Fin del romance, al menos en Chihuahua. Morena y PT rompieron su relación legislativa y política, ya no votarán en paquete, es más: ya ni siquiera son paquete. El partido de la estrellita amarilla se ha acercado demasiado al PRIAN, a grado tal que el bloque pro-Maru ya cuenta el voto petista en el bloque que les puede aprobar reformas constitucionales y leyes que requieren un consenso amplio para darle mayor legitimidad.
La grieta entre los dos partidos que sostienen a la 4T en Chihuahua —el tercero es el Partido Verde, pero ese aquí ni existe—, comenzó a ensancharse desde el inicio de las discusiones para reformar la Constitución y un paquete de leyes en materia judicial. La reforma judicial, como le llamaron así, simple y llanamente.
Fuentes mironianas dignas de todo crédito, lejos de toda sospecha, nos cuentan que el conflicto tronó casi desde el inicio de las negociaciones entre los partidos y la Secretaría General de Gobierno, a cargo de César Duártegui. En aquel entonces, Cuauhtémoc Estrada, nos dicen, le hizo el “fuchi” al partido de Rubén Aguilar y trató de negociar él solo, por su cuenta y riesgo, seguro de que tenía la fuerza necesaria para torcerle el brazo a Maru y sacar alguna raja de ese paquete de reformas. ¡Principiante! ¿Cómo se le ocurre pensar que puede llevar al baile al político más avezado y astuto que hay en Chihuahua? ¿Qué no ha hecho cuentas de la cantidad de diputaciones que lleva, siempre con el mínimo de votos?
Ni tardo ni perezoso, el patriarca de los Aguilar se puso a disposición de la oficina de Jáuregui y ofreció su voto a favor de la reforma y, con eso, embuchacar dos bolas en el mismo tiro: quitarle un voto al bloque de la 4T en el Congreso y completarle al PRIAN el tan buscado consenso de partidos en torno a sus reformas a modo. Fue así como, el pasado 20 de mayo, el Congreso de Estado votó con mayoría calificada la reforma de marras, gracias al voto a favor de Deyanira Ozaeta Díaz, la única diputada del PT en el Legislativo Local. ¡Tómala! “Aquí se rompió una taza…”
Desde el PT, fuentes mironianas nos cuenta que fue Cuauhtémoc Estrada el culpable por aferrarse a postular para una magistratura a un candidato que tenía la tacha de la gobernadora Maru Campos. Hasta ahora, nadie sabe por qué tanto fervor del líder morenista hacia ese prospecto, como para llevarlo a romper con el único partido aliado que tiene en Chihuahua.
Cercanos a la bancada de Morena le recordaron a este Mirone que el PT y Rubén Aguilar nunca han dado brinco sin huarache, que en el Congreso local siempre han votado a favor de las iniciativas del Gobierno en turno, y que no le incomoda estar bien con Dios y con el diablo.
Así que, si las morenistas fuentes no se equivocan, nadie debe extrañarse que, en la conformación del “Nuevo” Poder Judicial, veamos a Rubén Aguilar Gil en un alto cargo ¿acaso de magistrado? Para como van las cosas en Chihuahua, nada debe de extrañarnos.
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En vez de tantas simplezas y ocurrencias que suben a la tribuna como puntos de acuerdo, ya es tiempo que nuestros diputados locales se pongan las pilas y legislen para que el desperdicio, el robo y el uso irresponsable del agua se castigue como delito, ante la grave crisis de vital líquido que se vive en el estado y particularmente en Juárez.
Cuando estamos viendo que en el estado de Nuevo León llegaron al límite en el abasto y la falta de agua está provocando serios conflictos sociales, en la entidad los encargados de hacer leyes para prevenir el colapso en este servicio, siguen dormidos en sus laureles.
La crisis del agua que provoca el estrés hídrico, porque la demanda es superior a las reservas de las cuencas, es una grave realidad que la población en general debe entender, aunque sea de manera ruda, para que se suspendan las prácticas de consumo irresponsable y desperdicio.
De la misma forma y con la misma urgencia, con la que ayer subieron a tribuna las iniciativas para que se investiguen las causas por las que se secó el manantial del municipio de Villa López; así como las descargas de aguas negras que se siguen haciendo al río Bravo, los diputados deberían de modificar la Ley Estatal del Agua para que se penalice su desperdicio en el uso doméstico, industrial, comercial y agrícola.
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Es un hecho que el huachicoleo del agua se practica en todo el estado y en todos los niveles de consumo, pero también lo es, que nada se ha hecho para evidenciarlo y castigarlo.
Solamente en Juárez, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha descubierto en los últimos meses, más de cien tomas clandestinas en negocios, industrias y residencias donde se robaban impunemente el agua.
Las multas a esos huachicoleros, cuyos nombres no han salido a la luz pública, han rebasado los 100 mil pesos en la mayoría de los casos. Pero no es suficiente.
La descentralizada estima que existen cientos de casos más y por lo mismo, ha desplegado una campaña en campo para detectarlos, sancionarlos y cerrarles la llave, como lo hicieron con los colonos fifís de Anapra, que tenían albercas en sus patios.
Si a este problema le sumamos que mes a mes se corta el servicio a más de 10 mil usuarios de la red general, porque dejan de pagar el servicio, no el agua, estamos hablando de un problema mayor que solo se resolverá con acciones mayores y drásticas.
Claro que habrá mucha polémica y ruido de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que se opondrán porque el suministro del agua es un servicio básico y obligado del Gobierno, pero ¿acaso el desperdicio del agua para regar banquetas y céspedes de lujo, como el de la Casa de Juan Gabriel, su irresponsable consumo en albercas sin equipo de tratamiento y el robo con tomas clandestinas, no constituyen una amenaza para la supervivencia humana?
Cuando la sequía deje las cuencas únicamente con lodo y la sed nos alcance a todos, estaremos lamentando no haber endurecido la ley para cerrarles la llave y meter en prisión a todos los irresponsables y huachicoleros. Entonces ya no habrá reversa. Al tiempo.
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Parco y de mal talante ayer se vio después de la reunión de la mesa de seguridad en Chihuahua, el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, cuando la prensa le preguntó por la captura de El Chueco.
A dos semanas del crimen de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Cerocahui, el fiscal dijo que los pobladores de las diversas comunidades de Urique se niegan rotundamente a hablar sobre el líder criminal José Noriel Portillo Gil, El Chueco, por temor.
Sin embargo, aclaró que los habitantes de la sierra no han expresado a la autoridad sus miedos o sentirse amenazados por el líder criminal, pero se percibe su desconfianza, dijo, por lo que les brindarán seguridad.
Aunque el Chueco es invisible para las autoridades y nadie sabe su paradero, en radio pasillo de la Fiscalía Zona Norte, comentan que los pobladores de la región de Urique aseguran que lo han visto al frente de un convoy de 60 hombres fuertemente armados. Hasta el número preciso de hombres que lo acompañan citan, como para no dejar duda de que el asesino sigue suelto, con la complacencia de quienes supuestamente lo andan buscando, con ansías locas de no encontrarlo.