Fuentes mironianas nos han informado que el nuevo encargado del despacho del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Andrés Quevedo, llegó a su puesto con la escoba en la mano, barriendo a los malos elementos de la dependencia.

Fueron seis los agentes que ayer fueron separados definitivamente de sus cargos, sobre los que pesan varias irregularidades y quejas constantes de maltrato a la ciudadanía y a los migrantes, pero que insólitamente se mantenían en sus posiciones, tolerados por el contraalmirante Salvador González, el ahora tristemente célebre huésped del Cherry Inn.

Aunque el funcionario que entró al relevo ha guardado silencio al respecto, trascendió entre los oficiales destacamentados en las oficinas del puente de la Lerdo, que hay tal incertidumbre en el personal, que muchos están pensando seriamente en renunciar, antes que los agarren con los dedos en la puerta y terminen en prisión.

Es la primera vez en la historia del Instituto Nacional de Migración de Juárez, que titulares y personal son vinculados a proceso penal, y el temor ha hecho presa a la plantilla de agentes y empleados administrativos.

Tan es así, que en los pasillos de las oficinas federales corre el insistente rumor de que hay otros 40 elementos en capilla, mismos que podrían ser llamados a cuentas, o simplemente causar baja por faltas administrativas.

Quevedo tendrá que administrar la dependencia en medio de la tormenta y de las especulaciones que mantienen paralizados a los empleados, considerando que, a nivel nacional, ya se habla de la desaparición del Instituto para convertirlo en una Comisión, o sea, la misma gata nomás que revolcada.

El funcionario participó ayer en la primera Mesa de Seguridad, y aunque no dijo nada de la limpia que comenzó en el INM, sí le pidieron que la dependencia federal tenga más vinculación con las autoridades estatales y municipales, para realizar un trabajo en conjunto.

Hasta ahí las buenas intenciones que no resuelven de fondo el grave asunto de los migrantes.

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De ser ciertas las cifras que ayer manejó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, en el sentido de que en Juárez están varados más de 30 mil migrantes, principalmente venezolanos, se confirmaría que el problema humanitario está fuera de control de las autoridades federales, que le están dejando el paquete al Estado y al Municipio, para que se las arreglen como puedan.

Si, por un lado, el jefe de la Policía Estatal dice que ese número seguirá creciendo, porque continúan llegando migrantes todos los días, y por otro, el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, asegura que los grupos criminales los están reclutando para sus ilícitas actividades, estamos hablando de una crisis de proporciones gigantes, que se suma al ya serio problema de seguridad pública que padecemos en la ciudad.

Aunque son apenas dos los eventos violentos recientes en los que se han visto involucrados algunos venezolanos en el centro de la ciudad, no hay que olvidar las dos movilizaciones que realizaron en el puente internacional Paso del Norte de la avenida Juárez, y la actitud agresiva que mostraron frente a la prensa contra los oficiales del CBP y de la Patrulla Fronteriza, que los contuvieron en la línea divisoria.

O sea, no es uno, ni son dos, sino cuatro los hechos de violencia protagonizados por la población migrante, que han captado la atención pública y despiertan temor en la población juarense, que en un principio los veía con conmiseración y ahora con recelo, porque por unos cuantos que generan problemas, la llevan todos.

En la memoria colectiva aún están presentes las historias sobre fondas de comida criolla, escuelas de baile y hasta servicio de limpieza que migrantes cubanos establecieron en el centro de la ciudad, para sobrevivir durante su estancia en la frontera.

Ellos, a diferencia de los venezolanos, nunca estuvieron en los cruceros, ni dormían en parques o en la vía pública, porque se agrupaban para rentar un cuarto o se iban a los albergues.

Ahora, con 30 mil migrantes que no pueden ser atendidos en los albergues, porque están rebasados, y que deben ser tratados con pincitas, porque los derecho humanistas salen a justificarlos, aunque se trate de personas que no respetan nuestras leyes y reglamentos. Sería muy positivo que estas organizaciones defensoras de los migrantes hicieran presión en el altiplano, para que la federación asuma, de una vez por todas, su obligación y responsabilidad en el tema.

