No conformes con formar parte de la fracción más numerosa del Cabildo de Juárez, pero a la vez la más dividida, los regidores de Morena son también los menos transparentes, defecto que no comulga con los valores que tanto pregonan los mesías de la Cuarta Transformación.

Mientras los regidores del resto de los partidos que integran el Ayuntamiento han aportado toda la información que les han solicitado de la oficina de Transparencia, para dar respuesta a las preguntas ciudadanas, los silvestres morenistas y sus aliados del Partido del Trabajo se niegan a cumplir con esta obligación.

Los morenistas Antonio Domínguez Alderete, María Dolores Adame Alvarado, Mayra Karina Castillo Tapia, Ana Carmen Estrada García, Martha Patricia Mendoza Rodríguez y los petistas Pedro Matus Peña, Yolanda Cecilia Reyes Castro y Héctor Avitia Arellanes, integran el opaco grupo del Cabildo que se han negado a proporcionar su currículum vitae para la página oficial del Cabildo.

Por lo mismo, se desconoce de cada uno de ellos su trayectoria profesional, nivel educativo y aptitudes, que tienen obligación de aportar, desde el momento en que juraron respetar y hacer respetar la ley como miembros del Ayuntamiento.

Aunque no hay razón legal para que se nieguen a hacerlo, varios de ellos han salido con el infantil argumento de que lo hacen para proteger sus datos personales y su vida privada, cuando el hecho de que la ciudadanía conozca la preparación que tienen no implica más riesgo que exponerse al escrutinio público, si pecan de ignorantes o cuentan con una trayectoria manchada.

Si una de sus obligaciones principales es cumplir con la ley, y la de transparencia es una de las que deben respetar y no lo hacen, simplemente se están dibujando como regidores arbitrarios y prepotentes, ni más ni menos.

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Después de la tempestad viene la calma, dice el refrán, que aplica perfectamente al caso del excandidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, detenido y liberado con fianza de 500 mil dólares en el estado de Nuevo México, por autoridades federales que le fincaron cargos por el delito de fraude en la compra de una avioneta.

Como se recordará, el también exalcalde de Parral fue detenido durante la última semana de diciembre del 2021, pero hasta el día último de enero de este año trascendió la noticia y su versión, en el sentido de que se trataba de un “malentendido administrativo” en la compra de la aeronave.

El dirigente estatal del MC, el diputado local Francisco Sánchez, sostuvo la versión del político parralense, dando a entender, en conferencia de prensa, que muy pronto estaría en la entidad para aclarar los hechos, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

Fuentes periodísticas del vecino país confirmaron que «El Caballo» continúa libre bajo fianza, usando un brazalete para que no pueda salir de Nuevo México, hasta que la corte federal de Las Cruces inicie el juicio por el delito que se le imputa.

En el estado de Chihuahua, la dirigencia del movimiento naranja ha mantenido un silencio total, después de la primera defensa pública que hicieron al trascender la noticia, y se han negado a dar nuevos posicionamientos.

Por su parte, la dirigencia nacional de MC tampoco ha dicho nada sobre el caso, por lo que los grillos de café dan por hecho que con este pecadillo y “malentendido”, terminará la carrera política del «Caballo» Lozoya, quien pintaba para ser coordinador estatal del partido naranja en sustitución de Francisco Sánchez.

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A ver con qué cuento salen esta semana en la mesa de seguridad en torno a la violencia contra las mujeres en la entidad, que sigue al alza, pese a las cifras optimistas que se empeñan en presumir las autoridades estatales y federales, pero que nadie les cree.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, tres mujeres fueron atacadas en dos hechos diferentes en la capital del estado, sin que hayan sido detenidos los responsables, como ya es costumbre.

Una madre y su hija de 13 años fueron heridas a balazos cuando se encontraban en su casa en la colonia Genaro Vázquez, durante la noche del sábado. Ayer domingo, una mujer de 30 años fue asesinada en el interior de su domicilio de un balazo en la cabeza, en la colonia Granjas del Valle.

Si encuadran en el delito de feminicidio o en el de homicidios dolosos, es lo de menos. Aquí lo importante no es como se tipifican los hechos, sino la persecución y aprehensión de los asesinos, porque en el caso de las dos mujeres que sobrevivieron al ataque, corren serio peligro si no son protegidas con las medidas cautelares que establece la ley, que ya sabemos que las fiscalías las aplican por conveniencia, amistad o influencia, menos por urgencia.

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Personal sindicalizado de los Colegios de Bachilleres, maestros y administrativos, siguen en pie de guerra contra el director general Marco Licón, y ahora también contra su dirigente sindical Bernardo Hernández, a quienes acusan de haber firmado en lo oscurito y sin anuencia de la base laboral, acuerdos que en nada benefician al personal que ha luchado por mejores prestaciones.

Los inconformes, que pidieron la reserva de sus nombres para evitar que los lleven al patíbulo sindical, denunciaron que el secretario general del sindicato se reunió con el director general de los colegios, supuestamente para revisar condiciones laborales por las que había protestas, pero sin consultar a sus agremiados firmó acuerdos con Licón que no solucionan muchas carencias que tienen en sus prestaciones.

Los 14 acuerdos que se firmaron no tienen fecha de cumplimiento, por lo que siguen con un status incierto que en nada beneficia a los maestros y personal administrativo sindicalizado, como es el caso de la basificación.

Informaron que en el transcurso de esta semana exigirán al secretario Bernardo Hernández una reunión con todo el personal, para exigirle cuentas claras de los acuerdos que ha hecho tras bambalinas con Marco Licón.