Por 30 votos a favor y dos en contra, fue aprobado ayer al mediodía en el Congreso, un exhorto al Ayuntamiento de Juárez para que reduzca los incrementos propuestos a la nueva tabla de valores catastrales, por considerar “que atenta contra la economía de las familias juarenses y violenta los principios de equidad y proporcionalidad, además de que el documento de origen, es carente de motivación y justificación”.
De esta manera, la tabla que debía pasar en estos días al pleno para su aprobación, para el Ejercicio Fiscal 2023, regresará al Cabildo de Juárez para que sea modificada a la baja.
La propuesta de la nueva tabla fue rechazada con los votos de diputados panistas y toda la bancada de los morenistas, que le dieron un revés al Gobierno emanado de su mismo partido.
Cuando comenzó la discusión del tema, los diputados de la 4T propusieron que la misma regla se aplicara a todos los municipios que quieren aumentos del predial.
Al final, el punto de acuerdo fue para Juárez y una vez que lo sometan a nueva votación en el cabildo, deberá regresar con un ajuste a la baja. De no ser así, la tabla no sería aprobada por el pleno del Congreso, y automáticamente quedaría la que estaba antes de los aumentos votados por los regidores juarenses.
El diputado más incisivo en la impugnación del aumento catastral, fue sin duda el panista Gabriel García Cantú, quien en tribuna expresó que antes de pensar “en el aumento de impuestos sin justificación alguna, el Gobierno Municipal debe tener como prioridad la pavimentación de las calles, la limpieza de la ciudad, la rehabilitación de parques y el alumbrado público.”
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Como estrategia para tratar de contrarrestar el malestar que existe en el gremio cultural de la entidad, y el escándalo que provocó en la opinión pública el contrato millonario que le fue entregado por asignación directa a la obra “La golondrina y su príncipe”, la empresa teatral comenzó la difusión en redes sociales de videos cortos en donde hablan los que construyen el escenario de metal, madera y cartón en el Palomar.
Con la frase “Oye, y quién crees que está detrás de la golondrina y su príncipe” comienzan varias de las capsulas difundidas en Instagram, en YouTube y en Facebook, donde un carpintero un herrero y un escultor, explican brevemente cómo están construyendo los elementos que forman parte del escenario de la obra, donde destacan una estructura de metal, una locomotora antigua, un zapato gigante y una figura de un príncipe.
Los artesanos hacen hincapié en que la inversión de la obra trascenderá su temporada de 12 funciones, porque todas las piezas del escenario podrán ser utilizadas en otros eventos, en museos o parques.
La campaña que busca neutralizar lo que se ha dicho, por la opacidad como se entregaron los primeros 17 millones 400 mil pesos al director y empresario Alberto Espino, comenzó el domingo con los hashtags #Lagolondrinaysuprincipe en #ChihuahuaCapital, que tuvieron muy poca penetración en las redes sociales de la empresa, pero al divulgarse a través de portales informativos le llovieron las críticas e insultos.
En los videos cortos muestran, también los ensayos de la obra y se invita a los chihuahuenses a que asistan al estreno de la misma el próximo 11 de noviembre, pero les salió el tiro por la culata, porque fueron arrasados con opiniones negativas.
La intención de la campaña audiovisual emprendida, indica que pese a toda la oposición y a la opacidad que se hizo con este montaje teatral, el proyecto sigue adelante y no tienen la intención de suspenderlo, a 11 días de su estreno. Así lo demuestra también la defensa que sigue haciendo el alcalde Marco Bonilla, enviando desesperados mensajes en video desde el escenario.
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Resulta irónico que mientras el alcalde de Guachochi, José Yáñez Ronquillo, estaba presumiendo frente a varios auditorios de Washington, las bellezas naturales y el potencial turístico de esa región de la sierra de Chihuahua, el Ejército mexicano y las Fuerzas Estatales de seguridad difundieron ampliamente la localización y destrucción de dos sembradíos de amapola y marihuana, con una superficie de más de una hectárea en ese municipio.
Fue durante el Operativo Guachochi, cuando los soldados y policías estatales ubicaron un predio de 4 mil 800 metros cuadrados con 12 mil plantas de marihuana, y otro de 6 mil 300 metros con 17 mil 500 plantas de amapola, que fueron destruidos.
Esto ocurrió, al mismo tiempo que el gobierno municipal de Guachochi, difundía el viaje que el alcalde hizo a la Universidad George Washington de la capital de los Estados Unidos, para hablar del nuevo modelo de Gobierno, basado en la investigación social que desarrolla en el municipio.
Yáñez mostró en esa universidad y ante diferentes asociaciones civiles, imágenes de la belleza de la sierra en esa región, donde se localiza la imponente barranca la Sinforosa, principal atractivo turístico de Guachochi.
Alguien debió decirles a los militares y estatales que siguieran con sus operativos, pero que se reservaran la difusión de sus hallazgos hasta el regreso del alcalde, para no pisarle las mangueras y echarle a perder su misión de promotor del municipio.
De por sí, la buena fama que tiene la Sierra Tarahumara en el mundo, como destino turístico inigualable, se ha manchado por la presencia de los grupos criminales que secuestran y matan impunemente, ahora, con la publicidad de territorio mariguanero, pierde todo su encanto.
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Primero fue el replaqueo obligado, autorizado en la Ley de Ingresos del 2022, y ahora, el mismo Congreso pretende crear un Registro Estatal de Infracciones, que pueda dar seguimiento en la entidad a todos los guiadores que tienen multas de vialidad para que paguen, se les suspenda la licencia o se les incremente la infracción en casos de reincidencia.
La propuesta para ese registro, que tiene todo el viso de recaudatorio, fue hecha ayer en tribuna durante la sesión ordinaria de la legislatura estatal, por la diputada priista Georgina Zapata Lucero, fue turnada a comisiones para su discusión y aprobación.
El argumento principal de la diputada, fue en el sentido de que “debe de haber una herramienta que permita a las autoridades visualizar la estadística y personalizar el registro de las infracciones, para que se implementen estrategias adecuadas, que abonen a la reducción de incidentes viales”.
Precisó que en este año se han registrado 7 mil 846 accidentes y se espera superar la cifra total del 2021, que fueron 10 mil 959.
¿Cuántos de estos accidentes pudieran haber sido evitados, si a aquellos que habitualmente conducen prestando atención a sus teléfonos se les hubiera suspendido la licencia, o se les hubiera incrementado la infracción en cada reincidencia?, cuestionó la legisladora, pero omitió decir que esta herramienta, puede convertirse en la autorización legal para una cacería de guiadores que tienen multas pendientes de pago.
Ahora bien, ¿van a incluir también a los guiadores infractores de Juárez, aunque la Coordinación General de Seguridad Vial se rija por el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, y no por la ley estatal de la materia, que solo aplica en los municipios del Estado de Chihuahua que tengan celebrado convenio con el Poder Ejecutivo del Estado, para la prestación del servicio público de tránsito?
Si lo que pretenden es aplicar una nueva cultura de vialidad, no es con una herramienta recaudatoria la mejor forma de hacerlo, además de que los ingresos por las multas de los guiadores juarenses, pertenecen a la Tesorería del Municipio de Juárez, no al erario estatal.