Por lo visto, las recomendaciones de la CNDH son algo así como las llamadas a misa, porque al Instituto Nacional de Migración, el INM, le importó una pura y dos con sal enviar a Juárez a un funcionario sobre quien pesan graves señalamientos de violaciones a derechos humanos de migrantes indocumentados.
Se trata de nuestro nuevo titular de la Oficina de Representación del INM en el estado de Chihuahua, Jorge Alejandro Palau Hernández, quien tiene antecedentes de haber tratado, literalmente, a patadas a migrantes centroamericanos.
El episodio ocurrió en agosto del 2021, cuando Palau Hernández era director de la Estación Migratoria Siglo 21 del INM, ubicada en Tapachula, Chiapas, donde golpeó a patadas a migrantes que trataban de internarse en el país.
No obstante que fue exhibido en diversos medios de comunicación y que la fotografía tomada en el momento cuando le asesta tremendo patadón a un migrante se hizo viral, el Gobierno de la 4T le dio un “premio en efectivo” cuando lo designaron encargado de la Estación Migratoria de la Ciudad de México.
Después de aquellos bochornosos acontecimientos de Tapachula, trece migrantes acudieron a la CNDH a presentar una queja en contra de los agentes y el funcionario que los agredieron.
En su exposición de motivos, los quejosos indicaron que el hecho ocurrió en el puente Cuyamiapa, Huehuetán, Chiapas, la tarde del 21 de agosto del 2021, donde personal del INM los agredió con tal de detenerlos e impedir su avance por territorio mexicano.
En razón de esas quejas, la CNDH emitió la Recomendación No. 102/2021: “Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y al principio del interés superior de la niñez en agravio de personas en contexto de migración internacional que transitaban por el estado de Chiapas” dice el documento.
A pesar de la vehemencia de la recomendación, el tal Palau Hernández fue removido y colocado en puesto de privilegio en la Ciudad de México y ahora, como si la INM tuviera castigado a Juárez, nos lo manda para acá.
El “futbolista” funcionario de la agencia migratoria mexicana relevará en el cargo a Manuel Alfonso Marín, quien llegó a nuestra frontera apenas el año pasado, en reemplazo d Salvador González Guerrero, quien actualmente está detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.
Como se recordará, el funcionario ahora detenido enfrenta esos cargos tras los hechos ocurridos el 27 de marzo del 2023, cuando un incendio en la estación migratoria de Juárez dejó como saldo 40 víctimas mortales y 28 heridos.
O sea que, para “conmemorar” el primer aniversario de esa tragedia, el Gobierno Federal nos manda a un violador de los derechos humanos, quien no tiene empacho de usar la fuerza bruta –¡y qué bruto! –contra las personas que pasan por el país sin documentos que permitan su legal estancia en él.
Bonito regalo de “cumpleaños”: no se ha hecho justicia a los agredidos de Chiapas, tampoco a los familiares de las víctimas de aquel incendio, y ahora nos mandan a este “brutal” contenedor de migrantes.
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Muy dadivosos se han vuelto en el Ayuntamiento juarense a la hora de aprobar la entrega de apoyos o subsidios para particulares, organismos gremiales y asociaciones.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la mayoría de los regidores, terminan regalando discrecionalmente los recursos que le pertenecen a todos los juarenses. Y es que no existe regla alguna de operación para la entrega de ese dinero público, ni se publican convocatorias abiertas para todos.
Tampoco se conocen públicamente evaluaciones de resultados o auditorías específicamente realizadas a ese tipo de subsidios que no entran a algún programa presupuestal. Poca transparencia y rendición de cuentas, por lo tanto, mucho riesgo de corrupción.
No es nueva la práctica, pero sí parece acentuarse en esta administración, sobre todo ahora que ya estamos entrados en tiempos electorales y prevalecen el clientelismo y los afanes de comprar voluntades y, de pasadita, hacer algún negocio.
En sesión de Cabildo de ayer se aprobó la entrega de 4 millones de pesos, una cantidad bastante considerable, para ser otorgada directamente a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) que preside el hotelero Rogelio Ramos.
Ramos, integrante del “club” empresarial que se reparte en Juárez las posiciones y los espacios de representación en cámaras, organismos de consulta, fundaciones y fideicomisos, hizo la solicitud del recurso para la organización en Juárez del “Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Empresarias”.
Antes de la votación del Ayuntamiento en Pleno, la comisión de Hacienda dictaminó a favor con el argumento de que “se pretende proyectar a la ciudad a nivel internacional y generar una imagen positiva con las personas que asistan al evento, y su labor en mantener la unidad, armonía, desarrollo de nuestra fraternidad y por ende en nuestra ciudad”.
Únicamente la regidora de Morena, Cecilia Reyes Castro votó en contra, ya que consideró desproporcionado el apoyo y fastuoso el evento. También estuvo en desacuerdo la síndica, Esther Mejía Cruz. No tiene derecho a voto, pero hizo uso de la voz y habló de otras prioridades en salud, cultura, juventud e infraestructura para la ciudad.
Sin embargo, prevaleció el argumento del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en el sentido de que hay que quitar “el estigma” que “carga” la ciudad, lo que se puede lograr promoviendo la visita de personas de otros estados o incluso de otros países, “para que se lleven la verdadera imagen de Ciudad Juárez”.
