Históricamente, Ciudad Juárez ha sido foco nacional y hasta internacional por ser de distintas maneras frontera emblemática del fenómeno migratorio.

No podía ser la excepción cuando ha asumido por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y las expectativas se centran en las deportaciones masivas, el cierre total de la frontera a las personas migrantes indocumentadas, la cancelación de programas y los procesos de asilo.

Luego de cinco días de su toma de protesta, las deportaciones son las mismas de siempre, al menos por esta frontera. No hay ningún elemento, todavía, para hablar de deportaciones masivas.

El jueves, un grupo de 80 mexicanos fueron expulsados por el puente internacional Paso del Norte y luego resguardados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde se les entregó un documento de repatriación.

Se pudo conocer que fueron detenidos en distintos puntos luego de cruzar la frontera e intentar internarse a Estados Unidos. No venían expulsados del interior, ni habían sido detenidos en redada alguna. Periodistas nacionales y extranjeros han seguido los diferentes sucesos en esta frontera.

La mañana del viernes, se publicaron imágenes que mostraron a migrantes esposados, abordando un avión militar de Estados Unidos en Fort Bliss, Texas.

“Los vuelos de deportación han comenzado”, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta oficial de X.

Leavitt adjuntó a su comentario fotografías que documentaron el operativo.

No se proporcionó ningún detalle adicional sobre el destino del vuelo para conocer hasta dónde fueron trasladadas esas personas en condición de movilidad.

Aparte, en otra publicación en X por parte de la Casa Blanca, se compartió un video que muestra a varios helicópteros militares arribando al muro fronterizo.

Se pudo observar el descenso de los marines, quienes toman sus armas y se despliegan en varios puntos. Tampoco en este caso se proporcionó mayor información y no se señaló los lugares exactos donde se realizó el operativo, ni cuántos agentes se movilizaron.

Lo que sí se aprecia en el video es que la imágenes no corresponden a la frontera Juárez-El Paso.

También ayer, se pudo documentar que en el cruce internacional Jerónimo-Santa Teresa, un grupo de deportados venezolanos abordó dos autobuses para ser traslado a una estación migratoria mexicana y luego facilitar su regreso a su país de origen. Sin embargo, también se trató de una acción ordinaria, como las que se realizan cada semana.

El zar fronterizo Tom Homan dijo desde el martes, un día después de que Trump asumió en la Casa Blanca, que las deportaciones habían iniciado.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está ahí afuera haciendo cumplir la ley hoy en operaciones. Las deportaciones comenzaron hoy”, explicó a CNN.

Trump prometió deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. Estimaciones recientes ubican el número de personas sin estatus legal o con protección temporal contra la deportación (porque están bajo trámite) en casi 14 millones. En la década anterior se hablaba de 11 millones de “ilegales”.

Más de la mitad de los migrantes que están sin autorización han permanecido en Estados Unidos durante 10 años o más. Y los mexicanos son, por mucho, el grupo más numeroso de personas que viven en el vecino país sin autorización.

Por lo pronto, en un reporte del viernes, se informó que desde el lunes, día de la toma de posesión de Trump, se habían registrado 538 arrestos de indocumentados y 373 detenciones.

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En su primer día en el cargo, Trump declaró una emergencia nacional para proteger la frontera sur de Estados Unidos de la “invasión” de “migrantes ilegales” y encargó a las Fuerzas Armadas de su país a que ayudaran en la seguridad fronteriza.

Además, ordenó el despliegue inmediato de mil 500 militares a la frontera con México para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en labores logísticas y burocráticas para controlar la migración.

También fue aprobado que las autoridades de migración arresten a personas en lugares sensibles como iglesias, escuelas y sus alrededores.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común”, se plasmó en comunicado oficial.

Cuando el zar fronterizo fue cuestionado respecto a dónde comenzaron las redadas de migrantes, no dijo un lugar específico y aseguró que las redadas son contra migrantes irregulares con antecedentes penales.

“Si el ICE encuentra personas que no tienen antecedentes penales pero que están en el país ilegalmente, también serán arrestadas”, indicó el funcionario.

Otro hecho es que Trump terminó con la política de solicitar asilo en la frontera con México, al clausurar las citas electrónicas para aspirantes a refugiados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), anuló desde el lunes 20 la aplicación CBP One.

La plataforma facilitó la entrada de casi 1 millón de personas desde enero de 2023.

Decenas de miles de citas que estaban programadas hasta febrero fueron canceladas.

La noticia sacudió a personas migrantes extranjeras y mexicanas que en Juárez, ese día se quedaron a unos pasos de acudir a su cita y ya no pudieron cruzar el puente Internacional Paso del Norte. La notificación de la cancelación llegó hasta sus teléfonos celulares.

Fueron dramáticas las escenas de quienes vieron de esa manera cancelada su esperanza de lograr asilo político en Estados Unidos, luego de huir de sus lugares de origen, ya sea por las condiciones de pobreza y falta de oportunidades, por persecución política o por la violencia vinculada con pandillas o con el crimen organizado.

