Es cuestión de observar los resultados finales de los cómputos y ver cómo se diseñaron las boletas electorales para concluir que hubo un sesgo en la votación o un impacto diferenciado entre mujeres y hombres.

En general, recibieron más votos las mujeres que los hombres.

Ya sabemos que la clave de los triunfos radicó en el número de acordeones en los que aparecieron las candidaturas (sobre todo los que operaron las estructuras en los tres órdenes de Gobierno), pero también incidió su posición en la boleta. Igualito que pasó con quienes iban en la parte superior, primero en la lista, el número que les fue asignado.

Lo que comenta Mirone aplica principalmente para los cómputos de juezas y jueces de primera instancia, tanto en Juárez como en la ciudad de Chihuahua, cabeceras de sus respectivos distritos, donde no hubo tanto control o se dejaron más sueltos los acordeones, porque la prioridad eran las 30 magistraturas.

En cada boleta electoral correspondiente a los distintos cargos en disputa y a las diferentes materias (Penal, Civil, Familiar, Laboral, Mixto, Menores), la lista de candidatas se colocó a la izquierda y la de hombres a la derecha. Es decir, primero las mujeres y enseguida los hombres.

Es el orden lógico. Empiezas a escribir o a seleccionar opciones por la izquierda de la papeleta.

Lo que se puede inferir, es que un elector abrumado por tanta boleta electoral en sus manos (en Juárez 11, sumando las estatales y las federales, en Chihuahua capital 13 en total), pudo empezar, pero no en todos los casos concluyó la selección de sus opciones. O no completamente. Y si empezó, lo hizo con las mujeres.

No es difícil imaginar el escenario de alguien llenando completos los primeros recuadros, pero no los segundos. “Con eso mero”. “Ya estuvo”. Quizá a quien está leyendo esto, le ocurrió, incluso si llevó acordeón; con más ganas si no lo hizo.

Si empezamos con la materia Civil, en el Distrito Judicial Bravos, para mujeres se dejaron 67 mil 140 recuadros no utilizados, mientras que, respecto a los hombres, subió a 72 mil 566.

La mujer más votada (por alguna travesura, acuerdo o equivocación iba en todos los acordeones) fue Irma Leticia Arango, con 60 mil 212 votos, mientras que el hombre más votado en la misma boleta, Alberto Hiram Arroyo, nada más llegó a 47 mil 839 votos. Hay diferencias sustanciales en todos los primeros lugares de las listas.

En materia Familiar, Yazmín Eli Montoya Chávez, la mujer más votada, con 47 mil 94 sufragios, estuvo muy por encima de los 41 mil 591 votos del primer hombre, Alejandro Zepeda Ramírez.

En mujeres se dejaron sin utilizar 93 mil 121 recuadros, pero en hombres subió hasta 99 mil 476.

En Penal, prácticamente empataron Norma Angélica Aguilar (25 mil 406) y Hugo Óscar Alonso González (25 mil 586) aunque los recuadros sin utilizar sí fueron mayores en los hombres (63 mil 663) que en las mujeres (54 mil 598).

En el caso de la materia Laboral, fueron más los recuadros no utilizados en mujeres (103 mil 88) que en los hombres (80 mil 584), pero las mujeres en primeros lugares sí obtuvieron muchos más votos que los hombres. En la cima quedó Guadalupe Terrazas López con 65 mil 672 votos, mientras que, en la misma boleta, Rafael Alvídrez Escalante únicamente alcanzó 38 mil 984 votos.

En las magistraturas, en el cómputo estatal, también se ve que salvo la “anomalía” en el caso de Yamil Athié en materia Civil, en el resto de las materias, en todos los primeros lugares, aparecen mujeres más votadas que los hombres, incluso si se revisa el resto de la lista en el ramo Civil.

En Penal no es tanta la diferencia, pero las siete mujeres que lograron boleto al Tribunal están por encima en votos que los siete hombres que también ganaron.

Fue precisamente una mujer la reina de toda la votación, con 121 mil 835 sufragios. Marcela Herrera Sandoval, ya magistrada electa en materia Familiar, fue la más votada porque estuvo en todos los acordeones importantes; además, porque su nombre iba no únicamente del lado izquierdo, sino en la parte superior, al ser la número 1.

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Todas las candidaturas ganadoras en el cómputo de juezas y jueces recibieron ayer sus constancias de mayoría en la Asamblea Distrital Bravos.

Hubo desfile porque fueron 83 las candidaturas electas, así que se presentaron en tandas, separados por materia. Primero en Civil (6 mujeres y 5 hombres), luego en Familiar (6 mujeres y 5 hombres) y después en Laboral (5 y 4) y Menores (2 y 1).

Al final pasaron las ganadoras y los ganadores en materia Penal (49 en total, 25 hombres y 24 mujeres).

La mayor polémica la ha generado precisamente una ganadora en materia Penal. Nos referimos a Silvia Rocío Delgado García. Tiene en su historial un dato nada menor. Fue parte de la defensa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, cuando el jefe del cártel de Sinaloa estuvo preso en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez.

