En gran parte de las candidaturas prevalece el nerviosismo en torno a la confección de las listas que serán llevadas a las urnas para la elección de personas juzgadoras el 1 de junio.

La incertidumbre de las y los contendientes se convierte de pronto en psicosis, sobre todo para esa gran mayoría que es ajena a las dinámicas electorales, pero que sabe que la operación político-partidista puede ser crucial en los resultados.

La complejidad de la elección en cuanto a las múltiples opciones en las boletas electorales, definió el camino que la propia autoridad electoral recomendó ya a los votantes para facilitar el ejercicio y ahorrar tiempo en la casilla: llegar con tu lista previamente elaborada, con los números de los candidatos seleccionados para cada tipo de cargo. Incluso, para batallar menos, definir los números para cada color de boleta (el color es por cada materia y tipo de cargo).

En otra parte de la ecuación, ese mecanismo facilitará la operación de las distintas estructuras y grupos políticos que buscarán incidir en los resultados, incluyendo los partidos políticos, con todo y que tengan expresamente prohibido por la ley, su participación de cualquier tipo.

La vía es relativamente simple: impulsar listados entre sus afiliados, agremiados o simpatizantes y, desde luego, promover que vayan a votar el día de la jornada electoral. O todavía más concreto: entregar listas a los electores de los candidatos favorecidos y llevar a las personas a votar o asegurarse que acudan a las urnas.

De ahí que haya tal ebullición soterrada, aunque por encima parezca que nada pasa y que la elección de personas juzgadoras no le importa a nadie.

Por lo pronto, interesa tanto a las candidaturas como a los operadores políticos que ya empiezan a trabajar en el tema.

Aunque no llegue todavía al nivel de los electores, que son los actores primarios, se distingue ya una alta politización en el proceso, asociada precisamente con la intervención de múltiples estructuras intermedias, aparte del activismo en que se sumergió la masa de las candidaturas que en todo el estado supera las mil personas, si hablamos de los procesos estatales y federales.

Contendientes en el proceso en curso, ya identificaron que hay movimiento al interior de sindicatos de la CTM, de la Secretaría de Salud, de los trabajadores al Servicio del Estado. También en las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento y en las Recaudaciones de Rentas, si hablamos de estructuras estatales en los diferentes municipios.

Igual en los Gobiernos municipales. No nada más los que tienen grandes estructuras de operación política, como Juárez y Chihuahua, incluso los pequeños, donde al parecer tendrán margen de incidir en los juzgados de primera instancia. Tienen ese interés en los juzgadores locales y le meterán trabajo de movilización en la jornada electoral para impulsar a las jueces y juezas que sean afines.

Ya hay movimiento también en universidades, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde la comunidad docente tiene conexión con operadores actuales del Poder Judicial o con quienes son sus egresados y buscan integrarse al aparato judicial. Se mueven ahí, comunidades más o menos estructuradas de abogados, siempre vinculadas a las rectorías.

En estos distintos espacios ya se habla de la confección de listados, y por eso la inquietud entre las candidaturas, respecto a quiénes se están incluyendo. No es tiempo todavía de que se compartan las listas, pero dos semanas antes o una antes de la elección, veremos seguramente que empezarán a circular, ya que las estructuras de operación deberán de asegurarse que los electores las tengan en sus manos, sea en papel o en sus dispositivos electrónicos.

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Ya se perfiló que habrá en la elección del 1 de junio una participación clara de distintas organizaciones que además de impulsar el ejercicio del voto, promoverán candidaturas y las impulsarán en paquete.

Estas estructuras intermedias tendrán sus listas, pero seguramente no serán las definitivas o, mejor dicho, definitorias en cuanto a los resultados de la elección. Por eso la mayor expectativa está en torno a la confección de los listados de los principales grupos de poder político en el estado.

Por un lado, está el grupo panista que tiene el poder con Gobierno del Estado y algunos municipios importantes, como el de la capital. Aunque a nivel regional, ya operan en los municipios con los comités municipales del PAN y otras estructuras importantes como las Juntas Municipales de Agua y las Recaudaciones de Rentas, se espera una lista definitiva que tenga el aval de Palacio y pase también por la directiva estatal del PAN.

Por el otro, está la maquinaria vinculada a Morena, con sus distintas vertientes, todas con sus propias listas. En el plano estatal al menos hay tres grupos que trabajan por vías completamente separadas.

Hablamos del grupo de la Presidencia Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que tiene también ya equipo o alianzas en otras partes del estado. Está el equipo montielista, con sus dos brazos operativos, el del Congreso del Estado y la estructura de Bienestar, la que encabeza la delegada Mayra Chávez. De alguna forma es la estructura fuerte del Gobierno federal de origen morenista.

Aparte, está la estructura partidista de Morena, con Brighite Granados a la cabeza, quien además trae alianzas, tanto con la senadora Andrea Chávez, como con Juan Carlos Loera de la Rosa.

En cuanto al PRI, de alguna manera sigue trabajando la alianza con el PAN en los municipios grandes y en los acuerdos que se definen desde Palacio; sin embargo, también le reportan a Mirone la jugada que trae en los municipios, donde mantiene control político, por ejemplo, en Guachochi. En ese tipo de municipios, traen los grupos tricolores su propia jugada.

Incluso, otros partidos satélite o más pequeños como Movimiento Ciudadano o el Partido del Trabajo (PT), claramente le entraron a la operación y van por sus propias listas, ya que sus dirigentes tienen interés específico en algunas candidaturas.

