A un mes de las elecciones, algunos diputados ven tambalear su lugar en el Congreso estatal. Hay mucho debate por la integración del Congreso por un conflicto por la interpretación de la regla de asignación de los pluris y por la cuota de género. Algunos hombres deberán ceder su lugar a una mujer, un cambio de lugar poco probable, aunque lleno de incertidumbre y con gusto amargo.

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Giovanni Sartori decía que los partidos políticos permanecen porque los ciudadanos no encuentran con qué sustituirlos. Ellos son los que negocian, pierden o ganan batallas, y en ellos recae el control del sistema político al que los electores desafían constantemente.

Mirone ve la polvareda que levantará la integración del Congreso local, cuando quieran asignarse las diputaciones de representación proporcional, los famosos “pluris”. Tendremos un Gobierno local dividido, con un partido a cargo del ejecutivo estatal y un legislativo sin ningún partido con mayoría simple.

En México, los gobiernos divididos son un fenómeno recurrente desde 1989 y se volvieron una constante desde los años 90 hasta hoy. La experiencia de Mirone indica que esto no es ni bueno ni malo, porque nunca provocó parálisis del Gobierno en ningún estado de la república.

Chihuahua es un verdadero laboratorio político y experimentó esta particularidad mucho antes cuando, en la segunda mitad de su gobierno, el panista Francisco Barrio perdió las elecciones intermedias de 1995 y los electores lo castigaron quitándole los municipios y las diputaciones para dárselas al PRI.

El PRI obtuvo el 63 por ciento de aquel Congreso -integrado por 24 diputados- y estuvo a un diputado de distancia de la mayoría calificada. El PRI gobernó con el Congreso local en sus manos y el poder territorial de 56 municipios, dejando solo a Francisco Barrio, encerrado en Palacio y a la cabeza del Poder Ejecutivo.

El primer tramo de la gubernatura de Maru Campos será un gobierno dividido, porque el PAN que conquistó el Gobierno estatal no tiene la mayoría simple en el Congreso, pero tampoco la tiene ningún otro partido.

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Morena impulsa en el Congreso de la Unión una iniciativa para reducir la mitad de las curules, ocupadas por los legisladores de representación proporcional.

El Congreso mexicano está compuesto por 500 diputados, de los cuales 300 son uninominales elegidos por mayoría relativa. Otros 200 son plurinominales, elegidos por representación proporcional. Todos ellos fueron renovados en la elección del 6 de junio.

Apenas 9 días después de las elecciones, el presidente López Obrador retomó la iniciativa y pegó el manotazo sobre la mesa. Anunció el envío al Congreso de reforma electoral para eliminar la mitad de las 200 diputaciones plurinominales y todas las del Senado.

Si la reforma de los artículos 52 al 56 de la Constitución se concretara, su impacto se mediría en 2024. Se supone que a nivel del Congreso estatal correspondería la misma legislación, lo que dejaría al Congreso de Chihuahua con una escuálida presencia.

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¿Un Congreso con menos plurinominales sería más eficiente y moderno, y mejor adaptado a las necesidades del México actual? Existe una idea muy difundida de que los pluris no sirven para nada y de que los chiquipartidos los usan para rapiñar el erario. Además, se han ganado una nefasta fama por determinados casos, muy específicos, a nivel federal y local.

Mirone sostiene que el tema merece atención y cuidado, porque al amparo de la mala publicidad de los plurinominales podría nacer un Congreso monopartidista, regresando al camino pantanoso del partido hegemónico. La figura de los plurinominales nació en los años 60, cuando la representación proporcional prometía dar voz a las minorías que discordaban con el PRI dominante, aunque no tuvieran los votos para estar ahí.

La idea de ahorrar en nóminas, dietas y prerrogativas para tantas personas convoca la atención; sin embargo, las minorías podrían quedar menos representadas y la mayoría podría volverse absoluta, si no es que absolutista.

La próxima legislatura federal tendrá una Cámara de Diputados balanceada, con una oposición que puede obligar a negociar y pensar dos veces las iniciativas del Gobierno, gracias a las diputaciones plurinominales. Es que la raíz del asunto no está en la forma de elección, sino en la desvinculación de la clase política con los electores.

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La próxima legislatura local en Chihuahua reduce la presencia de partidos políticos de ocho a cinco. El PAN se quedó con la mayoría de los diputados elegidos por mayoría relativa, un total de 12. Morena quedó con 7, el PRI con 2 y el PT con 1.