La Administración Biden había creado la aplicación CBP One para que los migrantes programaran una cita para cruzar, precisamente con el objetivo de disuadir los cruces ilegales.

La plataforma CBP One era un sistema que otorgaba mil 450 citas al día en uno de ocho cruces fronterizos. Las personas entraban a Estados Unidos bajo un permiso condicional, un poder presidencial que el exmandatario Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente desde que se introdujo la medida en 1952.

Sus partidarios afirman que puso orden en medio del tumulto de los cruces ilegales. Sus detractores, como el propio Trump, que terminó cancelándola, consideran que operaba como imán para atraer personas a la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza unas 280 mil intentaban diariamente obtener uno de los mil 450 espacios.

Biden también creó vías especiales para las personas que huyen de las crisis humanitarias en Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania y Venezuela, y extendió la protección temporal contra la deportación para las personas de ciertos países a través de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

Aunque los migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través de estos programas seguían las reglas, hoy son blanco de la política restrictiva de Donald Trump.

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Muchas de las personas ocupantes de los albergues en Ciudad Juárez esperaban a su cita obtenida por CBP One. Ahora están aquí varados.

El gran problema es que al mismo  tiempo en que se detendrá ese flujo programado hacia Estados Unidos, se esperan las deportaciones masivas, mientras que seguramente seguirán llegando del sur más personas que piensan cruzar la frontera de cualquier manera.

En el escenario se plantea una crisis humanitaria como primer impacto. Afortunadamente se está desplegando un plan de contigencia desde el Gobierno Federal en los principales puertos fronterizos que eventualmente concentrarán los flujos.

En Ciudad Juárez, el albergue a base de megacarpas que utilizan estructuras metálicas y lonas desmontables, se habilita en los terrenos de El Punto, en la zona de El Chamizal. Tendrá capacidad para atender a 2 mil 500 personas. Se anunció un espacio posible más, en lo que era el viejo Galgódromo, junto al nuevo Hospital Regional No. 2 del IMSS.

Autoridades estatales y municipales tomarán algunas tareas de suministros básicos y servicios sanitarios y de salud, aparte de garantizar la seguridad para las personas en condición de movilidad y de los residentes de Juárez, en un operativo coordinado entre las corporaciones policiacas locales y las fuerzas federales.

Aparte, dentro del “Plan México Te Abraza”, el Gobierno Federal entregará a los deportados tarjetas Bienestar Paisano para que dispongan de 2 mil pesos que les ayuden a trasladarse a sus lugares de origen.

Las diferencias políticas y las coyunturas electorales habían complicado en otros momentos la coordinación interinsticional que hoy parece que se está concretando.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar participaron en la misma mesa y en tareas de supervisión de los avances en el El Punto, dieron muestra, al menos, de voluntad política, la misma que desde la Presidencia de la República ha mostrado Claudia Sheinbaum para articular la atención integral y colaborativa con gobernadores y alcaldes de todo el país, con independencia de su origen partidista.

Ojalá y no quedé únicamente en las formas y se dejen de lado los temas de mayor fondo y complejidad, además de considerar que el fenómeno migratorio no se reducirá a las deportaciones masivas, sino que estas se superpondrán a las otras situaciones y condiciones de movilidad que de alguna manera son “ordinarias” y tampoco se frenarán en automático.

Más allá de los espacios de acogida que deben atender necesidades básicas de alojamiento, alimentación e higiene, está el reto de garantizar la seguridad para los propios migrantes y la población en general.

La estrategia debe incluir acciones de contención y blindaje contra los grupos criminales, que por igual recurren a los secuestros y extorsiones de las mismas personas en condición de movilidad, que las reclutan para sus actividades criminales, aprovechando su vulnerabilidad.

La protección desde la vigilancia preventiva, pero también desde la investigación y la inteligencia policial, debe alcanzar las distintas rutas y los entornos de albergues oficiales y los que operan las organizaciones de la sociedad civil.

Hay una gran responsabilidad en garantizar una migración y una repatriación ordenada y segura que pase por implementar mecanismos de sobrevigilancia, para que no se violenten los derechos humanos y no se produzcan, fomenten o solapen actos de corrupción por parte de funcionarios e integrantes de las corporaciones policiacas.

Tampoco hay que olvidar el reto que implica para la ciudad, el lograr una mayor integración de las personas migrantes, especialmente en lo laboral, aunque también deben considerarse los mecanismos que garanticen que ningún menor en edad escolar sea excluido de la educación o de otros derechos básicos, como la recreación.

Si hay voluntad política para coordinar esfuerzos, incluyendo los que provienen desde la sociedad civil, es momento de pensar más allá de la atención humanitaria básica y poner sobre la mesa todas la ideas y todos los recursos posibles, para que los impactos de la migración sean también positivos y no únicamente negativos.