Muy buen ejercicio se aventó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez al juntar a los candidatos a distintos cargos de elección popular en un mismo espacio.

Lo fuerte de la coordinación quedó a cargo del director Iván Lara Rendón, bajo la batuta del presidente en turno del CCE, Sergio Colin Chávez.

Estuvo bastante apretado el desahogo del ejercicio, con una hora para los candidatos al Senado, otra más para algunas de las diputaciones federales y una tercera para los candidatos a la alcaldía.

Los candidatos tuvieron un minuto para exponer sus iniciativas o propuestas de cada cuatro temáticas distintas, por lo que las participaciones estuvieron un poco más correteadas que en los debates presidenciales.

Pero como quiera se cumplió el objetivo de hacerlos comparecer y poner a prueba su capacidad de abstracción y de dominio de las problemáticas que aquejan a Juárez en temas sensibles como la seguridad, la migración, la distribución fiscal, la educación, la infraestructura urbana o la transparencia, entre otros.

Claro que, aunque no se trataba de un debate propiamente, las puyas y las acusaciones que actualmente cruzan las campañas políticas no podían faltar.

Por ejemplo, no se salvó Cruz Pérez Cuéllar, el candidato de Morena a la alcaldía, de los señalamientos de corrupción. El cierre de Rogelio Loya, el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD fue precisamente un llamado a terminar con la gestión de quien tiene “el récord de corrupción”.

La candidata de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía incluso lo comentó más veces que el contendiente panista e insistió en que si sigue la gestión de Cruz no habrá “dinero que alcance para tanta corrupción”.

Desde luego que Cruz se defendió de “la campaña de desprestigio” y mantuvo su fuerte discurso contra la Administración estatal de Maru Campos a la que acusó de tener un profundo desprecio por Ciudad Juárez y de ser miserable en el reparto de la inversión pública.

Lo anterior ya se esperaba y de alguna forma estaba en el guion obligado. Pero quien en cierta forma resultó una revelación, fue el candidato del Partido Pueblo, Jaime Flores Aguirre, el influencer conocido como Máquina de Fuego.

Les puso una visión sociológica a sus intervenciones, sobre un eje transversal de participación ciudadana y crítica hacia la clase política tradicional. Incluso cerró con un regaño a las candidaturas de Rogelio Loya y Esther Mejía, quienes debieron recurrir al uso de las tarjetas en sus participaciones.

Aunque la participación de los candidatos a la alcaldía cerró el evento, el arranque con los aspirantes al Senado tuvo un poco más de pimienta en el dos contra dos. Andrea Chávez y Juan Carlos Loera por Morena y sus aliados, contra Daniela Álvarez y Mario Vázquez del Frente Amplio por México.

Y eso que Andrea claramente llegó con la estrategia de mostrar un rostro más amable y menos beligerante que el de su discurso durante toda la campaña.

Respecto a Loera, aunque conoce al sector empresarial porque ahí se mueve, se notó que no necesariamente les fue a decir lo que querían escuchar. Prefirió defender con todo el proyecto de la 4T y destacar lo que considera son algunos mitos sobre supuestos impactos negativos de la política económica.

Tanto Mario como Daniela aprovecharon bien el tiempo para cargarle la mano al Gobierno federal al que acusaron de desatender a Chihuahua en múltiples rubros, como la educación, la infraestructura urbana y carretera, o incluso la migración.

Como ha ocurrido durante toda la campaña, Álvarez defendió la gestión de Maru Campos, sobre todo después de que Loera y Andrea le soltaron varios reclamos, ya fuera por no acudir a la Mesa de Seguridad o por no darle a Juárez lo que le corresponde presupuestalmente.

Rápido se pasaron los tiempos en el ejercicio, por lo que tanto participantes como asistentes al encuentro, se quedaron con ganas de un debate más amplio. Al menos en cuanto a la alcaldía, ahí viene ya, para el viernes 17 de mayo, el debate oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral.

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Tremenda zarandeada la que se llevaron el fin de semana pasado los elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, cuando intentaron poner orden con el operativo “Rápidos y Furiosos” y terminaron literalmente cacheteados por una turba de clubes de automovilistas.

Como ocurre cada que se les da la gana, cientos de jóvenes se reúnen en estacionamientos de centros comerciales, en las orillas del parque El Chamizal y en algunos otros puntos al sur de la ciudad, para presumirse sus ‘ranflas’, pero también para organizar carreras y distintas suertes peligrosas con los automóviles.

Debido al riesgo que se presume pueden provocar, es que Seguridad Vial acude de vez en cuando a leerles la cartilla o incluso a decomisarles los automotores irregulares.

Así lo intentaron hacer el domingo en el estacionamiento de un centro comercial en la avenida De las Torres, y otro más, en la avenida Tecnológico, donde las cosas se salieron de control y los elementos viales sacaron la peor parte.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo un agente queda colgado de una puerta mientras intenta detener al conductor de un automóvil de color verde fosforescente, quien lejos de detenerse, acelera, poniendo en riesgo la vida del elemento.

El profe César Tapia, titular de Seguridad Vial, confirmó las agresiones que vivieron sus muchachos. A uno de ellos, los amantes de los arrancones lo tundieron a cachetadas, además de dañar una patrulla a pedradas.

En esas reuniones es común el consumo de bebidas embriagantes. Una gran cantidad de los que se concentran son menores de edad, de ahí la preocupación del profe Tapia, de que algún alucinado se ponga a hacer ‘ceritos’ y provoque una tragedia.