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Hubo todavía una cereza en el reparto del pastel. Se aprobó otro subsidio más de 504 mil pesos, solicitado por la Asociación Ganadera Local de Ciudad Juárez, encabezada por Alfonso Deandar Duarte, para la compra de 42 toros para mejora genética.
Los pobrecitos ganaderos que representa Deandar, ya habían recibido en octubre del 2023, un subsidio de un millón 200 mil “del águila” para comprar 100 toros en favor de igual número de socios. Así que no todos alcanzaron y pidieron más.
En aquella otra sesión de Cabildo se aprobaron apoyos de 385 mil 600 pesos para la realización del ‘CXXXV Consejo Masónico Nacional’, y de 90 mil pesos para que un promotor privado organizara el ‘Amazonas Jrz Fest Vol. 2′.
Aquí sí votaron todos a favor. Ahora sí que el alcalde y los regidores salieron muy buenos para repartir el dinero que no es suyo, y lo siguen haciendo sin reglamentación alguna, discriminando a unos y favoreciendo a otros, incluyendo como beneficiarios a los perfiles empresariales.
Mientras, la ciudad arrastra carencias que están a la vista de todos, con calles sin pavimentar o destrozadas, deficiente cobertura de alumbrado, parques abandonados, semáforos descompuestos o fuera de sincronización, sectores sin patrullaje policial y muchos otros atávicos rezagos de infraestructura y equipamiento urbano.
Había un tercer subsidio agendado y ya dictaminado a favor, pero a última hora fue bajado del orden del día por la coordinadora de la Comisión de Hacienda, la regidora Ana Estrada. Ahí surgieron más dudas, pero ya tenían pensando entregar 700 mil pesos para un ente privado, una empresa identificada como Guerrero Larrea Estudios y/o Evo Estudios que producirá un videoclip musical titulado ‘¡Que viva Juárez!’.
La justificación en el dictamen era que tenía el objetivo de “promover la identidad juarense y fomentar un espíritu de unidad”.
Además, se había señalado que la empresa se comprometía a ceder el uso del tema musical al Municipio.
Quién sabe para qué habían pensado gastar más en eso, cuando el Gobierno Municipal destina muchos millones de pesos a las coordinaciones de Redes Sociales y Coordinación de Comunicación Social que producen o pagan por producir distintos contenidos de ese tipo, como ocurrió ya con el proyecto “Juárez Número Uno” que también tiene su video oficial.
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En el gremio abogadil y entre los auténticos juristas que ya vieron pasar mejores momentos del Poder Judicial del Estado ya es comentario del día la notable actividad político partidista de diversos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Contrario a lo que debería ser un órgano jurisdiccional: apolítico, apartidista e imparcial, estos actores del “nuevo sistema judicial” no tienen el menor recato en participar en actos proselitistas, expresar abiertamente juicios de valor a favor de unos y en contra de otros, y hasta proferir insultos contra los que no comulgan con su ideología.
El caso más notable, por supuesto, es el del magistrado Luis Villegas Montes, quien no tiene empacho en insultar a los militantes del partido Morena, a sus simpatizantes y, desde luego, a los funcionarios emanados de esa corriente ideológica.
“Deben ser muy imbéciles en Morena”, declaró recientemente a un medio digital de la capital, en referencia a la incorporación del exgobernador Javier Corral Jurado al equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Antes, había calificado de “estupideces” a los argumentos del agente del Ministerio Público que llevaba la causa penal contra la gobernadora Maru Campos. Cierto, esa causa se desechó por improcedente, pero esa descalificación despectiva no le correspondía a un integrante del Poder Judicial.
El caso de Villegas no es el único. También está el del hijo del dirigente estatal del PT, Rubén Aguilar Jiménez, quien ahora ostenta un cargo de primera importancia y que pataleó hasta donde pudo para que lo pusieran de magistrado.
Cosa parecida sucede con Fernando Mendoza, quien ya logró que le pusieran “su sala” y, por consiguiente, su magistratura. Los méritos del nuevo magistrado se inscriben más en su militancia priista, su pasado duartista y su cercanía con la actual dirigencia nacional del partido tricolor.
Y eso que nos salvamos de que le dieran “su sala” a María Ávila Serna, quien al momento de aplicar para la Cuarta Sala Regional de Juárez, cuando todavía era dirigente del partido Movimiento Ciudadano.
¡Ah, pero cómo le movió Adriana Terrazas, presidenta del Congreso, para que la bancada del PAN la colocara en ese envidiable puesto!
Sin embargo, el examen que presentó ante la Comisión del Congreso que analizaba los perfiles de los aspirantes fue tan penoso, que ya no hubo ni cómo ayudarle. Que si no, ahí tendríamos a una señora dirigente política investida además de magistrada. ¡Qué tal!
Recientemente, las agrupaciones Colectivo de Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional radicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral demandaron la salida de Villegas Montes, pero además de Carlos Alberto Lascuráin, militante del PAN a siete suelas, y de Luis Rubén Maldonado, activista electoral del PRI.
Por lo visto, ese TSJ es lo que quieran: oficina de colocación, agencia de promoción electoral o sitio de honor para “grillos” de profesión, menos un lugar para hacer carrera jurídica.