El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial ya tuvo su primera prueba de fuego en Ciudad Juárez… y terminó en absolución.

Aquí dio Mirone la primicia sobre la primera suspensión temporal de un juez electo por voto popular, a raíz de una denuncia de su personal por supuestos malos tratos, lo que derivó en la intervención de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), dependiente del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

También dimos cuenta de la revuelta de jueces y juezas civiles y familiares que se armó en el Poder Judicial, particularmente en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Juárez, porque consideraron que la UIRA estaba actuando como la Santa Inquisición, dándole trato indigno al acusado y sin seguir el debido proceso; para empezar, porque ni conocía exactamente de qué se le acusaba y porque no se le concedió en tiempo su derecho de audiencia.

Hablamos de Alberto Hiram Arroyo, titular del Juzgado Tercero Civil por Audiencias, quien después de las denuncias de acoso laboral presentadas fue enviado al Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), y después al área de Lactancia que el Poder Judicial habilitó en los juzgados del eje vial Juan Gabriel.

Literalmente, fue castigado, sentado en un rincón de la parte más atrás de los juzgados y sin hacer nada, mientras la UIRA desahogaba la investigación.

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Pues terminó el proceso, y ese órgano bajo el mando del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió con la absolución del juez. Arroyo ya está de nuevo despachando en su juzgado.

Lo que trascendió en el Poder Judicial, es que la UIRA determinó que no se pudieron comprobar los malos tratos al personal y que él, como titular del juzgado, tiene facultades para dar las directrices que considere necesarias para que el trabajo salga.

A Arroyo se le fue encima buena parte del personal a su cargo, unos 8 de los 12 que le respondían, y por eso actuó de inmediato la UIRA, a partir de una queja inicial de alguien que no estuvo de acuerdo con acatar una instrucción específica que implicaba más carga de trabajo.

En la queja se habló de gritos, pero a final de cuentas el maltrato no se comprobó y se respetó el criterio del juzgador para organizar la chamba. Supo Mirone que, de cualquier manera, una parte del personal quejoso ya se cambió de juzgado.

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Con la resolución, las juezas y los jueces que le dieron calorcito a Arroyo sintieron que se hizo justicia, porque veían intención del Tribunal de dar una especie de escarmiento, con la idea de asustar a todos con el petate del muerto.

Claro que por el otro lado, en el juzgado hay personal que está inconforme con la resolución, porque consideran que la UIRA actuó indebidamente al no darle peso a los elementos de prueba presentados en la denuncia.

Desde esa visión, el Tribunal, con su mentada UIRA, de poca utilidad es para proteger al personal, además de que terminó empoderando más a las personas juzgadoras con esa absolución.

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Ayer que la presidenta de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, realizó su conferencia de prensa en Ciudad Juárez, soltó que se prevé que haya más de seis registros de aspirantes para la coordinación estatal de la defensa de la transformación, el cargo que derivará en la candidatura al Gobierno del Estado.

Todo mundo sabe que la pelea está bien cantada entre dos principales opciones: el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez.

Sin embargo, tampoco es secreto para nadie que habrá múltiples tiradores que intentarán hacer ruido por la grande, pero en realidad con la mira puesta en conseguir un espacio más abajo, ya sea la candidatura a la alcaldía o una diputación.

Y como ya se confirmó que no hay candado para que quien cumpla con los requisitos de la convocatoria se registre para cualquiera de los otros cargos, o incluso todos, no van a faltar tiradores.

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La jugada puede repetirse en otros municipios, pero si nos quedamos en Ciudad Juárez, ahí ya tenemos varios nombres a considerar.

Por Morena son al menos tres perfiles de bastante peso: el senador Juan Carlos Loera, la delegada Mayra Chávez y el coordinador de la bancada guinda en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada.

Además ya levantó la mano el expresidente estatal de Morena, el profesor Martín Chaparro.

Ahí ya van seis nombres y de puros morenistas, pero bien podrían aplicar la misma jugada algunas cartas que suenan para la capital del estado, como el caso del exalcalde y expriista Marco Adán Quezada.

