Tal y como se había anticipado, el nombramiento de César Gustavo Jáuregui Moreno como nuevo fiscal general del Estado, fue aprobado ayer en la sesión extraordinaria del Congreso con los votos del PAN, PRI, MC y PT, a pesar de la votación en contra de los diputados de Morena.

En la sesión quedó de manifiesto que el grupo parlamentario de Morena sigue obedeciendo la línea que les marca el delegado federal Juan Carlos Loera y así lo dejó ver en su mensaje de rechazo el representante de la fracción de Morena que habló en la tribuna, Óscar Castrejón Rivas.

Dos razones expuso como principales argumentos para negar su voto a favor, y las dos, fueron sobre las vinculaciones que se hicieron a Maru Campos con los expedientes que se le seguían a César Duarte; un discurso que tanto el funcionario federal como su amigo Javier Corral han mantenido en sus denostaciones contra el Gobierno del Estado.

Por lo agotado de ese tema en la opinión pública, el mismo diputado dijo “ya chole”, pero, no obstante, las mencionó como sus razones de peso para no apoyar el nombramiento de Jáuregui.

Sin embargo, al terminar su exposición dijo: “pero punto y aparte, aquí hay los votos suficientes y nosotros también deseamos que le vaya bien a Chihuahua, que desciendan los índices delictivos y que le vaya bien en la Fiscalía”.

O sea, no, pero sí. No te apoyamos César, pero sí te deseamos lo mejor, una soberana incongruencia en la postura radical de los legisladores de la 4T que quedó grabada para el recuerdo.

A pesar de la postura morenista, Jáuregui fue ratificado con 23 votos a favor y 10 en contra, rindió protesta para asumir de inmediato la papa caliente de la Fiscalía y poner en marcha la reestructuración de la dependencia que anunció el mismo día en que fue nombrado por la gobernadora.

Precisamente, esa mentada reestructuración que se espera en las 5 fiscalías regionales que tendrá a su cargo, generó que en la que corresponde a la Zona Norte corriera la versión de que el actual titular, Jesús “Lord” Carrasco, se irá el próximo viernes.

Empleados de intendencia se vieron muy afanosos barriendo y limpiando todas las instalaciones por lo que brincaron de inmediato las especulaciones de los cambios y hasta hubo quienes se atrevieron a decir que Carrasco será sustituido por el abogado y exfiscal Carlos Manuel Salas.

Esto fue desmentido por el mismo Salas cuando le dijo vía telefónica a este columnista que “no me han informado nada, pero en cuanto sepa algo te aviso”.

Total, que el personal de la Fiscalía local ya come ansias para que el fiscalito se vaya.

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Otro asunto de relevancia que se abordó en la sesión del Congreso fue el primer informe del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, quien con “pincitas” abordó el tema de los migrantes y las condiciones de abandono en que se encuentran, en la frontera de Juárez, principalmente.

Apenas 21 miserables segundos les dedicó en su informe en la tribuna, con esta simple frase: “mención especial a la migración o movilidad humana, porque presentan alta situación de vulnerabilidad de sus derechos y necesidades más elementales”, dijo textualmente.

A diferencia del tema de la crisis penitenciaria del estado, al que le dedicó poco más de dos minutos, citando que la supervisión del respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario, es una tarea relevante de la Comisión, nada dijo de las acciones que realizan en favor de miles de migrantes varados en la frontera.

De la intervención de la CEDH en los 11 penales de la entidad, Armendáriz Loya enfatizó que realizaron un análisis y evaluación de la gobernabilidad que existe en estos, sobre la integridad de su personal y la estancia digna de los reos, que arrojaron resultados y propuestas de mejoría.

O sea que, la Comisión encargada de los Derechos de las personas vio con lupa las condiciones en que viven los reclusos sentenciados o en proceso por haber infringido la ley, y por encimita solamente, el problema de los extranjeros desplazados, que reclama urgente atención humanitaria porque hay niños, niñas, mujeres y adultos mayores sufriendo en la calle.

Podrá argumentar en su favor que la solución al asunto migrante es de competencia federal, pero entonces, ¿dónde quedan las mejoras continuas que presumió para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas, con especial énfasis en favor de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad?

Los migrantes están en situación de vulnerabilidad e independientemente de su nacionalidad, también tienen derechos que deben ser respetados y defendidos.

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De la denuncia por violencia política que presentaron en los primeros días del año las regidoras loeristas Vanessa Mora y Cecilia Reyes Castro, en contra de sus cuatro compañeras de fracción edilicia de Morena, ya se desprendieron las primeras audiencias por parte del Tribunal Estatal Electoral.

Fueron los días viernes 20 de enero y el lunes 23, cuando vía zoom se realizaron las diligencias que no atendieron las regidoras Ana Carmen Estrada, Mayra Castillo, Patricia Mendoza y María Dolores Adame ni su compañero Antonio Domínguez.

Los cinco ediles desdeñaron las audiencias digitales y respondieron por escrito a las imputaciones que les hacen sus compañeras de partido y de fracción.

La denuncia por violencia política la formularon por haber sido marginadas de la fracción y negarse sistemáticamente a que participen con voz y voto colegiado en las sesiones del Ayuntamiento.

Este rechazo sistemático y público a Vanessa y Cecilia por parte de sus compañeras, se dio desde el año pasado con la división de la fracción de Morena en dos grupos: el que apoya el proyecto político de Juan Carlos Loera, donde están las denunciantes, y el que sigue leal al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que son la mayoría.

Después de las sesiones virtuales, la autoridad electoral dio por desahogadas las pruebas en contra de los cinco regidores morenistas y el asunto entró en su etapa de resolución.

De ser encontrados culpables de violencia política, las sanciones que se mencionan en el Tribunal Estatal Electoral, pueden ser, desde una disculpa pública en la misma sesión de Cabildo, una reparación económica por el maltrato y burlas que presuntamente recibieron, hasta la inhabilitación del cargo.

En las diligencias desahogadas, las ofendidas hicieron énfasis en el daño psicológico que les causaron, que las llevaron a soltar el llanto en plenas sesiones del Ayuntamiento.

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Por tratarse de un problema actual que no admite más demoras, el senador Rafael Espino de la Peña, ya se pronunció en favor de que la agenda legislativa 2023 aborde la iniciativa de la Reforma a la Ley de Agua, con la participación ciudadana y académica.

El senador de Morena fue muy preciso al señalar, que esa aportación de la ciudadanía y los académicos deberá darse a través de los parlamentos abiertos.

Esa inclusión en la agenda legislativa del tema del agua, podrá verse fortalecida por la instrucción que en días pasados dio el rector de la UACH, Luis Rivera Campos, a todos los investigadores de la máxima casa de estudios, para enfocar sus estudios y proyectos académicos solamente en dos temas: la crisis del agua y de los migrantes.

Son más de 300 investigadores con grado de doctor que pertenecen a la UACH, los que podrán aportar los resultados de sus investigaciones a la iniciativa de reforma, para enriquecer la ley y mejorar la planeación, administración, manejo y conservación del vital recurso.

Si en otros estados del sur este recurso les sobra, en los del norte como Chihuahua, se está agotando por el uso y consumo irresponsable. La crisis que sufrió el año pasado Nuevo León, es una prueba de la sequía que viene, si no existen regulaciones estrictas para la conservación del vital líquido.