Tal parece que al doctor Roberto Mora Palacios le estorban los ciudadanos, porque nomás no les da cabida en su «abultada» agenda.

Los integrantes del Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial de Ciudad Juárez tienen que andar correteándolo para que convoque a las reuniones de las que, como secretario técnico, es responsable.

En su oficina les salen con que el director del IMIP «ha tenido mucho trabajo». Si está tan ocupado, ¿para qué aceptó el encargo?, se preguntan los impacientes que ya se cansaron de que los traiga como el «tontejo» en órbita: a vuelta y vuelta.

Fue Mora quien propuso que las reuniones fueran quincenales. Sin embargo, parece que en su agenda las anotó como «bianuales», porque desde agosto apenas van dos, y a la última mandó un representante. Muy dispuesto a fijar el calendario; mucho menos a cumplirlo.

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Los consejeros tampoco buscan a Mora para organizarle un desayuno. Quieren discutir su reglamento interno y una propuesta para mejorar el Reglamento de Seguridad Vial, con medidas para proteger a los ciclistas y atender una red de ciclovías que, denuncian, está en abandono.

Y mientras el secretario no convoca ni reúne, los atropellos mortales siguen engrosando la cuenta de una ciudad donde discutir cómo prevenirlos debería merecer algo más que un «el doctor está ocupado».

El reclamo ya llegó a la Comisión de Participación Ciudadana: las organizaciones quieren que el Ayuntamiento obligue a Mora Palacios a cumplir.

Hasta allá tienen que llegar para conseguir una reunión. El desprecio también se ejerce dejando a la gente en espera.

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El regidor Alejandro Jiménez Vargas ofreció buscar primero al director del IMIP y, si fuera necesario, acudir al alcalde antes de llevar la inconformidad al Cabildo.

¿Cuántas puertas hay que tocar para que Mora abra la suya y cuántas consideraciones con el funcionario antes de reclamarle públicamente lo que debería hacer sin gestores ni intermediarios?, se pregunta este Mirone.

Además, el consejo de movilidad no es el único atascado. En el Consejo Consultivo Ciudadano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el reclamo es aún más elemental: les tomaron protesta y siguen esperando la primera reunión. Ese pendiente también alcanza a la regidora Dina Salgado, con quien han insistido en el asunto.

Las organizaciones batallaron durante dos años para lograr la institucionalización de estos espacios. Lo lamentable es que ahora tienen que pelear para que funcionen.

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Una nueva versión sobre el paradero del exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua circuló estos últimos días en medios y redes sociales: que Guillermo Zuany Portillo habría huido a Estados Unidos, valiéndose de la ayuda de un país con el que México no tiene relaciones diplomáticas.

La versión apunta a que el exfiscal salió de México tan pronto como supo de la detención de César Jáuregui. Habría volado hacia Ecuador, cuyo Gobierno mantiene un tono de confrontación con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de ahí habría viajado a Estados Unidos.

Las versiones, que aluden a fuentes ubicables en el país vecino del norte, señalan que el exfuncionario chihuahuense, acusado de cometer delitos del fuero común en Chihuahua, se encontraría ahora en Estados Unidos, bajo el manto protector de sus «amigochos» de la CIA.

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Mientras circulan los rumores sobre el paradero de Guillermo Zuany, en Chihuahua se celebró la audiencia incidental en el Juzgado Decimoprimero de Distrito, a la que se negó el acceso a la prensa.

Se trata de un procedimiento para darle continuidad a la demanda de amparo contra la orden de aprehensión que enfrenta en Chihuahua.

Como ya les había informado Mirone, el señor promovió amparos contra todos los juzgados, fuerzas públicas y fiscalías estatales habidos y por haber, para evitar que se le detenga por esas causas o por otras que pudieran surgir en el trayecto. Hasta el pasado jueves 13, seguía amparado contra la orden de aprehensión librada en su contra por un juez del Distrito Morelos, en la capital del estado.

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Hasta ahora no hay confirmación pública de la FGR ni de la FGE sobre su ubicación ni sobre un eventual acuerdo de protección. Esto, pese a que, en su demanda de amparo, el señor dijo que tenía arraigo en Chihuahua y que no huiría del país.

Hasta el momento, ninguna fuente ha podido confirmar que Zuany se encuentre fuera de México o que ya esté en funciones de «testigo colaborador» de las autoridades estadounidenses.

Cuidado, porque si le dijo al juzgador que tenía arraigo y que permanecería en Chihuahua, pero anda a salto de mata en el extranjero, se le puede caer la protección de la justicia federal.

El problema es que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y tarde o temprano alguien tendrá que decir dónde está.

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En el Instituto Estatal Electoral (IEE) se respira una atmósfera de tensión y nerviosismo de cara al proceso electoral de 2027, que ya empezó con el pie izquierdo y no se ve para cuándo pueda dar paso al derecho.

