Nuevamente Chihuahua está colocado como uno de los estados más violentos del país; por fortuna esta vez no se trata de la violencia en las calles que desangró a la sociedad con ejecuciones, secuestros y extorsiones entre el 2006–2011. Se trata de violencia extrema, sí, pero política.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha entrado en su recta final para elegir al candidato a la Gubernatura en medio de una cruenta guerra que no tiene comparación en la historia reciente de ese partido, ni siquiera con el antes y después de 1985, cuando cayó Ornelas sin más relajo que el universitario.
Hoy ha sido dispuesto el Congreso del Estado, la Auditoría Superior, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial –en manos de priistas– para confrontar, anular y poner en la cárcel al exalcalde de la capital del estado Marco Adán Quezada, que aspira a la nominación por la Gubernatura y forma parte de la corriente priista mayormente estructurada en la entidad, la encabezada por José Reyes Baeza.
El exgobernador del Estado es ahora director general del Issste, y como tal, con fuerte influencia y poder en el centro de la República pero igualmente atacado por el grupo empoderado en el Gobierno chihuahuense.
Pocos saben cuándo y cómo se dio el punto de quiebre entre esos dos poderosos sectores del PRI chihuahuense. Algunos dicen que fueron tomadas como ofensas graves aquellas críticas tempranas del baecismo al presente régimen estatal, otros añaden que fue el incumplimiento de acuerdos contraídos entre los nuevos inquilinos de Palacio y los que se fueron.
A fuentes del baecismo, inclusive, se les adjudican las filtraciones sobre la recuperación del rancho El Saucito (en Balleza) por parte del gobernador Duarte, a precio muy arriba hasta del comercial, porque se trata de una propiedad con gran valor sentimental que los padres del actual gobernador perdieron hace años cuando atravesaron por una situación económica bastante precaria. Según esas fuentes, el rancho no fue solo recuperado, sino convertido en una gran área recreativa con todas las comodidades del mundo moderno.
Las razones podrán ser esas u otras tantas de cualquier índole, el asunto es que el martes fue sentado Marco Adán en el banquillo de los acusados, procesado por supuestos delitos cometidos como alcalde en el contexto de la tragedia del Aeroshow. Un ministerio público del fuero común lo colocó frente un juez de Garantía, también del fuero común, ambos jefaturados en última instancia por el gobernador, César Duarte y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, los dos con la misma filia partidaria.
En algún momento se creyó que Palacio de Gobierno quedaría resignado a no echarle guante a Marco Adán cuando pretendió inhabilitarlo políticamente a través del Congreso del Estado y no lo consiguió porque el expresidente municipal obtuvo amparo tras amparo de la justicia federal, pero ahora queda comprobado que el propósito era corretearlo hasta alcanzarlo y dejarlo fuera del 2016. Con el control del Ministerio Público y el Poder Judicial podría hacerlo en cualquier momento.
Pero el viernes dio un giro inesperado en los propios tribunales judiciales esa dramática historia. Marco Adán tenía cita de nuevo con los jueces para ser vinculado a proceso –consignado, en vocabulario del anterior sistema judicial– pero el Ministerio Público se desistió de hacerlo por falta de “otros materiales” que formarían parte del expediente. Lo dejaron ir pero no lo dejaron ir.
Fue muy evidente que la intención de Palacio era hacer trizas a Marco y fue muy obvio que llegó orden de arriba para detener el show –como lo dijo Mirone viernes y sábado–, pero las vísperas nos dicen que esa guerra no termina ahí porque el odio recíproco es latente.
Células de espionaje político y delictivo han sido esparcidas por el estado, principalmente en Juárez, buscando información que siga debilitando no solo a Quezada, sino al baecismo general, en el terreno partidario y entre la sociedad. Esas tareas están en marcha; las llevan a cabo operadores de todo tipo: políticos y policiacos.
La violencia no únicamente es entre esos dos portentosos bandos, alcanza también a todos y cada uno de los precandidatos a la Gubernatura, aunque sin el mismo costo para la marca PRI, pues en el tema Quezada al final de cuentas hablamos de un mal gobernante surgido del tricolor, según sus propios correligionarios priistas en el Gobierno estatal que lo buscan castigar con cárcel, multas, etc…
La senadora Graciela Ortiz dejó la Secretaría General de Gobierno durante el presente sexenio en condiciones de severa confrontación con el gobernador Duarte. Su búsqueda de la candidatura ha profundizado las diferencias aunque en la superficie haya saludos, comunicación y algo de diálogo, pero muy poco, apenas el indispensable.
Igual ocurre entre la senadora Lilia Merodio Reza y Palacio. Fue una gran afrenta cuando ella consiguió la nominación a la Senaduría pasando por encima del actual alcalde, Enrique Serrano, apadrinado por el gobernador Duarte Jáquez. Ese episodio, sin embargo, al final del día no representó tantísimo dolor como el acuchillante silencio de la legisladora en el momento que Duarte era atacado en tribuna de la Cámara alta por el senador panista Javier Corral. El momento está grabado con tinta indeleble en la memoria de todo el duartismo “de sangre”.
Lilia fue presumida durante un tiempo por el duartismo como una adquisición arrebatada a uno de sus padrinos iniciales que la hizo regidora en Juárez, Teto Murguía. Triple agravio.
