Cuidando las formas, como para evitar un nuevo “divorcio” político con la gobernadora, el delegado Juan Carlos Loera externó su postura en torno a las declaraciones hechas por Maru Campos en la entrevista que le hizo Víctor Trujillo, conocido como Brozo, en el canal Latinus.
Primero se refirió a lo que Maru dijo, en el sentido de que tanto el PRI como Morena le ofrecieron, en su momento, la candidatura a la gubernatura. Loera dijo que eso era imposible, porque en las reuniones previas para definir el sistema de elección a través de encuestas, no vio a Maru y tampoco escuchó su nombre como posible contendiente. Por lo tanto, Juan Carlos sostiene que ni del lado formal ni del extraoficial se hubiera podido dar una invitación a Maru para abanderar a Morena.
Otra de las aseveraciones que ha levantado suspicacias, es la que se refiere al momento en que la gobernadora afirma que la 4T no debe meterse con Chihuahua, pues la panista ha criticado fuertemente sus políticas públicas y económicas.
Ante eso, Loera mandó un mensaje velado, en el sentido de que no se guiará por declaraciones hechas a través de entrevistas en contra de la política del Gobierno federal, y mejor se quedará con lo que se ha tratado en las mesas de seguridad, en donde la misma gobernadora ha avalado el trabajo federal y priorizado la coordinación.
Finalmente, quiso dejar entrever que lo manifestado por la gobernadora con Brozo fueron solo dichos y declaraciones hechas al calor de una entrevista jocosa. Sí, como no.
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Después de enterarnos que las autoridades federales vinieron a desmantelar un grupo criminal que operaba dentro de la Policía Municipal de esta frontera y que estaba encargado nada menos que del sistema de inteligencia, podemos entender por qué la criminalidad no disminuye en la ciudad y la impunidad sigue cobijando los delitos graves.
Si por décadas hemos convivido con la violencia en todas sus formas, en la ciudad que en algún tiempo fue considerada la más insegura del mundo, ya nada debería sorprendernos, salvo por el hecho de confirmar que, con autoridades viejas o autoridades nuevas, y con todas las mesas de seguridad que se inventan los genios de las políticas públicas, el crimen organizado sigue incrustado sin pena ni gloria en las devaluadas corporaciones policiacas.
La reciente captura de 9 policías municipales y del director de la unidad de inteligencia de la SSPM, Aldo Iván Sáenz Tocoli, por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), abre otra vez el debate de la falta de supervisión en la corporación, que históricamente ha sido utilizada por el crimen organizado para sus operaciones, por ser la que mayor cobertura tiene de la ciudad por su estado de fuerza, superior en número a las Policías estatal y federal, mas no en eficiencia, donde andan en el mismo nivel de ineptitud.
Si el comandante malandro operó impunemente durante los últimos tres años en que ocupó la unidad de inteligencia, obviamente lo hizo con la bendición del secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Avila Ibarra, que era al único que le rendía cuentas.
Por eso nunca dieron fruto las planeaciones tácticas, ni todas las estrategias “jamesbondianas” que se les ocurrían en las mesas de seguridad, porque más tardaban en salir de las inútiles reuniones, que en enterarse los malandros por vía del jefe de inteligencia.
Ahora de nada sirve que se muestren sorprendidos y alarmados los nuevos jefes, ni que cambien de golpe y porrazo a todos los que integraban la unidad de inteligencia. Lo que ocurrió con el comandante Tocoli, muestra solo la punta de la madeja del cochinero que hay en toda la corporación y en cada distrito.
Se supone que uno de los factores fundamentales para combatir la inseguridad es el uso de los servicios de inteligencia, pero resulta que estas capacidades, que se pagan con el dinero de todos los ciudadanos, trabajan al servicio del crimen organizado. Así, estamos irremediablemente condenados a seguir habitando una ciudad donde seguirán mandando los malandros.
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Si los datos sobre la incidencia criminal, que reciben los políticos y los jefes policiacos en las inútiles mesas de seguridad, hablan de que los delitos graves como el homicidio doloso se mantiene al alza en la ciudad y no se hace nada por combatirlo, entonces algo turbio está pasando que no permite atacar la raíz del problema.
Como muestra un botón: Ficosec registró este año hasta el mes de septiembre mil 58 homicidios dolosos en la frontera, cifra que muestra una diferencia de 28 homicidios más que el año pasado.
Estos números hablan de impunidad y tolerancia, pero, sobre todo, de complicidad de las autoridades responsables de perseguir a los delincuentes, porque no se entiende de otra manera si las cifras aumentan mes con mes y ninguna estrategia acordada por los especialistas funciona.
La captura de los 9 policías municipales del servicio de inteligencia lo confirma de manera muy clara. Ahí estaba la principal fuga de información desde hace varios años y por eso los delitos crecían, sin que nadie se diera por enterado.
Sería bueno que esas mesas de seguridad cuando menos sirvieran para preguntarles a los nuevos jefes policiacos si se van a hacer las pruebas de confianza para ellos y sus subordinados. Hasta ahora nadie ha informado de este requisito imprescindible para todos los que trabajan en los cuerpos policiacos.
Aunque pensándolo bien, al final de cuentas, de poco sirve, si ya lo vimos recientemente en el caso del fiscal Jorge Nava López, quien había pasado todas las pruebas de confianza, menos la de un juez federal que lo requirió por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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Desde la región de Ojinaga llegaron varias quejas a Don Mirone en el sentido de que por más de cinco horas aquella frontera se quedó ayer sin el servicio de internet y por consecuencia, sin teléfonos celulares.
Los apagones digitales se han registrado con mucha frecuencia este año en Ojinaga y en las poblaciones vecinas como Manuel Benavides y Coyame, sin que las compañías proveedoras del servicio como Telmex y Telcel, hayan dado hasta ahora una explicación razonable del problema.
En febrero de este año ocurrió el primer apagón de sistema de internet por espacio de 12 horas. Luego, el 17 de marzo, la falla del servicio fue por 4 horas, en mayo fue de 12 horas y en junio, durante las celebraciones del 304 aniversario de Ojinaga, el servicio se cayó durante 6 horas.
La suspensión de ayer, que comenzó a las 6:30 de la mañana, afectó también a toda la población en los hogares, las oficinas, en el comercio, en los bancos, en la industria y en clínicas y hospitales que requieren del internet para sus servicios médicos.
En otras ocasiones, los proveedores de telefonía móvil e internet han echado la culpa de las fallas del suministro de energía eléctrica de la CFE, a los fuertes vientos que soplan en esa región y hasta a las polvaredas que se levantan en el desierto, pero nunca admiten que el servicio que proporcionan es pésimo y lo siguen cobrando como si fuera de calidad mundial, como dice la propaganda de una paraestatal que es la reina de los apagones.
A ver si el delegado del bienestar pone a trabajar de una vez por todas al titular de la Profeco en la entidad, para que meta orden en las empresas proveedoras del internet o, cuando menos, que no cobren los días en que el servicio se interrumpe. Es lo justo.