Palacio y su nueva alineación de fuerzas en el Congreso ganaron las batallas políticas y jurídicas en la guerra por el Poder Judicial.

En una estrategia de pinza de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ahora bajo el dominio del PAN, arrebataron el control del Poder Judicial a los magistrados del duartato. Lo hicieron de manera quirúrgica, secundados por la realineación de fuerzas internas en el interior de la propia judicatura.

La sesión del Pleno convocada ayer por el magistrado decano, Julio César Jiménez Castro, para dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva Ley Orgánica, fue espejo fiel de esa división grupal entre los 27 magistrados del Tribual Superior de Justicia.

Hecha la ley, hecha la trampa, en su afán de sacudirse los controles que impuso la polémica reforma del Congreso, el ala de los magistrados oxigenados hicieron de todo para posponer la elección de nuevo presidente del Poder Judicial.

Muy temprano el sábado ya se conocía la negativa del juez primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, quien le negó el amparo al ahora expresidente Gabriel Sepúlveda y a los oxigenados no les quedaba otra vía a la mano, que ganar tiempo para que se resolvieran tres amparos interpuestos por los magistrados oxigenados, alegando violación al principio de equidad y de retroactividad de la ley y a sus derechos humanos, excluyéndolos de la posibilidad de ser votados para la presidencia.

Tampoco lo lograron permanentemente los 25 magistrados que asistieron al Pleno de ayer –faltaron dos–, la votación se mantuvo dividida 14–10, 13–12 e incluso se dio un empate que fue resuelto por el voto de calidad del decano, en funciones de presidente.

Cuando ya no les quedó más derecho de pataleo, se dio la votación por medio de cédula secreta, con una única propuesta para que el decano, Julio César Jiménez, fuese electo presidente. El grupo de los magistrados del duartato quiso hacer el vacío y entregaron sus papeletas en blanco.

Al momento del conteo, fueron 14 votos a favor de que Julio César Jiménez Castro fuese electo en la Presidencia y 10 en contra. No se lograban las dos terceras partes de la votación, pero en ese momento, el mismo decano decidió aplicar el articulo 10 del reglamento de la Ley Orgánica, fracción X de la Ley Orgánica, y decidió que los votos en blanco contaran como abstención, por lo tanto se sumaron a favor de la proporción que reunió el mayor número de votos.

Así el propio decano se adjudicó la mayoría y quedó investido como presidente del Poder Judicial. Hasta el beso de Judas se dieron él y su antecesor, Gabriel Sepúlveda.

Detrás del manotazo, el interés de Palacio por procesar a Duarte

El trasfondo real del manotazo al Poder Judicial va más allá del discurso de la autonomía e independencia de los magistrados y jueces. Lo que realmente se buscó es quitar el control del sistema de impartición de justicia al grupo afín al exgobernador César Duarte, y evitar con ello que los 75 jueces en proceso de designación fuesen palomeados por ese grupo.

Cortar esa influencia era indispensable, si realmente se pretende procesar penalmente a exfuncionarios estatales por presuntos actos de corrupción. No había otra manera, se supone que las denuncias de los llamados expedientes X empezarán a caer ante la Fiscalía General del Estado a partir de la próxima semana, una vez que concluyan los famosos informes sobre las irregularidades detectadas.

El discurso de la autonomía y la idea de empezar a limpiar el Poder Judicial suena muy bien, pero no trae nada nuevo. Con esa misma premisa el exgobernador César Duarte justificó su intervención con la llamada reforma judicial que modificó la Constitución del Estado y la Ley Orgánica que rige la vida interna de la judicatura, y al final de cuentas impuso un grupo de magistrados que le son afines e influyó en los nombramientos de jueces.

La intervención del nuevo Gobierno es similar. El único cambio es que en vez de ser el iniciador el gobernador, Javier Corral, lo fue un diputado del grupo parlamentario del PAN. Y en este aspecto hasta agandalles se dieron, porque el coordinador albiazul, Miguel La Torre, negoció los términos de la iniciativa elaborada en Palacio, pero en vez de ir firmada por la bancada se la adjudicó él mismo. Dejó al resto de los diputados nomás mirando.

Pero ninguna de las dos intervenciones, ni la de Duarte ni la de Corral, han ido al fondo para eliminar los vicios estructurales del Poder Judicial.

Escudados en la autonomía, cuando les conviene, los magistrados, jueces y hasta el sindicato de trabajadores de la judicatura hacen chilar y huerto del presupuesto público asignado al Poder Judicial, el nepotismo en el reparto interno de puestos y posiciones es evidente.

Cada presidente lo primero que hace es asegurar espacios para familiares y amigos; los magistrados tienen su propia cuota y el sindicato permite que las plazas de trabajadores agremiados se hereden bajo propuesta del empleado que se jubila. Es un sistema arcaico que genera castas familiares dentro del aparato de impartición de justicia.

Los usos y costumbres para la selección de personal en el Tribunal Superior de Justicia también son deplorables. Ahí no llegan ni los más calificados, los más trabajadores o los de mayores méritos, lo más importante es el favoritismo, por familiaridad, amiguismo o militancia política.

Hace dos años 15 exmagistrados jubilados dejaron trabajando en el Tribunal Superior de Justicia a sus hijos, novias, esposas, etc. Se suponía que eso acabaría con la oxigenada de 2014, pero las cosas siguieron igual.

Gabriel Sepúlveda, el presidente destituido el viernes, acaparó 8 cargos de los mejores niveles salariales para familiares de él o de su esposa. Logró además colocar a su hijo, Gabriel Sepúlveda Ramírez, como secretario en el Tribunal Electoral del Estado.

Y la práctica se repite entre los magistrados designados hace dos años. En ese lapso han ido introduciendo a sus allegados a la nómina del Supremo.

Reforma insuficiente

Por eso no basta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial emprendida por el nuevo régimen panista. Su alcance no garantiza ni autonomía, ni independencia, ni la verdadera división de poderes que postula la Constitución de Chihuahua.

Para limpiar a fondo el Poder Judicial se requiere una reforma de gran calado, que toque incluso los mecanismos de selección de personal que labora en el aparato de impartición de justicia, pensando incluso, en establecer formalmente el servicio civil de carrera.

El desmantelamiento de ese reducto del duartato no debe sustituirse por un corralato. Tampoco es suficiente que el nuevo presidente, Julio César Jiménez Castro, constriña la independencia y autonomía del Poder Judicial en dejar de participar en todos los actos protocolarios del Ejecutivo, como ha sido usual hasta ahora en la práctica política.

Esa idea de limpiar los vicios de la judicatura, sobre la que se justificó el manotazo del Legislativo y el Ejecutivo, solo podría ser realmente objetiva si fuese el primer paso de cambios amplios. De lo contrario solo es más de lo mismo.