Ya se volvió práctica común en el Gobierno de Cruz Pérez, que los recursos públicos se utilicen para financiar proyectos y negocios privados.

Así está pasando ahora con el Museo de Juan Gabriel. Es una institución privada a la que se le asignaron 70 millones 241 mil 367.15 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2024, aprobado por Cabildo y por el Congreso del Estado.

Le han agarrado el modo. Se argumenta la promoción turística de la ciudad. Y como en este caso todo mundo ama a Juan Gabriel, pues nadie va a decir que no.

Sin embargo, hay opacidad porque a la fecha no se sabe exactamente para qué se usó o se usará ese dinero. No se conoce desglose alguno de ese subsidio.

Ya hay fecha de apertura formal del Museo para el próximo 23 de agosto, día en que arrancará el festival Juangabrielísimo, en conmemoración del aniversario luctuoso del Divo de Juárez, quien falleció el 28 de agosto del 2016, hace ocho años.

A lo mejor ahí se verá en dónde se metió tanto dinero público. Y eso es aparte de la inversión propia del festival, que no se ha informado tampoco cuánto se llevará de las arcas municipales, ya que todas las actividades serán de corte gratuito. El negocio privado del Museo vendrá después, cuando le pongan tarifa a la entrada.

Mucha fiesta con 14 eventos en 10 días. El cierre será en un concierto masivo en la Plaza de la X, con Edith Márquez el 1 de septiembre.

De acuerdo con un seguimiento de Norte Digital, hasta el mes de marzo, habían salido de la tesorería municipal 34.5 millones de pesos.

El Municipio entregó el 27 de noviembre de 2023 el cheque número 162096, por un importe de 9 millones 340 mil 320 pesos, mientras que el 7 de febrero de 2024 entregó el cheque número 343187, por un monto de 5 millones 254 mil 800 pesos.

Ambos cheques salieron a nombre de la Fundación Juan Gabriel, A.C., cuyo director es el arquitecto Felipe Rojas Portillo, quien ayer participó en la rueda de prensa para presentar el programa de Juangabrielísimo.

El 24 de marzo se entregó un tercer cheque por 20 millones de pesos.

Se desconoce si ya se hizo efectiva la entrega del total por 70.2 millones de pesos. No es una cifra menor para un presupuesto municipal.

Ese recurso es mayor a los 59 millones que al año le presupuestan al instituto Chihuahuense del Deporte y casi triplica los 25.3 millones que recibe el Instituto Municipal de Investigación y Planeación para fijar las directrices del ordenamiento de la ciudad.

También supera en más del triple el presupuesto anual del Instituto Municipal de las Mujeres que apenas llega a 20 millones 300 ml pesos y es más del doble que los 30 millones 131 mil 973 pesos presupuestados anualmente para el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

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A propósito del cuestionable destino de los recursos públicos municipales, el fin de semana se conocieron más datos sobre el dinero que los regidores se fueron a gastar a España.

El portal Yo Ciudadano del Plan Estratégico de Juárez, publicó datos obtenidos por solicitudes de información que señalan el gasto del viaje en un millón 190 mil pesos.

Y no fueron todos los ediles. Aquí se quedaron seis de los 20 que integran el Ayuntamiento. La mayor parte, un millón 50 mil pesos, se le facturó a una misma persona como proveedor, en este caso Antoine Hubert Emmanuel Chauveau.

Hasta para sus chicles les dieron en el Ayuntamiento juarense. Diez mil pesos a cada uno de viáticos, cuyo gasto todavía deberán comprobar.

Por cierto, Mirone le dio su buscada en el ciberespacio al nombre de Antoine Hubert Emmanuel, quien aparece cobrando facturas en Ayuntamientos mexicanos desde 2017. Por eso comentábamos antes que esos entes privados de promoción turística disfrazada de capacitación, han encontrado mucho mercado en Latinoamérica. Les arman a funcionarios y representantes populares con presupuestos a su disposición, paquetes para Madrid y nadie les dice que no.

Los 14 ediles que se fueron a Madrid, son los morenistas Antonio Domínguez y Ana Estrada, así como los priistas Mireya Porras y Jorge Gutiérrez Casas. También los exrepresentantes del Panal que ya se hicieron guindas y crucistas, Karla Escalante, Jorge Quiroz y Vanesa Mora, así como la emecista que tronó con su partido por apoyar a Cruz, Tania Maldonado Garduño y la expanista que se volvió independiente, Alma Arredondo.