Los escándalos en torno a la administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) le han dado coletazos al órgano estatal. Ya se percibe cierto desánimo entre la población para participar, no solo como votantes, sino también como funcionarios de casilla el día de la jornada comicial.

Entre consejeros y operadores de la elección circula el comentario de que, si ya antes del «Taddei-Gate» era difícil convencer a la gente de aceptar el cargo de funcionario de casilla, recibir al capacitador y acudir el primer domingo de junio próximo a atender la mesa, ahora será el doble o el triple de complicado.

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A estas alturas, cuando ya se han celebrado las primeras sesiones del Consejo General, el IEE ha recibido algunos coletazos del escándalo nacional por los contratos adjudicados a un puñado de proveedores de materiales electorales durante la administración de Taddei e incluso en las de sus antecesores.

En el caso de Chihuahua, dos de los proveedores «favoritos», Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que los incluyó entre las 15 empresas proveedoras que estarán bajo escrutinio.

Como ya les comentó Mirone, Cajas Graf fue el proveedor de todo el material utilizado en la elección de gubernatura de 2021, cuando se le otorgó un contrato por un monto superior a los 33 millones de pesos.

El problema ahora no solo es comprobar que aquellos contratos se otorgaron en estricto apego a la ley, sino también conseguir otros proveedores si los «consentidos» de antes terminan inhabilitados por la ASF.

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El otro aspecto que tiene a todos con los pelos de punta es el ánimo beligerante de los representantes de los partidos en las sesiones del Consejo General.

Llegaron como el «Hijo Desobediente»: metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear.

En la mesa del Consejo General se han descargado con todo: desde las acusaciones mutuas por los presuntos actos de corrupción durante la administración de Taddei hasta el supuesto fraude electoral de 2006, «confesado» por el expresidente Vicente Fox.

Y si a eso le agregamos que cada partido trae su propia carga de rebatinga interna, se entiende por qué anda tan subido el ánimo del Hijo Desobediente. Cuidado, porque esto apenas empieza y, si así están las vísperas, ¡cómo irá a estar la pelea estelar!

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Ya salió el peine, con todo y brillantina, para dejar bien peina’o el reparto de terrenos destinados a personas en situación de desplazamiento que han ido a dar a la ciudad de Cuauhtémoc en busca de un sitio donde refugiarse de la violencia que padecían en sus comunidades.

Según le contaron a Mirone, el reparto estará a cargo de Luly Pérez, secretaria del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, quien además es la más apuntada para quedarse con la candidatura del PRIAN a la Presidencia municipal en las elecciones del próximo año.

Activistas que han intentado acercarse al Gobierno municipal para buscar una solución al problema de los desplazados ya pegaron el grito en el cielo porque, dicen, a ellos les cerraban la puerta en las narices, pero ahora mandan a la suspirante al cargo a convertirse en «Santa Clausa» para repartir los predios.

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Como dicen en el rancho: ya se nos hacía muy gorda para que pesara tan poco. Tanto manoseo que le han dado todas las fuerzas políticas del estado al drama que viven decenas de familias que habitaban en municipios del suroeste de Chihuahua, principalmente, y que tuvieron que salir casi con lo que traían puesto, empujadas por los grupos delictivos.

Por un lado, están quienes exigen al Gobierno del Estado que entregue casas que ya tienen dueño, aunque todavía no estén ocupadas, pese a que, en estricto derecho, pertenecen a un particular.

Por otro, están los Gobiernos, especialmente el municipal de Cuauhtémoc, que ha tratado con desdén a quienes llegaron recientemente de Guadalupe y Calvo y Moris para pedir auxilio, porque allá, en sus comunidades, les arrebataron por la fuerza sus casas y parcelas.

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A estas alturas, el alcalde panista de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, está en el ojo del huracán por haberse negado a recibir y atender a los desplazados que llegaron desde el sur del estado.

Sin embargo, que ahora le haya encargado la entrega y escrituración de lotes a su secretaria y aspirante a sucederlo en el «trono» cuauhtemense ya fue el colmo.

Según le contaron a Mirone, los luchadores sociales de siempre, los sacerdotes Camilo Daniel y Javier «Pato» Ávila, quienes le tienen bien tomado el pulso a la problemática, están más que molestos con Pérez Mendoza por el manejo electorero que le ha dado a la demanda de terrenos.

Y como diría el gran filósofo Mario Moreno: ahí está el detalle. Los terrenos no son un regalo de campaña ni una cortesía del alcalde, sino una necesidad urgente de familias que perdieron sus hogares por la violencia.

A los desplazados les urge recuperar un pedazo de tierra donde vivir, no convertirse en parte del inventario electoral del PRIAN.