Podemos citar un par de ejemplos. En el PT, está el caso de Rubén Aguilar Gil, integrante de la familia dueña del partido. Por una maniobra y negociación política que le permitió saltar los comités de evaluación e irse directo a la boleta electoral, Aguilar Gil es candidato a magistrado en materia Penal.

El exdiputado local era director de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero “provisionalmente” fue nombrado encargado de despacho de la Quinta Sala Penal, lo que le permitió entrar a la contienda.

Así que el PT hará operación política electoral para que gane la elección. De pasada apoyará también otros perfiles vinculados a la familia que mantiene el control del partido desde su fundación.

En otro caso emblemático, por Movimiento Ciudadano ya hay operación política para favorecer la candidatura de Nancy Escárcega Valenzuela por una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Escárcega está casada con el dirigente estatal y diputado por MC, Francisco Sánchez, quien previamente le había abierto a su esposa un espacio administrativo en el Poder Judicial. Otras candidaturas tienen vínculos con Sánchez, como la del candidato a juez federal de carácter mixto, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien viene de ser su asesor en el Congreso del Estado.

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Hay candidaturas con vínculos a distintos partidos que de alguna manera serán el motor que jalará el trabajo electoral para favorecer a otros perfiles afines a la hora de concretar la operación y armar las listas.

En el caso del PAN y del PRI, hay figuras clave, cuyas candidaturas no se entienden sin el respaldo de las estructuras oficiales de poder.

Por ejemplo, de Chihuahua capital, son candidatos el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, también el coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Andrés Pérez Howlet. De Juárez, está el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ulises Pacheco.

Los dos primeros van para magistrados en materia Civil y el tercero para magistrado en la rama Penal.

Esas son figuras externas, pero también hay quienes ya forman parte del Poder Judicial, y buscan mantenerse como magistrados. Ese es el caso de Francisco Acosta Molina, panista que fue funcionario estatal. Desde una consejería de la Judicatura, pretende llegar, con el respaldo del mismo grupo que lo apoyó para ese cargo, al Tribunal de Disciplina Judicial.

En el caso de Morena, a nivel local hay una candidatura clave por la que operará el equipo de la Presidencia Municipal. Se trata de Angélica Mendoza Beltrán, esposa del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, quien ahora es candidata a magistrada en materia Civil.

Para poder llegar a la boleta electoral y dentro del paquete de negociaciones de último momento, antes del arranque del proceso de renovación que siguió a la reforma judicial, Mendoza Beltrán fue nombrada encargada de despacho en la Primera Sala Civil de Juárez.

Con independencia de que se vaya a realizar operación política para las candidaturas del Poder Judicial de Chihuahua, hay otra vertiente que tiene que ver con la línea nacional de Morena, para sacar en la elección federal algunas candidaturas prioritarias. En ese caso están las ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Ha trascendido que figuras morenistas han hecho cabildeo a su favor en todo el país, y que en las plazas gobernadas por ese partido se está pidiendo a los principales liderazgos, hacer su aporte en la votación. O sea que movilización habrá sí o sí por parte diferentes grupos de Morena, aunque no lo vayan a declarar abiertamente, por las restricciones legales.

En general, liderazgos como los de Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, Juan Carlos Loera, Mayra Chávez, Cuauhtémoc Estrada, Lizzy Guzmán o Brighite Granados, deberán hacer su contribución para cumplir de alguna manera el compromiso a nivel nacional.

Sin embargo, en esa dinámica es que se armarán las listas para impulsar, en el mismo ejercicio, algunas de las candidaturas locales.

Ahí está el meollo del asunto que ahora inquieta a la mayoría de las candidaturas. ¿Quiénes alcanzarán a entrar en los listados, que tan completos serán y qué tan efectivos el día de la jornada electoral?

Hay quienes creen que serán decisivos, aunque también hay quienes los desestiman y no se detienen ante el escenario adverso; no traen detrás el respaldo de algún grupo político, pero sostienen su campaña de promoción del voto, persona a persona, casi como un acto de fe.

Por lo que se ha conocido hasta el momento, la operación por los listados se percibe fragmentada y hasta un tanto dispersa, lo que finalmente podría favorecer a quienes cargan todo el peso de su campaña en sus propios hombros y no están atenidos a la operación del Día D.

Es innegable que ya se trabajan las listas, pero también que están muy diversificadas. El fenómeno de dispersión se percibe incluso hacia el interior del propio Poder Judicial, cuyos operadores del sistema también batallan para ponerse en la misma sintonía.

Hay contendientes y al mismo tiempo operadores del sistema que han decidido no esperar la bendición de los grupos de poder y están armando su propia lista al interior del propio Poder Judicial.

Estarían esperando apoyarse unos a otros, para jalar el voto no únicamente de los que son candidatos en otras materias, sino que en general de quienes forman parte de la estructura judicial, que a final de cuentas conforman una comunidad o tienen su propia red de apoyo. Además, se incluyen sus estructuras de apoyo familiar que también son amplias.

Unos le han entrado al ejercicio, aunque otros han preferido no exponerse y esperar las definiciones de quienes desde afuera darán su aval a los listados más completos.

Así de complejo luce el proceso electoral extraordinario a 28 días de la elección. ¿De quién será la última palabra? ¿De los electores o de las estructuras de poder en competencia?