Tampoco ha marchado adecuadamente la relación entre las dos senadoras. Hay severos cuestionamientos de una a la otra por la forma de hacer política, tejer relaciones y llevar a cabo sus respectivas precampañas. La oposición entre ellas va más allá de su competencia por la nominación al 2016. Son diametralmente opuestas.
También se han presentado episodios de violencia extrema entre el precandidato delfín de Palacio, Enrique Serrano, y el precandidato exalcalde, Héctor “Teto” Murguía. El segundo no tiene duda que el primero boicoteó abiertamente su coordinación en el tercer distrito para apoyar en campaña a la ahora diputada federal María Ávila. Teto también la emprendió contra Serrano cuando este inició la distribución de despensas con el logotipo de sus iniciales. Duarte quedó en medio buscando calmar a los dos bandos.
Duarte Jáquez ha permitido buena cancha a Murguía para explayarse por todo el estado y hasta le ha pedido “operar” asuntos como aquel de “regañar” a los precandidatas que exigían piso parejo, pero entre ellos permanecen barreras infranqueables porque, antes que Teto, Duarte tiene como sus delfines sin cambio a Javier Garfio, el edil chihuahuita, y a Enrique Serrano. Cualquier chispa detona un gran pleito entre el coordinador de Políticas Públicas y su actual patrón.
El delfín chihuahuita Garfio está literalmente vetado por el resto de los contendientes a la candidatura, incluido Serrano. Sus posibilidades se reducen únicamente a que aparece en la lista de precandidatos.
Su antipatía, manejo mediático errático y posible corrupción son sus principales enemigos. Fue el que recomendó a las mujeres ver telenovelas más que noticias, es el mismo que le pidió al PAN darle 10 millones por su nueva mansión porque los panistas le han puesto “caballo” de 30 millones al costo de dicha propiedad… (¿A quién se le ocurre construir una residencia con un valor superior a los 10 millones de pesos con un sueldo de 100 mil mensuales como alcalde durante el mismo periodo para el que fue electo y con meta de seguir creciendo políticamente? Absurdo, ¿no?). ¿Rico de abolengo? No. No sería ni político.
Esos temas andan de boca en boca entre los precandidatos y precandidatas y sus equipos de colaboradores, no tanto porque vean a Garfio como real competencia, sino porque no se ha ganado autoridad ni estima ante ellos. Los operadores y seguidores del alcalde trinan de coraje por los comentarios “de mal gusto” vertidos entre los propios priistas que solo “fortalecen al PAN”.
En José Miguel Salcido y El Torbellino Marcelo González Tachiquín, otros dos precandidatos, no parece que exista la misma rijosidad, no tanto porque no tengan capacidad y hasta actitud de enfrentar cualquier guerra, sino porque no son vistos con los mismos niveles de “viabilidad” que los demás.
Es caso distinto el enésimo precandidato, Víctor Valencia de los Santos, que viene empujando su artillería contra Palacio durante los cinco años recorridos del sexenio. Ha sido correspondido con la misma intensidad y con armas del mismo calibre.
Solo el regreso del PRI al Gobierno de la República ha impedido que la sangre llegue al río del priismo chihuahuense particularmente en este caso, pues Valencia fue sacado del estado y llevado a un buen cargo en Sedesol, con todo y que aun de lejos la confrontación ha sido sin medida y sin tregua. Ningún intento de acercamiento ha funcionado para que al menos no se agredan.
———
Son las actuales circunstancias de división y pelea entre las corrientes tricolores chihuahuenses las que llevan a considerar que la dirigencia nacional priista, juntamente con los primeros priistas de la nación en Los Pinos, deberán provocar a la mayor brevedad el parto de la candidatura en Chihuahua; llevarlo más tiempo –opinan analistas de ese partido– implicaría grandes riesgos para conseguir la ansiada “unidad” durante la campaña electoral constitucional.
Todos los que participan en la búsqueda de la nominación siguen y seguirán de frente, utilizando todas las herramientas a la mano para debilitar a sus opositores, las que sean; deben mostrar a sus líderes que tienen el carácter y la autoridad suficiente en todos los terrenos para ser acreedores a la candidatura y eventualmente a la Gubernatura. Los niños buenos ni las niñas buenas son aceptados en el cielo del poder público.
Desconocen los priistas, obviamente, la supuesta concertacesión de la que tanto se habla (Peña–PAN–Madero) porque a ellos y ellas les interesa primero hacerse de la candidatura, ya luego sabrán cómo se las arreglan para superar dificultades de esa y cualquier otra naturaleza. En estos momentos la lucha que libran es la interna.
Hoy es evidente que el mensaje lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto durante su última visita a Chihuahua capital supuestamente contra el activismo “de los alcaldes” no tuvo como destinataria a esta entidad, pues Mirone de plano no cree que Enrique Serrano y Javier Garfio lo hayan desatendido, puesto que siguen sus respectivas precampañas por toda la entidad.
Los auténticos mensajes siguen pendientes, pero no tardarán mucho. Por lo pronto ya hay nuevos delegados estatales con la marca Manlio Fabio Beltrones contraria a Palacio. Todos los precandidatos y precandidatas saben que el alumbramiento será pronto, de ahí que no hayan bajado bandera ni aminorado sus actividades proselitistas.