Para dentro de 21 días el tema migrante será noticia internacional y Juárez estará de nuevo en los titulares de los principales medios del mundo.

Es obvio que la deportación masiva anunciada por el presidente Donald Trump tendrá un impacto social, económico y humanitario en esta frontera, más agudo que en otros puntos de entrada por la precaria infraestructura urbana y de servicios que hay en la ciudad.

El impacto que se avecina es tan duro que ya desde ahora en Palacio hay voces de alerta desmarcándose de que Chihuahua sea considerado estado santuario para recibir personas en movilidad.

Amarrarse el dedo antes de cortarse, dice el dicho popular, o algo parecido.

También los bancos han jugado un papel especial en ese desmarque. Está en las instituciones financieras el principal obstáculo para que migrantes puedan ser contratados porque se resisten a abrirles cuentas de nómina, aunque sea por tres meses.

Son buenos para cobrar intereses pero no se les da eso de solidarizarse con la población más vulnerable. Ni modo. A lo mejor también son así de quisquillosos cuando personas non santas les llegan con depósitos de dinero de dudosa procedencia.

Volviendo al tema de la oleada migrante que se acerca, donde no parece haber mucha urgencia es en los encargados directos del tema que, según se comenta, van a esperarse hasta que llegue el año nuevo para tomar previsiones.

Si, primero las fiestas y los sombreros dorados, que ponerse a trabajar en coordinar ideas y esfuerzos para que la marea humana no los agarre, otra vez, dormidos en sus laureles.

Los encargados de cuidar los Derechos Humanos y el gremio empresarial también por las mismas.

Son vacaciones, pues. Hay que tenerles tantita consideración. Se la pasan trabajando todo el año y bien merecen relajarse en estas épocas.

Al cabo que los lugares para recibir a cientos de familias, seguirán siendo insuficientes hoy y el 20 de enero, y la escasez de espacios laborales no se resolverá en tres semanas.

Eso sí, quienes se dedican al tráfico humano, seguirán ahí, en sus casas de seguridad de Anapra y Riberas del Bravo, nomás esperando que les llegue la clientela.

Ya sabemos que son muy pocas las detenciones por ese deleznable delito del tráfico humano y también sabemos por qué: El dinero que pagan los migrantes alcanza para todos, delincuentes, polleros y policías involucrados.

Si así está la realidad ¿para qué molestarse en tomar medidas urgentes antes de fin de año?

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¿Nos quedamos sofocados con el dato de la deuda per cápita que tenemos los habitantes del estado de Chihuahua, la que publicamos el pasado 31 de diciembre?

Tranquilos, acá nos dieron una cifra así un tanto más amble, como para endulzarnos un poco el oído.

Resulta que, como municipio, Juárez es uno de los que tiene la menor deuda per cápita del país.

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez”, que depende de la Cámara de Diputados, Juaritos está en el selecto club de los 25 municipios del país donde sus habitantes no deben hasta la sonrisa a causa de los créditos que contrataron sus ayuntamientos.

Según ese “Hit parade” de los menos ahorcados, Juárez aparece en el sitio 16, con solo 394.5 pesos por cada uno de sus más de millón y medio de habitantes.

Eso significa que cada uno podía pagarlo con un día de Salario Mínimo Diario de la Zona Fronteriza, del 2025, que será de $419.88 pesos, y todavía quedarse con el cambio.

Vistas así de fáciles las cosas, suena bien el dato, pero también vale echarse un “clavado” a ver lo que han hecho otros municipios para bajarle el peso a sus deudas y dejar de gastar tanto dinero nada más en intereses y arrimadijos.

Hace dos años, Tijuana, otro municipio fronterizo, aparecía casi por tradición en el primer lugar de los más endeudados.

Sin embargo, para el recuento del 2023 que hizo el mismo organismo, ya ni siquiera pintaba, porque había liquidado sus más de 2 mil mdp de deuda pública.

¿Cómo le hizo? Sus autoridades, de la 4T, por cierto, igual que las de Juaritos, juran y perjuran que fue a punta de bajarle al gasto superfluo, de apretarse el cinturón y de no andar gastando en chuchulucos.

A ver si nos pasan la receta, de cómo liquidaron su adeudo, y cómo dejaron de gastar en cosas que realmente no hacen falta.

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Una de las últimas controversias que se vivieron en Ciudad Juárez durante 2024 fue la generada por el proyecto para la construcción del puente en el Centro Histórico con el fin de que los automóviles brincaran el ferrocarril atravesado en la avenida Francisco Villa.

La obra, sin embargo, fue detenida ya iniciada.

Lo que Mirone no acaba de entender es cómo se les ocurrió al Gobierno Municipal y a Ferrocarril Mexicano (Ferromex) edificar una obra pública de grandes dimensiones a solo unos metros de donde hace apenas dos años y medio otra monumental construcción fue vetada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): la Torre Centinela, planeada en los patios de la ExAduana Fronteriza.

