Por terrenos del reformado Poder Judicial camina un tema de primerísima trascendencia para todos los actores del sistema: se trabajan los lineamientos del Sistema de Carrera Judicial para llegar a los cargos vía concursos de oposición.

En la cima de la pirámide, las personas juzgadoras, tantos jueces y juezas como magistraturas, ya no se preocupan porque ganaron la elección con el voto popular, pero de secretarios hacia abajo, deberá prevalecer –se supone­– el mérito que se carga en la carrera judicial y el concurso para garantizar que lleguen a los puestos las mejores opciones.

Suena algo contradictorio que los meros meros de la función jurisdiccional ya no tengan que cumplir el requisito de ser los mejores porque pueden ganar siendo populares y apareciendo en los acordeones, pero de alguna manera se tiene que preservar la carrera judicial para el resto del personal que hace la talacha en el Tribunal.

El caso es que en esas andan, arrastrando el lápiz para sacar los nuevos lineamientos que se aplicarán a secretarios, actuarios, defensores y escribientes.

Todo el personal que haya ingresado desde septiembre del 2025, cuando entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y se concretaron los cambios de la reforma constitucional, deberá reponer el concurso, aunque se trate de los recomendados, a menos que le encuentren algún resquicio a la reglamentación para asegurarles el cargo. Desde luego que para lo que viene en el futuro, ya no habrá saque.

Supo Mirone que la encomienda de los lineamientos la trae el comisionado Eduardo Zacarías Gómez Bustamante, integrante del nuevo Órgano de Administración que anteriormente fue juez civil y ahora es responsable de la Comisión de Normatividad.

Por ese tema de la normatividad pendiente, es que en magistraturas y juzgados se han frenado algunos movimientos del personal con función jurisdiccional. Ya no quisieron hacer los nombramientos como pasó de septiembre a diciembre, y les dijeron que se esperan mejor a que salgan los lineamientos.

A ver cómo se resuelve el entuerto, porque gran parte del personal que se contrató fue externo, dejando de lado a los que traían carrera judicial. No en todos los casos, pero sí se quedó mucha gente esperando el ascenso o que se hiciera valer la carrera judicial.

Como quiera que sea, suena bien que se regule la materia y se cierren los caminos de la discrecionalidad para los nombramientos.

Sin embargo, van lentos por falta de manos para hacer el trabajo de adecuación en ese tema y varios derivados de la reforma.

Para empezar, ya se ve ahí el incumplimiento de un plazo que uno de los transitorios fijó para el 31 de diciembre del 2025 en cuanto a la reglamentación, estatutos, lineamientos, normatividad y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento del decreto que dio origen a la nueva ley.

En cuanto a la carrera judicial, habla el cuarto transitorio de una implementación progresiva de las disposiciones relativas al Sistema de Carrera Judicial y Administrativa por parte del Órgano de Administración.

En ese aspecto y todo los relacionado al establecimiento de los mecanismos de evaluación, selección capacitación, el plazo es de un año desde que entró en vigor la ley. O sea que tienen hasta septiembre de este año.

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Buena grilla se armó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) si hablamos del tema sindical, donde hubo renovación de dirigencia recientemente, particularmente en el Sindicato de Trabajadores Administrativos.

Los excesos le cobraron factura a Alejandro Martínez Luján cuando pretendió reelegirse. Su nada claro y hasta oscuro manejo de las finanzas le hicieron perder frente a Gilberto Esparza Ambriz.

Hay toda una historia tenebrosa porque siguen “desaparecidos” cerca de 4 millones de pesos de un fondo de ahorro y quién sabe cómo le vaya al saliente dirigente, que quizá debe rendir cuentas no únicamente ante sus representados, sino ante la justicia.

Pero el dato que quiere compartir Mirone, no tiene que ver con él, sino con quien lo desplazó en el cargo, ya que al parecer tiene su propio expediente negro.

Gilberto empezó su carrera en la UACJ como chofer del exrector Javier Sánchez Carlos. Como estudiante de Derecho fue acomodado en el Bufete Jurídico de la UACJ durante la gestión de Ricardo Duarte.

Fue ahí donde surgió la bronca. No andaba en las pachangas desenfrenadas o en los viajes a Mazatlán como Martínez Luján, pero se comenta que tiene en su haber una denuncia por falsificar firmas.

El tema de la falsificación de firmas en algún contrato se conoció en un juzgado Familiar. Ahí lo detectaron y procedieron a la denuncia, pero por alguna extraña circunstancia o algún arreglo, el Bufete Jurídico lo protegió y conservó la chamba, aunque el hecho pudo haberse constituido en delito.

Así se lo comentaron a Mirone: tan malo el pinto como el colorado.

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Quien salió muy bien librado de las grillas en el gremio de los comerciantes, fue Antonio Andreu, el juarense que funge como consejero nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Sin problema alguno y por unanimidad de los asambleístas, Toño fue ratificado como consejero, en la misma sesión en la que se aprobó la presidencia de Concanaco para Octavio de la Torre, en reelección.

El juarense que ya fue presidente local de Canaco y es político de colmillo retorcido y muy buena mano izquierda, podrá seguir haciendo gestiones por Juárez desde el organismo empresarial que más afiliados tiene.

Los 311 asambleístas fueron informados de la carta que mandó la Canaco de Camargo, en la que se solicitaba remover a Andreu y dejar el espacio en manos del presidente actual de Canaco en Juárez, Iván Pérez.

Se le dio entrada al tema para que nadie diga que no se atienden las peticiones, pero no pegó a la hora de la votación, así que quedó ratificado el mismo Andreu.

Incluso, se había comentado que había registro de asambleístas afines a Iván Pérez que estarían presentes para entrarle en vivo y en directo a la grilla, pero no llegaron y la fiesta se llevó en santa paz. Todos votaron por un segundo año más del juarense que también fue dirigente del PRI, diputado y presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

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Por terrenos morenos ha estado haciendo bastante ruido en la capital del estado, el nombre de Martha Serrano como aspirante a la candidatura para la alcaldía.

Con eso de que en la lista de candidateables hay puro chapulín, o de los llamados arribistas, ha prendido el proyecto de la aguerrida abogada que se asume como apoyadora del movimiento original de la 4T y ha estado particularmente cerca del senador Juan Carlos Loera.

Siempre está al pie del cañón para la talacha partidista, le entra también al activismo en redes y, sobre todo, apoya en cuestiones legales, tanto a los cuadros y militantes morenistas, como la gente, en las colonias.

Vinculada a los grupos de Los de Abajo en Chihuahua y la División del Norte en Juárez, su proyecto suena bien si se trata de darles su lugar a las candidaturas que sí han trabajado más por Morena y no por otras opciones partidistas.

No hay que olvidar que entre los que suenan como prospectos, están puras figuras que saltaron de otros partidos. Brenda Ríos, la diputada que viene del Partido Verde; Marco Adán Quezada, el exalcalde por el PRI; Miguel LaTorre, el exdiputado y expresidente del PAN y Miguel Riggs, hoy regidor por Morena pero que antes fue diputado por el PAN y candidato por Movimiento Ciudadano.

“Chihuahua requiere un cambio urgente. El hartazgo por los candidatos que andan saltando de partido en partido, buscando su beneficio personal, no lo podemos seguir permitiendo. Soy 100% Morena. #EsMartha”, compartió Martha en uno de sus mensajes en redes.

Particularmente se ha ido fuerte en contra de la diputada Brenda Ríos, de quien ha cuestionado el gasto excesivo y el origen financiero de infinidad de anuncios espectaculares en la capital del estado.