Queda claro el crecimiento panista, que pasó de 9 diputados a 12, y el de Morena, que pasó de 5 a 7 legisladores. El PT quedó igual (1) y el PRI pasó de 1 a 2 diputados. MC tenía dos representantes por mayoría relativa y se quedó sin ninguno, aunque incorpora tres por representación proporcional.

El cálculo mironiano de plurinominales agregaría tres legisladores para Morena (Oscar Castrejón, Benjamín Carrera Chávez y Adriana Terrazas Porras); para el PRI Omar Bazán, Ivon Salazar Morales y Georgina Zapata, y para MC Francisco Adrián Sánchez, Amín Alejandro Corral Shaar y Ana Lucía Baduy. Para el PAN hay dos con Rosa Isela Martínez y Gabriel Angel García Cantú. Al final de las cuentas, el PAN se quedaría con 14 legisladores, Morena con 10, PRI con 5, MC con 3, PT con 1.

La integración local del Congreso le da la primera minoría al PAN, pero Morena puede ser un un contrapeso sólido junto con sus aliados. Un Congreso local integrado por 5 fuerzas políticas hará que los acuerdos y consensos caminen sin atorones, con las coaliciones de facto que se conformen. También es probable que podamos asistir a verdaderas batallas retóricas, con un fuerte discurso social.

Las nuevas condiciones electorales dejan a cuatro partidos sin registro para participar en las elecciones locales (PRD, PT, PVEM y Panal), además de otros tres que perdieron su registro nacional: Fuerza por México, RSP y PES.

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El 6 de junio se eligieron 22 diputados, 12 hombres y 10 mujeres, como parte de un Congreso local donde debe haber paridad de género. Se dice que el consejo del Instituto Estatal Electoral deberá conformar un congreso con 16 diputados hombres y 17 diputadas mujeres; por lo tanto, están obligados a asignar 6 o 7 pluris entre las candidatas de la lista de representación proporcional y las candidatas mejores perdedoras.

Mirone opina que se trata de una aberración jurídica amparada en una errónea interpretación de la paridad sustantiva u horizontal, que exige que los órganos plurales de Gobierno estén integrados por una mitad de hombres y otra mitad de mujeres.

La máxima autoridad electoral debe aplicar nuestra Constitución local y realizar la asignación de los pluris por rondas a los partidos que tienen derecho. La paridad de género está atendida en nuestra Constitución y nuestra Ley Electoral, al garantizar la paridad en la postulación para cargos de elección popular, lo que se cumplió en la etapa de registro de candidatos al inicio del proceso electoral.

Si bien se aprobó una reforma constitucional al respecto, así como diversos aspectos o criterios de jurisprudencia en la materia de paridad de género, estas no establecieron que todos los organismos públicos de carácter plural en los tres órdenes de Gobierno deban estar compuestos paritariamente.

Quienes sostienen el criterio de que deberá prevalecer la paridad sustantiva u horizontal, afirman que en ningún momento se vulneran los derechos de los partidos, ya que les asignan el número de pluris según los votos que obtengan. Pero la puerca tuerce el rabo cuando en la primera ronda de asignación recae en las mujeres que ocupen el primer lugar de las listas.

Este criterio excluiría a Omar Bazán (PRI), Oscar Castrejón (Morena) y Francisco Sánchez (MC), violentando principios como la seguridad jurídica y el debido proceso. Varios especialistas opinan que esto no pasará, porque sería una violación a las reglas de asignación establecidas en la Constitución y la Ley Electoral. Quienes lo avalan se basan en generalidades sobre la paridad de género establecidas en organismos colegiados, en la propia ley y en la Constitución, sin que esté establecido como obligatorio.

Cabe preguntarse qué mujeres serían las pluris asignadas, si las de la lista o las mejores perdedoras. Mirone opina que, al igual que en otras ocasiones, la controversia la resolverá la sala superior del Tepjf.

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La próxima Legislatura deberá aprobar diversas leyes que fueron declaradas inconstitucionales: la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

También deberán actualizar diversos instrumentos jurídico-políticos, como la reforma constitucional para reducir el número de diputados locales, a causa de una nueva redistritación electoral, de acuerdo con el Censo de Población 2020 y al conteo poblacional 2025; la reforma constitucional para reducir el financiamiento público a los partidos políticos y la reforma constitucional para una política de austeridad, para reducir los sueldos de los altos funcionarios de los tres poderes estatales y de los órganos autónomos.