Además, está el petista Héctor Hugo Avitia y casi toda la bancada panista: Joob Quintín Flores Silva, Enrique Torres Valadez, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez y Víctor Manuel Talamantes Vázquez.

Con razón no hay oposición sólida en el Ayuntamiento. Ni modo que quienes sacan beneficio del erario se pongan a cuestionar su uso indebido.

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El fin de semana se avanzó otro paso en el proceso de selección de las dos magistraturas que abrió la reciente reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el TEJA.

Se definieron por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, las dos ternas, una de hombres y una de mujeres, con los seis finalistas para ocupar esas dos plazas muy peleadas porque tienen sueldos mayores al del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el TEJA andan ganando los magistrados unos 160 mil pesillos con todo y arrimadijos.

Por el lado de los hombres, llegaron hasta la final, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, José Luis Reyes Portillo y Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Por el lado de las mujeres son Priscila Soto Jiménez, Sofía Adriana Hernández Holguín y Lizbeth Alicia Vázquez Tena.

De Naranjo Espinoza, su currículum señala que lleva 11 años de magistrado en la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Chihuahua, Chihuahua, donde ya participó en la emisión de más de 26 mil sentencias en materia Administrativa, incluyendo de Responsabilidad de Servidores Públicos.

Respecto a Reyes Portillo destaca su carrera de 22 años en el Tribunal Fiscal de la Federación. Desde diciembre de 2015 se desempeña ahí como magistrado supernumerario.

Sobre Rodríguez Camacho, sus cartas credenciales están en el propio TEJA al que ingresó en enero del 2022 y en el cual ocupa hoy el cargo de secretario de Acuerdos, donde emite acuerdos y elabora proyectos de sentencias interlocutorias y definitivas.

En cuanto a las mujeres, Soto Jiménez trae su experiencia en materia de transparencia. Laboró en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), donde recibió y tramitó recursos de revisión en contra de las respuestas emitidas por los Sujetos Obligados. En el Congreso del Estado trabajó dando respuestas a solicitudes de información.

De Hernández Holguín destaca que desde 2019 trabaja en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde ya fue secretaria de acuerdos adscrita a la ponencia del magistrado presidente.

Sobre Alicia Vázquez, se indica que tiene 25 años de experiencia en la Administración Pública, 16 de ellos en la Secretaría de Hacienda. Trabajó también en el equipo que armó la Reforma para la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos y el primer proyecto de la Ley de Procedimiento Contencioso.

Serán una mujer y un hombre las personas seleccionadas, en votación por separado. Una de cada terna, en sesión del Pleno del Congreso del Estado que se agendará esta misma semana.

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Ya cuando está por irse la actual Legislatura, aprobó finalmente la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con más de un año de retraso respecto a lo que se había ordenado cuando se aprobó a nivel federal la Ley General en la materia.

La nueva ley estatal entrará en vigor hasta enero del 2025, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dentro de 180 días naturales después de su publicación, le corresponderá al Poder Ejecutivo conformar el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, emitir los reglamentos respectivos y adecuar los lineamientos, acuerdos y demás disposiciones administrativas vigentes.

La idea de la legislación es garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para todas las personas, por lo que ahora menos le deberán sacar la vuelta las autoridades a las que les toca multar a quienes bloquean en banquetas la accesibilidad de peatones y personas con alguna discapacidad.

Habrá mucha tarea para cumplir para autoridades municipales y estatales, ya que se deberá regular y vigilar el el tránsito seguro y los factores de riesgo vial; garantizar la participación social efectiva en los programas y proyectos de movilidad, así como establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública.

Las leyes en materia de movilidad siguen la tendencia mundial de tomar en cuenta la pirámide de la movilidad que pone en primer término al peatón y el transporte no motorizado, por eso las normas establecen la clara preferencia de paso de peatones y la protección a ciclistas

Se supone que también se busca reducir la demanda y compensar el costo del uso de los automóviles particulares.

Así que ahora ni cómo vayan a salir en el Gobierno municipal que hay que terminar de desvalijar la nunca terminada ciclovía. Por el contrario, según el espíritu de la nueva legislación, se debe incrementar la apuesta por ese tipo de transporte.

Sobre la nueva legislación, también llama la atención que busca garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito, ya que ahí siempre llevan las de perder. Los únicos que ganan son las aseguranzas y los agentes de tránsito que se coluden con esas empresas.

La legislación le entra a regular velocidades máximas con base en la Ley General, niveles máximos de alcohol, cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y casco para motociclistas.

Ahora vendrá lo más importante de todo: que en verdad se respete la ley y no sea convierta en otra letra muerta más.