Falta además considerar nombres que propongan los partidos aliados, tanto el PT como el Partido Verde.

Nada más como ejemplo, la diputada federal Lilia Aguilar ya hizo alguna declaración sobre el interés del regidor juarense Pedro Matus para ser considerado en la encuesta estatal, tratando de hacer ruido a partir de la idea de que es conocido en esta frontera y que Juárez representa el 40 por ciento del electorado estatal, lo que podría colocarlo en el escenario político.

Por el lado del Partido Verde también podría aparecer alguna carta bajo la manga, con nombres que después permitan negociar posiciones.

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El caso es que Verde y PT tienen derecho a proponer perfiles y ser tomados en cuenta.

Ya se verá cómo resuelve la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el ejercicio de depurar con sondeos previos la lista de prospectos, para que solo los seis perfiles mejor posicionados pasen a la encuesta oficial.

Si aplicamos los mismos criterios de posicionamiento que hasta ahora marcan el proceso por la gubernatura —la competencia cerrada entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, según las encuestas “comerciales” conocidas— la pelea en Juárez estaría entre Juan Carlos Loera y Mayra Chávez.

Claro que a la hora de los registros, fácilmente se puede prever que a nivel municipal también se rebase la cifra de seis aspirantes para ser considerados en la encuesta.

Además de Loera y Mayra, ya levantó la mano el diputado Óscar Avitia y nadie desconoce que la síndica municipal Ana Carmen Estrada también tiene su corazoncito, lo mismo que el diputado federal Daniel Murguía Lardizábal.

Igual que a nivel estatal, la lista crecería con las propuestas del PT y el Partido Verde. Incluso, no se descartaría la inclusión de la propia diputada Lilia Aguilar, quien ya ha mencionado que tiene interés en algún día ser alcaldesa de Juárez. Pedro Matus podría también buscar su inclusión en la encuesta municipal.

Habrá todavía mucho por ver durante los meses de junio, agosto, septiembre y noviembre, cuando se desahoguen todos los registros para las diferentes encuestas.

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En la “esquina sur” del Estado, la que da para el lado de Sinaloa, se libra una fragorosa batalla política, cuerpo a cuerpo, cara a cara, por el control del distrito, con todo y sus presidencias municipales y sus lugares aledaños.

No es poco lo que se juegan esos dos—o tres, o ya no sabemos cuántos—actores políticos que se andan peleando ese cremoso pastel electoral que representa la esquina que forman los municipios de Guadalupe y Calvo y sus vecinos del sur poniente del estado de Chihuahua.

Se trata —¡poca cosa!— de mantener, para unos, o recuperar, para otros, el control total de la región, hacer valer su peso en la toma de decisiones y decirle a la clase gobernante quién está ahora a cargo de ese intrincado punto de la geografía chihuahuense.

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Nos referimos a la disputa política entre PRI, PAN y Morena que se libra por retener el distrito electoral, tanto el federal como el estatal, y hacerse de los ayuntamientos de los municipios que lo integran.

A Mirone le vinieron a contar que la pelea va en serio, porque Morena controla hoy en día a Guadalupe y Calvo, el principal enclave político de ambos distritos, pero el PRI lo va a pelear como lo que es para su lánguida bolsa de capital electoral: el único distrito que podría ganar sin ir en alianza con el PAN.

En los nueve municipios que abarca el Distrito XX del mapa electoral local, uno —acaso el más importante— está en manos de Morena, con la alcaldesa Ana Laura González Ábrego haciendo las veces de lugarteniente de la 4T en la región.

Del lado del PRI, el exalcalde Julio César Chávez Ponce ya ni ha asomado la cabeza desde que su sucesora lo acusó de desviar 150 millones de pesos del erario municipal.

A falta de exalcalde, el tricolor ha mandado una batería pesada compuesta por el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez, diputado por el Distrito XXI con cabecera en Parral, y por el diputado Roberto Arturo Medina, a quien le toca defender el feudo, pues es el actual legislador por ese distrito.

