Todavía no acaban ni la grilla ni la polémica por los listados de candidatos a jueces y magistrados estatales, y ya viene otra más con la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cerrada la etapa de registro de aspirantes, fueron 25 quienes atendieron la convocatoria del Congreso del Estado, por conducto de la hoy muy polémica Junta de Coordinación Política.

Luego de la chamuscada que se dieron las fuerzas políticas en el Congreso, por su interés de sacar raja en el proceso judicial, esperaría Mirone que no siguieran atizando la hoguera del desencanto y la informidad, y dejaran sin manosear el proceso en la CEDH.

No hay buenas señales porque el listado trae demasiados perfiles políticos y porque campea el cinismo en el escenario, pero bien harían en el Congreso en cambiar la pichada y dejar que llegue un perfil técnico y experimentado en la materia, en lugar de estar pensando en pagar facturas o agandallar espacios.

Hay varias figuras muy cercanas al PAN y al PRI en la lista. Empezamos por Georgina Bujanda, quien ya fue funcionaria estatal en tiempos de Javier Corral Jurado y luego se volvió cercana a la gobernadora Maru Campos, ya siendo legisladora local.

En un momento fue enviada por Palacio a la Secretaría General de la UACH, pero ahí aventó el arpa y se regresó a su curul donde completó sus dos periodos, un tanto en la congeladora. Hoy está en la banca, pero si se registró, lo hizo porque ya trae los avales necesarios para buscar la presidencia de la CEDH, aunque no tenga experiencia en esa materia.

También está Ulises Pacheco, otro exfuncionario corralista que luego sería acercado al equipo en el poder por la hoy dirigente estatal, Daniela Álvarez. Ulises es director de Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Sí maneja la materia de Derechos Humanos, pero no deja de ser un perfil político, tanto así que hace un par de años intentó infructuosamente ganar la presidencia del Comité Municipal del PAN en Juárez. Perdió la elección interna frente a Xóchitl Contreras.

Tampoco se ve muy bien que esté yendo por todas, a ver en cuál pega el chicle. Y es que Ulises aparece también en los listados que ya pasaron los filtros y las insaculaciones, como aspirante a magistrado de una Sala Penal Regional. Se supone que ya tiene lugar en la boleta electoral; quién sabe si decline para la CEDH o se la pretendan dar de premio de consolación si no es verdaderamente la carta fuerte del PAN para la magistratura.

Además, aparece en el listado la priista Liz Aguilera García, quien llegó a ser diputada local en tiempos de César Duarte y hasta presidenta del Congreso. Antes de ese máximo cargo de elección popular, ocupó muchos otros, impulsada por el PRI, incluyendo una regiduría.

Hoy se mueve en la academia donde también tiene carrera, ya que cuenta con un doctorado en Administración por la UACH, en donde funge, desde 2022, como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.

Aparte de esos perfiles con vínculos a los partidos, hay quienes representan intereses en otros poderes, como el Poder Judicial. Así está el caso de Flor Alejandra Corral Requeje, quien es muy cercana a la saliente presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández. Ahí fue su asesora y luego comisionada especial como jueza de Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género.

Hay que decir que en el listado también hay perfiles que traen mucho camino recorrido en la atención a víctimas y en la defensa de los derechos humanos.

Uno de ellos es el de la jefa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien buscó la presidencia estatal el año pasado y más recientemente contendió por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Antes de encabezar la oficina de la Cedgh en Juárez, Zulay era la encargada de la Unidad de Igualdad de Género del mismo organismo.

En su larga trayectoria profesional, fue directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), titular estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres, coordinadora regional en Juárez del Instituto

Chihuahuense de las Mujeres y subcoordinadora del Centro de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia (Musivi) de Gobierno del Estado.

Por cierto, nunca en la historia de la CEDH, el organismo ha sido presidido por una mujer. Es tiempo de mujeres. Seguramente por ahí tendrá que venir la definición este año.

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A propósito de quienes aspiran a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ayer se reveló información escandalosa sobre una de las 25 personas aspirantes que atendieron la convocatoria del Congreso del Estado.

Hablamos de Victoria Laphond, quien es mujer trans y enfrenta públicamente señalamientos de acoso y agresión sexual en contra de otras mujeres.

La asociación civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses fijó un posicionamiento en contra de su postulación al cargo y reveló que varias mujeres, tanto mujeres cis, trans, como heterosexuales, han sufrido acoso y agresiones por parte de Laphond, pero nunca se había hecho la denuncia, ni públicamente ni ante alguna instancia prejudicial.

“Entendemos que esto desatará una ola de transodio de la cual no vamos hacernos cargo; sin embargo, de la lucha feminista hemos aprendido que la responsabilidad va en hombros de los verdader@s responsables y en este caso, lamentamos que sea una mujer trans la agresora”, señala el escrito publicado en redes.