En las condiciones actuales, los más beneficiados con la crisis migrante son los grupos criminales, que encuentran en los migrantes materia prima para sus malandrinadas, ya que se trata de personas que son invisibles para las autoridades, porque nadie los conoce y no tienen identidad ni arraigo en la ciudad.

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Tremenda forma de perder el tiempo y no desquitar lo que ganan exhibieron ayer los diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, que “tuvieron a bien” dictaminar sobre tres iniciativas de reformas a la Ley de Ingresos que ya eran obsoletas, porque fueron presentadas desde el 2022 por los ayuntamientos de Ignacio Zaragoza, Cusihuiriachi y Ahumada.

Es decir, las autoridades de Ignacio Zaragoza pidieron en mayo del 2022 la modificación de la Ley de Ingresos para no pagar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), mientras que las de Cusihuiriachi lo hicieron en julio para modificar las tarifas de uso de suelo, y Ahumada, en octubre, para aumentar los costos de las licencias de construcción.

Por lo visto, esas iniciativas se guardaron muy bien en el cajón de los olvidos, hasta ayer que los legisladores tuvieron tiempo para revisarlas y emitir un dictamen que, obviamente, fue negativo por el simple hecho de que perdieron vigencia y no había materia para aprobarlos.

Eso sí, formalizaron con todas las de la ley su “oportuna” resolución citando: “Dictamen con carácter de acuerdo, por el que se determina que no son de aprobarse las iniciativas identificadas con los números 1037, 1146 y 1305, presentadas por los HH. Ayuntamientos de los Municipios de Ignacio Zaragoza, Cusihuiriachi y Ahumada, respectivamente, que pretendían reformar sus Leyes de Ingresos, para el Ejercicio Fiscal 2022, en diversos rubros.”

Lo bueno fue que las iniciativas eran para modificar la Ley de Ingresos de cada municipio, y no para gestionar apoyos en materia de salud de esas poblaciones, si no, ya tendrían serios problemas de salud pública por la pachorrodudez de los indolentes diputados.

Por todo eso, a los integrantes de la comisión, Luis Aguilar, Andrea Flores, Edgar Piñón, Benjamín Carrera, América García, Marcelino Carreón e Ismael Rodríguez, ahora les llaman el grupo de los lentos, por no decirles más feo.

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Chismosones mironianos chihuahuitas, confirmaron ayer que la diputada federal Daniela Álvarez, desistió no solamente de sus aspiraciones por la alcaldía de Juárez, sino también por la senaduría, y ahora apunta sus banderas por la diputación del quinto distrito electoral local.

Daniela había asegurado en ediciones anteriores a este irredento escribidor, que iba con todo por la senaduría, que también la quiere quien fuera su media naranja por 12 años, Mario Vázquez, actual secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Sin embargo, hubo cambios en la pichada y del dugout blanquiazul la mandaron a batear en corto, por una diputación local, donde el panismo ha sido tradicionalmente invencible.

Por lo mismo, nos comentan, Daniela ya les pidió en el Comité Estatal del PAN, que dejen de medirla en las encuestas mensuales, porque no va ni por la alcaldía ni por la senaduría, y les deja el campo libre a Marisela Terrazas y a su ex, respectivamente.

Al parecer fue convencida por la inquilina de Palacio de jugar por un distrito seguro, para posteriormente integrarse al gabinete estatal en alguna secretaría, en el segundo periodo del gobierno marucampísta.

Lo cierto también, es que en las mediciones aparece en primer lugar el fiscal César Jáuregui y Daniela en cuarto lugar, lo que terminó de convencerla de que más vale pájaro en mano, que ver cientos volar y entonces irá por un distrito que todos los panistas quieren.

Por ello, el que debe estar muy cabreado y echando lumbre por los ojos, es el regidor Joob Quintín, quien juraba y perjuraba que sus compas de Palacio ya le habían prometido la candidatura por el 5º distrito, pero se le olvidó que en política las promesas son como las cajas chinas: simples distractores.