El tema de los migrantes ha cobrado otra vez actualidad y relevancia por muchas razones: por el número alarmante de menores no acompañados que cruzan a los Estados Unidos, por los que se han extraviado en el desierto o han sido secuestrados por el crimen organizado, y por las condiciones infrahumanas en que han sido descubiertos varios grupos de mexicanos y centroamericanos, que son explotados y engañados por los traficantes de humanos

Frente a este escenario de injusticia, maltrato y abuso que sufren miles de personas desplazadas, la autoridad migratoria mexicana sigue jugando el papel del Tío Lolo, haciéndose de la vista gorda y simulando un trabajo que en realidad no cumple.

En los grupos de migrantes que diariamente cruzan la frontera ilegalmente para intentar llegar a las grandes ciudades, van también muchos delincuentes, nacionales y extranjeros, que huyen de sus lugares de origen para evadir la justicia. 

De estos nadie habla y mucho menos los responsables del Instituto Nacional de Migración, que si no atienden la problemática normal, mucho menos la de los migrantes delincuentes que llegan mezclados con los que realmente huyeron de sus casas en busca de mejores condiciones de vida.

Aquí es donde surge la pregunta: ¿quién está protegiendo la frontera mexicana de los delincuentes que detienen las autoridades migratorias en los Estados Unidos y deportan a México por los cruces internacionales de Ciudad Juárez?

Ni en la Policía Municipal, ni en la Estatal y menos en la Federal, tienen respuesta a esta pregunta, porque desconocen o de plano no les importa, por la carga de trabajo que ya tienen con la delincuencia doméstica.

De acuerdo con el reporte de la Patrulla Fronteriza, del 1 de octubre al 19 de noviembre, los agentes destacamentados en los sectores de El Paso y Nuevo México, interceptaron, detuvieron y deportaron a 80 migrantes con antecedentes penales o que eran reclamados por diferentes delitos.

Delincuentes sexuales, depredadores de menores, miembros de pandillas y convictos de asesinato; así como conductores ebrios, violencia doméstica, robo y posesión ilegal de armas de fuego, son los delitos más comunes que han encontrado en estas personas que huyen de sus lugares de origen para escapar de la justicia.

La mayoría de los migrantes infractores detenidos son deportados de inmediato, a menos que se trate de reincidentes que son enviados a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza, mientras son llevados a la corte federal.

En 2010, cuando el Gobierno Municipal intentó implementar un sofisticado sistema de identificación mediante el reconocimiento del iris en los puentes internacionales, las protestas de organizaciones de los derechos humanos no se hicieron esperar y el proyecto se canceló.

Ahora que las deportaciones de malandros van en aumento y se corre el riesgo de que se queden en Juárez a engrosar las filas de la delincuencia, a nadie le preocupa y mucho menos le ocupa atender un indicador de la crisis que pueden generar estos fugitivos, que llegan a la ciudad en calidad de fantasmas, porque no tienen identidad, ni arraigo y mucho menos respeto por una frontera tradicionalmente hospitalaria.

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Dijo ayer el secretario de Educación del Estado, Javier González Mocken, que solo un porcentaje muy pequeño de maestros de la entidad no se vacunaron ni lo van a hacer.

Cincuenta o 60 son los que no quisieron vacunarse, pero respetaron su decisión porque es un número muy pequeño, dijo el mandamás del sector educativo de la entidad.

Qué bueno que sea respetuoso de los derechos de los maestros, pero también debe hacer valer el derecho a la salud de las mayorías, que quieren y deben estar a salvo del virus, por encima de los compromisos sindicales de unos cuantos.

Debe considerar el abogado juarense, que un solo maestro que no se vacune y se contagie del coronavirus, puede causar un daño irreparable a sus alumnos, a sus compañeros maestros y a su familia.

Si son 60 los maestros que no se quieren vacunar por creencias religiosas, por usos y costumbres ancestrales, por ignorancia o por simple necedad, el problema es grave, porque estamos hablando de 60 potenciales contagiadores.

Si la autoridad estatal decidió perdonarles la vacuna y permitirles que sigan dando clases, cuando menos que los obliguen a hacerlo a distancia para que no pongan en riesgo la salud de nadie.

Está claro que los radicales que rechazaron la vacuna se escudan en las garantías sindicales para no perder el empleo ni las prestaciones, pero nadie puede estar por encima del derecho universal a la salud y a la vida, y mucho menos de los niños

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¿Quién sería el malvado asesor que le dijo a la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, que el estado de León está a la vanguardia en materia de seguridad y justicia?

La pregunta obligada surge después de la reunión en que participó Geo para atender la agenda de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Ficosec y la Fiscalía Ggeneral de Justicia del Estado de Nuevo León.

La diputada fue en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia, acompañanando al fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, y al presidente de Ficosec, Sergio Ochoa Muñoz.

En este encuentro se abordaron temas como la denuncia virtual, la persecución penal estratégica, la violencia familiar y la justicia cívica, para identificar mejores prácticas y procesos que permitan mejorar el sistema penal en el estado de Chihuahua.

Todo estaba muy bien hasta que la líder del Ccongreso dijo sentirse emocionada y satisfecha de intercambiar estrategias y aprender de una de las entidades que se encuentra a la vanguardia en materia de seguridad y justicia como lo es Nuevo León.

Nadie le dijo que en septiembre pasado el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reconoció públicamente que en esa entidad la lucha contra la delincuencia es dispareja porque el crimen los rebasa con recursos.

El secretario de Seguridad Pública durante la administración de El Bronco y que repitió en el cargo con el actual gobernador Samuel García, admitió en aquella ocasión que la capacidad económica del crimen organizado es hasta 20 veces superior a la de la autoridad.

Un dato revelador que muestra el grave de problema de seguridad que vive Nuevo León, es que 7 de cada 10 delitos de todo tipo son cometidos contra mujeres, dicho por el propio jefe policiaco.

En todo caso, el encuentro fue para compartir experiencias negativas y ver las mejores opciones para enfrentarlas y no para aprender, porque en materia de seguridad y justicia, los amigos norteños están pasando más apuros que en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León acumuló hasta el mes de septiembre 68 mil 569 delitos del fuero común, 13 mil 703 más que el estado de Chihuahua.

En materia de feminicidios, Chihuahua ocupa un deshonroso 5º lugar, pero Nuevo León le sigue los pasos en el 7º sitio. Entonces, ¿qué pueden venir a enseñarle a nuestras rezagadas agencias de seguridad, si no pueden bajar los indicadores delictivos en aquella entidad?