A la ciudad no le sirve el conflicto. Menos cuando hay tantas problemáticas pendientes de resolver.
Eso de que los gobernantes se pongan la cachucha campañera de sus partidos políticos y les entre la fiebre rijosa y pendenciera, únicamente mete ruido innecesario a la relación interinstitucional; todo por una causa pasajera que tiene que ver con la pelea por los votos.
Lo anterior viene a cuento por la reacción de Oscar Ibáñez, el representante en Juárez de la gobernadora Maru Campos, frente al otro agarrón que lleva ya tres días, entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez.
El consejero de la gobernadora le entró al pleito. En el mismo sentido que Nevárez, aseguró que el alcalde únicamente busca distractores, ante las graves acusaciones de corrupción en su contra.
Ibáñez consideró que Cruz “salió con una cosa que ni al caso” al afirmar que el director de la JMAS y su personal hacen hoyos en las calles de la ciudad intencionalmente. También llamó al presidente municipal a ponerse a tapar todos los baches que hay en la ciudad, en lugar de buscar los que supuestamente abre la descentralizada estatal
Total que el representante de Gobierno del Estado Zona Norte prefirió ponerse en el papel de dirigente del PAN y entrarle a la dinámica electorera, en lugar de propiciar acuerdos entre los órdenes de Gobierno.
En lugar de mostrar la madurez que requiere su cargo, enseñó el rostro beligerante, movido por los resortes meramente coyunturales y electorales.
Está claro que no hay coordinación entre la JMAS y el Gobierno municipal. No lo muestran únicamente las últimas escaramuzas verbales. Ahí están, de tiempo atrás, las calles hechas garras porque simplemente no saben ponerse de acuerdo.
Lo peor es que no nada más están en juego todos los proyectos que deberían poner en sintonía a esas dos instancias, tampoco son capaces Gobierno municipal y Gobierno del Estado de armar agendas conjuntas por el bien de la ciudad.
Cada quién jala para su rancho e intenta llevar agua a su respectivo molino. Claro que, como siempre, los perdedores son los ciudadanos juarenses.
Por cierto que Oscar Ibáñez habló de corrupción municipal, pero nada dijo de la inacción de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente frente al cúmulo de denuncias presentadas en contra del alcalde Pérez Cuéllar, sus colaboradores y exfuncionarios.
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A propósito de la urgente coordinación, poner en marcha la ruta troncal del BRT-2 será todo un reto para los funcionarios estatales y municipales, ahora que ya están aquí los primeros 22 camiones nuevos.
El gran tema es “limpiar” o recuperar el carril confinado que se abrió al uso de los vehículos particulares, precisamente por presión del Gobierno municipal, ante la infraestructura que duró años en desuso y frente a la saturación de las vialidades.
En toda la ruta troncal que comprende la carretera Panamericana, avenida Tecnológico, el paseo Triunfo de la República y la avenida 16 de Septiembre, se han registrado 127 choques en lo que va del 2024, algunos dentro del propio carril confinado.
Así que deberán coordinarse muy bien autoridades de los dos órdenes de Gobierno para que aquello no se vaya a convertir en un caos, ahora que entren los nuevos camiones en operación.
Seguridad Vial del Gobierno municipal, la misma instancia que permitió el uso del carril confinado, deberá ahora meter orden para que la ruta funcione.
¿Habrá la suficiente voluntad política entre el Estado y Municipio para llevar a buen puerto este pequeño y a la vez gran avance en materia de movilidad? ¿O tendremos ante nuestros ojos, más que una solución, un nuevo problema que deberemos afrontar como ciudadanía?
Por cierto, la orden de que Seguridad Vial se coordine con las autoridades estatales de Transporte, habrá de darla ya el alcalde suplente Martín Chaparro, quien entrará en funciones el próximo lunes.
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Al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, ya no se le ve tan risueño como antes. De hecho, en su rostro se refleja la preocupación por los días venideros.
A lo mejor será porque se está concentrando en su campaña para relección que comenzará en breve, o tal vez, porque ya no ve lo duro, sino lo tupido, por las acusaciones de presuntos actos de corrupción en su administración.
Si usted bien recuerda, estimado lector, al alcalde se le salían los chistecillos y risotadas por las denuncias públicas y posteriormente legales en su contra. Pero de la risa ha pasado al rictus serio.
En este sentido, las acometidas que tuvo el alcalde durante esta semana por parte del Plan Estratégico de Juárez (PEJ), con la presentación de su informe “Corrupción Administrativa en el Gobierno Municipal”, fueron duras y a la cabeza.
El informe de la asociación civil llevó al presidente de Juárez de la risilla burlona que le caracterizó cuando compartió el video de los baches que le atribuye a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), a un arrebato de ira en el que soltó que se irá por la vía legal contra quienes asegura que “ya se están pasando”.
Pérez Cuéllar le ‘cantó el tiro’ a Sergio Meza, director del PEJ y al director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez, a quienes demandará. Al primero por daño moral y al segundo por daños al pavimento.
“Esto no se va a quedar así, independientemente del resultado (electoral)… los voy a demandar por daño moral”, dijo a los medios el pasado jueves.
El asunto de la relección se está poniendo al rojo vivo y eso que todavía no empiezan las campañas. Habrá que ver entonces en qué terminan las demandas, tanto las que ya han sido interpuestas, como las que están en camino de ser entregadas, tanto por el alcalde como por las distintas voces que han surgido hasta dentro de su propio partido.
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El problema de la falta de agua y las obligaciones que tiene México –y Chihuahua– con el Tratado Internacional de Aguas apenas comienza.
Un estudio elaborado por expertos en la materia, al cual Mirone tuvo acceso, nos indica que, a más tardar, el próximo 24 de octubre de 2024, sí, dentro de seis meses, México debería completar una entrega de mil 733 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua al río Bravo.
Esto, tomando en cuenta que el compromiso de aportación anual es de 432.5 Mm3. Sin embargo, solo se han pagado 460 Mm3, por lo que le debemos a la cuenta mil 237 Mm3.
No es una deuda que tenemos con el abonero del barrio, sino con un Gobierno nacional, como es el de los Estados Unidos de América, la potencia hegemónica mundial, pero también, con el poderoso estado de Texas, nuestro vecino.
El documento indica que, en 2025, culmina el ciclo quinquenal 36, en el cual se debería pagar un volumen total de 2 mil 160 Mm3.
Para entonces, será muy difícil de cumplir dado que la sequía está afectando severamente a los estados involucrados en el Tratado.
En el bienio 2020-2021, solamente fueron aportados, por el río Conchos, 75.4 Mm3, en tanto que en 2023 se abonaron 88 Mm3.
Esas cantidades están muy por debajo del promedio anual que debe aportar el Conchos que es de 251 Mm3
El panorama es desolador, porque –agrega el estudio– las condiciones prevalecientes de prolongada sequía en el norte del país, apuntan a que no habrá agua con qué pagar en octubre próximo.
Ese saldo se acumulará para el quinquenio 37. Entonces, de acuerdo al Tratado, sin pretexto alguno, se tienen que pagar los volúmenes pactados.
Aquí la pregunta es, ¿y si no pagamos? Pregúntenle a Ciudad Juárez, a la industria de exportación y a la comunidad fronteriza en general cómo nos fue el año pasado cuando hicimos enojar al estado de Texas.