El colectivo explica que, precisamente por evitar ser acusadas de transfobia al señalar públicamente a una mujer trans de acoso y agresiones, así como para evitar dañar el movimiento transfeminista, no se había hecho antes la denuncia.

“Por lo que desde ya manifestamos y declaramos públicamente que los actos insidiosos, reiterativos y lesivos de Victoria Laphond no nos definen por qué ella en sí misma, no nos representa. No lucha a nuestro lado y tras buscar el acercamiento, ella aceptó los hechos sin que se disculpara nunca con las víctimas, que sabemos que existen porque varias de ellas se nos han acercado para informarnos la situación y nos han manifestado los temores más arriba descritos”, indica el posicionamiento público.

En el escrito se destaca también la posibilidad de que ante la denuncia “el segmento TERF del movimiento feminista se vea validado en sus dichos provenientes de pánicos morales como acto carroñero para desacreditar una lucha genuina y nuestro espacio en el movimiento”.

Unión y Fuerza cuestionó que Victoria Laphond, a quien identifica como “reconocida activista chihuahuense” haya obtenido premios, becas y empleos por acciones afirmativas, aprovechando su condición trans. Laphond ganó el año pasado el Premio de Periodismo en Derechos Humanos (en categoría de plataforma digital) convocado precisamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Así que la polémica en torno al proceso de designación de la presidencia de la CEDH, corre por varias pistas.

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Hasta la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llegó el tema de los 94 aspirantes a las magistraturas que fueron rasurados en la lista que votó el pleno del Congreso del Estado para enviar al Instituto Estatal Electoral.

Un periodista de Chihuahua preguntó por la opinión de Sheinbaun respecto a lo que ocurrió en el Congreso cuando se pasó y se votó únicamente el listado para jueces previamente remitido por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

“Supongo que las reformas en los estados, y eso lo revisa Ernestina Godoy, para que cumplan con la reforma constitucional. Eso significa que tiene que haber candidatos y candidatas de los tres poderes, del Ejecutivo, del Poder Judicial de Chihuahua y del Legislativo y ahí pues deben de considerarse todos los perfiles”, respondió la mandataria.

“Y recuerden que es constitucional. Todos los Poderes Judiciales estatales, deben cambiar con el voto popular, a más tardar en 2027”, agregó.

Ernestina Godoy es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, precisamente a quien le corresponde, entre otras muchas funciones, revisar la constitucionalidad de normas y acciones jurídicas en los estados.

Así que bien podría leerse que está ahí una posibilidad de intervención con algún recurso de inconstitucionalidad por lo ocurrido con las listas rasuradas.

Aparte, están desahogándose los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía que fueron promovidos por varios de los aspirantes afectados por la mutilación de la lista de magistraturas o por otras omisiones de la Junta de Coordinación Política o el Pleno del Congreso del Estado.

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Quien siguió en sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum fue la gobernadora Maru Campos.

La mandataria chihuahuense firmó el posicionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) en respaldo al Gobierno de Sheinbaum y en contra de las medidas arancelarias decretadas unilateralmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Manifestamos nuestro respaldo al Gobierno de México en las acciones que emprenda para defender a los sectores productivos del país y proteger a los trabajadores y consumidores de ambas naciones”, señala el documento que fue firmado por las personas titulares del Ejecutivo en las 31 entidades, además de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Nos sumamos a su pronunciamiento sobre la relación entre México y Estados Unidos, la cual debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”, agrega el documento.

El desplegado en rechazo a la decisión de imponer aranceles de 25 por ciento a las importaciones mexicanas, fue publicado en redes sociales. La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo es la presidenta en turno de Conago, organización que ahora integra a mandatarios sin importar color partidista.

La Conago consideró que la medida impactará negativamente a la economía de ambos países “afectando el comercio, la inversión y el empleo en múltiples sectores”.

“México y Estados Unidos han construido, a lo largo de décadas, una relación comercial basada en la integración de cadenas productivas y en los principios de libre comercio establecidos en el T-MEC. La imposición de aranceles vulnera estos acuerdos y genera incertidumbre en los mercados, poniendo en riesgo la competitividad de América del Norte como bloque económico”, señaló el bloque de mandatarios que cerró filas en torno a la presidenta de la República.

Apenas en su informe público realizado el lunes en Ciudad Juárez, la gobernadora había hecho un llamado a la unidad frente a los grandes desafíos, para seguir acompañando a la Federación, en sintonía con la presidenta de la República.

A ver qué pasa el próximo domingo, cuando Sheinbaum anuncie en el Zócalo de la Ciudad de México, “medidas arancelarias y no arancelarias” para Estados Unidos.