Campestre Juárez, que recientemente abrió sus puertas al público, donde una dama fue asaltada cuando se disponía a abordar su automóvil.

Los delincuentes intentaron también despojarla del vehículo, pero la mujer opuso resistencia y se llevaron únicamente sus pertenencias.

La alerta cundió rápidamente entre los vecinos de los fraccionamientos que suelen acudir a sus compras diarias en los establecimientos de esta importante avenida, porque los atracos comenzaron en la avenida tecnológico y ya se extendieron.

Se supone que en estos sectores hay una vigilancia permanente de las células policiacas, pero a la hora de la verdad no se ven por ningún lado y ayer quedó comprobado.

A ver con qué pretexto salen los jefes policiacos, porque en todo este sector hay cámaras de vigilancia que deben servirles para identificar a los malandros y detener a tiempo estas peligrosas bandas.