Es verdad, sin duda, lo que reza la expresión de George Santayana: “Quienes no pueden recordar su historia, están condenados a repetirla”, aunque esta vez no pudo ser un olvido, sino la falsa percepción de impunidad de algunas autoridades y empresarios, quienes tienen la creencia de que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.

Ya son dos veces en que el INAH les dice que no, fue esta misma instancia la que “bateó” el proyecto del puente que se edificaría sobre la avenida Vicente Guerrero, partiendo a la altura de los patios de la ex Aduana Fronteriza y hasta el monumento a Benito Juárez.

Habrá que recordarle a las autoridades de cualquier nivel, también a los empresarios, que hay prioridades, y esas se llaman interés público.

Esta lección de historia reciente deben tenerla en cuenta para futuros proyectos tanto los funcionarios como los particulares que financian obras.

No hay explicación válida que justifique cómo les pasó de noche a las autoridades municipales que la construcción de la Torre Centinela, proyectada a 20 pisos de altura y que fue anunciada por el Gobierno del Estado el 19 de abril de 2022, fue vetada por el INAH al considerar que el entorno tiene una categoría de “carácter histórico”.

Aunque a esa instancia no le corresponde calificar la estética ni la funcionalidad de los inmuebles, sí está obligada a incidir en la protección y conservación del patrimonio histórico.

Para el 10 de junio de ese mismo año la autoridad estatal informó que se desistió de levantar ahí la torre; 12 días después el Gobierno Municipal donó seis predios (4 mil 450 metros cuadrados), en la esquina de Abraham González y Pino Suárez para que se hiciera el edificio, cuya construcción inició el siguiente 10 de agosto.

El sustento del INAH tuvo base en las diferentes normas vigentes, como la Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como el Reglamento de la Ley Federal sobre sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Lo mismos argumentos aplicaron para que la dependencia federal detuviera la obra del pretendido Puente de la Vicente, ya que -al igual que con el proyecto de la Torre Centinela- se omitió el cumplimiento de normas que involucran la altura, el medio ambiente, el entorno urbano, el contexto y el paisaje.

Así fue como la historia se repitió.

No se puede dejar de lado la participación de los grupos de la sociedad civil que se plantaron a defender el patrimonio histórico de la ciudad porque, al parecer, nadie más lo hace.

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Muchas han sido los comentarios que llegaron a oídos de Mirone, respecto a una situación vivida en diferentes centros de reunión de esta frontera, llámese antro, cantina, tugurio o parque público, aunque ya no sabemos si calificarla como inusual o escandalosa, porque a como se está presentando pareciera que ya se normalizó, y no es cosa menor.

Los testimonios mencionan con asombro, miedo y preocupación que se han topado con venta de droga en los baños de restaurantes, antros, estacionamientos, parques y otros sitios de convivencia social, donde sin recato, les ofrecen la “mercancía” disponible.

Los ciudadanos aseguran que han sido sorprendidos por  “puchadores” en los sitios más inusuales, quienes abiertamente buscan mercarles las sustancias que requieran.

Algunas personas comentaron que hasta los parques de las colonias han sido tomadas por los vendedores de estupefacientes, quienes utilizan las instalaciones, donde se debe desarrollar el esparcimiento de la comunidad, pero se han tornado en zonas prohibidas ante la irregular actividad.

Aunque por esos sitios pasan patrullas a diferentes horas del día, los presuntos comerciantes de drogas se camuflan como vecinos que están barriendo o dando algún mantenimiento a los parques, así que pasan desapercibidos para los agentes.

Denunciarlos no es una opción porque, argumentan los quejosos, de inmediato se enteran de quien “les puso el dedo” y toman represalias, como ya pasó en algunas ocasiones.

Otros testimonios indican que en los baños de restaurantes y de antros la actividad de los “puchadores” es notoria y la oferta es pareja, sin tomar en cuenta si los potenciales clientes son usuarios o no de sustancias ilegales, simplemente les dicen que tienen lo que quieran o que se lo consiguen.

En algunos comercios, indican, hasta en las mesas andan distribuyendo la mercancía y los consumidores las utilizan sin recato.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) indican que en 2023 se registraron mil 819 detenciones relacionadas con la presunta venta de estupefacientes, un promedio de cinco al día. Este año las cifras andan por las mismas.

Las personas que han contado sus vivencias a Mirone dicen recordar cuando este tipo de actividades se llevaban a cabo en la clandestinidad, donde la sociedad no podía verlos y rara vez trasgredían los lugares de reunión social, pero ahora la venta de droga parece que es una tarea cotidiana.

Aunque los quejosos conceden que será extremadamente difícil replegar a los comerciantes de drogas, las autoridades y la sociedad organizada deben emprender acciones para acotarlos.

Un primer paso, dicen, es recuperar la credibilidad en las autoridades, luego de que esta problemática creció precisamente por la desconfianza que hay entre los ciudadanos hacia las policías ante su falta de eficacia, entre otras razones.