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A la batalla política por Guadalupe y Calvo se ha sumado el panismo orgánico. Por un lado, Gilberto Loya, el “Capitán Centinela” que dirige la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sus reclamos porque no lo dejaron construir su base de operaciones en el antiguo penal del lugar, y las acusaciones que le han hecho en el sentido de que pasa más tiempo en Chihuahua que en su lugar de trabajo.

Para quien viva en las zonas urbanas del estado, podría sonar un asunto demasiado lejano, como para voltear a ver, pero tiene más sentido del que aparenta el hecho de ser un municipio y una demarcación electoral situada más cerca de Sinaloa y Durango que de Juárez.

Es uno de los pocos enclaves que le quedan al PRI, donde mantiene el control no solo de los distritos, sino también de algunos municipios.

Una derrota a manos de Morena podría representar la derrota definitiva del tricolor, al menos en el estado de Chihuahua.

Por eso, según le comentan a Mirone, el Distrito XXII electoral estatal, el Distrito IX Federal y la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo estarán en el ojo del huracán en la próxima elección.

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Un bonito round de tanteo fue el que se dieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, y el senador panista por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, en torno al llevado y traído tema de la inspección sanitaria del ganado.

El senador chihuahuense volvió a cantar la retahíla que ya hemos escuchado cada lunes y martes, de que Chihuahua no forma parte, al menos en términos ganaderos, del resto del país, porque su sanidad animal está a la altura de las grandes potencias mundiales.

Por lo tanto, ha dicho el legislador, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe regionalizar la inspección ganadera para evitar que Chihuahua “se junte con esa chuzma” de ganaderos del sureste del país que han “inundado” los corrales mexicanos con ganado infectado por el gusano barrenador.

Dicho sea de paso: la cantaleta más reciente fue de Mario Vázquez, pero la han traído de sonsonete todos los políticos prianistas del estado desde que estalló la crisis ganadera por ejemplares infectados con gusano barrenador.

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Sin embargo, lo que contestó el titular de la Sader a través de su cuenta de “X”, antes Twitter, no tiene desperdicio.

El seis de marzo pasado, Julio Berdegué se la devolvió en la cara al paisano senador blanquiazul: “Mario, está regionalizado desde el 15 de agosto de 2025”.

¡Uh! O sea que nuestro senador y dos que tres diputados locales del bloque PRIAN andan “un poquito” atrasados de noticias, o se han dejado ir como el Borras a hablar de un tema que debe tener alto rating entre los criadores de ganado del estado.

Lo peor no fue eso, sino el remate del “tuitazo” de Berdegué: “Infórmate antes de opinar. Saludos”.

La verdad, hasta acá se oyó la pedrada.

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Lo peor del caso es que Vázquez Robles no es el único desinformado, sino incluso el Legislativo estatal, que ha emitido puntos de acuerdo para exhortar al Gobierno de la presidenta Sheinbaum a “regionalizar” la inspección para detener el paso de ganado procedente del sureste.

Las arengas arreciaron en días pasados, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las acciones de control sanitario aplicadas por el Gobierno de Chihuahua.

Lo cierto es que desde el año pasado, para efectos de inspección sanitaria, el país se dividió en tres regiones.

La región norte, donde se encuentran Chihuahua y Sonora, dos de los principales exportadores de ganado, junto con Durango, Coahuila y Tamaulipas.

Esta región, según información de la Sader, tiene un estatus sanitario “avanzado”, con controles de enfermedades bovinas más estrictos y infraestructura para exportación.

Luego está una región intermedia, que incluye a Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí.

A esta región se le ha llamado “de colchón”, porque sirve para contener las importaciones procedentes de la región sur, que incluye a Chiapas, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y otras entidades “pintadas de guinda”, donde se tienen altos índices de garrapata bovina, brucelosis, tuberculosis y, por supuesto, el villano de la película: el gusano barrenador.

Visto así el mapa, parece una demarcación electoral: una zona norte, harto exigente, con dos entidades priistas, una panista y otra de Movimiento Ciudadano; luego la centro, donde están tres entidades panistas y una del Verde Ecologista; y finalmente la sur, absolutamente 4T.

Ahora entendemos por qué fue tan fuerte el zape en la nuca que Berdegué le acomodó a Vázquez.