Por lo pronto, la falta de respeto a los uniformados, ya obligó a Tapia a pedir apoyo al hermano mayor, la Policía Municipal, que se sumará al operativo “Rápidos y Furiosos”, para evitar que se sigan suscitando las agresiones. Esperemos que no salga peor el remedio que la enfermedad.

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El Gobierno de la República salió magullado, raspado y hasta podríamos decir que arrollado por el informe sobre el Covid-19 elaborado por el grupo denominado “Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México”.

Al margen del mar de cifras y consideraciones que se pueden encontrar en el texto de más de 400 páginas, destaca una oración que bien puede resumirlo todo: “La muerte de muchas personas era evitable”.

Y esas “muchas personas” son, en efecto, más de las que contaron los Gobiernos de todos los niveles cuando estábamos enfrentando el Covid-19, según el mismo informe.

Si bien el mundo entero tuvo lo que en sistemas de estadística se le llama “exceso de mortandad” durante los años de la pandemia, México se llevó las palmas en ese departamento, con 807 mil 720 fallecimientos “de más”.

Eso se tradujo en una reducción a la esperanza de vida, que de por sí ya se encontraba estancada desde años atrás, de 75 años antes del 2020, a 71 en el período del Covid-19.

Es decir, que vivimos en promedio 4 años menos y en eso también nos colocamos en el “medallero” de los peor librados por la dichosa pandemia.

De las penosísimas muertes que tuvimos qué lamentar en ese mortífero periodo que abarcó de marzo del 2020 a mediados del 2023, se incluyen los 5 mil 800 trabajadores de la salud.

Muchas de esas vidas, agrega el informe, se pudieron haber salvado si las autoridades de salud del país hubieran contado con el equipo, los protocolos y las medidas necesarias para prevenir los contagios.

¿Más duro el reporte? Ahí les va una de sus líneas más fuertes: “México vivió no solo una crisis sanitaria, sino una crisis de desempeño del Gobierno, y sin la segunda no puede explicarse la escalada de la primera”.

Y para rematar: “El país debe aprender de las graves fallas de gobierno ocurridas durante la pandemia”.

Bien vale anotar que el llamado “Grupo Independiente” tiene poco de eso, pues está coordinado por Jaime Sepúlveda Amor, quien fuera coordinador de los Institutos Nacionales de Salud en el Gobierno de Fox.

También anda ahí Julio Frenk, secretario de Salud en la misma administración; el ministro en retiro José Ramón Cossío, cuyos críticos le atribuyen haber dejado impune el caso de la guardería ABC; también Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Por el estilo está la lista de 17 miembros de la comisión. Ese tufo a “Fuerza y Corazón por México” no le quita ni un gramo de letalidad, para hablar en los mismos términos, a las cifras que aportan en el reporte.

Dice que es fácil hablar “a toro pasado”, pero bien vale revisar todo lo ocurrido, lo no ocurrido, lo hecho y malhecho, como para que esto no se vuelva a repetir.

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Este viernes se presenta en la ciudad de Chihuahua el libro “Reporte Miroslava”, de la periodista Guadalupe Lizárraga, en el cual, según adelantos que ha dado la propia autora, “demuestra” que al menos uno de los sentenciados por el asesinato de Miroslava Breach fue víctima de tortura y de fabricación de pruebas en su contra para hacerlo culpable.

Esta mironiana columna supo que ni la familia de la periodista asesinada, ni el equipo de defensa legal de la misma fueron abordadas ni tomadas en cuenta para la redacción de ese libro.

Hay, nos han dicho, un intento de victimizar no solo a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, uno de los autores del homicidio de la periodista, pese a que este ya ha sido sentenciado de parte de un juez de primera instancia y que ha perdido amparos en contra ante la justicia federal.

El caso de este sujeto es el eje central del libro que hoy se presenta, según el cual, habría sido sentenciado a 50 años de prisión después de “obligarlo” a declararse culpable mediante tortura física.

Incluso, recibió amenazas a él y a su familia e incluso, a punta de golpes tan contundentes que hasta fractura de huesos le causaron.

Pues bien, en el proceso que se le llevó a cabo, El Larry nunca presentó ese argumento a su favor, ni en el juicio oral ni cuando perdió el amparo contra su sentencia.

Es más, nunca se declaró culpable, como dicen ahora, con aquello de que lo torturaron para que confesara.

Presentó, eso sí, tres testimonios que fueron de desechados por inverosímiles, con los que trataba de demostrar que aquel 23 de marzo de 2017, cuando ocurrió el crimen, se encontraba en Chínipas y no en Chihuahua.

Por lo demás, mediante las técnicas que existen actualmente, no sería difícil comprobar cuando una persona es víctima de tortura y, sin embargo, su defensa nunca presentó ese alegato.

¿Por qué salen ahora con ese argumento, casi cuatro años después de la sentencia? Tenía a la mano elementos como peritajes médicos o un Protocolo de Estambul, pero en la investigación actual no obra ninguno de esos elementos probatorios en ninguno de los casos.

La investigación corrió a cargo, en primera instancia, de la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, de la Fiscalía General de la República y, en ninguna de estas dos instancias se planteó que el acusado hubieran sido víctima de tortura, de coacción o de amenazas.

El detalle que ha levantado el enojo, si no es que indignación, es que se trate ahora de victimizar a las dos personas que, hasta la fecha, han sido sentenciadas por un crimen que enlutó al periodismo nacional.

Ya escucharemos a la autora del libro “Reporte Miroslava”, que se escribió sin los testimonios de la familia… de Miroslava.