De nuevo, la tragedia. Otra vez la cadena de omisiones institucionales que termina con vidas perdidas; nuevamente la alerta encendida por lo que está mal, por lo que nunca debió ocurrir y jamás debería repetirse.

La noche del viernes 7 de noviembre, el pastor Mauro Cabañas Arámbula fue asesinado en el interior del anexo que dirigía, “La Entrada Triunfal”, un albergue o refugio ubicado en la colonia Kilómetro 29, donde recibía a personas con problemas severos de adicciones.

Un usuario de drogas en estado psicótico, Edeer Issel Ávila Moradel, de 34 años de edad, lo atacó y lo asesinó golpeándolo repetidas veces con la tapa de un tinaco.

Tres días después del homicidio, cuando Edeer Issel se encontraba en la audiencia de control de detención y formulación de la imputación del delito, murió en una de las salas de la Ciudad Judicial.

Lo que ha trascendido es que fue severamente golpeado por los demás internos del anexo cuando, la noche del viernes, se enteraron de que había asesinado al pastor. No recibió la atención médica debida y murió antes de que se definiera su situación legal por parte del juez. A la audiencia llegó en silla de ruedas, precisamente por las lesiones que presentaba.

Se supone que sí había ingresado al Hospital General, después de que la Policía Municipal lo puso en manos de la Fiscalía Zona Norte por el homicidio del pastor; pero se desconoce cómo fue dado de alta (la noche del sábado) para que terminara muerto en la audiencia del lunes. Oficialmente falleció por una tromboembolia pulmonar.

Un policía municipal que declaró antes de que la audiencia se decretara en receso (para jamás reanudarse porque murió quien sería imputado) también dijo que, al atender el llamado de emergencia, vio a personas que lanzaban piedras hacia la azotea, donde el detenido, completamente desnudo, golpeaba al pastor.

Antes de esa cadena de sucesos fatales, una denuncia había alertado de otro hecho criminal atribuido al mismo Edeer Issel: trastornado y violento, mató a un perro y se comió algunas de sus partes.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 6. El hombre fue arrestado en la calle Cuauhtémoc de la colonia Nuevo Hipódromo, luego de la denuncia de vecinos que lo vieron matar a golpes al perro para después empezar a devorarlo.

En ese momento fue detenido por primera vez por parte de la Policía Municipal. Los agentes buscaron a su familia, que no quiso recibirlo porque ya había intentado hacerles daño a su esposa y a su hija.

Matar a un animal es delito, pero los policías municipales nunca lo presentaron ante el Ministerio Público. Es lo que debieron hacer y no entregarlo al albergue para que éste se hiciera cargo de él.

Ni siquiera se verificaron sus antecedentes. Después se conoció que el hombre tenía una ficha de búsqueda por parte de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos.

Desde 2022, la Administración para el Control de Drogas lo tenía en su lista de sujetos buscados por posibles delitos en materia de tráfico de drogas. Era buscado por el delito federal de conspiración para distribuir metanfetamina.

En los registros estadounidenses también aparece que fue procesado en la Corte del Distrito Sur de Indiana, junto con 37 personas más, por posesión de metanfetamina.

No se sabe cómo quedó libre, pero estaba aquí en Juárez, preso del consumo de las drogas que antes traficaba. Tampoco se conoce que aquí se le haya abierto alguna otra causa penal.

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La Policía Municipal lo llevó a un anexo o albergue cristiano “Arca de Noé”, donde la pastora a cargo lo encerró porque estaba demasiado violento. Después tuvo que llamar a la Policía porque no podía controlarlo. Pasó tiempo para que atendieran el llamado, hasta que finalmente se presentaron de nuevo para trasladarlo a otro anexo. El pastor Mauro Cabañas había aceptado recibirlo en “La Entrada Triunfal”.

No queda claro si la pastora hizo la gestión o la propia Policía Municipal; lo que sí pudo establecerse es que los agentes no sabían qué hacer y por eso no atendían el llamado que les hacía la responsable del “Arca de Noé”, quien tuvo que marcar varias veces al 911 para reportar la situación.

Mauro lo recibió, pero momentos después, esa misma noche, agresivo y posiblemente bajo el síndrome de abstinencia, subió a la azotea. El pastor subió también para intentar tranquilizarlo, pero ahí fue atacado hasta que perdió la vida.

El caso ha evidenciado que en la ciudad no existen protocolos de actuación policial ni la infraestructura de salud necesaria para atender situaciones de riesgo, alteraciones conductuales y episodios psicóticos derivados de las adicciones.

Es alarmante en una ciudad en la que crece el consumo y se reportan efectos cada vez más severos por adicciones al cristal, fentanilo y otras drogas sintéticas.

Cada vez es más común ver a usuarios de ese tipo de drogas sufriendo cuadros psicóticos, trastornos que se caracterizan por una pérdida de contacto con la realidad, delirios y alucinaciones que llevan a conductas agresivas.

Sin embargo, ni por el lado de la salud pública ni por el de la seguridad se articulan presupuestos, estrategias y programas específicos para atender debidamente los casos como el de Edeer Issel.

