Un mensaje festivo en medio de la tragedia, que habla de que estamos bien y vamos mejor, al más puro estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el jueves Maru Campos, al cumplir su primer año como gobernadora de Chihuahua.

El mensaje lo hizo a través de un video de poco más de 2 minutos, difundido en las redes sociales del Gobierno estatal, en el marco de los mini informes que presentaron los integrantes de su gabinete.

“Quiero platicarles que me siento profundamente orgullosa de lo que hemos logrado y muy ilusionada porque seguimos trabajando, con la mirada puesta en el futuro”, dice al inicio de un discurso que pretendía ser emocional, pero que solo queda en uno sin sustancia que compruebe sus palabras.

El hecho de que la gobernadora diga que está más concentrada que nunca y que sigue trabajando para llegar a todos, carece de todo sentido y no tiene ningún mérito, porque esa es su obligación.

Mérito sería si, con hechos, respaldara sus palabras y confirmara el trabajo con las obras y acciones que prometió cuando era candidata. Sin embargo, a 12 meses de asumir el cargo no hay nada que presumir.

María Eugenia Campos se atrevió a decir que nada ni nadie detendrá el trabajo que “podemos y debemos hacer por ustedes”, como si los chihuahuenses no supieran que en materia de seguridad no han podido con las bandas del crimen organizado, que son los que mandan en todos los municipios del estado.

Expresó con mucha enjundia “aquí está su gobernadora”, pero eso ya lo sabemos, lo que no sabemos es para qué ha servido a los chihuahuenses, a un año de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Frente a la crisis en que se mantiene el estado y su gobierno, por la violencia y los desastres naturales que se viven actualmente, Campos Galván aseguró que han respondido con unidad y trabajo, lo cual es otra mentira, porque en los atentados de alto impacto que se han registrado en la Sierra y en Juárez, su policía preventiva ha fallado rotundamente, dejando solas a las autoridades locales, y los índices de impunidad por la ineptitud de la ministerial, alcanzan niveles de escándalo, con el 94 por ciento de casos sin resolver.

En las pérdidas materiales y de cultivos, que por las inundaciones han sufrido los habitantes de 28 municipios, tampoco se ha visto esa unidad ni el trabajo que pregona, porque han sido los alcaldes los que han respondido solos a la emergencia, mientras que los damnificados siguen esperando que llegue la ayuda prometida por el estado.

Si insiste en que su gobierno ha atendido las calamidades causadas por las lluvias, habrá que aclararle que mojarse los pies caminando por una calle inundada y revisar las presas antes de que se desborden, en nada ha ayudado a la gente afectada por el temporal, porque hasta los diputados locales han tenido que hacer una coperacha para apoyarlos.

Si en lugar de salir a cuadro hablando quimeras, mostrara en video las imágenes de lo realizado, y pudiera ser cotejado con los datos duros de lo que se gastó en cada obra o acción, que dice con tanta emoción que realizó, otro gallo le cantaría.

En Juárez, por lo pronto, no hay nada que pueda presumir, porque ni las obras abandonadas por la anterior administración en vialidades y del sistema de transporte de pasajeros, han podido terminar, y del tema de seguridad pública mejor ni hablamos.

Por lo mismo, en tres palabras puede resumirse la mediocre rendición de cuentas de Maru y su gabinete: Nada que informar.

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De los mini informes que rindieron los integrantes del gabinete del Gobierno del estado, destacó el del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, pero no por haber realizado un trabajo eficiente en su primer año de operaciones policiacas, sino por la manipulación de las cifras para asegurar que el homicidio doloso lo redujo en un 25 por ciento, en todo el estado.

Revisando únicamente la estadística de Juárez, por ser el municipio con más asesinatos, tenemos que en los 12 meses del gobierno marucampista se registraron 1,207 homicidios dolosos, hasta el 8 de septiembre.  Tan solo en los primeros cuatro meses de esta administración, de septiembre a diciembre del 2021, hubo 466 asesinatos y ninguno ha sido resuelto.

En estas cifras se encuentran los 12 eventos de alto impacto que vivieron los juarenses a lo largo del 2022, entre ellos los ocurridos en un templo cristiano de la colonia 16 de septiembre, los de la avenida Tecnológico, frente al Poder Judicial de la Federación, el del restaurante Denny’s y los del jueves negro. En todos estos casos, los asesinos siguen sueltos.

Por todo eso, las cuentas alegres manejadas por el Capitán Centinela, perdón Loya, no son como para presumir ni echar las campanas al vuelo.

El jefe policiaco debe considerar, por un principio de respeto, que los muertos no son simple estadística que pueda manipular a su conveniencia, pues un solo asesinato cuenta, aunque le pueda que la costosa corporación a su cargo se la pase dando palos de ciego y no pueda inhibir este delito.

Podrá seguir manejando cifras mentirosas todo el tiempo, y presumir la Torre Centinela como la obra cumbre de la administración que terminará con la inseguridad, pero eso no asusta a los malandros ni resuelve la violencia e impunidad que padecemos.

Ahí están los hechos que sí son reales y comprobables.

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Muy oportunistas se vieron los diputados locales del PAN, del PT y de Morena, con sus “enérgicos” posicionamientos, en torno a la tragedia del miércoles pasado en Villa Ahumada, donde un tráiler arrasó con clientes y locatarios de uno de los paraderos de venta de burritos, con un saldo de 10 muertos y 16 heridos.

Ismael Pérez Pavia, Gustavo de la Rosa y Deyanira Ozaeta Pérez, abordaron la tribuna del Congreso para lamentar los hechos, pedir atención para las víctimas y castigo para el chofer de vehículo de carga, así como para las autoridades que, por omisión o negligencia, han tolerado que tráileres, autobuses de pasajeros y particulares atraviesen el poblado con exceso de velocidad.

El oportunismo de los diputados, quedó de manifiesto por el hecho que nunca antes exigieron el control de la velocidad en ese tramo a las autoridades locales ni a las estatales, y hasta después de la tragedia se acordaron del problema, solo para colgarse del tema que fue noticia nacional internacional.

Las palabras se las lleva el viento, dice el refrán, que aplica perfectamente en este caso, porque mientras no se forme una comisión, para el seguimiento puntual de la investigación del accidente y la atención e indemnización de las víctimas y sus familias, sus posturas quedarán en un simple show mediático.

Si en la sesión del Congreso de ayer, se hizo un llamado a las diferentes instancias de Gobierno para que se investigue a la dependencia responsable del accidente vial de Villa Ahumada, deberán comenzar por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la que dependen los agentes de vialidad de ese municipio.

El caso obliga a que también miren a otros municipios que carecen de libramientos, y por donde cruzan todo tipo de vehículos pesados con exceso de velocidad, como Camargo, Meoqui, Cuauhtémoc y Jiménez.

En ninguno de estos municipios se respetan los límites de velocidad, cuando los camiones de carga y autobuses de pasajeros cruzan por la zona urbana, sin que nadie les ponga freno.

De no llevar a los hechos estas acciones, sus pronunciamientos quedarán como simples ocurrencias y no como genuina preocupación por lo ocurrido.