Desde ahora mismo, la bancada de Morena en el Congreso del Estado puede ir asumiendo una verdad incómoda: no son 12, son 10… y ni siquiera esos alcanzan.

Para Morena, el tema del endeudamiento no es un asunto menor ni técnico. Históricamente ha sido una de sus banderas políticas: denunciar la deuda como herencia maldita, como símbolo del viejo régimen y como pecado fiscal del prianismo.

Por eso la aprobación del Paquete Económico del Gobierno del Estado, que incluye la reestructuración de la deuda pública que ya supera los 50 mil millones de pesos y la contratación de un crédito bancario por 3 mil millones, tocó una fibra sensible.

Impugnar ese paquete no era opcional; era casi obligatorio para mantener el discurso. Era sostener eso de que “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, que tanto enarboló el “padre fundador”, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el episodio deja ver que la bancada está operando más desde la catarsis política que desde una estrategia de oposición eficaz. Hay un discurso congruente con lo que cada día oímos en las “mañaneras” y lo que repiten los personajes más visibles de la 4T. Ante el Gobierno panista de Chihuahua, hay indignación y hay ruido mediático, pero no tienen la capacidad para traducir eso en contrapesos reales.

Reducir todo al famoso “WC Gate” es quedarse en la superficie. La ida al baño, el pase de lista y la anécdota reglamentaria funcionan como distractores. El problema de fondo es otro, más profundo y más incómodo: la oposición no está logrando incomodar al poder.

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Desde diciembre, cuando apenas comenzaba a cocinarse el episodio que luego sería bautizado como el “WC Gate”, el propio Cuauhtémoc Estrada tenía claro que la ruta constitucional no era un camino seguro, sino un triple salto mortal.

El recurso se concibió desde el inicio como una jugada de alto riesgo, con más probabilidades de impacto político que de éxito jurídico.  Es un “palo dado” que ni controversia constitucional quita.

Aun así, el coordinador decidió avanzar bajo la lógica de que, en política, el que no arriesga, no incomoda, y que el ruido también cuenta como capital.

El martes pasado, los diputados morenistas presentaron formalmente la demanda de controversia constitucional contra la aprobación del Paquete Económico, en particular, contra el nuevo crédito y el refinanciamiento.

La jugada había sido anunciada con antelación, confiando —dicen— en que los nuevos tiempos también soplan a favor en la Corte. Pero el problema es que la apuesta se hizo sin haber ganado primero la batalla interna.

El recurso se presentó a nombre de la bancada, pero únicamente con la firma de 10 de los 12 diputados. Ya ni para eso le alcanza a la actual representación de la 4T.

Dos ausencias que no son menores ni accidentales. Rosana Díaz y Edith Palma, las mismas diputadas que fueron exhibidas públicamente por abandonar el salón durante la votación del paquete de deuda, decidieron no acompañar el recurso. Ni después del escándalo, ni después del linchamiento mediático, ni cuando la presión interna parecía máxima.

Al menos una de ellas tiene ya un pie fuera del grupo de Morena.

Eso deja una señal política clara: la cohesión del grupo no está garantizada, ni siquiera cuando el costo de no cerrar filas es evidente. Estrada fue a la Corte con una bancada que, en los hechos, no terminó de respaldarlo.

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El argumento jurídico es conocido. Morena sostiene que, al momento de la votación del paquete de deuda, no se alcanzaron las dos terceras partes de los diputados “presentes”. Al inicio de la sesión, durante el pase de lista, había 33 legisladores, por lo que se requerían 22 votos para aprobar una iniciativa de ese calado.

El punto de quiebre vino cuando las diputadas Rosana Díaz y Edith Palma, así como Irlanda Márquez, del PT, abandonaron momentáneamente el salón. Esa salida redujo el quórum efectivo a 30 y permitió que el bloque oficialista sacara adelante la votación con 20 votos, los estrictamente necesarios bajo esa nueva aritmética.

Para los morenistas, los “presentes” no dejaron de ser 33 solo porque tres diputadas se ausentaran físicamente durante la votación.

Desde su óptica, el pase de lista inicial es el que fija el número base y cualquier interpretación distinta abre la puerta a maniobras que, aunque legales, resultan políticamente cuestionables.

De ahí que aquel 16 de diciembre se haya convertido en una fecha marcada en rojo dentro de su narrativa interna.

Pero incluso si el argumento tuviera viabilidad jurídica —lo cual ya es debatible—, el recurso nace con una debilidad estructural: no está diseñado para ganar, sino para marcar postura. Es un mensaje político, no una herramienta eficaz de control constitucional.

La paradoja es que Morena eligió el terreno constitucional como si fuera un atajo, cuando en realidad es la meta, no el punto de partida. Antes de llegar a la Corte se necesita músculo legislativo, disciplina interna y una aritmética bien amarrada. Sin eso, cualquier recurso termina siendo testimonial.

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Aquí aparece el dato que termina por definir todo el episodio y que no admite interpretación creativa: para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita una controversia constitucional promovida por legisladores, se requiere al menos una tercera parte de los integrantes del Congreso. En Chihuahua, eso significa 11 diputados. Morena llegó con 10 firmas. Diez. Ni una más.

Eso significa que el recurso está condenado al archivo antes de que alguien analice el fondo del asunto. No habrá debate constitucional ni discusión de fondo sobre el endeudamiento. El problema no es jurídico; es aritmético y político.

Del otro lado del tablero, el oficialismo no tuvo que mover una sola ficha. No hubo necesidad de defensas jurídicas ni de discursivas elaboradas. Bastó con esperar. Cuando la oposición no logra siquiera cumplir los requisitos de entrada, el poder puede darse el lujo de observar.

Puede decirse que quedó totalmente satisfecho con el dato de que, en la discusión en torno a aumentos de impuestos, contratación de más deuda y retardar el pago de la actual, el tema fue la salida de tres diputadas al baño y las reacciones subyacentes.

Y ese es quizá el saldo más delicado para Morena: no solo perdió una votación clave, sino que dejó la impresión de que su capacidad de contención institucional es limitada.

En adelante, cada amenaza de impugnación, cada advertencia de freno constitucional y cada discurso de resistencia será leído bajo el mismo lente incómodo: ¿hay números detrás o solo narrativa?

En política, como en el derecho, las fracciones importan. Importan para aprobar deuda, importan para impugnarla y, sobre todo, importan para demostrar quién tiene músculo y quién solo tiene micrófono.

Nadie niega el derecho al pataleo. Pero incluso para patalear con eficacia se necesita algo elemental: suficientes zapatos haciendo ruido al mismo tiempo.

Hoy, Morena no los tiene. Y mientras no los tenga, la realidad seguirá siendo la misma: sin números, no hay Corte; sin bloque, no hay oposición efectiva.