El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y sus funcionarios municipales se han ido poniendo de pechito para que se construyan cada uno de los expedientes que fácilmente podrán judicializarse cuando se decida a hacerlo el fiscal anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela.
Al Mochilagate y otras linduras ya en manos de la FACH, se agrega a partir de ayer la denuncia respecto a la también escandalosa construcción de una casa de cambio en los hoy sacrosantos terrenos de El Chamizal.
Y es que resulta que la denuncia que firmaron y ratificaron ayer regidoras y regidores panistas y hasta morenistas en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción en Juárez, se sustentó básicamente en la serie de declaraciones que el alcalde y Andrés Domínguez Alderete se aventaron el día en que el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ), compareció en sesión de Cabildo.
En esa ocasión, el muy activo militante morenista Domínguez Alderete (hermano de Toño, el también célebre regidor de la 4T) confesó que ni conocía ni tenía en sus manos convenio alguno de comodato que sustentara legalmente que la OMEJ estuviera usufructuando espacios del Parque El Chamizal.
Luego explicó la “práctica de buena fe” que consistía en cobrarle a la empresa Centro Cambiario Fronteras Unidas (Dollar 2 Go), la módica renta de 45 pesos por metro cuadro en un terrenito de 300 metros, para hacer su negocio de venta de divisas.
Cuando Domínguez quiso desvincular a su jefe el alcalde, dijo que éste nunca supo del proyecto de la casa de cambio, aunque luego el propio Cruz aclaró que sí supo, pero consideró que no veía nada malo en eso.
Ciertamente que no podría haberse zafado Cruz de conocer sobre el tema, ya que Andrés aseguró en la comparecencia que el Consejo de la OMEJ fue enterado y autorizó la operación. Lo interesante aquí es que quien preside ese consejo es justamente el alcalde, por eso señala Mirone que no tenía saque.
El caso es que en varias de las declaraciones públicas hay carnita para la investigación que en su momento deberá acreditar hechos presumiblemente constitutivos de los delitos por los cuales fueron acusados varios servidores públicos en paquete: uso ilegal de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilegal del servicio público.
La denuncia ratificada por el grupo de regidoras y regidores en las oficinas ubicadas en la Torre Campestre, se interpuso en contra del alcalde Pérez Cuéllar y del director Domínguez, pero también en contra de Daniel Zamarrón Saldaña, director de Parques y Jardines, y Claudia Morales Medina, la directora general de Desarrollo Urbano.
Zamarrón es el responsable directo de salvaguardar El Chamizal y ni enterado estaba del proyecto que se llevó su tiempo en construcción. Morales es la titular de la dependencia que autoriza cualquier cambio de uso de suelo y construcción. Lo más extraño es que la CFE generó contratos para la casa de cambio, lo que no ocurre si no hay notificación y autorizaciones de por medio por parte de Desarrollo Urbano, la misma dependencia que realizó la clausura del local, hasta que estalló el escándalo.
Ya no existe ahí casa de cambio. Pero, acaso si hubo delito, ese no se borra así nomás porque sí para acabar con el “circo mediático”, como lo llamó Cruz.
Por lo pronto, la denuncia ya quedó plenamente formalizada, luego de que, en primera instancia, acudió a la Fiscalía desde el jueves, la coordinadora panista, Austria Galindo.
Por cierto, también las regidoras morenistas Cecilia Reyes Castro y Vanesa Mora acudieron y sumaron sus firmas a la nueva denuncia, otra rayita más al tigre en el cúmulo de señalamientos contra Pérez Cuéllar y su administración.
Ya se le lanzó otra pelotita más a “El Bayo”. A ver a qué horas batea.
………………
El viernes 29 de diciembre, hace casi un mes, se llevó a cabo una reunión de productores agrícolas y pecuarios en el municipio de Atotonilco el Alto, estado de Jalisco, donde participó la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo.
Bien por ellos, pero, a todo esto ¿qué andaba haciendo allá la síndica de Juárez, Esther Mejía Cruz?
Difícil, encontrar una respuesta a esa pregunta porque, hasta donde se sabe, ni es productora de alimentos, ni se dedica a alguna actividad de agropecuaria, ni está a cargo de alguna dependencia relacionada con el tema.
No se entiende por qué la encargada de fiscalizar al Ayuntamiento de Juárez, del uso de sus dineros y los manejos del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se aventó un viaje de casi mil 500 kilómetros, que por tierra se recorren en 18 horas, para ir a reunirse con “campiranos” de todo el país.
¿Será acaso que el dichoso “Encuentro Nacional con Productores de Alimentos”, como se llamó la actividad, estuvo organizada por el dirigente nacional de organizaciones campesinas morenistas, ¿Alfonso Ramírez Cuéllar?
¿O más bien anda por aquí y por allá siguiendo a su líder? ¿O, de plano, se lanzó a tomarse la foto con la candidata?