Delgado, litigante de 51 años, tuvo representación del capo cuando intentó frenar la extradición a Estados Unidos, en 2017. En aquel tiempo, apareció en algunas entrevistas explicando los argumentos en contra del procedimiento que llevó a El Chapo a ser juzgado en Nueva York.

Sin carrera judicial, Delgado se registró, ocho años después de aquel episodio, como candidata a jueza penal y logró la segunda votación mal alta de las mujeres (23 mil 605 votos).

Algo especial hizo la abogada en su operación electoral, ya que no estaba en los acordeones de las estructuras gubernamentales. Al menos formalmente, quién sabe si bajo cuerda hubo algún arreglo.

De todo hubo ayer en la pasarela. Ya hemos hablado ampliamente aquí de la captura de la elección por parte de las estructuras partidistas que operaron con la fuerza de los Gobiernos, pero también hubo casos emblemáticos de candidaturas que navegaron con bandera de independientes y les vieron la cara a los operadores políticos.

Sin empacho alguno, les prendieron veladora a unos y otros y sacaron provecho a la hora de que los incluyeron en los acordeones. Desde luego que si iban con los operadores del Estado no les decían que ya andaban con el Municipio o que también tenían arreglo con los de Bienestar.

Le comentaron a Mirone que así la jugó la jueza en funciones en materia Familiar, Cristina Ivonne Borunda Carrasco. Por eso logró aparecer como la segunda más votada. Iba en las “guías de participación” 1 y 2 del Gobierno del Estado, pero también en el acordeón de la Presidencia Municipal guinda.

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Quien no suelta el tema de las “extorsiones” que sufren dueños de diversos negocios en Juárez, a manos de supuestos representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de la Asociación de Autores y Compositores de Música (SACM), es el presidente de Canaco, Iván Flores.

Junto con los dos Rogelios, los expresidentes de apellidos Ramos y González, fue a dar hasta el despacho del titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo.

El tema que sacude a profesionistas y empresarios, tiene que ver con los operativos de supuestos inspectores que exigen una licencia para tocar música y aprovechan el viaje para amagar a los dueños con clausuras si no firman convenios de pago.

Los están embarcando con cobros que van de los mil a los 50 mil pesos mensuales, ya que según el sapo es la pedrada. Hablamos de salones de eventos, salas de belleza, consultorios médicos, hoteles, restaurantes, bares y estéticas.

Ante Nieto, la representación juarense se quejó de que la autoridad (IMPI) se presenta a los negocios acompañada de los representantes de las sociedades autorales y hasta utilizando sus vehículos particulares.

Hay un hostigamiento que está siendo avalado por el IMPI y es lo que fueron a plantear ante el funcionario federal, además de lo obsoleto de la norma que plantea el cobro de derechos por la cantidad de televisiones en los negocios, cuando ya se usan otros dispositivos electrónicos.

Luego de la visita, los Canacos informaron que hubo el acuerdo para instalar una mesa de trabajo entre instancias involucradas o interesadas, empezando por el IMPI, la SACM, Canaco Juárez, Asociación de Hoteles y Moteles y Fecanaco Chihuahua.

Lo más importante es que, por lo pronto, hubo el compromiso de Nieto Castillo de suspender las visitas a los negocios. O sea que les darán un respiro.

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La CNTE, experta en hacer paros, movilizaciones y chantajear a las autoridades, la volvió a hacer. Dobló al Gobierno de la 4T y consiguió más privilegios para los burócratas federales, incluyendo, desde luego, a los maestros.

Después de 20 días de bloqueos y protestas en la Ciudad de México y otras partes del sur del país, logró que se bajara la edad de retiro o jubilación para los burócratas que no cotizan en el régimen de Afores.

Al menos ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum: el proyecto de Decreto Presidencial congela en 58 y 56 años la edad de retiro para hombres y mujeres que ya cotizaban antes de enero de 2008; además, reduce dicha edad a partir de 2028.

Con la propuesta, la edad de jubilación bajaría a 57 y 55 años en 2028, a 56 y 54 en 2031, y a 55 y 53 a partir de 2034, siempre y cuando el trabajador tenga 30 años de labores, y la trabajadora, 28 años.

La edad mínima había empezado a aumentar cada dos años a partir de 2010, y la ley ordena subirla a 59 años hombres y 57 mujeres en 2026, y a 60 y 58 años a partir de 2028, de manera permanente.

La medida se aplicará por “solidaridad” y “justicia social”. El problema es que no queda claro de dónde saldrán más recursos para esas jubilaciones nuevamente anticipadas. El proyecto ni siquiera contiene un estudio del impacto sobre las finanzas públicas.

Nada más en este año, el Gobierno Federal debe subsidiar al Issste con 386 mil millones de pesos para pago de pensiones y jubilaciones. Si el sistema ya está quebrado, va a estar peor en el futuro.