A final de cuentas, se deja toda la carga y toda la responsabilidad a los esfuerzos privados o particulares, generalmente albergues cristianos o evangélicos que absorben casi completamente el financiamiento y la operación, sin protocolos y procedimientos homogéneos y validados por autoridad alguna.

Simplemente hacen lo que pueden y corren todos los riesgos, como ocurrió con el pastor Mauro. Y hacia atrás está toda la cadena de acciones omitidas que pudieron haber evitado el desenlace fatal.

Desde que terminó con la vida del perro, el hombre debió haber sido recluido pero ¿dónde? Ni en el sector salud, ni en las propias instancias policiales, prejudiciales o judiciales existe el espacio adecuado. Es lo primero que debería resolverse. Claro que no es suficiente el puro espacio: lo importante es que tenga equipamiento y personal debidamente capacitado para el control, el tratamiento, la rehabilitación y la atención médica, bajo protocolos previamente determinados.

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Los anexos actualmente operan sin personal de seguridad, menos el personal médico necesario. Aplican su propia fuerza, la de otros internos y la de los voluntarios, ayudados nada más que por la fe y sus creencias.

No hay seguridad ni para los internos ni para el personal. Tampoco hay apoyo médico y psicológico. Ni siquiera capacitación. Y no únicamente en cuanto al personal al frente de los albergues: tampoco las corporaciones policiacas o persecutoras del delito se han preocupado en prepararse para atender estas situaciones.

En las corporaciones de seguridad pública, donde generalmente la Policía Municipal es la primera respondiente, lo que buscan es deshacerse de ese tipo de detenidos. Saben que nadie irá a pagar una multa para regresarlos a casa. Consideran que se convertirán en bombas de tiempo que pueden estallar en cualquier momento, y lo que buscan es que, si eso pasa, no ocurra cuando esté la persona bajo su resguardo.

No hay espacios de contención y tratamiento para quienes entran en situación crítica por el consumo o por la abstinencia. Tampoco protocolos ni especialistas. Ni bajo los cuerpos policiacos, ni bajo la red de anexos, para tomar las decisiones adecuadas.

En términos simples, esos espacios manejados por ministros evangélicos o cristianos operan como centros de rehabilitación “piratas”, en el sentido de que no están debidamente registrados ni validados por autoridades de salud.

“La Entrada Triunfal” no está registrada como centro de tratamiento de adicciones, confirmó durante la semana la jefa de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic) Zona Norte, Lizeth Gutiérrez Perea.

Pero como la autoridad es omisa y no aborda el problema como debería, deja que los anexos o refugios hagan lo que pueden con sus propios recursos y criterios, la mayor parte de las veces en espacios improvisados, sin el equipamiento o las instalaciones adecuadas para enfrentar la llegada de internos en condiciones críticas, como pasó en el caso de Edeer Issel.

Literalmente hacen milagros, aunque ya vimos bajo qué costo o bajo qué riesgos.

El pastor Mauro Cabañas Arámbula fue velado en el templo que él mismo fundó y dirigió durante varios años.

A escasos metros de ese lugar se encuentra el albergue donde fue brutalmente asesinado, allá en el Kilómetro 29, una de las colonias de mayor marginación, en la orilla surponiente de la ciudad, a donde se llega tomando la carretera a Casas Grandes.

En su funeral, los asistentes destacaron su nobleza, su pasión por ayudar a los demás y su entrega al trabajo espiritual y comunitario.

“Muchos nos emocionamos cuando recibimos un llamado, pero ser un mártir por el evangelio, por su trabajo, por su ministerio… son pocos los que están dispuestos a pagar ese precio. Son pocos los que dicen ‘sí’, los que dicen ‘yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio’”, dijo uno de ellos.

La tragedia es múltiple, como múltiples son las omisiones. Se han perdido vidas humanas, pero eso no parece mover a las estructuras gubernamentales que deberían atender el problema de fondo. Mientras se sacuden las conciencias ciudadanas, las autoridades prefieren ignorar o minimizar el problema.

¿Quién se hará cargo de construir los protocolos y vigilar que se cumplan? ¿Cuándo se destinarán los presupuestos suficientes para el equipamiento y el personal requerido? ¿Qué se hará para capacitar a los agentes policiacos y al personal de los anexos sobre el manejo de situaciones críticas? ¿Cuándo dejará el Gobierno de huir de sus responsabilidades y dejar todo en manos de las organizaciones o grupos religiosos? ¿No pensarán los gobernantes y los funcionarios en construir y habilitar espacios con recursos públicos?

Son demasiadas las respuestas pendientes. Urge que se confeccionen y se instrumenten verdaderas políticas públicas, transversales a todos los órdenes de gobierno y a sus diferentes dependencias, para que por fin se atienda la falta de instalaciones adecuadas ante la realidad lacerante que nos presentan las crecientes adicciones.

Ningún Mauro, ningún Edeer; nadie más debe morir por una sucesión de omisiones y carencias sistémicas.