Vale recordar que Esther Mejía es una de las principales operadoras con que cuenta Ramírez Cuéllar, quien estableció la “casa de campaña” de Claudia Sheinbaum cuando ésta aún era una “humilde aspirante” y despachaba como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Fue el 24 de junio del 2022, en un conocido—y muy sabroso—restaurante del centro de la capital, donde la síndica hizo la presentación oficial del equipo de promoción de la entonces aspirante, y de “su líder”, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Estamos convencidos de que la compañera Claudia garantiza la continuidad de esta gran transformación”, dijo en aquel entonces el dirigente campesino.
La síndica, por lo demás, no tuvo empacho en aparecer, mostrarse y hasta conducir en algún momento la conferencia, pues fue ella quien presentó a los asistentes.
Bien cabe recordar que aquel viernes 24 de junio, a las 11:00 de la mañana, eran horas de trabajo para la funcionaria cuyo despacho se encuentra a casi 400 kilómetros de distancia.
Por lo visto, “Esther lo volvió a hacer”, porque, una vez más, se fue de su ciudad de residencia a viajar por largas horas con tal de encontrarse con su “jefe político”.
Lo que la salva, en esa ocasión, es que eran los últimos de diciembre y casi toda la administración pública se encontraba de vacaciones, pero bien vale ponerle ojos a la funcionaria, ahora que se soltaron ya las amarras de las precampañas.
Ahora entendemos por qué, de pronto, se soltó el pelo con acusaciones e investigaciones al alcalde de Juárez en funciones.
………………
Vaya resultados los que arrojó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la famosa ENSU, que elabora y publica el INEGI cada trimestre del año.
La de esta ocasión corresponde a los tres últimos meses del 2023 y compara tanto la percepción registrada en el trimestre inmediato anterior, como en similar, pero del año próximo pasado, o sea, del 2022.
Más allá de comentar los datos que miden qué tan segura—o insegura—se siente la gente en sus ciudades y de cómo andan, en ese aspecto, los habitantes de Ciudad Juárez y de Chihuahua, vale detenerse en algunos detalles que llaman la atención.
Por ejemplo, en el levantamiento del cuarto trimestre de 2023, el 81.1 % de la población de 18 años expresó que los baches en calles y avenidas son uno de los problemas más importantes en su ciudad.
Vaya pues: el mal estado de las calles preocupó más que la inseguridad, ya que el 59.1 % de la población mayor de edad consideró inseguro vivir en su ciudad.
¡Órale, Marquito y Crucito, ¡ahí les hablan! ¿ya vieron? El pésimo estado en el que se encuentra el equipamiento urbano preocupa tanto, si no es que más, que el delito mismo.
Una muestra más: el 60.2 % ponderó las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 59.0 % el alumbrado público entre los principales en su ciudad.
Los datos anteriores corresponden al total de la encuesta, pero de alguna manera recoge una preocupación ciudadana que bien le puede pegar a las 91 ciudades donde se aplicó el levantamiento.
En cuanto a nuestras dos ciudades más pobladas, el INEGI detectó que hubo una mejoría en la capital, pues la percepción bajó del 50.4%, desde un 59.9% del mismo mes, pero del 2022.
Juárez, a su vez, también tuvo una mejoría, aunque más leve, ya que pasó del 73.4% en el 2022, a un 70.3% en el último trimestre del 2023.
Ahí lo tienen, pues: no solo es el delito lo que hace sentir insegura a la población, no: también los pésimos servicios de salud, el mal estado del equipamiento y las calles llenas de baches.
………………
¿Se acuerdan que hace algunos años, diez, para ser exactos, a muchas viviendas les llegó el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en cero, es decir, sin nada qué pagar?
¿Y se acuerdan que el entonces gobernador y los dirigentes de su partido, el PRI, decían que ese “cero” se lo debían a un cambio de tarifa de energía eléctrica que había “conseguido” César Duarte (sí, así, en persona)?
Pues bien, al poco de que terminó la administración del exmandatario que ahora permanece como inculpado de dos delitos, se supo que no había tal cambio de tarifa.
Lo real y auténtico es que el Gobierno de Chihuahua había firmado un convenio con la CFE que, básicamente, pagaría la cuenta.
Hoy sabemos que, ni cambio de tarifa, ni pago de cuenta, ni qué ocho cuartos. Tras dos años de recibos en cero, el gobierno acumuló una deuda de más de mil millones de pesos con la CFE que la administración de Javier Corral se negó a pagar.
¿Por qué? Porque alegaba el entonces gobernador que la paraestatal encargada de generar y distribuir electricidad no debió renovar el convenio con Chihuahua si desde el primer año se fue sin pagar.
Así se ha ido el problema: ni Corral lo pagó, ni la actual administración y, como quién dice, háganle como quieran.
Fuentes allegadas a la CFE nos informan que la cuenta, después de 10 años, ya alcanzó los dos mil millones de pesos. Es decir, que tras diez años de mora, ya se duplicó.
¿Quién lo va a pagar? Quién sabe, porque el gobierno actual ya ha expresado su postura al respecto, y es en torno a que no tiene dinero para semejante cuenta.
Así que, ni nos sale más barata la luz, ni era gratis, ni está saldada la cuenta. A ver, esos de la CFE, señor Bartlett, ¡cóbreles a sus antecesores que firmaron el convenio!